Luis Enrique Aldape Sánchez y Otros.
Expediente 469/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 19 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 469/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 29/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Luis Enrique Aldape Sánchez y Otros.
- Luis Enrique Aldape Sánchez
- Dolores Patricia Bagues Melero
- Juez Primero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de destrucción. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte tercero interesada de la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve que dice: SentenciaVisto para resolver el juicio de amparo 469/2019-IV, promovido por ******* y *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veinticuatro de junio de dos mi diecinueve, turnado a este juzgado el día hábil posterior, ******* y *******, promovieron demanda de amparo contra actos de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo, todos Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, así como en contra de los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, todos con sede en esta localidad, de quienes reclamaron lo siguiente: IV.- ACTOS RECLAMADOS: De los jueces primero, segundo, tercero, cuatro, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, todos civiles por audiencia del Distrito Judicial Bravos: a). Todos los actos llevados a cabo en el juicio que desconozco totalmente, a partir del ilegal y presunto emplazamiento, incluyendo la sentencia dictada y las actuaciones que se han hecho en ejecución de la misma. b). La orden de desalojarme del bien en que me encontraba en posesión, mismo que se encuentra ubicado en ******* en esta ciudad. De la autoridad señalada como ejecutora: a). La falta de emplazamiento a los quejosos y/o ilegal emplazamiento que supuestamente me haya practicado en el juicio que desconozco totalmente. b). La ejecución de la orden de desalojo y/o desocupación y/o lanzamiento respecto de un bien el quejoso estaba en posesión, ubicado en ******* en esta ciudad (sic). Segundo. Derechos fundamentales que la parte quejosa estimó vulnerados. La parte quejosa señaló como derecho constitucional vulnerado, el previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve (foja 9), se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables y se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Cuarto. Ampliación de demanda. En escrito presentado en este juzgado el dos de agosto de dos mil diecinueve, la parte quejosa amplió la demanda de amparo en los siguientes términos: II. ACTOS RECLAMADOS: Del Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos: a) La omisión de desechar la demanda, atendiendo al control preliminar de la demanda, por no cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 241, 242, 243 y 377 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. b) La ilegal sentencia dictada dentro del expediente ******* del índice del juzgado a su digno cargo, pues no existen medios de convicción para poder haber dictado una sentencia condenatoria. c) Todos los actos llevados a cabo en el Juicio Oral ordinario con número de expediente ******* del índice del juzgado a su digno cargo, a partir del ilegal y presunto emplazamiento, incluyendo la sentencia dictada y las actuaciones que se han hecho en ejecución a ésta. Quinto. Tramitación de ampliación de demanda. En proveído de cinco de agosto de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la ampliación de demanda (foja 134) y se solicitaron informes justificados a las responsables, en torno a ello. Sexto. Celebración de la audiencia constitucional. Una vez que este juicio de amparo estuvo debidamente integrado, se celebró la audiencia constitucional conforme al acta que antecede, la cual concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se reclama la inconstitucionalidad de actos ejecutados dentro del territorio en que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo , de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la parte quejosa reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: a) De los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo, todos Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos: - Todas y cada una de las actuaciones practicadas en un juicio respecto del cual se ostentan terceros extraños, desde la omisión de desechar la demanda, el emplazamiento, la sentencia ahí dictada y las actuaciones relativas a su ejecución, incluida la orden de desalojo y la ejecución de tal mandato, del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad. b) De los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos: - El emplazamiento practicado en el juicio de origen. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir sus informes justificados, los Jueces Primero (foja 17), Segundo (foja 250), Tercero (foja 18), Cuarto (foja 27), Sexto (foja 19), Séptimo (foja 20), Octavo (foja 21), Noveno (foja 22) y Décimo (foja 30), todos Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta localidad, negaron categóricamente los actos que les atribuyó la parte quejosa, sin que ésta haya aportado medio de convicción efectivo alguno a fin de desvirtuarlos. Por su parte, los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado en torno a la demanda inicial (foja 23), negaron el acto de ejecución que les fue atribuido. Empero, en el informe que rindieron relativo a la ampliación de demanda (foja 246), señalaron que el acto que les fue reclamado, es cierto, lo que se corrobora de las constancias que remitió el Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta localidad, de tal suerte que la negativa inicial vertida se encuentra desvirtuada. Dicho lo anterior, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo con relación a las autoridades jurisdiccionales referidas en la parte inicial de este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Cuarto. Existencia de los actos reclamados. El Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta localidad, señaló que los actos que le fueron reclamados, son ciertos (fojas 33 y 144). La certeza de los actos atribuidos a dicha responsable se deduce no únicamente de su afirmativa, sino de las constancias que anexó a sus informes con justificación (relativos a la demanda inicial y ampliación de demanda), de las que se colige lo siguiente: 1. En escrito presentado en el Tribunal Superior de Justicia en el Estado, enviado por razón de turno al órgano en cuestión, ******* demandó mediante juicio oral ordinario para desocupación por falta de pago de rentas respecto del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, a *******. 2. Luego de ser admitida la demanda, en la diligencia de emplazamiento de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, se le tuvo por emplazado. 3. Seguida la secuela procesal, el diez de abril de dos mil diecinueve (foja 69) se emitió sentencia donde se condenó al demandado, aquí quejoso, entre otras cosas, a desocupar y entregar el bien inmueble en cuestión. 4. La diligencia de desocupación relativa, fue verificada el tres de junio de dos mil diecinueve (foja 81). Asimismo, de lo anterior se advierte también que el acto reclamado al Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, consistente en el emplazamiento efectuado el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, es cierto. Tales constancias, poseen valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es el Secretario Judicial adscrito al Juzgado Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta localidad. Ante lo anterior, resulta innegable la existencia de los actos reclamados a tales autoridades responsables. Quinto. Actualización de causas de improcedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio de fondo, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en principio se determinan las causales de improcedencia que se actualizan en este asunto. Primera causal de improcedencia que se actualiza. La quejosa ******* no acredita interés jurídico respecto de los actos que aquí reclama, por lo que se actualiza respecto a tal persona la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en la que se establece lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) A partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, con entrada en vigor a los ciento veinte días de su publicación (cuatro de octubre de dicha anualidad), se advierte que el artículo 107, fracción I, prevé que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada que aduzca: a) ser titular de un derecho, o b) contar con un interés legítimo individual o colectivo, dichos supuestos fueron recogidos por la actual Ley de Amparo. El interés jurídico tiene una connotación diversa a la del interés legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Corrobora lo anterior, la tesis aislada 2a. LXXX/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, septiembre de dos mil trece, Tomo 3, Materia Común, con registro 2004501, de rubro INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Ahora bien, ******* reclama todas y cada una de las actuaciones practicadas en el juicio ordinario civil ******* del Juzgado Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, desde la omisión de desechar la demanda, el emplazamiento, la sentencia ahí dictada y las actuaciones relativas a su ejecución, incluida la orden de desalojo y la ejecución de tal mandato, del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, que ya fue ejecutado. De las documentales remitidas por el Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, se desprende que el juicio de origen fue promovido por *******, aquí tercero interesada, únicamente en contra del quejoso ******* (cuyo nombre completo es *******). Aunado a ello, se advierte que el contrato de arrendamiento respecto del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, que exhibió la aquí tercero interesada al promover la demanda que originó el juicio natural, lo firmaron ella como arrendadora y como arrendatario aparece únicamente *******, no la diversa quejosa quien al parecer es su esposa. De lo anterior, se colige que la aquí quejosa ******* se ostenta como tercero extraña en sentido estricto, pues no forma parte de la controversia. Ahora, en la demanda de amparo, en el apartado relativo a los antecedentes del acto reclamado, el quejoso *******, señala: El pasado 3 de junio del año en curso, recibí una llamada de mi señora esposa ******* en la cual manifestó que se encontraba un individuo (.) quien manifestó ser actuario (.) y que venía con una orden para desalojar. De ello se desprende, aparentemente, que los aquí quejosos son esposos y, en consecuencia, que el inmueble en cuestión fue -hasta el desalojo ejecutado-, probablemente su domicilio conyugal. Sin embargo, los quejosos no acreditaron el vínculo matrimonial ostentado, de manera que no existe forma alguna de corroborar en primer término, que efectivamente son esposos. Aunado a lo anterior, la figura del domicilio conyugal no constituye una figura que genere "el derecho a poseer" un determinado inmueble, por lo que, resulta insuficiente por sí sola para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo en el que uno de los cónyuges se ostenta tercero extraño al procedimiento judicial que culminó para su consorte, con orden de desalojo del respectivo inmueble. Lo previo encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 61, diciembre de dos mil dieciocho, Tomo I, Materias Común, Civil, con registro 2018690, del contenido siguiente: INMUEBLE ESTABLECIDO COMO DOMICILIO CONYUGAL. PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO DE UNO DE LOS CÓNYUGES QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EN EL JUICIO DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, ES INSUFICIENTE LA SOLA POSESIÓN MATERIAL. El artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo establece que tratándose de actos provenientes de tribunales judiciales, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, lo que constituye la exigencia del interés jurídico. Por otra parte, en relación con el derecho de posesión y el interés jurídico, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 1/2002,(1) definió que la posesión constituye objeto de protección en el juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio del orden civil, siempre que se funde en un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer. Con base en estas premisas, resulta que la figura del domicilio conyugal remite al establecimiento de una vivienda o lugar físico en donde los cónyuges vivirán para organizar su vida en común, sin que constituya una figura que genere "el derecho a poseer" un determinado inmueble, por tanto la posesión simple o mera tenencia material que ejercen los cónyuges sobre una vivienda a partir de la designación del domicilio conyugal, no es el tipo de posesión que se tutela en el juicio de amparo indirecto contra actos provenientes de tribunales judiciales, y por ello, resulta insuficiente por sí sola para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo en el que uno de los cónyuges se ostenta tercero extraño al procedimiento judicial de arrendamiento que culminó en condena para su consorte con orden de lanzamiento del respectivo inmueble, aun cuando el domicilio conyugal se haya establecido antes de la celebración del arrendamiento. Sin embargo, cuando la prueba de la posesión del domicilio conyugal, se complementa con la prueba de algún título sustentado en una figura jurídica (diversa al contrato de arrendamiento controvertido) o en un precepto legal que genere el derecho a poseer el domicilio conyugal (como podría ser que uno de los cónyuges es propietario del inmueble), tales elementos sí podrían servir en su conjunto para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo en el que uno de los cónyuges se ostenta tercero extraño al procedimiento judicial de arrendamiento que culminó en condena para su consorte con orden de lanzamiento del respectivo inmueble y el establecimiento del domicilio conyugal fue previo a la celebración del arrendamiento. Lo anterior, sin que el reconocimiento del interés jurídico implique pronunciamiento alguno respecto de la cuestión de fondo, la que quedaría sujeta a que las pruebas o argumentos de la parte quejosa, arrojaran razones jurídicas para sostener que existió, o no, un derecho de audiencia que debió respetarse en el procedimiento cuya tramitación y resolución se reclama. Así, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia examinada y procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo respecto a la quejosa ******* en términos de los numerales 61, fracción XII y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Segunda causal de improcedencia que se actualiza. El quejoso Luis Enrique Adape Sánchez, al ampliar su demanda, reclamó del Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, la omisión de desechar la demanda que originó el juicio ******* de su índice; es decir, su admisión a trámite. Pues bien, se actualiza respecto a dicho acto la hipótesis de improcedencia prevista prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, pues el mismo no es de imposible reparación. En efecto, dichos dispositivos son del contenido siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.). De la intelección de tales numerales, se desprende que el juicio de amparo indirecto o bi-instancial es procedente, entre otros, contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En efecto, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas. Contrario sensu, no pueden reputarse como actos de imposible reparación aquellos que impliquen sólo una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal cuyas consecuencias son meramente formales o intraprocesales. Ello, pues de dictarse una resolución definitiva favorable en la controversia de origen, puede darse el caso que la violación alegada fuere subsanada o dejada insubsistente y, por ende, la consecuencia sería dejar intacta la esfera jurídica del gobernado al no alterarse ninguno de sus derechos sustantivos. De tal manera que, si se combaten actos intraprocesales, diversos a los establecidos en la propia norma, el juicio de amparo será improcedente. Con relación a este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que conforme a la anterior Ley de Amparo, existieron una variedad de criterios respecto a qué debía entenderse por actos de imposible reparación; sin embargo, ha apuntado que en la nueva ley reglamentaria, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto en contra de dichos actos, los que, para ser calificados como tal, deben producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias sean de tal trascendencia que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no que solo produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo . Entonces, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: - Primero, la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho fundamental en forma presente. - La segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a derechos sustantivos, aunado a la naturaleza material de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la formal o adjetiva. Dicho lo previo, la omisión de desechar la demanda que dio génesis al juicio natural, es decir, su admisión, no es un acto de imposible reparación, porque dicha determinación no produce una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus resultados no son de tal amenaza que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho; ya que con la admisión de demanda, el efecto producido es el de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tienen la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar. Esto es, ya que el sentido de dicha determinación sólo tiene alcances procesales, ello excluye la posibilidad de considerarla como una afectación inminente a derechos sustantivos. Sirve de sustento a lo anterior, por analogía, la tesis 2a. L/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, mayo de dos mil catorce, Décima Época, página 1095, con número de registro 2006548, del tenor siguiente: DEMANDA LABORAL. EL AUTO QUE LA ADMITE NO ES UN ACTO INTRAPROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN NI CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AFECTE AL QUEJOSO. El auto que admite una demanda laboral y sus consecuencias no son actos de procedimiento que dejen sin defensa al quejoso, ni que le causen un perjuicio irreparable, pues si emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, como los desarrollados ante la autoridad en materia de trabajo, el amparo en que se impugnen sólo puede promoverse contra la resolución definitiva, por violaciones cometidas en ella, o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le concede; así es que el amparo promovido contra dicho auto es improcedente y debe sobreseerse, pues únicamente produce el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicha admisión pueden no trascender a la esfera jurídica del quejoso. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia aludida en este apartado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo , lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio respecto del acto combatido en mención. Ya que las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan causas de improcedencia, ni el que suscribe advierte que se actualice una diversa, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Sexto. Examen constitucional de los actos reclamados. Como ya fue acotado, el quejoso reclama todas y cada una de las actuaciones practicadas en el juicio ordinario civil ******* del Juzgado Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos; desde el emplazamiento, la sentencia ahí dictada y las actuaciones relativas a su ejecución, incluida la orden de desalojo y la ejecución de tal mandato, respecto del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, que ya fue ejecutado. Ahora bien, en este asunto opera la suplencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, en atención a que al quejoso aduce que tiene el carácter de tercero extraño por equiparación. Así, se procede a analizar enseguida los conceptos de violación aducidos por el quejoso, mismos que se coligen tanto de su escrito de demanda como del relativo a la ampliación de la misma, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo . Primero, el quejoso aduce como concepto de violación que la diligencia de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, donde aparentemente se logró su emplazamiento al juicio natural, resulta ilegal, porque el actuario responsable no asentó su nombre completo, sino que usó abreviaturas tanto en uno de sus nombres, como en uno de sus apellidos, al apuntarlo. Es fundado pero inoperante tal concepto de violación. A efecto de corroborar el anterior aserto, se transcribe la parte conducente de la mencionada diligencia, cuyo análisis íntegro, por cuestión de método, se realizará más adelante. En Ciudad Juárez Chihuahua, Distrito Bravos siendo las dieciocho horas con treinta minutos del día 18 (dieciocho) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, el suscrito Oficial Notificador y Ministro Ejecutor Licenciado Héctor R. Órnelas V. hago saber que acompañado de la C. Lic. ******* nos constituimos en el domicilio señalado en autos para notificar a ******* (.). Al respecto, el artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, invocado por el quejoso, es del siguiente contenido: Artículo 76. En las actuaciones judiciales no se emplearán abreviaturas, raspaduras, enmendaduras, ácidos u otras substancias para borrar las palabras o frases equivocadas, sobre las que sólo se pondrá una línea delgada que permita la lectura de lo testado, salvándose al final de la actuación, con toda precisión, el error cometido. Esto último se hará también respecto de las frases o palabras entrerrenglonadas. La infracción de esta disposición, cuando no sea delictuosa, se castigará disciplinariamente por el superior respectivo. De la intelección del artículo citado, se colige que, efectivamente, se encuentra prohibido el uso de abreviaturas en actuaciones judiciales; sin embargo, a pesar de que ciertamente el actuario responsable apuntó su nombre con uso de abreviaturas (Héctor R. Órnelas V.), la única consecuencia de ello, es el castigo disciplinario que le imponga su superior -en su caso-. Sin que, con el uso de las mencionadas abreviaturas al apuntar su nombre, creara incertidumbre al quejoso ni su fe pública se haya visto mermada, pues la infracción de esa disposición únicamente tenía como consecuencia formal, la imposición de una sanción disciplinaria, no que la actuación judicial de que se trate sea inválida o se dejara sin efectos. Enseguida, se colige como segundo concepto de violación del quejoso, que aduce que el actuario responsable omitió señalar su cargo en la diligencia de que se trata. Resulta infundado tal concepto de violación. Ello, pues de la porción transcrita líneas arriba, se colige que el actuario responsable, al momento de la mencionada diligencia, asentó su cargo precisamente precediendo su nombre, de tal suerte que la manifestación del quejoso en este sentido, resulta falaz. Luego, en el tercer concepto de violación el quejoso aduce que al momento en que aparentemente se llevó a cabo la diligencia, el actuario responsable no se identificó como tal, motivo por el cual -dice el quejoso- no tuvo certeza de que, efectivamente, la persona que aparentemente se apersonó ante él, fungiera como funcionario judicial. Es fundado, pero inoperante el mencionado concepto de violación. Se invoca nuevamente la porción de la diligencia que nos ocupa, transcrita previamente, de donde se desprende que es cierto, si bien el actuario responsable asentó su cargo precediendo su nombre, no anotó haberse identificado como Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos. Pues bien, a pesar de que identificarse plenamente al momento del emplazamiento -para acreditar que es autoridad competente para llevar a cabo actuaciones de esa índole- hubiera dotado de más certeza al mismo, ello no es un requisito indispensable, de manera que el no hacerlo no disminuye ni mucho menos elimina la certeza de que goza la mencionada notificación. Ello, pues si la formalidad esencial del procedimiento, en tratándose del emplazamiento, estriba en enterar al demandado de la existencia de un juicio instaurado en su contra, lo importante es que se observen las formalidades esenciales del procedimiento -lo cual, se estima, fue efectuado, como se demostrará más adelante- mas no así respecto del Actuario que lo hizo saber, pues como ejecutor del acto de autoridad, su papel en la finalidad del mismo, es secundario y no esencial. Sustenta lo previo, por identidad de razones, la tesis P. XI/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, con número de registro 192191, que consta del rubro y texto siguientes: NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. EL HECHO DE QUE EL ARTÍCULO 743 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO PREVEA QUE EL ACTUARIO DEBA IDENTIFICARSE AL PRACTICARLAS, NO ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que el referido precepto no contiene disposición alguna que obligue al actuario que realiza la primera notificación personal al demandado en un juicio laboral a que se identifique plenamente ante el notificado, a fin de acreditar que es autoridad competente para llevar a cabo dicha actuación, no lleva a concluir que el numeral impugnado sea violatorio del artículo 14 de la Constitución Federal, en primer lugar, porque ese solo hecho, de no haberse reproducido en aquella disposición la obligación de cumplir ciertas garantías fundamentales, no exime a la autoridad de cumplirlas, en virtud de que en ausencia de norma específica contenida en la ley del acto, se halla el imperativo del mandato constitucional y, en segundo, porque si la formalidad esencial del procedimiento, en tratándose del emplazamiento, estriba en enterar al demandado de la existencia de un juicio instaurado en su contra, lo importante es que el legislador secundario exija la observancia de los requisitos o formalidades que considere indispensables para garantizar ese conocimiento, mas no así al de la persona que se lo hace saber, pues como ejecutor del acto de autoridad, su papel, en la finalidad del mismo, es accidental y no esencial. Por lo anterior, respecto de los puntos específicos mencionados, no asiste la razón al quejoso y resulta inoperante tal concepto de violación. Enseguida, como cuarto concepto de violación el quejoso argumenta que la diligencia de emplazamiento que le practicó el Actuario responsable, es ilegal, pues previo a cerciorarse debidamente de que el domicilio donde estaba constituido fuera el correcto, señaló que, aparentemente, él le manifestó al fedatario su nombre correcto y completo, por lo que considera que las etapas en que hizo constar dicha parte de la diligencia no son lógicas, pues no pudo decir que lo encontró, previo a manifestar dónde estaba constituido. Asimismo, el quejoso considera que el Actuario responsable no se cercioró fehacientemente del lugar en que estaba constituido, pues si bien apuntó la ubicación espacial de la mencionada negociación, considera que estaba obligado a señalar de manera exhaustiva, los medios de convicción que tuvo a su alcance, a través de sus sentidos, para corroborar dicha situación. Finalmente, aduce que de la constancia relativa, pareciera que el actuario responsable llevaba previo a iniciar la diligencia, una copia de su identificación, en la cual se basó para asentar sus datos, mismos que aduce, no coinciden con los que obran en su credencial de elector, ni con la clave única de registro de población que fue anotada. Es inoperante dicho concepto de violación. Respecto a las formalidades que deben observarse para realizar una diligencia de emplazamiento, en los artículos 132 al 135 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, se dispone lo siguiente: Artículo 132. Todas las partes litigantes en el primer escrito que presenten o en la primera intervención ante el tribunal, designarán domicilio ubicado en el lugar del juicio para que en él se les hagan las notificaciones y se practiquen las demás diligencias que sean necesarias. Igualmente deben designar domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promueven, o a solicitud suya deba citárseles para alguna diligencia. (.) Artículo 133. Se notificará personalmente en el domicilio de la persona interesada, salvo si se pronunciaren en audiencia y respecto de aquellos que hubieren concurrido o debieron asistir a la misma: I. El emplazamiento de la parte demandada, la reconvención y la primera notificación en el juicio, aunque sean diligencias preparatorias o se trate de terceros extraños al juicio; (.) Artículo 134. Si se tratare de la notificación de la demanda y a la primera búsqueda no se encontrare a la parte demandada, cerciorándose quien debe hacer la notificación que la persona interesada tiene su domicilio en dicho lugar y asentando las circunstancias y medios que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio, se le dejará cita para hora fija dentro del día hábil siguiente, haciendo constar en el citatorio el nombre de la persona a quien se cita, el día y la hora en que debe esperar la notificación, y pondrá en el mismo el sello correspondiente, autorizándose el citatorio por la o el notificador. Si la persona que debe ser notificada no espera a que se le haga, ésta se le hará por medio de instructivo que se entregará a parientes, empleados o empleadas de la persona interesada o a cualesquiera otra persona que se encuentre en el domicilio y, en caso de no atender nadie, se fijará en la puerta donde se actúa, de todo lo cual se asentará razón en las diligencias. Al instructivo se agregará copia de la demanda y sus anexos, así como de la resolución que se notifica. (.) Artículo 135. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior respecto del emplazamiento, cuando después de cerciorado el notificador que la persona por notificar vive en la casa y con quien se entiende la notificación se niegue a recibir ésta, la notificación podrá hacerse en el lugar en que habitualmente trabaje, sin necesidad que el tribunal dicte providencia especial para ello. Artículo 136. Cuando no se conociere el lugar en que la persona que debe ser notificada trabaje conforme al artículo anterior, la notificación se podrá hacer en el lugar donde se encuentre. De tales numerales se advierte que: a) La parte actora deberá señalar el domicilio de la persona contra quien promueva. b) El emplazamiento es de índole personal. c) El notificador, debe cerciorarse de que la persona a quien notificará, tiene su domicilio en el inmueble señalado. d) Si no se encontrare a la parte demandada, el notificador deberá anotar las circunstancias y medios que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio y dejará cita de espera con quien esté en el domicilio, para una hora determinada del día hábil posterior. e) Si la persona que debe ser notificada no espera a que se le haga, ésta se realizará por medio de instructivo que se entregará a parientes o a cualesquiera otra persona que se encuentre en el domicilio y, en caso de no atender nadie, se fijará en la puerta donde se actúa, de todo lo cual se asentará razón en las diligencias, agregando copia de la demanda y sus anexos, así como del auto que se notifica. f) Sin perjuicio de lo anterior, cuando después de cerciorado el notificador de que la persona por emplazar vive en la casa y con quien se entiende la notificación se niegue a recibir ésta, la notificación podrá hacerse en el lugar en que habitualmente trabaje, sin necesidad que el tribunal dicte providencia especial para ello. g) Cuando no se conociere el lugar en que la persona que debe ser notificada trabaje conforme al artículo anterior, la notificación se podrá hacer en el lugar donde se encuentre. No obstante, de dichos artículos no se desprende una secuencia que deban seguir ineludiblemente los actuarios al realizar sus notificaciones para buscar el emplazamiento de la parte demandada; es decir, no existen frases sacramentales ni un orden inmutable que deban plasmarse en la diligencia de que se trata, sino que basta que los elementos formales señalados líneas arriba, sí se incorporen en la misma. Asimismo, tal como lo señala la tesis de jurisprudencia 1a./J. 69/2010 , emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el propio quejoso invoca, el domicilio en donde puede realizarse el emplazamiento de la parte demandada, persona física, no debe atender estrictamente al orden que para el domicilio, como atributo de la personalidad, señalen las legislaciones secundarias, por lo que puede realizarse en el lugar donde reside, o bien, en el que tiene el principal asiento de sus negocios o donde labore, siempre y cuando el emplazamiento se entienda personal y directamente con el demandado, y el funcionario judicial que lo practique verifique su identidad, lo que en el caso sí ocurrió, como se demostrará en los párrafos subsecuentes. En efecto, el mencionado criterio, es del siguiente contenido: EMPLAZAMIENTO DE PERSONA FÍSICA. PARA ESTABLECER EL LUGAR EN QUE DEBE REALIZARSE ES INNECESARIO SEGUIR EL ORDEN EXCLUYENTE PREVISTO EN LAS DISPOSICIONES SUSTANTIVAS QUE REGULAN EL DOMICILIO COMO ATRIBUTO DE LA PERSONALIDAD, EN CASO DE NO HABERSE DESIGNADO UNO CONVENCIONAL (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA, JALISCO, DISTRITO FEDERAL Y CHIAPAS). El domicilio en donde puede realizarse el emplazamiento de la demandada, persona física, no debe atender estrictamente al orden que para el domicilio, como atributo de la personalidad, prevén los artículos 57 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 72 del Código Civil del Estado de Jalisco, 29 del Código Civil para el Distrito Federal y 27 del Código Civil para el Estado de Chiapas, por lo que puede realizarse en el lugar donde reside con el propósito de establecerse; en el que tiene el principal asiento de sus negocios; o bien, en el que se encuentre este último, cuando el emplazamiento se entienda personal y directamente con el demandado, y el funcionario judicial que lo practique verifique su identidad. Las anteriores alternativas, sin desatender los requisitos exigidos por las legislaciones procesales para realizar el emplazamiento, permiten salvaguardar la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que debe otorgarse al demandado cuando es llamado a juicio en caso de que las partes no hayan establecido un domicilio convencional. Las formalidades previstas por la legislación adjetiva para realizar el emplazamiento, no tienen otro fin que garantizar al demandado que tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra, así como de sus consecuencias, en aras de su derecho a una defensa adecuada y oportuna. Ahora bien, la diligencia de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho (foja 42), donde se le tuvo por emplazado, es del siguiente contenido: En Ciudad Juárez Chihuahua, Distrito Bravos siendo las dieciocho horas con treinta minutos del día 18 (dieciocho) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, el suscrito Oficial Notificador y Ministro Ejecutor Licenciado Héctor R. Órnelas V. hago saber que acompañado de la C. Lic. ******* nos constituimos en el domicilio señalado en autos para notificar a ******* quien me acredita llamarse ******* (fotografía de la identificación) sito en ******* negociación denominada ******* cerciorado de que es el domicilio correcto en razón de tener a la vista un letrero con la razón social antes mencionada y el número a la vista en el edificio y encontrándola presente a la persona que busco la cual sí se identifica con credencial para votar con clave de elector ******* CURP ******* (se anexa fotografía de la identificación) con la cual procedo a notificarle en forma íntegra el (los) acuerdo (s) de fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, siete de diciembre de dos mil dieciocho emitido por el Juzgado Quinto de lo Civil por Audiencias en el expediente ******* relativo al juicio ___ y en este acto lo requiero para que con los recibos correspondientes acredite que se encuentra al corriente en el pago de las rentas que se le reclaman y en caso de no hacerlo se le previene para que en el término de 30 (treinta) días desocupe el inmueble materia del juicio, con el apercibimiento de no hacerlo será lanzado a su costa si no lo efectúa y manifiesta que tengo entendido que la ley me concede más tiempo, pero le hago saber que así lo establece la ley. Acto seguido lo requiero para que haga el pago inmediato de la cantidad de $******* por concepto de rentas o en su defecto señale bienes para embargo que sean suficientes para garantizar las prestaciones que se le reclaman, apercibido que de no hacerlo, el derecho a señalarlo pasara a la persona que me acompaña a lo anterior manifiesta, la parte demandada se niega a señalar bienes propiedad del demandado y la parte actora por conducto de la C. Lic. ******* autorizada en los términos del artículo 64 del Código de Procedimientos Civiles vigente me manifiesta la Lic. ******* que bajo su responsabilidad señala para embargo el excedente del ******* del salario mínimo. Es todo lo que señala ya que no tiene a la vista bienes del demandado, y ante la negativa del demandado yo el C. Ministro Ejecutor declaro legal y formalmente embargado lo señalado por la actora a través de la C. Lic. ******* autorizada en los términos del artículo 64 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua solo lo que baste a cubrir las prestaciones reclamadas. Acto seguido con las copias de ley debidamente selladas y cotejadas por el Secretario Judicial consistentes en 11 (once) fojas útiles le corro traslado y lo emplazo para que dentro del término de nueve días presente su contestación la demanda por escrito, apercibido (a) que en caso de no hacerlo se le tendrá por conforme con los hechos sobre los cuales explícitamente no se haya generado controversia por no haberlos negado o refutado, así mismo se le tendrá por confesados los hechos de la misma que se dejaron de contestar, también se le señala en su escrito de contestación deberá ofrecer las pruebas que pretenda desahogar en juicio, relacionándolas con los hechos que pretende acreditar y que las excepciones se estudiaran y resolverán concurran o no las partes a la Audiencia Preliminar que se les señale, apercibidos de que de no comparecer sin justa causa se les impondrá una multa equivalente a cincuenta salarios mínimos según indica el artículo 256 del Código Adjetivo civil. Y se le hace saber que las partes deben formular oralmente sus promociones. Además se le previene para que en el término de tres días manifieste si no puede entender o hablar el idioma español o si pertenece a una comunidad indígena o presenta una capacidad diferente que impida comunicarse efectivamente a efecto de que el tribunal esté en posibilidad de tomar las medidas pertinentes en el entendido que en su omisión a lo precisado constituirá su negativa y se entenderá que las partes no están en estos supuestos y que se le otorga el termino de tres días contados después del emplazamiento para saber si otorga o no su consentimiento por escrito para restringir el acceso público a su información confidencial en el entendido que en su omisión a desahogar dicho requerimiento se entenderá su negativa para que tal información sea pública. A lo anterior la persona que me atiende queda enterada del presente asunto y se le entregan las copias de traslado correspondientes, con lo anterior termina la diligencia firmando el suscrito actuario y el actor y al solicitar al demandado su firma para constancia en el acta manifiesta que no firmará porque así se lo pidió su abogado con quien se comunicó. Doy fe. (Dos firmas ilegibles al calce) De la parte conducente, se desprende que el actuario responsable, acompañado de la abogada de la parte actora, señaló que se constituyeron en el domicilio indicado en autos para notificar a ******* -y a manera de paréntesis, apunta que dicha persona le acreditó llamarse *******- e inmediatamente después señala el lugar donde se encuentran constituidos, esto es *******, en esta ciudad. Al respecto, se desprende que al apuntar que el demandado le acreditó llamarse Luis Enrique Aldape Sánchez, el actuario responsable, entre paréntesis asentó: "fotografía de identificación"; con ello, el quejoso considera que el mencionado fedatario, previo al inicio de la diligencia, llevaba consigo una copia de su identificación, de la cual sólo transcribió la clave de elector, así como la clave única de registro de población, que obran en la misma. Sin embargo, no se concuerda con el quejoso, pues se estima, dado el contexto y luego del análisis íntegro de la diligencia de que se trata, que en ese momento el actuario responsable capturó mediante una fotografía la mencionada identificación, anunciándolo en la diligencia, puesto que momentos después, apuntó "encontrándola presente a la persona que busco la cual sí se identifica con credencial para votar con clave de elector ******* CURP ******* (se anexa fotografía de la identificación)"; es decir, en un primer momento anuncia que tomó la fotografía y posteriormente, luego de asentar los datos de la misma, señala que la anexa a la constancia relativa a la diligencia. Enseguida, el Actuario responsable asentó que se cercioró de que el lugar en que estaba constituido era el correcto, al tener a la vista un letrero con la razón social de la empresa donde se dijo que labora el quejoso, es decir, ******* y el número del inmueble marcado al exterior del domicilio. Tampoco le asiste la razón al quejoso, en el sentido de que el actuario responsable debió anotar de manera exhaustiva los medios de convicción que tuvo a su alcance, para corroborar lo anterior, pues al haber entendido la diligencia con la persona que le manifestó, a la luz de su fe pública, que era el demandado y que se identificó con un documento oficial, como lo es la credencial de elector -de la cual no sólo anotó la clave de elector, sino que además fotografió-, cumplió el objetivo de que el emplazamiento quedara satisfecho, al ser enterado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra el juicio y del número de expediente, con lo cual, sin lugar a dudas, se surte el principio de certidumbre. Así, desde el momento en que el Actuario responsable logró comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra, el cercioramiento surgió de manera simultánea ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador declaró ser el demandado, y que, en el caso, el lugar en el que se constituyó el actuario es el sitio donde labora, lo que excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado. De tal suerte que, si el emplazamiento se entendió directamente con el demandado y éste se identificó plenamente, debe estimarse cumplido el cercioramiento, pues al practicar la diligencia con el propio demandado, dando fe de su manifestación de ser la persona buscada e identificarse plenamente, se llega a la conclusión de que el domicilio en el que se constituyó el fedatario judicial ciertamente era donde labora (o laboraba) la persona a quien se debía emplazar. Al respecto, en la hipótesis fáctica que nos ocupa, como ya se indicó, el demandado se identificó con un documento oficial como lo es la credencial de elector, ante el Actuario responsable investido de fe pública, de la cual no sólo anotó la clave de elector, sino que la fotografió y anexó impresión de dicha imagen a la notificación de que se trata. Sustenta lo anterior la tesis 1a./J. 55/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, con número de registro 195122, que consta del rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De acuerdo con la correcta interpretación del artículo 49, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el cercioramiento que debe cumplir el actuario que practique la primera notificación a la parte demandada en juicio, debe entenderse en el sentido de que en el evento en que constituido en el lugar designado en la demanda, entienda la diligencia directamente quien ante la fe pública del actuario indique ser el demandado, con ello se cumple el objetivo de que el emplazamiento a juicio quede satisfecho, al ser enterado el enjuiciado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido. El principio de certidumbre queda actualizado entonces, desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra y el cercioramiento surge de manera simultánea, ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador manifiesta ser el enjuiciado, y que se trata de su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el actuario, lo que excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, en tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue al notificador a indagar por otros medios, como por ejemplo el dicho de los vecinos de que el lugar designado en autos sea el del demandado, pues es ilógica la necesidad de establecer intermedios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es el comunicar directamente al demandado la existencia de la pretensión deducida en su contra y qué mejor forma de cercioramiento que el entender la diligencia directamente con la parte buscada. Resulta aplicable además, por identidad de razones, la tesis VI.2o.C. J/15 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, marzo de dos mil quince, con número de registro 2008598, que consta del rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO EXACTO DEL DOMICILIO (CÓDIGO DE COMERCIO REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE JUNIO DE 2003). En la jurisprudencia número 1a./J. 55/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, noviembre de 1998, página 33, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la fracción II del artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, determinó que en los casos en que el actuario judicial entienda personalmente con el demandado la primera notificación dentro del procedimiento respectivo, quien así lo manifestó al momento de la diligencia, es innecesario que se asienten los datos acerca del cercioramiento del domicilio, en tanto que dicha corroboración surge simultánea, precisamente del hecho de que el propio enjuiciado asevere que es su domicilio el lugar en que se constituyó el notificador. Ahora bien, el artículo 1393 del Código de Comercio, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2003, dispone que el notificador debe cerciorarse de que el domicilio en el que practica la diligencia es el del deudor, mientras que el primero de los numerales mencionados prevé que quien haga la notificación debe cerciorarse previamente de que en el lugar designado para practicarla, se halla el domicilio de la persona que ha de ser notificada; de lo anterior se aprecia que los preceptos citados son equivalentes y, por ende, pueden interpretarse en el mismo sentido. De tal suerte que, si en un juicio ejecutivo mercantil el emplazamiento se entiende directamente con el demandado debe estimarse cumplido el cercioramiento exacto del domicilio, sin ser necesario que el diligenciario asiente en las actas correspondientes los medios de cercioramiento de aquél, pues al practicar la diligencia con el propio enjuiciado, dando fe de su manifestación de ser la persona buscada, se llega a la conclusión de que el domicilio en el que se constituyó el fedatario judicial ciertamente era el de la persona a quien se debía emplazar. Resulta aplicable, por identidad de razones, la tesis IV.2o.C.1 C (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, abril de dos mil doce, con número de registro 2000575, del siguiente contenido: EMPLAZAMIENTO PRACTICADO EN UN DOMICILIO DIVERSO AL EN QUE VIVE O HABITA EL DEMANDADO. ES LEGAL SI ÉSTE SE PRESENTÓ ANTE EL FEDATARIO COMO LA PERSONA BUSCADA, CON LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL RESPECTIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). De acuerdo con los artículos 69 y 70 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, el emplazamiento debe realizarse "en el domicilio designado al efecto", previo cercioramiento de que la persona de que se trata "vive ciertamente en el lugar designado". Esto es, el emplazamiento ha de llevarse a cabo en el domicilio que habita el demandado. No es óbice a lo anterior, que si bien no se establece expresamente así en la primera parte del mencionado artículo 69, de lo señalado en su párrafo segundo, en concordancia con los artículos 73 y 74 del propio ordenamiento, así debe entenderse. Ahora bien, si el actuario se constituyó en un establecimiento comercial, donde lo atendió quien le dijo ser la persona buscada, ello evidencia que no se practicó en el domicilio donde vive o habita el demandado y, por ello, dicha manifestación de quien se jactó como la persona buscada, sin corroborarse con la identificación respectiva, deviene ineficaz para dar legalidad a la diligencia, porque no se satisfacen a cabalidad los requisitos establecidos en la jurisprudencia de la Primera Sala 1a./J. 55/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, noviembre de 1998, página 33, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."; pues entre las formalidades que requiere el emplazamiento se encuentra que se practique en el domicilio donde vive el demandado; máxime que la ley previene diversos métodos para realizarlo en caso de que se ignore su residencia o ésta sea en lugar ajeno a la competencia de quien ordena la notificación. De donde se sigue, que si llega a practicarse en lugar diverso donde vive o habita el demandado, para estimar cumplido el requisito fundamental que es enterar del juicio a éste, y con ello válido el emplazamiento, se requiere que se identifique debidamente, es decir, con el documento oficial respectivo pues, de otra forma, simplemente debe declararse ilegal. Sin que sea óbice a lo anterior el quejoso haya manifestado que los datos asentados no concuerdan con los que obran en su credencial de elector, pues tales aseveraciones no fueron probadas, es decir, no exhibió en este asunto la mencionada credencial ni copia de la misma, de la que se pudiera apreciar que los datos que señaló el Actuario responsable fueron incompletos, incorrectos o bien, que fueron alterados. Por último, en el momento del emplazamiento, el Actuario responsable asentó que notificaba al aquí quejoso el auto de admisión de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho y acuerdo de siete de diciembre de tal anualidad (donde se tuvo como nuevo domicilio para buscar su emplazamiento, la empresa donde labora), y le entregó copias de traslado en once fojas útiles . Como quinto concepto de violación, el quejoso argumenta que previo al emplazamiento que aparentemente se le practicó en el lugar donde trabaja, debían seguirse determinadas pautas para lograr tal diligencia en el inmueble señalado inicialmente por su contraparte para notificarlo, es decir, precisamente en el domicilio arrendado, sin que se haya hecho. Es infundado dicho concepto de violación. La diligencia de seis de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 44 y 45) correspondiente a la primera búsqueda del aquí quejoso en el domicilio inicialmente señalado en el juicio de origen para notificarlo -precisamente correspondiente al inmueble arrendado- es del siguiente contenido: En Ciudad Juárez Chihuahua, Distrito Bravos siendo las catorce horas con cincuenta minutos del día 6 (seis) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, el suscrito Oficial Notificador y Ministro Ejecutor Lic. Héctor Raúl Órnelas Valles, adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores de este Distrito Judicial Bravos, hago constar que me constituí en el domicilio señalado en autos sito en ******* de esta ciudad. En busca de *******, y una vez cerciorado de que el domicilio en que me encuentro es correcto, en virtud de la nomenclatura que aparece en que (sic) exterior de dicho inmueble, proceso a tocar la puerta en varias ocasiones y nadie sale a atenderme. Por lo que no es posible llevar a cabo diligencia alguna. Doy fe. En escrito presentado ante el Juez responsable el siete de diciembre de dos mil dieciocho (foja 46), la abogada de la aquí tercero interesada señaló como nuevo domicilio para emplazar al aquí quejoso el lugar de trabajo de éste; el Juez responsable, en auto de siete de diciembre de dos mil dieciocho, tuvo como nuevo domicilio para emplazar a la parte demandada, el proporcionado. Ahora bien, del numeral 134 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ya transcrito, se desprende que si no se encontrare a la parte demandada en el domicilio señalado en autos (sin especificar si el domicilio es donde habita o labora), el notificador deberá anotar las circunstancias y medios que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio y dejará cita de espera con quien esté en el mismo, para una hora determinada del día hábil posterior. Empero, en la mencionada diligencia no se localizó a nadie en el inmueble de referencia, a pesar de que el Actuario responsable señaló que tocó a la puerta en varias ocasiones. Asimismo, si bien del numeral 135 del mencionado Código, pudiera desprenderse que el primer domicilio donde debe buscarse al demandado es aquel correspondiente a donde habita, el propio dispositivo señala, que sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo previo, cuando el notificador esté cerciorado de que el demandado vive en la casa y con quien se entiende la notificación se niegue a recibir ésta, la notificación podrá hacerse en el lugar en que habitualmente trabaje, sin necesidad de que el tribunal dicte providencia especial para ello; esto es, el citado precepto faculta al actuario a proceder en los términos ahí indicados, sin necesidad de que el Juez lo ordene; sin embargo, en el caso no fue el actuario quien decidió trasladarse al diverso domicilio, sino que fue el propio Juez quien en auto de siete de diciembre de dos mil dieciocho (foja 47) previa promoción presentada por la aquí tercero interesada (foja 46), tuvo como diverso domicilio de la parte demandada, el que le fue señalado. Actuación que de ninguna forma va en contra de lo dispuesto por el dispositivo aludido, pues si bien el mencionado Juzgador no se encontraba obligado a dictar providencia especial al respecto -es decir, el actuario responsable podía acudir por sí y sin que mediara ésta, al inmueble donde la parte actora le señalara que labora el demandado- ello no constituye de forma alguna una limitación para tal autoridad, pues en uso de la libertad de jurisdicción de la que goza y en aras de brindar mayor seguridad al acto del emplazamiento, bien podía ordenar que se buscara dicha actuación en su lugar de trabajo, para lo cual se estima, que inclusive, se encontraba en posibilidad de solicitar a la parte actora, que le informara de dicho sitio, o que realizara la investigación pertinente para obtenerlo, en aras de tutelar el derecho fundamental de audiencia previa reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que lo obliga a que se busque certeza, previa investigación, respecto del domicilio en el que se realice la primera notificación en un juicio. Finalmente, como sexto concepto de violación, el quejoso aduce que en el contrato de arrendamiento que exhibió su contraparte junto con la demanda que originó el juicio natural, se estableció como su domicilio convencional el inmueble arrendado, por lo que, considera que forzosamente la práctica de la diligencia de emplazamiento debía darse en ese lugar, o bien, levantar alguna constancia en la cual el actuario señalara que ya no residía en el mismo. Es infundado el mencionado concepto de violación. Como el propio quejoso lo mencionó y se analizó en el punto previo, existen una serie de pautas, que de conformidad con los numerales ya invocados del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, deben seguirse en la diligencia de emplazamiento. Pues bien, a pesar de que en el contrato de arrendamiento que la aquí tercero interesada presentó ante el Juez responsable, se estipuló "(.) Por último, señala como domicilio legal la localidad que le alquila, renunciando a cualquier otro para los efectos a que hubiere lugar y aunque desocupe.", ante la imposibilidad de emplazarlo en el domicilio arrendado, como ya fue señalado, inevitablemente debía buscarse su notificación en el sitio donde se encontrara, que resultó darse en donde el quejoso labora. La designación de un domicilio convencional atiende a la voluntad de los contratantes que consideran que en ese lugar serán eficazmente localizados, incluso en caso de una contienda judicial, sin que por ello dejen de observarse las formalidades que todo acto de notificación debe revestir o que el señalamiento de domicilio convencional alguno implique la renuncia de las mencionadas formalidades. Asimismo, a pesar de que es válido que el emplazamiento pueda practicarse en el domicilio convencional señalado por las partes en el contrato base de la acción -máxime que, en el caso, se trata del propio domicilio arrendado- ello no tiene el alcance de invalidar la notificación que se realice en lugar diverso, máxime cuando una vez intentada, en el respectivo domicilio no se atienda al llamado del actuario; por lo que, el emplazamiento en un domicilio convencional, puede darse sólo cuando éste resulte cierto y actual, pues de lo contrario, el derecho fundamental de audiencia previa reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a que se busque certeza, incluso previa investigación, respecto del domicilio en el que se realice la primera notificación en un juicio. De tal suerte que, resulta inconcuso que ante la imposibilidad del actuario responsable de llevar a cabo el emplazamiento de que se trata en el citado domicilio, debían tomarse las medidas pertinentes para buscar emplazarlo, aun cuando no fuera necesariamente en ese lugar, tal como sucedió. Aunado a lo anterior, por lo que hace a la constancia que el quejoso pretende que fuera realizada por el actuario responsable en el sentido de que ya no residía en tal inmueble, ante la imposibilidad de emplazarlo en el mismo, de conformidad con los artículos del Código de referencia, invocados en reiteradas ocasiones en esta sentencia, dicha autoridad no tenía obligación legal alguna de efectuar dicha actuación, máxime que fue el Juez quien finalmente ordenó realizar tal emplazamiento, en el lugar donde labora. Sustenta las anteriores consideraciones, por las razones que informa, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 31/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de dos mil ocho, Materia Civil, con registro 169597, del contenido siguiente: EMPLAZAMIENTO. ES VÁLIDO PRACTICARLO EN EL DOMICILIO CONVENCIONAL CUANDO EN EL CONTRATO BASE DE LA ACCIÓN ASÍ LO HAYAN SEÑALADO LAS PARTES (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE JALISCO Y DEL DISTRITO FEDERAL). El emplazamiento es el acto procesal por virtud del cual se hace del conocimiento de la parte demandada la existencia de una demanda instaurada en su contra, proporcionándole la posibilidad de una oportuna defensa y cuya finalidad es que las autoridades jurisdiccionales dentro de un proceso, o en un procedimiento seguido en forma de juicio, cumplan con la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, de los Códigos de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y del Estado de Jalisco se advierte que el emplazamiento debe efectuarse personalmente en el domicilio que hayan señalado los litigantes en el primero de sus escritos, y que puede practicarse en el domicilio donde habite el demandado, donde tenga el principal asiento de sus negocios, e incluso en cualquier otro domicilio, o donde se le hallare; de lo que se infiere que no tiene que ser ineludiblemente en el domicilio donde habite o resida (casa habitación), lo cual cobra sentido, en atención a la intención del legislador consistente en proporcionar los medios para que el demandado tenga efectivo conocimiento del juicio entablado en su contra, para no dejarlo en estado de indefensión y tutelar su garantía de audiencia. Por tanto, es válido practicar el emplazamiento en el domicilio convencional que las partes, en ejercicio de sus derechos sustantivos, señalen en el contrato base de la acción, sin que ello implique la renuncia, modificación o alteración a las normas procesales, ya que la designación de un domicilio convencional atiende a la voluntad de los contratantes que consideran que en ese lugar serán eficazmente localizados, incluso en caso de una contienda judicial sin que por ello dejen de observarse las formalidades que todo acto de notificación debe revestir. Asimismo, la tesis 1a. LXXIV/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, junio de dos mil dieciocho, Materia Civil, con registro 2017235, del contenido siguiente: EMPLAZAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL PRACTICADO EN EL DOMICILIO CONVENCIONAL SEÑALADO EN EL CONTRATO BASE DE LA ACCIÓN. ALCANCE Y APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 31/2008. El criterio jurisprudencial citado estima válido que el emplazamiento pueda practicarse en el domicilio convencional señalado por las partes en el contrato base de la acción, sin embargo, no tiene el alcance de validar la notificación que en esos casos se realice, cuando una vez intentada, el respectivo domicilio no corresponda, ni menos aún, el de permitir que en dichos supuestos pueda procederse de inmediato a la notificación por edictos sin un esfuerzo previo de la autoridad judicial para localizar el domicilio correcto de la persona que deba emplazarse, pues el derecho fundamental de audiencia previa reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sólo puede garantizarse si se realiza un esfuerzo de investigación del domicilio correcto, antes de llegar al extremo de imponer una notificación por la vía excepcional de los edictos. Consecuentemente, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 31/2008 sólo es aplicable para validar notificaciones realizadas en un domicilio convencional, cuando éste resulte cierto y actual, pues de lo contrario, el derecho fundamental referido obliga a que se busque certeza, previa investigación, respecto del domicilio en el que se realice la primera notificación en un juicio. Así, al resultar infundados y fundados pero inoperantes los conceptos de violación del quejoso, sin advertir queja que suplir, lo procedente es negar a *******, el amparo y protección de la Justicia Federal. En mérito de lo antes expuesto y con ******* en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ******* y ******* con relación a los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, por las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia, respecto a las autoridades y actos señalados en el considerando cuarto de la misma. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en esta fecha se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional relativa al presente juicio de amparo. No obstante, en atención a que el informe justificado de la Juez Segundo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, no se agregó con los ocho días de antelación a la audiencia constitucional, tal como lo exige la Ley de Amparo en su numeral 117, segundo párrafo, se determina que existe imposibilidad jurídica para celebrarla. Por ende, se difiere la audiencia determinada para el día de hoy, a fin de tener verificativo a las nueve horas con treinta minutos del veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, con la finalidad de que las partes tengan cabal conocimiento del informe de referencia y puedan ofrecer pruebas y formular alegatos conforme a sus intereses convenga. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada */**************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos informe justificado rendido por la Juez Segundo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo y considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
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