Luis Erick Guevara Martel

Expediente 228/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 17 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
228/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
13/11/2019

Partes del expediente

  • Luis Erick Guevara Martel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Ciudad Juárez Chihuahua; trece de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de veinticuatro de julio del año en curso, terminada de engrosar el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, en la cual, se negó la protección de la justicia federal, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 228/2019-I-1, y Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintidós de marzo de dos mil diecinueve, se recibió en el Buzón de la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, la demanda que dio origen al juicio, la cual fue turnada a este Juzgado de Distrito el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. En el escrito inicial ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control del distrito judicial Bravos, con sede en Juárez, Chihuahua, de quien reclamó: ACTOS RECLAMADOS De la autoridad señalada como ORDENADORA RESPONSABLE, reclamo lo siguiente: De la autoridad responsable ordenadora reclamo el hecho de que en el caso en concreto y en fecha 12 de marzo de 2019, dentro de la causa penal ******* haya abusado de su autoridad y haya ejercido indebidamente el servicio público en mi contra al haberme negado de una manera por demás arbitraria el derecho a ofrecer pruebas que beneficien a mi estrategia de defensa, de acuerdo en lo dispuesto en el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción IV, ya que la autoridad responsable sin fundamento legal alguno aduce que mi petición de prorrogar el plazo de investigación en términos de lo dispuesto por los artículos 285, 286 y 287 del Código de Procedimientos Penales es extemporánea, lo cual es totalmente falso, ya que en el caso en particular al suscrito se le vinculo a proceso en fecha 12 de noviembre del 2018, y en dicha audiencia se concedió un plazo de investigación de un mes, el cual fenecería el día 12 de diciembre del 2018; así mismo el día 12 de diciembre de 2018, mi defensor presentó un escrito a efecto de solicitar una audiencia para debatir sobre la procedencia o no de ampliar el plazo de investigación, la cual se llevó a cabo el día 24 de diciembre de 2018 en la cual se concedió una prórroga por dos meses más, es decir, que la investigación fenecería hasta el día 12 de febrero del 2019; el día 12 de febrero del 2019 mi defensor presentó una promoción solicitando audiencia para efectos de debatir sobre la procedencia o no de ampliar el plazo de investigación, en virtud de que hasta el día 12 de febrero solo se habían utilizado tres meses de investigación, de los ocho meses de investigación que contempla el artículo 285 en su primer párrafo del Código de Procedimientos Penales, por lo que en el caso en particular en primer término no se ha rebasado el plazo máximo de ocho meses, en segundo término la solicitud de audiencia para debatir sobre la prórroga de investigación que se presentó el día 12 de febrero del 2019 y de la cual se señaló fecha hasta el día 12 de marzo del 2019, la Juez responsable determino indebidamente que dicha solicitud fue presentada extemporáneamente, pasando por alto a todas luces lo dispuesto en el artículo 60, segundo párrafo del Código de procedimientos Penales, que refiere que en los plazos judiciales se debe de tomar en cuenta los derechos de las partes, y tomando en consideración que todos los plazos que tengan término legal, se considera que el último día debe prorrogarse hasta las 24 horas de dicho día, por lo que si en fecha doce de diciembre del 2018 se había determinado que el plazo de investigación culminaba el día 12 de febrero del 2019 es que la investigación de las partes podía continuar hasta las 24 horas de dicho día por o que ante tal tesitura se encuentra inmersa la solicitud de audiencia para prorrogar la investigación esto aplicando los principios in dubio pro reo y el diverso pro persona, que en si es darle a las personas la protección más amplia que en derecho proceda. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se consideran transgredidos. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, se registró en el libro de gobierno como juicio de amparo 228/2019-I-1, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado de la autoridad responsable, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó emplazar a juicio a los terceros interesados. Una vez que se tramitó el juicio, la audiencia constitucional se desahogó al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad de Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud que se reclama un acto en materia penal, que tiene ejecución en el territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo reforman, modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esa forma se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclama de la Jueza de Control del distrito judicial Bravos, con sede en esta ciudad, la determinación de doce de marzo de dos mil diecinueve, emitida en la causa penal *******, por la cual, declaró extemporánea la solicitud para ampliar el plazo para el cierre de investigación y negó el auxilio del tribunal para la citación de testigos. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente, del que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Jueza de Control del distrito judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, aceptó haber emitido la determinación de doce de marzo de dos mil diecinueve, en la causa penal *******, por la cual, declaró extemporánea la solicitud de ampliar el plazo para el cierre de investigación y negó el auxilio del tribunal para hacer comparecer a los testigos. Lo anterior, se corrobora con la copia certificada del audio y video de la videograbación de la audiencia de doce de marzo de dos mil diecinueve, relativa a la solicitud de prórroga de investigación y trascripción de dicha determinación, constancias que integran la causa penal *******. A tales probanzas se les reconoce valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. La valoración asignada a esas documentales tiene sustento en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394182, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Mientras que las videograbaciones tienen validez, al ser la herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, ello según lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 46, septiembre de dos mil diecisiete, Tomo I, Materia Constitucional, que se visualiza en la página 125, con registro 2015127, del tenor siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel. De manera que, se tiene como cierto el acto de que se duele la parte accionante para los efectos de este juicio de amparo consistente en la determinación de doce de marzo de dos mil diecinueve, que se emitió en la causa penal *******, por la que se declaró extemporánea la solicitud de ampliar el plazo para el cierre de investigación y se negó el auxilio del tribunal para presentar testigos. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Procedencia. Las partes legitimadas en este juicio de garantías no alegan alguna causa de improcedencia ni el suscrito juzgador advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Examen constitucional del acto reclamado. Los conceptos de violación que expresó el accionante del amparo son uno de ellos fundado pero inoperante y, el resto, infundados. La parte quejosa estima que la jueza responsable al emitir la resolución reclamada vulneró en su perjuicio las garantías que se consagran en los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Federal. Asegura que la jueza responsable lejos de favorecer la protección más amplia a las personas, restringe sin fundamento o motivación alguna su derecho a ofrecer o desahogar pruebas que le favorezcan, porque ordena el cierre de la investigación, al estimar que no existió para ampliarla, a pesar de que estima a la petición adjuntó todas las pruebas necesarias para ello. Insiste, que la autoridad responsable le negó su derecho a la defensa, pues le priva de la ayuda para conseguir las pruebas que existen a su favor y que al no contar con los medios económicos suficientes se ha visto imposibilitado para defenderse. También, el accionante indica que se viola la garantía que consagra el artículo 14 de la Constitución Federal, debido a que en la determinación que reclama la jueza no cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento, en virtud de que es falso que la solicitud de prórroga del plazo de investigación se presentara de forma extemporánea, ya que, él considera que sí se presentó en tiempo. Además, bajo su óptica la autoridad responsable es omisa en fundar y motivar el acto que se combate, en la medida que, no indicó la causa legal por medio de la cual restringe su derecho a ofrecer pruebas. Asegura que la autoridad no motivó por qué consideraba que la petición de prórroga de investigación fue extemporánea, dado que no verificó los tiempos transcurridos y vencidos. También asegura el accionante que la responsable vulnera su derecho a justicia pronta y expedita que se establece en el artículo 17 de la Constitución Federal debido a que hay un lapso de un mes entre la solicitud que elevó y la audiencia en la que la acordó. Considera que su actuar fue parcial, inclinada a la representación social porque sin motivo negó la ampliación del término para presentar auxilio en la presentación de testigos de descargo, lo que estima lo deja en estado de indefensión, actuación que estima violatoria de derechos. Incluso, señala que no se buscó proteger al inocente, porque, desde su perspectiva la jueza no mostró interés en que se conozca la verdad histórica de los hechos, lo que se logra cuando se escucha a los testigos de cargo y de descargo; en otras palabras, estima que, se le coartó la oportunidad de tener tiempo suficiente en la etapa probatoria para presentar de manera legal a los testigos de descargo. El promovente del amparo indica que en el caso particular la ley permite que la investigación sea de hasta por ocho meses, de los cuales la autoridad permitió que solo fuese de tres meses. Como se dijo los motivos de inconformidad que hace valer el accionante resultan infundados, tal como se evidenciará en líneas posteriores. A fin de establecer sobre la constitucionalidad del acto materia de impugnación, se cita el contenido de los artículos 285, 286, 287 y 293 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, vigente al momento de comisión de los hechos, que establecen: 285. Plazo judicial para el cierre de la investigación. El Juez competente, de oficio o a solicitud de parte, al resolver sobre la vinculación del imputado a proceso, fijará un plazo para el cierre de la investigación, tomando en cuenta la naturaleza de los hechos atribuidos y la complejidad de la misma, sin que pueda ser mayor a dos meses, en caso de que el delito merezca pena máxima que no exceda de dos años de prisión, o de ocho meses, si la pena excediere de ese tiempo. Sin perjuicio del plazo fijado, de conformidad con el párrafo anterior, cuando el Ministerio Público cuente con los elementos suficientes que le permitan sustentar su acusación, de acuerdo con los lineamientos que al efecto expida la Fiscalía General del Estado, cerrará la investigación y presentará su acusación ante el Juez de Garantía. Para ello, el Ministerio Público dará vista al imputado o a su defensor, por si desean hacer uso de su derecho de solicitar un mayor plazo para la defensa. 286. Plazo para declarar el cierre de la investigación. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, el Ministerio Público deberá cerrarla o solicitar justificadamente su prórroga al Juez, observándose los límites máximos previstos en el Artículo 285. Si el juez no estima que la prórroga se justifica, denegará la petición. Si el Ministerio Público no declara cerrada la investigación en el plazo fijado, o no solicita su prórroga, el imputado o la víctima u ofendido podrán solicitar al Juez que lo aperciba para que proceda a tal cierre. Para estos efectos, el Juez informará al superior jerárquico del agente del Ministerio Público que actúa en el proceso, para que cierre la investigación en el plazo de diez días, así como para que proceda en los términos legales correspondientes. Transcurrido ese plazo sin que se cierre la investigación, el Juez la declarará cerrada de plano y se procederá en los términos del artículo siguiente. 287. Cierre de la investigación. Practicadas las diligencias necesarias para la investigación del hecho punible y de sus autores o partícipes, el Ministerio Público la declarará cerrada, y dentro de los diez días siguientes podrá: I. Formular la acusación; II. Solicitar el sobreseimiento de la causa; o III. Solicitar la suspensión del proceso. 293. Reapertura de la investigación. Hasta antes del fin de la audiencia intermedia, las partes podrán reiterar la solicitud de diligencias precisas de investigación que hubieren formulado al Ministerio Público después de dictado el auto de vinculación a proceso y éste las hubiera rechazado. Si el Juez acoge la solicitud, ordenará al Ministerio Público reabrir la investigación y proceder al cumplimiento de las diligencias, en el plazo que le fijará. En dicha audiencia, el Ministerio Público podrá solicitar la ampliación del plazo, por una sola vez. El Juez no decretará ni renovará aquellas diligencias que en su oportunidad se hubieren ordenado a petición de las partes y no se hubieren cumplido por negligencia o hecho imputable a ellas, ni tampoco las que fueren manifiestamente impertinentes, las que tuvieren por objeto acreditar hechos públicos y notorios, ni todas aquéllas que hubieren sido solicitadas con fines puramente dilatorios. Vencido el plazo o su ampliación, o aún antes de ello, si se hubieren cumplido las diligencias, el Ministerio Público cerrará nuevamente la investigación y procederá en la forma señalada en el Artículo 287. El procedimiento penal comprende tres fases, la primera de ellas es la investigación, que a su vez se subdivide en investigación inicial e investigación complementaria. La investigación inicial, comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el inculpado queda a disposición del Juez de Control para que se formule la imputación. Por su parte la investigación complementaria, comprende de la formulación de la imputación y se agota una vez cerrada la instrucción. El plazo de investigación complementaria es el lapso sugerido por las partes y determinado por el juez de control, para que el agente del Ministerio Público integre la investigación de los hechos y las pruebas que obtenga, así como para que las rinda ante el juez; sin perjuicio de sus diversas prórrogas, el plazo será de dos meses si la pena máxima del delito no excede de dos años de prisión, o de hasta ocho meses si excediera. Se puede agotar antes o posteriormente. La prórroga del plazo para el cierre de instrucción es excepcional. Su finalidad es lograr una mejor preparación del caso y la petición debe fundarse y motivarse, el juez de control la concederá siempre que no exceda los plazos máximos señalados; podrá solicitarla tanto el ministerio público, como la víctima u ofendido y el imputado, antes de que finalice. Tal prórroga debe solicitarse justificadamente, tal justificación debe ser objetiva, no es posible la dilación procesal sin causa alguna, por motivos personales o de otra índole. Se estima que para obtenerla, el Ministerio Público debe acreditar que el plazo concedido sí ha sido utilizado para formalizar la investigación; la razón por la que requiere más tiempo, en su caso, el juez de control deberá ponderar la razonabilidad del motivo expuesto e incluso la idoneidad y eficacia de la medida, dada la posibilidad o imposibilidad para lograr el objetivo que se pretende. En el caso de la víctima y la defensa, deberá demostrar su imposibilidad para el desahogo de alguna diligencia o prueba y que la misma es idónea para los fines de su teoría del caso. Por tales razones, se considera que la prórroga del plazo no debe otorgarse cuando resulte mera inactividad de las partes tanto en la investigación como en la defensa, o cuando no se hayan propuesto al juez las pruebas; pero es obvio que debe concederse tratándose de pruebas supervenientes, de perfeccionamiento necesario de pruebas ya desahogadas, de imposibilidad material o dificultad para que la víctima o el imputado y la defensa las presenten por ellos mismos y se esté en el caso de otorgar auxilio para ello. En todo caso, el contradictorio permite ponderar por parte del juez de control la idoneidad de la prórroga del plazo, oyendo a la contraparte, a la que podría perjudicar. Transcurrido el plazo fijado para la investigación complementaria, precluye la etapa y se declara el cierre de la investigación, tal como se establece en el artículo 287 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua. En el caso, el doce de noviembre de dos mil dieciocho, se dictó vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, al considerar que existían datos que hacían probable su participación o intervención en un hecho que la ley tipifica como delito de homicidio. En esa audiencia inicial, se fijó el plazo de un mes para el cierre de investigación complementaria, el cual fenecería el doce de diciembre de dos mil dieciocho, y en audiencia de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, el juez de control aprobó una prórroga por dos meses mismo que fenecería el doce de febrero de dos mil diecinueve, contado a partir de la fecha de vencimiento del mismo. En esa data, doce de febrero de dos mil diecinueve, el imputado presentó un escrito en el cual solicitó se prorrogara el plazo de investigación complementaria, para lo cual, indicó que se necesitaba efectuar anticipo de prueba, pues aseguró que se requería la citación de los atestes *******, *******, ******* y ******* a fin de que rindieran testimonio, porque tales personas viven fuera de la ciudad, se negaban a comparecer y no tiene recursos económicos para presentarlos. Dada la solicitud presentada por el imputado, la Jueza de Control del distrito judicial Bravos, con morada en esta ciudad, el doce de marzo de dos mil diecinueve, en la causa penal 666/2016, celebró audiencia a fin de resolver sobre la prórroga del plazo de investigación complementaria, diligencia que se desahogó en los términos que siguen: EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHHUAHUA A DOCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE. Esta audiencia se convoca por diverso Juzgador, advierte la petición del imputado, así se describe, en donde se requería una prórroga de plazo de cierre de investigación. Estoy advirtiendo que el doce de noviembre de dos mil dieciocho, se dicta vinculación a proceso y que existe una prórroga de plazo de cierre de investigación complementaria, bueno, prorroga de plazo de cierre de investigación, la cual se concedió el veinticuatro de diciembre, por dos meses, a fenecer el doce de febrero de dos mil diecinueve. Ese día, ya fenecido el plazo, a las veintiún horas con veinte minutos se recibe un escrito del hoy imputado, en donde mencionada la necesidad de anticipos de prueba, dice de *******, de *******, de *******, de *******, que ofrece diversas documentales y bajo la modalidad en que habrá de llevarse a cabo el proceso, esto es regido bajo el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, no es necesario, primero, un descubrimiento probatorio, segundo, el anticipo de prueba puede ser en cualquier momento del proceso sin necesidad de establecer un punto fijo como lo es dentro del plazo de investigación, inclusive hasta en espera de la audiencia de enjuiciamiento. Lo que entiendo bajo estas premisas que señala el imputado, seguramente asesorado por su defensa, es la necesidad del anticipo de prueba ¿es así abogado? Sí así es su señoría efectivamente toda vez de que las personas, bueno, la mayoría de los testigos que son de vital importancia para esta defensa se encuentran en Veracruz, lo que hace un costo muy elevado para mi representado poder traer a todas esas personas a hasta esta ciudad, declara ya que entre ellos incluso se encuentra un Notario Público, lo cual, pues también es muy costoso poderlo traer hasta acá y en virtud pues como se advierte del propio escrito que se presentó ante este Tribunal, existen constancias firmadas por ellos, es necesario testificar dichas constancias y que las ratifiquen ellos también, por eso es que se solicita el auxilio de este Tribunal, para efecto de que se pida la colaboración y/o exhorto a algún Tribunal componente en el Estado de Veracruz, a efecto de poder recabar esas pruebas anticipadas. ¿Y en que supuesto es el que usted estima que recae ese anticipo de prueba? Toda vez de que incluso han mencionado ellos que no pretenden venir aquí a declarar su señoría, no pretenden dejar. Jurídicamente hablando. Es en ese sentido de que no pretenden venir a declarar aquí incluso no pretenden tampoco estar aquí para juicio oral como lo menciona el propio Código de Procedimientos Penales. Pero, es una obligación de presentarse, en todo caso lo que usted, bueno la recomendación que se puede generar es, que solicite el auxilio judicial para que se presenten estas personas, con cargo al erario, de alojamiento y transporte, no como una prueba anticipada, per se, toda vez que son requisitos estrictos los que marca el Código de Procedimientos Penales, para adelantar una prueba. La única excepción de la obligación de comparecencia que tiene un ateste, es lo dispuesto por el artículo 340 del Ordenamiento Procesal en la materia. Existe según el artículo 338 la obligación de comparecer si una autoridad te llama y, bajo esa premisa, bueno en concordancia con el artículo 334 existe el deber de testificar y la comparecencia obligatoria de los testigos. Entonces, no es si quiere o no quiere, debido a que sería una autoridad, siempre y cuando, se acepte en la audiencia intermedia, cuando se justifique mejor dicho la necesidad de la presentación del mismo, el que se realice bajo alguna excepción y considerando esta circunstancia, solo y exclusivamente sería catalogada como una prueba anticipada, cuando recaiga dentro de un supuesto normativo establecido dentro del mismo Código de Procedimientos Penales. En base a esta consideración, ¿establece usted que existe algún tipo de necesidad, están amenazados de muerte?, porque de todas maneras así tendrían que ser obligados a que ellos comparezcan. En todo caso entonces solicito el auxilio judicial en términos de lo dispuesto en el artículo 20 Constitucional, apartado B, fracción IV, a efecto de que se logre la comparecencia de los diversos ciudadanos *******. Eso sería para la etapa de juicio, ahorita en esta etapa del proceso es inoficioso entrar al estudio siquiera de cualquier tipo de declaración de los imputados, toda vez que nos encontramos frente a una vinculación a proceso, ante una excepción como lo es una prórroga del plazo de cierre de investigación, insisto que es una excepción y si son muchas excepciones ya no es excepción ya es regla, la regla general es que se fije un plazo de cierre de investigación; si se concede esta ampliación del término, evidentemente estaríamos ante esta excepción en la cual nos encontramos y debido a que no hay justificación alguna para de nueva cuenta reaperturar. Y, digo así debido a que la fecha en que se presentó este escrito la fecha en que debe estar ya cerrado, no un día después, no un día antes para la fecha que se mencionó entonces el escrito presentado es extemporáneo y no hay justificante por lo menos hasta estos momentos para estimar la necesidad de reaperturar este periodo. El escrito está dentro de término su señoría. Se fijó que el doce debía estar cerrado, entonces, materialmente se cierra, formalmente es con un escrito que se presenta por la Fiscalía -pero esa es una mala práctica- debido a que materialmente, bueno formalmente se fija una fecha para cerrarse. Que fue el día doce que se había fijado. Esa fecha cerrado- Y fue el día que se presentó el escrito el día doce. Cuando ya estaba cerrado. Pero, ¿ya se había presentado un escrito por parte de la representación social donde cerraba investigación? No, en el anterior mes, en diciembre, nomás que usted lo volvió a reaperturar y luego volvió a pedir otra prórroga. Entonces respecto de ello, la resolución está tomada y bajo estas condiciones si se desea el auxilio judicial siempre y cuando se justifique en audiencia intermedia habrá de señalarse la necesidad de que con cargo al erario público se auxilie para gastos de alojamiento y traslado para los imputados que usted menciona. En contra del acto reclamado el quejoso hace valer distintos motivos de inconformidad, los cuales se estudiarán en orden distinto al propuesto con la finalidad de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin que ello le irrogue perjuicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia (IV Región)2o. J/5 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia Común, que se consulta en la página 2018, con registro 2011406, del tenor que sigue: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso. El peticionario del amparo señala que la autoridad responsable es omisa en fundar y motivar el acto que se combate, en la medida que, no indicó la causa legal por medio de la cual restringe su derecho a ofrecer pruebas. Asegura que la autoridad no motivó porqué consideraba que la petición de prórroga de investigación fue extemporánea, dado que no verificó los tiempos transcurridos y vencidos. De igual forma, considera que su actuar fue parcial, inclinada a la representación social porque sin motivo negó la ampliación del término para presentar auxilio en la presentación de testigos de descargo, lo que estima lo deja en estado de indefensión, actuación que estima violatoria de derechos. No asiste la razón al solicitante de esta vía de control constitucional como enseguida quedará evidenciado. Del acto reclamado que se transcribió en párrafos precedentes este juzgador advierte que la jueza de control señaló las razones por las que consideró que no era procedente la ampliación del plazo de investigación complementaria, dado que, estimó que no estaba justificada la prórroga del mismo antes de finalizar el plazo. La juzgadora señaló que, aun cuando el imputado pretendía el anticipo de prueba y exhibía documentos para acreditarlo, el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, no prevé, en el caso que solicita, la necesidad del descubrimiento probatorio. Además, indicó que el anticipo de prueba puede ser en cualquier momento del proceso sin necesidad de que sea dentro del plazo de investigación, inclusive hasta en espera de la audiencia de enjuiciamiento. De igual forma, la jueza argumentó que el hecho de que los testigos no pretendieran comparecer a declarar, ni estar presentes durante el juicio oral; no era razón suficiente para el anticipo de prueba y que diera lugar a la reapertura de la fase de investigación complementaria, porque en términos de los artículos 334 y 338 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, tienen la obligación de presentarse. Y, en su momento, podría solicitarse para su presentación el auxilio judicial con cargo al erario, de alojamiento y transporte, dado que las únicas excepciones para que un testigo no comparezca están previstas en el numeral 340 de la legislación adjetiva penal de la entidad. También dijo, que incluso aunque los testigos estuviesen amenazados de muerte tenían obligación de asistir. Incluso, la autoridad señalada como responsable manifestó a la defensa que en caso de necesitar el auxilio para hacerlos comparecer, tal petición debía hacerla en etapa de juicio, dado que en la actual etapa del proceso era inoficioso estudiar cualquier declaración. Es así, que la juzgadora no consideró que se hubiese demostrado la necesidad para ampliar o reaperturar la investigación complementaria, porque el imputado y su defensa no demostraron su imposibilidad para el desahogo de alguna diligencia o prueba y que la misma fuese idónea para los fines de su teoría del caso. Por tanto, resulta evidente que la autoridad responsable sí se condujo en estricto apego al derecho de fundamentación y motivación tutelado por el artículo 16 de la Constitución Federal, que en su parte conducente establece lo siguiente: 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.] Este mandato constitucional debe entenderse en el sentido de que, en toda resolución, la autoridad judicial debe señalar de manera precisa el o los preceptos legales aplicables al caso concreto y expresar claramente las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en cuenta para emitir su determinación. A su vez, debe realizar una operación de subsunción que permita determinar que existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configuren las hipótesis normativas previstas en la ley. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 204, consultable en el apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, página 166, con registro 917738, que a la letra dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Por lo expuesto, es válido concluir que en la resolución que se combate sí se cumplió con la fundamentación y motivación aludida. En otro motivo de inconformidad, tenemos que el accionante indica que el acto reclamado viola la garantía que consagra el artículo 14 de la Constitución Federal, debido a que en la determinación que reclama la jueza no cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento, en virtud de que es falso que la solicitud de prórroga del plazo de investigación se presentara de forma extemporánea, ya que, él considera que sí se presentó en tiempo. Dicho argumento resulta fundado pero inoperante, debido a que la investigación complementaria comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. En el caso, la jueza consideró que cuando el imputado aquí quejoso presentó (doce de febrero de dos mil diecinueve) la solicitud de ampliación de plazo para la investigación complementaria, ya estaba cerrada la investigación; sin embargo, de la transcripción del acto anteriormente efectuada formalmente no había acaecido el cierre de instrucción. En efecto, en el artículo 286 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, se establece: 286. Plazo para declarar el cierre de la investigación. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, el Ministerio Público deberá cerrarla o solicitar justificadamente su prórroga al Juez, observándose los límites máximos previstos en el Artículo 285. Si el juez no estima que la prórroga se justifica, denegará la petición. Si el Ministerio Público no declara cerrada la investigación en el plazo fijado, o no solicita su prórroga, el imputado o la víctima u ofendido podrán solicitar al Juez que lo aperciba para que proceda a tal cierre. Para estos efectos, el Juez informará al superior jerárquico del agente del Ministerio Público que actúa en el proceso, para que cierre la investigación en el plazo de diez días, así como para que proceda en los términos legales correspondientes. Transcurrido ese plazo sin que se cierre la investigación, el Juez la declarará cerrada de plano y se procederá en los términos del artículo siguiente. Del precepto transcrito se desprende que transcurrido el plazo de cierre de la investigación, el Ministerio Público deberá cerrarla o solicitar justificadamente su prórroga, lo que denota que la solicitud se puede realizar incluso transcurrido el citado plazo, sin que después de la prórroga decretada para el doce de febrero, lo hubiera hecho. De modo que, tiene razón el quejoso en su alegación, sin embargo, ello no afecta al accionante del amparo, pues la juzgadora aclaró que al no ser una prórroga de la ampliación del plazo de investigación complementaria, lo que en realidad pretendía era la reapertura y por diversas razones anteriormente expuestas sostuvo que era improcedente la solicitud del accionante. En esa medida, el concepto de violación que se analiza resulta fundado pero inoperante, pues es cierto que la jueza consideró que materialmente se había decretado el cierre de la investigación complementaria, por lo que, su petición de ampliación era extemporánea; empero, no fue esa la única razón que le dio al imputado para acordar desfavorable su petición, sino que también sostuvo que el anticipo de prueba no era motivo para decretar la prórroga del plazo de cierre de investigación, pues dicho anticipo se puede solicitar en cualquier tiempo hasta antes de la celebración de la audiencia de juicio oral, motivo que como se verá, debe quedar incólume y, por tanto, es suficiente para sustentar el sentido de la negativa de prórroga. El accionante, también asegura que la jueza responsable lejos de favorecer la protección más amplia a las personas, restringe sin fundamento o motivación alguna su derecho a ofrecer o desahogar pruebas que le favorezcan, porque ordena el cierre de la investigación, al estimar que no existió motivo alguno para ampliarlo, a pesar de que, estima, a la petición adjuntó todas las pruebas necesarias para ello. Insiste, que la autoridad responsable le negó su derecho a la defensa, pues le priva de la ayuda para conseguir las pruebas que existen a su favor y que al no contar con los medios económicos suficientes se ha visto imposibilitado para defenderse. Al respecto, debe indicarse, que no se advierte que se le impida su derecho a la defensa, dado que, acorde con lo expuesto por la juez responsable, de conformidad con el artículo 267 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, las partes podrán solicitar no solo a un juez de control, sino también, al Tribunal de Juicio Oral, que se reciba declaración de los testigos que ofertó de forma anticipada, siempre que, en ese momento procesal se cumpla con alguno de los supuestos que el propio numeral establece para ello, los cuales se señalan de forma taxativa y no enunciativa. Ello, porque, conviene recordar al recurrente que la solicitud de desahogo de prueba anticipada podrá plantearse desde que se presenta la denuncia y hasta antes de la celebración de la audiencia de debate del juicio oral. Luego, el quejoso de igual forma asegura que la responsable vulnera su derecho a justicia pronta y expedita que se establece en el artículo 17 de la Constitución Federal debido a que hay un lapso de un mes entre la solicitud que elevó y la audiencia en la que la acordó. También, indica que en el caso particular la ley permite que la investigación sea de hasta por ocho meses, de los cuales la autoridad permitió que solo fuese de tres meses. Tal motivo de inconformidad resulta infundado debido a que, la legislación de la materia no prevé un término específico para el desahogo de la audiencia en la que se verificará si procede o no la ampliación o reapertura de la fase de investigación complementaria. Además, se cumplió con el plazo para la decisión dado que las resoluciones en audiencias deberán emitirse inmediatamente después de concluido el debate y antes de declararse cerradas aquéllas; lo que así ocurrió, tal como se dispone en el numeral 63 de la legislación adjetiva penal de la entidad. Y, por cuanto hace al plazo de ocho meses que prevé la ley para el periodo de investigación complementaria, como bien se establece en el artículo 285 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, dicho plazo para el cierre puede ser menor que aquel que se estableció al efecto, si antes se tienen todos los medios de prueba necesarios, de manera que, no siempre se señala la totalidad de esos ocho meses, sino que la ley contempla la temporalidad máxima que puede durar, sin perjuicio de que no se agote. Además, es facultad del juez de control fijar el plazo para el cierre de investigación, atendiendo a las particularidades del asunto y después de escuchar a las partes, sin que en el caso se advierta que la defensa del quejoso pretendiera recabar algún medio de convicción diverso a la prueba anticipada, que se insiste, podrá solicitar en cualquier momento hasta antes de la celebración de la audiencia de debate de juicio oral. No es óbice a lo anterior, que la juez responsable haya realizado diversas manifestaciones en cuanto a que el anticipo de prueba sólo procedía en los casos específicos que prevé la ley, pues lo cierto es que no se advierte con claridad que en la audiencia haya existido una solicitud específica de desahogar prueba anticipada, tan es así que al preguntar la juzgadora al defensor "¿establece usted que existe algún tipo de necesidad, están amenazados de muerte?, porque de todas maneras así tendrían que ser obligados a que ellos comparezcan.", sin que el defensor justificara en ese momento dicha necesidad, sino que pretendió solicitar el auxilio judicial a efecto de que se lograra la comparecencia de testigos, a lo que la juez responsable le dijo que era inoficioso entrar al estudio de cualquier tipo de declaración de los imputados. El quejoso agrega que solicitó a la juez el auxilio para recabar la declaración de diversos testigos que se encuentran fuera de la ciudad, solicitando se gire atento exhorto y/o colaboración al Juez de Garantía de corresponda en Veracruz, a lo que refirió que en todo caso el auxilio lo debe solicitar al Tribunal de Juicio Oral, con lo que se pretende dejarlo sin pruebas. Al respecto, no asiste razón al quejoso, pues tal como lo refirió la juez responsable, no es en la etapa de investigación que por regla general deban desahogarse las pruebas (salvo la excepción de la prueba anticipada, cuando esté debidamente justificada), sino que dado el principio de inmediación previsto en el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez que haya de dictar sentencia debe que percatarse a través de sus sentidos del desahogo de los medios de convicción, por lo que será el Tribunal de Juicio Oral quien, en su caso, deberá auxiliar al quejoso para el desahogo de los testigos. También señala que no se buscó proteger al inocente, porque, desde su perspectiva la jueza no mostró interés en que se conozca la verdad histórica de los hechos, lo que se logra cuando se escucha a los testigos de cargo y de descargo; en otras palabras, estima que, se le coartó la oportunidad de tener tiempo suficiente en la etapa probatoria para presentar de manera legal a los testigos de descargo. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que la presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal, de las cuales, ninguno se ve afectado con la determinación dictada por la autoridad responsable, debido a que, el hecho de no permitir la apertura de la fase de investigación complementaria no impacta en su defensa, por las razones antes apuntadas. En efecto, la parte quejosa tiene claro quiénes son las personas que puede comparecer a la etapa de juicio para rendir testimonio de descargo, también sabe dónde pueden ser localizados tales individuos, incluso conoce qué pretende probar con su dicho o a qué van a contribuir con su teoría del caso. De tal suerte que, dado que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio; en su momento el quejoso podrá ofertar tales testimoniales para que sean admitidas y a fin de lograr su desahogo estará posibilitado para pedir el auxilio del tribunal. En tal virtud, al ser ineficaces y resultar infundados los conceptos de violación aducidos por el quejoso, sin que se advierta la actualización del algún motivo para suplirlos, se impone negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 73, 74, 76, 77, 78, 80 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******* contra la determinación emitida en audiencia de doce de marzo de dos mil diecinueve, en la causa penal *******, que reclamó de la Jueza de Control del distrito judicial Bravos, con morada en esta localidad, por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente al quejoso, a la tercera interesada y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como por oficio a las autoridades responsables y al representante social de la causa. Así, resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, fecha en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 16147 que remite el Juez del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, al que anexa la comunicación 4764/2019 y anexos, signados por la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, por medio del cual se le tiene remitiendo el emplazamiento realizado a la tercero interesada *******; asimismo, del estado que guardan los autos se advierte que el veintiséis de junio de la presente anualidad, se reservó respecto del emplazamiento realizado al menor de iniciales *******. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad responsable la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, dando cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de dos de abril de la presente anualidad, para lo cual remite copia certificada de los emplazamientos realizados a los terceros interesados, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b). Ahora, toda vez que se logró el emplazamiento de los terceros interesados, y del contenido de la diligencia de veintidós de abril del año en curso, realizada a ******* se infiere que expresamente indicó que no puede acudir porque teme por su vida, y dado que su residencia se encuentra ubicada en *******, Texas, Estados Unidos de Norteamérica, y que no es posible notificarla en un domicilio en esta ciudad, a fin de salvaguardar sus garantías y pueda tener acceso remoto al juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con el artículo 27, fracción II, se ordenan por medio de lista las notificaciones posteriores, aun las de carácter personal a los terceros interesados, hasta en tanto señalen domicilio en esta sede. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 4750/2019 signado por la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, por medio del cual remite el emplazamiento realizado al tercero interesado el menor de iniciales E.J.A.H., reservándose a acordar lo que corresponda hasta en tanto remita el emplazamiento de la tercero interesada *******. En atención a lo anterior, requiérase a la autoridad responsable Jueza de Control del distrito judicial Bravos, para que dentro del término de veinticuatro horas, contados a partir de que tenga conocimiento de que fue emplazada la tercero interesada ******* lo informe a este órgano jurisdiccional, lo que deberá acreditar con copia certificada de las constancias correspondientes. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo solicitado o de no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, en relación con el diverso 259 ambos de la Ley de Amparo actual, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, que equivalen a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), previstas en el diverso 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

Quedan 13 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano