Luis Enrique Robles Heredia
Expediente 524/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 11 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 524/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 06/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Luis Enrique Robles Heredia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en veintiuno de febrero de dos mil veinte, este Juzgado Federal declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la parte quejosa, a la fecha, hubiere interpuesto el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo; consecuentemente, con fundamento en el precepto 214 de la ley de la materia, archívese el presente como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de quince de octubre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Luis Enrique Robles Heredia; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento e incomunicación; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29 ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, previa depuración que realice este órgano jurisdiccional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
se notifica por medio de lista de acuerdos al quejoso Luis Enrique Robles Heredia el proveído dictado el seis de octubre de dos mil veinte que dice: Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en veintiuno de febrero de dos mil veinte, este Juzgado Federal declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la parte quejosa, a la fecha, hubiere interpuesto el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo; consecuentemente, con fundamento en el precepto 214 de la ley de la materia, archívese el presente como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de quince de octubre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Luis Enrique Robles Heredia; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento e incomunicación; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29 ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, previa depuración que realice este órgano jurisdiccional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
Con fundamento en los artículos 62 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales, el escrito de cuenta, signado por el licenciado Juan López Cardona, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual desahoga la vista que se le dio en relación al informe rendido el Delegado de las autoridades responsables Presidente Constitucional del Municipio de Ahome, Síndica Procuradora, Secretario y Cuerpo de Regidores, estos tres últimos del Ayuntamiento de Ahome, con sede en esta ciudad y hace diversas manifestaciones. Ahora bien, se tienen por hechas las manifestaciones en los términos que indica el promovente, mismas que serán valoradas en el momento procesal oportuno.
- Principal
Con fundamento en los artículos 62 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales, el escrito de cuenta, signado por el licenciado Juan López Cardona, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual desahoga la vista que se le dio en relación al informe rendido el Delegado de las autoridades responsables Presidente Constitucional del Municipio de Ahome, Síndica Procuradora, Secretario y Cuerpo de Regidores, estos tres últimos del Ayuntamiento de Ahome, con sede en esta ciudad, en vía de cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio. Por otra parte, visto el estado de los autos, y por ser oportuno se procede a hacer la calificativa acerca de si se encuentra cumplida tal ejecutoria. El quejoso, en esta vía constitucional, reclamó: "La omisión de emitir el acuerdo congruente, completo, rápido y sobre todo fundado y motivado que corresponda respecto a las peticiones que presentó a las autoridades responsables el veinte y veintidós de julio de dos mil diecinueve." Por sentencia pronunciada el quince de octubre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Luis Enrique Robles Heredia, para el efecto de que las autoridades responsables Presidente Constitucional del Municipio de Ahome, Síndica Procuradora, Secretario y Cuerpo de Regidores, estos tres últimos del Ayuntamiento de Ahome, con sede en esta ciudad, en el plazo de tres días, contados a partir de que se les notificara la ejecutoria que causara ese fallo, otorgaran respuesta completa a la petición del quejoso Luis Enrique Robles Heredia contenida en los escritos que presentó el veinte y veintidós de julio de dos mil diecinueve, tendente a que en el citado dictamen de pensión por retiro anticipado referente a la procedencia del otorgamiento del grado superior inmediato al quejoso y posteriormente la pensión por retiro anticipado; sea puesto su expediente a consideración del Cuerpo de Regidores del Ayuntamiento de Ahome, a efectos de que éste valore si procede el otorgamiento del ascenso del quejoso al grado inmediato superior, de manera que se determine lo relacionado con su pensión por retiro anticipado por los años de servicio con el porcentaje correspondiente al momento en que se resuelva por parte del Ayuntamiento de Ahome, haciendo de su conocimiento la respuesta que recaiga a la misma. El ocho de noviembre de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia de mérito, por lo que se requirió a las autoridades responsables por su cumplimiento. Al respecto, el Delegado de las autoridades responsables Presidente Constitucional del Municipio de Ahome, Síndica Procuradora, Secretario y Cuerpo de Regidores, estos tres últimos del Ayuntamiento de Ahome, con sede en esta ciudad, al informar sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, por las responsables, dio respuesta a la petición del quejoso a través del oficio de seis de los corrientes, en los términos siguientes: "En atención a su solicitud, es de manifestarse que mis representadas carecen de las facultades y atribuciones para emitir en cualquier sentido lo peticionado, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 162 del Reglamento Interior de la Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahome, Sinaloa, 7, 42 Bis 5 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Ahome, Sinaloa, lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos legales correspondientes". El autorizado de la parte quejosa por su parte señaló al evacuar la vista con el informe de las responsables, que no se encontraba conforme con el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo, ya que conforme lo establece el artículo 162, fracción I, del Reglamento Interior de la Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahome, es una de las facultades discrecionales del H. Ayuntamiento de Ahome, por lo que, dicha petición debe ser valorada en sesión de cabildo, y de resultar procedente se otorgará la jubilación al quejoso Luis Enrique Robles Heredia, con el grado inmediato superior de Policía, y de no ser así, la jubilación del peticionario se otorgará con su grado actual. Analizado lo anterior, se arriba a la conclusión de que efectivamente no puede tenerse por cumplida la ejecutoria. Es así porque la respuesta otorgada al solicitante aquí quejoso, resulta incompleta e inmotivada, pues si bien, se le indicó al solicitante ahora quejoso que las autoridades a las que dirigió su escrito, carecían de facultades y atribuciones, sin embargo, no se le indicaron las razones o el porqué de esa conclusión; tampoco se le precisó qué autoridades contaban con las facultades y atribuciones o, bien, que resultaban las competentes para resolver lo peticionado; máxime que el Director Jurídico del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, respondió en representación de las autoridades responsables a las que se les dirigió dicho escrito; por tanto, con ese carácter debe ser de su conocimiento qué autoridad está obligada a dar el trámite a lo solicitado, teniendo en cuenta que el solicitante ahora quejoso se encuentra adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de dicho ayuntamiento. En efecto, no se respondió de manera que pueda estimarse satisfecho el derecho consignado en el artículo 8º constitucional, con el hecho de comunicarle al quejoso que las responsables carecen de facultades para emitir en cualquier sentido lo peticionado, máxime que la ejecución de las sentencias de amparo, traducida en la restitución en el goce del derecho fundamental trasgredido, corresponde no solo a las autoridades participantes en el juicio constitucional, sino a cualquier otra que por sus funciones deba intervenir en ello, como se señala en la tesis 2a. CLVI/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PETICIÓN. LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OTORGADA POR UNA VIOLACIÓN A TAL DERECHO, EN CASO DE QUE LA COMPETENCIA PARA EMITIR LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE SE VEA MODIFICADA, VINCULA, INCLUSIVE, A LA AUTORIDAD QUE INCORPORA EN SU ESFERA COMPETENCIAL LAS ATRIBUCIONES RESPECTIVAS. Si se otorga la protección constitucional respecto de la omisión de una autoridad en dar respuesta a una solicitud elevada de manera pacífica y respetuosa previamente a que su competencia legal fuera modificada, trasladándose las atribuciones para emitirla a una diversa autoridad, los efectos vinculatorios de la sentencia concesoria no se limitan a que a aquella ante la que se pidió haga del conocimiento del gobernado su falta de competencia, sino conlleva a remitir a esta última autoridad la respectiva documentación y, cuando ésta tenga conocimiento de lo pedido, emita respuesta, haciéndola del conocimiento del gobernado; ésta conclusión deriva del hecho de que la ejecución de las sentencias de amparo, traducida en la restitución en el goce de la garantía violada, corresponde no solamente a las autoridades participantes en el juicio de garantías, sino a cualquier otra que por sus funciones deba intervenir en ello". En suma, se concluye que lo informado por el licenciado Víctor Inés Baez Gil, en su carácter de Delegado de las autoridades responsables no puede estimarse suficiente para justificar el cumplimiento de la ejecutoria. En consecuencia, al no haber dado cumplimiento a la citada ejecutoria, en los términos apuntados, requiérase a las responsables Presidente Constitucional del Municipio de Ahome, Síndica Procuradora, Secretario y Cuerpo de Regidores, estos tres últimos del Ayuntamiento de Ahome, con sede en esta ciudad, para que en el plazo de tres días, se sirvan informar a este Juzgado de Distrito, sobre el cumplimiento que hayan realizado para ese efecto, con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, y se procederá en términos de lo dispuesto en el artículo 193 de la ley de la materia, haciendo el pronunciamiento respectivo, remitiendo los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por último en relación a lo manifestado por el autorizado de la parte quejosa en su escrito de cuenta, dígasele que se acordó al respecto en líneas anteriores.
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