Luis Enrique Hidalgo Salazar y Otros.

Expediente 129/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
129/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
07/07/2021

Partes del expediente

  • Luis Enrique Hidalgo Salazar y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, hace partícipe de este juzgado el proveído de cinco de los actuales, a través del cual ese Tribunal Colegiado admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia emitida en el juicio de amparo ********************/2021, el cual se identificó con el consecutivo ********************/2021. Lo anterior, se acuerda de conformidad con el artículo 219, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en apego a su artículo 2. Notifíquese por lista. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.GNMA

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por los quejosos, mediante el cual interponen recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el presente juicio. Se tiene por interpuesto el recurso de referencia. Distribúyanse entre las partes, las copias restantes del ocurso, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 de la citada Ley de Amparo. Luego, según lo previsto en los artículos 81, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el recurso en cuestión, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes, tanto de la sentencia, como del presente acuerdo, remítanse al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en turno, con sede en esta localidad, los autos originales de este juicio de amparo, así como el oficio de expresión de agravios y una copia del mismo para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Superioridad, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA JUDICIAL SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS POR ESTAR ORDENADO EN SENTENCIA DE CATORCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE A LA LETRA DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua- catorce de mayo de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo 129-2021-II, promovido por ******* y *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta localidad, turnado a este juzgado el día hábil posterior, ******* y *******, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de actos atribuidos al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos Contra la Paz, la Seguridad de las Personas y la Fe Pública de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, que conoce de la causa penal *******, así como de la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, ambos con sede en esta ciudad- consistentes en lo siguiente: IV- ACTO RECLAMADO.- a- Autoridad ordenadora y Ejecutora.- -.- AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA INIDAD DE DELITOS DE PELIGRO, CONTRA LA PAZ, SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y LA FE PÚBLICA CONTRA EL SERVICIO PÚBLICO Y EL ADECUADO DESARROLLO DE LA JUSTICIA, el haber solicitado una orden de aprehensión en contra de los quejosos, cuando dichos agentes no contaban con elementos para sustentarla violentándose el debido proceso en perjuicio de los quejosos -.- b- Autoridad ordenadora y Ejecutora.- LIC. *******, JUEZ DE GARANTÍAS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, EL HABER DICTADO EN LA CAUSA PENAL ******* AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO A LOS QUEJOSOS EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL 2021 -.- -sic-. Segundo. Derechos constitucionales que los quejosos estimaron violentados. Los accionantes del amparo señalaron como derechos vulnerados, los contenidos en los artículos 6, 8, 14, 16, 17, 20, 21, 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se solicitaron informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, se ordenó emplazar a los terceros interesados, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo- 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación- así como el Acuerdo General 03-2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo1 , de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que los quejosos reclamaron lo siguiente, de las autoridades señaladas enseguida: I. Del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos Contra la Paz, la Seguridad de las Personas y la Fe Pública de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, que conoce de la causa penal *******: La solicitud de orden de aprehensión emitida en su contra. II. Del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad: El auto de vinculación a proceso dictado en su contra el tres de febrero de dos mil veintiuno, en la causa penal *******, por su probable participación en los hechos ilícitos de privación de la libertad personal y ejercicio ilegal de propio derecho, previstos y sancionados en los artículos 158, primer y tercer párrafo, así como 283, ambos del Código Penal del Estado de Chihuahua. Tercero. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos combatidos por los accionantes del amparo, pues así lo señalaron el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos Contra la Paz, la Seguridad de las Personas y la Fe Pública de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, que conoce de la causa penal *******, así como por la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, ambos con sede en esta ciudad, al rendir sus informes con justificación. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. De igual forma, la Jueza responsable remitió copia certificada de la transcripción del auto de vinculación a proceso, de la que el acto combatido en este juicio se deduce, misma que posee valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles2 , de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, la Jueza responsable envió copia certificada de registro de audio y video de la audiencia inicial, constante en dos discos compactos, a los que se les reconoce valor probatorio, en términos de los numerales invocados supra líneas, del Código Federal de Procedimientos Civiles, además del diverso artículo 210-A, del mismo3 . Al respecto, cabe precisar que la información contenida en el disco compacto de referencia, también se valora como una prueba documental pública, la cual se tuvo por desahogada desde el momento en que fue remitida por la autoridad responsable, sin necesidad de fijar una audiencia especial para su desahogo- y a fin de brindar certeza jurídica a las partes, se ordenó dar vista oportunamente con ella y con el contenido del informe justificado emitido. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia 43-2013 -10ª-, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 455-2012, visible en la página 703, Libro XXIII, Tomo 1, Agosto de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL -DVD-. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia de los actos atribuidos por los quejosos, a las autoridades en cita. Cuarto. Actualización de causal de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo4 . Actualización de causal de improcedencia respecto del acto consistente en la solicitud de orden de aprehensión emitida por el agente del Ministerio Público responsable, ante la ahora Jueza responsable. Con relación a dicho acto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: -.- XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. -.-. Dicho numeral determina la improcedencia del juicio de amparo, cuando, concurran los siguientes elementos: a- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio- b- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo- c- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo- d- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio constitucional, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Es aplicable al caso la tesis 2a. CXI-96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, Diciembre de 1996, página 219, del contenido: CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a-.- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio- b-.- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo- c-.- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo- d-.- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En tal sentido, en virtud de que en el caso se emitió auto de vinculación a proceso el tres de febrero de dos mil veintiuno, que es precisamente el diverso acto reclamado en este asunto, es claro que la libertad de los quejosos ahora se rige por ésta resolución y por tanto, opera respecto de la solicitud de orden de aprehensión efectuada por el agente del Ministerio Público responsable, la actualización de la hipótesis de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, por identidad jurídica y de razones, la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis 1a.-J. 17-2008, emitida por la Primera Sala del Más Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Junio de 2008, página 270, registro digital 169410, del contenido: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente -una orden de aprehensión- ha sido sustituido por uno diverso -el auto de formal prisión-, por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26-2002- PL, de la que derivó la tesis 2a.-J. 10-2003, publicada con el rubro: -SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.-. Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P.-J. 15-2003, de rubro: -AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.-, que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo- sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Sustenta asimismo lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.1o.P.A. J-18 -10a.- emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2482, registro digital 2017544, del tenor siguiente: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL -LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA-. El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado -auto de formal prisión- y el actual -auto de vinculación a proceso-- sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo -artículo 73, fracción X, de la ley abrogada-. Por ende, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la ley en cita, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado referido en este considerando. Quinto. Procedencia. Ya que las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan diversas causas de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna diversa, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58-2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Sexto. Examen constitucional del auto de vinculación a proceso. Previo a efectuar el análisis del auto de vinculación a proceso reclamado, se considera oportuno acotar que en este asunto opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a-, de la Ley de Amparo5 , en virtud de la especial situación en que se encuentran los aquí quejosos, esto es, en su carácter de imputados en la causa penal *******, que se instruye en su contra, siempre que ello les resulte benéfico. Es aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a.-J. 67-2017 -10a.-, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE -LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRILDE 2013- 6 . Pues bien, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 Constitucional, que establece los requisitos que deben ser observados al dictarse resoluciones de esta naturaleza, mismo que en su parte conducente, dispone: Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado- el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. -.- La lectura del fragmento antes transcrito, pone de manifiesto que los requisitos constitucionales que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso, son la expresión de lo siguiente: 1. El delito que se impute al acusado- 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél- y, 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es decir, solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisa: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación- II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar- III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. De este dispositivo se advierte, además de los ya mencionados, los siguientes requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso: a- Que se haya formulado imputación- b- Que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar- c- Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. d- Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse derechos fundamentales distintos a las consagrados en el artículo 19 Constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en el mismo. En efecto, un auto de vinculación a proceso, como acto proveniente de autoridad, debe colmar también, los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo, dispone: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. -.- Es decir, que: a- Debe constar por escrito- b- Provenir de autoridad competente- y, c- En el documento en el que conste, debe fundarse y motivarse la causa legal del procedimiento. Por lo que hace a la fundamentación, motivación y el nexo lógico entre ambos, se pueden conceptuar, de forma sintética, de la manera siguiente: 1. Motivación: es expresar las razones por las cuales se toma determinada decisión. 2. Fundamentación: básicamente es indicar la hipótesis normativa aplicable al caso concreto. 3. Adecuación -nexo lógico-: relación apropiada entre el precepto legal aplicable y la situación de hecho. Consecuentemente, para determinar si una resolución jurisdiccional cumple con una adecuada fundamentación y motivación, los razonamientos judiciales utilizados deben justificar la racionalidad de la decisión, con el fin de dar certeza a los gobernados a quienes se dirigen del porqué se llegó a una conclusión y la razón por la cual es la más acertada, en tanto: -i- permiten resolver el problema planteado, -ii- responden a los elementos de hecho y de derecho relevantes para el caso, y -iii- muestran si la decisión es consistente respecto de las premisas dadas, con argumentos razonables. Es aplicable, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 1a.-J. 139-2005, visible en la página 162, Tomo XXII, diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época -registro 176546-, que estipula: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Establecido lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El auto de vinculación a proceso consta por escrito, pues la Jueza responsable remitió copia certificada, ya valorada, de aquél, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho numeral, en lo que interesa, es del siguiente contenido: Artículo 67. Resoluciones judiciales La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: -.- IV. La de vinculación a proceso- -.- En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo. -Es propio lo destacado.- Ante lo anterior, es evidente que la Jueza responsable colmó dicho requisito, pues emitió de manera escrita, el tres de febrero de dos mil veintiuno, esto es, el propio día de la continuación de la audiencia inicial, la transcripción respectiva del auto de vinculación a proceso dictado en contra de los aquí quejosos. Además, fue dictado por autoridad competente de conformidad con los artículos 15, fracción II, 77, segundo párrafo, 82, fracción I y 105, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua7 , pues lo dictó una Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, respecto de hechos que ocurrieron dentro del ámbito de su jurisdicción. Lo anterior, previa formulación de imputación por parte del agente del Ministerio Público, señalado en este asunto con la calidad de autoridad responsable- además, los quejosos estuvieron asistidos en todo momento de su defensor público- asimismo, se les dio la oportunidad de emitir su declaración, haciéndoles saber el derecho que les asistía a guardar silencio, optando ambos por ejercerlo. Luego, se tiene que la Jueza responsable, estimó que los hechos que se hicieron de su conocimiento, son constitutivos de los delitos de ejercicio ilegal del propio derecho, previsto y sancionado en el artículo 283 del Código Penal del Estado de Chihuahua- así como de privación de la libertad personal, agravada, previsto y sancionado en el artículo 158, último párrafo del Código Penal del Estado de Chihuahua. Asimismo, estimó que de los datos de prueba expuestos hasta ese momento procesal, ofrecidos por el agente del Ministerio Público que conoce de la causa penal de origen y por el defensor de los quejosos, se desprendía la probabilidad de que éstos hubieran participado en la comisión de tales ilícitos. Ahora bien, antes de comenzar el análisis de la configuración de dichos delitos, conforme a los términos propuestos por la Jueza responsable en el auto de vinculación a proceso reclamado, es menester precisar que basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, con el fin de no anticipar un juicio técnico procesal sobre los elementos del tipo -objetivos, subjetivos y normativos-, propio de una etapa diversa posterior del proceso penal. Ello implica que la comprobación de la configuración del hecho ilícito para el dictado de un auto de vinculación a proceso, también es en grado de probabilidad, al igual que la participación del imputado en su comisión. Al respecto, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª.-J. 35-2017 -10ª-, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 360, del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Penal, Décima Época y número de registro 2014800, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE -NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL-. Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1- existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2- la ley señale como delito a ese hecho y 3- exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones -comprobar- por -establecer- y -cuerpo del delito- por -hecho que la ley señala como delito-, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de -pruebas- ni se exige -comprobar- que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado -cuerpo del delito-, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y-o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Al respecto, en primer término, la Jueza responsable inició por acotar que en esa etapa temprana del proceso, era preciso que se desprendiera únicamente la probabilidad, de la totalidad de los datos de prueba ofertados, tanto de la comisión de los hechos delictivos, como la participación de los imputados en ellos. Ahora bien, los artículos 158, primer y tercer párrafo, así como 283, ambos del Código Penal del Estado de Chihuahua, respectivamente, estatuyen: Artículo 158. Se impondrán de dos a seis años de prisión y de sesenta a ciento veinte días multa, a la persona que prive a otra de su libertad personal. -.- La pena de prisión se aumentará en una mitad, cuando la privación de la libertad se realice con violencia, la víctima sea menor de edad o mayor de sesenta años, sea cometida por razón de género o, por cualquier circunstancia, la víctima esté en situación de vulnerabilidad física o mental respecto del agente. Artículo 283. A quien para hacer efectivo un derecho o pretendido derecho que deba ejercitar, empleare violencia, se le impondrá prisión de tres meses a un año o de treinta a noventa días multa. -.- Luego, para acreditar la existencia de los ilícitos de que se trata, es necesaria la concurrencia de los siguientes elementos: Por lo que hace al delito de privación de la libertad personal: a- Libertad deambulatoria- b- Que ésta se vea privada, esto es, restringida o inmovilizada por cierto tiempo, en un lugar donde no pueda desplazarse el pasivo- c- Que el activo del delito, sea un particular- d- Que exista falta de consentimiento del pasivo del delito- e- Que la conducta se realice con violencia- f- Que la víctima esté en una situación de vulnerabilidad. Por lo que hace al ejercicio ilegal del propio derecho: a- Que el sujeto activo pretenda ejercer un derecho- b- Que al realizar la conducta, empleé el uso de violencia. Al respecto, la Jueza responsable, estimó que los hechos materia de la imputación, sí configuran, en esa etapa procesal, los mencionados hechos ilícitos, en grado de probabilidad. Para determinar lo anterior, tomó en cuenta los datos de prueba ofertados por las partes- consistentes en: Por parte del agente del Ministerio Público: I.Denuncias ante el agente del Ministerio Público rendidas por *******, ******* y *******, quienes manifestaron ser vicepresidente de operaciones, gerente de recursos humanos y coordinador de servicios y comunicación, respectivamente, de la moral denominada *******, ubicada en el número *******, quienes, adujo el agente del Ministerio Público, fueron coincidentes en señalar que entre las seis horas del veinte de abril de dos mil veinte y las cinco horas del veintiuno del mismo mes y año, ******* y *******, instigaron a diversos trabajadores de dicha empresa, entre ellos a los imputados, quienes, a su vez, aparentemente desplegaron también dicha conducta en sus demás compañeros, a bloquear las entradas y salidas de la misma, con la finalidad de hacer efectivo el derecho a recibir un salario íntegro durante el descanso total programado con motivo de la pandemia deducida de la enfermedad COVID 19. Quienes en denuncia, dijo la representación social, también refirieron que los aquí quejosos realizaron agresiones violentas como son ataques verbales al personal administrativo de dicha moral- que arrojaron objetos contra el inmueble, entre los que refirió piedras y botellas- que escalaron las bardas del inmueble y privaron de la libertad a diversas personas- ya que ******* y *******, aquí quejosos, en compañía de las personas de nombres ******* y *******, aparentemente, incitaban al resto de los trabajadores a impedir la salida de los denunciantes y diversos directivos de la moral, bajo la amenaza de causarles daño, asegurándoles que no los iban a dejar salir hasta que ellos lo decidieran- que los denunciantes en comento también adujeron que los imputados, aquí quejosos, no permitieron la entrada de otros empleados que se estaban presentando a firmar tal convenio. Que el denunciante de apellidos *******, refirió que a las once horas ingresó un grupo de trabajadores, entre ellos *******, aquí quejoso, quien se encontraba arriba de la caseta número cinco -5- incitando a que no dejaran salir del edificio al personal administrativo- que decía -no hay que dejar salir a estos hijos de su chingada madre, que se queden ahí adentro-. Que también refirió que a las ocho treinta minutos -20:30- pasaron un pequeño grupo de trabajadores, entre ellos *******, aquí quejoso, quien supuestamente les comentó que no los iban a dejar salir hasta que ellos decidieran. Que tal denunciante indicó también que una compañera de nombre *******, que se encarga del departamento de comunicación de la moral en cita, le envió un video que subieron a la red social denominada Facebook, en la cual se observaba y escuchaba a la licenciada *******, solicitando a los operadores que se turnaran para no dejar salir a las víctimas y para negarles el acceso a alimentos. Asimismo, que los denunciantes refirieron que llamaron al apoderado legal de la moral, de nombre *******, para que interpusiera denuncia ante la Fiscalía del Estado y poder contar con el apoyo de Seguridad Pública Municipal. Que llegaron elementos a las once de la noche aproximadamente -23:00-, pero que no pudieron retirar a las víctimas del edificio, ya que los superaban en número pues eran aproximadamente doscientos empleados. Que esos denunciantes también fueron coincidentes en manifestar que a las tres de la mañana -03:00- del veintiuno de abril de dos mil veinte, se procedió a retirar a las víctimas por el patio trasero, invadiendo el edificio colindante de diversa empresa y que salieron por el patio trasero de la misma, donde fueron auxiliados por personal de la Fiscalía del Estado. II. Denuncia interpuesta por *******, ante agente del Ministerio Público, quien en lo medular, adujo la representación social, que manifestó ser empleado de ******* y que el día veinte de abril de dos mil veinte, se encontraba en su domicilio laborando cuando recibió llamadas telefónicas, aproximadamente a las ocho -8:00- y veinte horas -20:00-, procedentes de sus compañeros de nombres *******, gerente de recursos humanos de tal empresa y *******, vicepresidente de operaciones, quienes le comentaron que no podían salir de la planta ya que había empleados alrededor de la misma y que estaban siendo amenazados por ellos, diciéndoles que los iban a golpear en caso de que intentaran salir y que eran once personas quienes se encontraban en el interior- que los operadores manifestantes se encontraban muy agresivos. Que también le hablaron aproximadamente a las veintidós horas con quince minutos -22:15- de esa data y le manifestaron que ya habían hablado a la policía municipal pero que les dijeron que no podían hacer nada ya que no existía denuncia alguna- además, refirió que acotó el denunciante eran más de trescientos empleados quienes no dejaban salir de la planta maquiladora a sus compañeros. III. Aviso de hechos signado por el agente *******, agente ministerial de la Unidad de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública- donde señaló que a las veintitrés horas con veintiocho minutos -23:28- del veinte de abril de dos mil veinte, se recibió un reporte de una manifestación en el exterior de la empresa maquiladora ******* ubicada en *******, por parte del radio operador de la agencia estatal de investigación- y que se arribó a las veintitrés horas con treinta y nueve minutos -23:39- de esa fecha, a tal lugar- donde tal agente se entrevistó con el licenciado *******, quien le manifestó que en esa data, a las seis horas -6:00- aproximadamente, un grupo de cerca de ciento cincuenta personas iniciaron a manifestarse, solicitando que se reanudaran labores de manera normal -mismas que fueron suspendidas temporalmente, con motivo de la emergencia sanitaria que aún subsiste- o que los enviaran en descanso a sus casas, pero con goce de sueldo del cien por ciento- asimismo, mencionó que esa fecha, a partir de las seis horas empezó a llegar el personal en el camión de transporte a fin de firmar un convenio- pero que unos momentos después llego un abogado de nombre ******* y subió a los camiones de transporte de personal y empezó a referirles que no firmaran ningún convenio y que pidieran aumento de su sueldo y que por esa razón los empleados se inconformaron y cerraron los tres accesos y salidas de las empresa- y, que a las diez horas -10:00- de esa fecha, aproximadamente, empezaron a arrojar piedras a las instalaciones del lugar. Que dentro de ese parte informativo, dijo el agente del Ministerio Público, se encuentra una serie fotográfica tomada por el agente *******, perteneciente a la Unidad de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, del lugar de los hechos- que aludió la representación social, constaba de ocho fotografías- en las que adujo, se advertía el exterior de la moral en comento, así como un grupo de personas dispersas rodeándolo. IV. Declaración testimonial rendida por *******, ante agente del Ministerio Público, de fecha veintiuno de abril de dos mil veinte- quien adujo laborar como gerente general de *******, proveedor de *******- adujo la representación social, refirió que el veinte de abril de dos mil veinte, aproximadamente a las nueve horas -9:00-, llegó a la maquiladora en comento para dejar la comida a los guardias que pertenecen a la empresa, pero que los manifestantes, alrededor de unas doscientas personas, no lo dejaron ingresar. V. Declaración testimonial rendida por *******, ante agente del Ministerio Público, de fecha veintiuno de abril de dos mil veinte- quien, aludió la representación social, mencionó que labora en la maquiladora en comento como auxiliar de capacitación- quien refirió que el día de los hechos se dieron múltiples manifestaciones en contra del personal administrativo de tal empresa- que aproximadamente a las dieciséis horas con treinta minutos -16:30- del veinte de abril de dos mil veinte, a su hora de salida del trabajo, los manifestantes aún no les permitían la salida, porque los obreros estaban bloqueando los accesos de toda la planta- que eran doscientas personas manifestándose o incluso más, entre los que reconoció a los imputados, aquí quejosos, que éstos eran quienes incitaban a los demás a gritar- que estuvieron toda la noche y parte de la madrugada del siguiente día, es decir, el veintiuno de abril de dos mil veinte, sin poder salir del lugar- que aproximadamente hasta las cuatro de la mañana de esa fecha -4:00- unos oficiales de policía les brindaron el apoyo para salir de tal lugar. VI. Declaración testimonial rendida por *******, ante el agente del Ministerio público el veintitrés de abril de dos mil veinte- quien dijo ser coordinadora de comunicación de la moral en comento y que parte de sus funciones es la gestión de redes sociales- quien indicó que en diversos grupos en la red social Facebook, diversos empleados de dicha maquiladora publicaron que el veinte de abril de dos mil veinte, se llevaría a cabo una manifestación en dicha empresa- que los empleados decían que tendrían ayuda del licenciado ******* y de la licenciada *******, y que en dicha página comenzaron a subir videos en vivo donde la gente decía que no los iban a dejar salir de las instalaciones hasta obtener el pago del cien por cierto- que la licenciada ******* decía a los empleados que hicieran guardias para vigilar, para que la gente que estaba adentro de la empresa, no pudiera salir. VII. Declaración testimonial rendida por *******, ante el agente del Ministerio público, el veintitrés de abril de dos mil veinte- quien dijo ser gerente la empresa y manifestó que el día veinte de abril de dos mil veinte llegó a tal lugar a las diez horas con treinta minutos -10:30- aproximadamente, y que observó a muchos compañeros -hechos bola-- que observó a un joven que se subió a la barda de la maquila por la calle *******, cerca de la entrada principal y que comenzó a gritar: -salgan hijos de su chingada madre-. VIII. Declaración testimonial rendida por *******, ante el agente del Ministerio público- quien dijo ser supervisor de producción, y quien, según la representación social, mencionó que a las seis horas con treinta minutos -6:30- aproximadamente, del veinte de abril de dos mil veinte, había empleados que se estaban amotinando- que gritaban diversos insultos a quienes estaban adentro- que los empleados estaban acompañados de ******* y de *******- indicó que el declarante manifestó que tenía miedo, porque había gente brincándose las bardas y arrojando objetos. IX. Declaraciones de ******* y *******, ante la representación social, quienes, adujo, fueron coincidentes en el sentido de que observaron que entre doscientas cincuenta y trescientos cincuenta personas manifestándose fuera de las instalaciones de tal empresa, de manera violenta. X. Declaración testimonial rendida por *******, ante el agente del Ministerio Público el nueve de junio de dos mil veinte, quien refirió que el día de los hechos se encontraba en el exterior de la maquiladora, que observó a personas manifestándose y a una persona que identifica como -el licenciado- que estaba organizando a las personas- que él se llama *******. XI. Parte policial signado por el agente *******, perteneciente a la Unidad de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas- donde, adujo, refirió que el veinte de abril de dos mil veinte, se dio aviso de que se encontraban manifestantes a las afueras de la empresa en comento y que once empleados del personal administrativo se encontraban dentro las instalaciones y no se les permitía la salida- que en la madrugada del veintiuno de abril de dos mil veinte, acudieron a atender el llamado que se les hizo- que encontraron diversos empleados dispersos por toda el área de la empresa- que trataron de llegar a un arreglo o un dialogo con tales personas pero que no fue posible- que se hizo un trayecto por fuera para ver cómo estaban las instalaciones y buscar alguna salida para las víctimas- que se percataron que todas y cada una de las salidas se encontraban ocupadas por manifestantes y que cuando veían que los agentes se acercaban, se amotinaban para impedir que éstos entraran o bien saliera alguien de la empresa maquiladora. Que a las tres horas con cuarenta y cinco minutos -3:45- del veintiuno de abril de dos mil veinte, aproximadamente, salieron las víctimas por diversa empresa maquiladora y se encontraron con los agentes, quienes los esperaban en la empresa colindante, para buscar salvaguardarlos. -1- Que dentro de dicho parte, se cuenta con un set de once fotografías en el cual, dijo la representación, se observaba la empresa en comento y las personas que la bloqueaban. -2- Que también se contaba con entrevista a ******* quien mencionó ante policía ministerial que el veinte de abril de dos mil veinte, buscaron un acuerdo con los manifestantes, pero que no se logró, porque se encontraban muy agresivos, que la agredieron de manera verbal y física, que incluso hubo personas que se metieron a la planta causando destrozos- que se enteró que los empleados tomaron dos transportes de personal y los destrozaron, estrellándoles los vidrios y rompiendo los asientos- que no se les permitió la salida, y que aproximadamente hasta las cuatro y diez -4:10- del día veintiuno de abril de dos mil veinte, pudieron escapar. -3- Entrevista a ******* realizada por un policía investigador- que refirió que el día veinte de abril de dos mil veinte, se empezaron a agrupar personas en las instalaciones de la empresa y que llegaron unos abogados que empezaron a congregar gente que trabaja en la planta para incitarlos a que no firmaran los convenios- que dicho convenio era para descansar de la semana del veinte al veintisiete de abril de dos mil veinte por la pandemia, con el pago del cincuenta por ciento del sueldo y de bonos- que los empleados bloquearon los accesos de entrada y salida de la maquiladora y que dejaron a once individuos del personal administrativo retenidos dentro de las instalaciones- que la licenciada ******* sugirió a los manifestantes que formaran guardias para que no saliera nadie- y que aproximadamente a las tres horas con treinta minutos -3:30- del día posterior, tuvieron que invadir la empresa colindante para poder escapar y que los agentes los resguardaran. -4- Entrevista de *******, ante policía ministerial- quien dijo que el día de los hechos llegaron diversos abogados representando a la licenciada *******- que los abogados empezaron a agrupar gente que trabaja en la planta para incitarlos a que no firmaran los convenios. -5- Entrevista a *******, ante agente ministerial- mediante la cual manifestó que es asistente de seguridad y que el día de los hechos, observó a ******* quien adujo que al parecer es un abogado, subir a uno de los camiones, que dicha persona empezó a decir al personal que no se dejara, que no firmara nada, y que se bajaran de los camiones- que entonces los empleados se comenzaron a bajar de los camiones y que se empezaron aglomerar al exterior- que tuvieron que resguardar al interior del edificio, que los empleados obstruyeron la entrada y salida de la empresa, les gritaban insultos, amenazándolos y diciendo que únicamente iban a salir muertos- que también comenzaron a arrojar botellas y piedras- que varias personas empezaron a subir las bardas de la empresa. -6- Entrevista ante agente investigador, de ******* quien manifestó que el veinte de abril de dos mil veinte, a las cinco horas con cuarenta y cinco minutos -05:45- aproximadamente, empezaron a llegar los camiones, que la gente descendió de los mismos y manifestó su inconformidad con el convenio- que empezaron a convocar a la licenciada *******, y que ella mandó en representación a un licenciado llamado *******, quien les decía que no firmaran, que ellos tenían derecho a exigir el cien por ciento del sueldo durante el cese de labores decretado con motivo de la pandemia y que no se movieran de la planta hasta que la empresa accediera a dicha petición. -7- Entrevista ante policía ministerial por parte de *******, quien manifestó que el día de los hechos, aproximadamente a la cinco horas con cuarenta minutos -05:40-, un grupo de empleados, unas cuarenta personas se manifestaron afuera de la maquiladora, quienes estaban inconformes por el convenio que la empresa en comento les ofrecía- que a las nueve horas -09:00- ya eran aproximadamente trescientas cincuenta personas y que éstas se comenzaron a ubicar en los accesos de personal y vehículos y no dejaban entrar ni salir personal ni automotores- que los manifestantes comenzaron a lanzar piedras y querían ingresar por los barandales y bardas al interior de la empresa, y también lanzaban amenazas en contra del personal administrativo quienes estaban en el interior de la empresa- que marcó al número de emergencia 911 generando dos números de reporte y que el veintiuno de abril de dos mil veinte, aproximadamente a las dos de la mañana -02:00-, se acercó personal de Fiscalía del Estado para intentar sacarlos de las instalaciones, pero las unidades fueron rodeadas por los manifestantes impidiendo su acceso, por lo que optaron por salir por un pasillo de servicio que se encuentra entre la planta contigua y *******, e ingresaron a las instalaciones de aquélla, atravesando sus instalaciones interiores hasta llegar a la caseta de vigilancia sobre la calle *******, en donde fueron recogidos por una unidad de la Fiscalía del Estado la cual los trasladó a esa dependencia. Que entre los manifestantes, reconoció a *******, aquí quejoso. -8- Entrevista ante policía ministerial a *******, quien, dijo, manifestó que el veinte de abril de dos mil veinte, determinado para la firma de convenios, un grupo de empleados no le permitieron la salida de las instalaciones del lugar de trabajo, exigiendo sus derechos laborales- que los dos imputados, aquí quejosos, les gritaban que no iban a salir, que iban a valer verga, que iban a salir muertos, que iban a quemar la empresa y que se querían ir con el cien por ciento de su sueldo. Que se subían a los muros y continuaban gritando- que se les permitió el acceso a cuatro líderes de los manifestantes, entre los que estaba *******, y que les refirió directamente que no se hacía responsable por los daños que aquéllos causaran. -9- Cadena de custodia y acta de aseguramiento de una memoria usb color negro, entregada por *******, donde aparecen diversos videos donde aparentemente se aprecian las amenazas que los manifestantes vertían al personal administrativo- así como un link de la red social denominada Facebook, de donde ello también aparentemente se advierte. -10- Entrevista a *******, quien dijo ser coordinadora de comunicación de la moral en comento, quien indicó que en diversos videos se apreciaban las agresiones de los manifestantes, presentados dentro de la memoria usb. -11- Cadena de custodia y acta de aseguramiento de nueve hojas en tamaño carta, presentados por *******, con un listado del personal de la empresa, identificados como quienes amenazaron a las víctimas y quienes realizaron los destrozos al inmueble y a diversas unidades de trasporte. -12- Entrevista a ******* ante policía ministerial, quien indicó que el veinte de abril de dos mil veinte, a las seis horas con treinta minutos -06:30- vio llegar un joven de edad aproximada de veintiocho años, color de piel blanca, de estatura 1.69 metros aproximadamente, quien se acercó a donde están las puertas y empezó a juntar a todos los empleados, quien dijo que iba de parte de la licenciada *******- que habló con todos y cada uno de los manifestantes, conformándolos por grupos, y que les decía que iban a lograr el cien por ciento de su salario y que aguantaran. Que también acudió la licenciada ******* en varias ocasiones. -13- Entrevista ante policía ministerial, a *******, quien dijo que el día de los hechos se percató al entrar a su turno laboral que los empleados manifestantes se encontraban agresivos y que les mentaban la madre a los directivos y les decían que los iban a golpear- y que al día siguiente que llegó a su trabajo, se percató que había diversos daños en el exterior e interior de la planta. -14- Entrevista ante policía ministerial, a ******* quien manifestó ser la encargada del grupo de seguridad de la moral en cuestión y que el día veinte de abril de dos mil veinte observó que, aproximadamente a las seis horas con treinta minutos -6:30- la gente empezó a ponerse violenta y agresiva, que no tiene un cálculo aproximado de cuántas personas estaban ahí, pero que eran demasiadas- que en una ocasión los empleados la rodearon y decían -a ella también agárrenla, pártanle su madre- saca a los que están adentro-- que aproximadamente a las siete horas con treinta minutos -7:30- vio a un masculino, quien vestía en color gris, un traje- que en cuanto llegó la gente se empezó a juntar alrededor de él y que comenzaron a lanzar botellas- que como a las diez horas -10:00- llegó *******- que cuando tal abogada llegó, los empleados manifestantes jalaban los barandales, tiraban botes de soda, y que se ponían más violentos y hacían más ruido cada vez que ella hablaba. -15- Entrevista a *******, ante agente ministerial, quien, según el representante social, adujo ser supervisor de seguridad para la empresa *******, que da seguridad a la moral en cuestión y manifestó que el día veinte de abril de dos mil veinte, que observó que ******* y otro abogado estaban asesorando a la gente y que cuando ellos hablaban, la gente se alborotada y aplaudía. Que más tarde volvió *******, que llevaba un cordón que dijo que Gobernación le había otorgado para que clausurara la empresa. -16- Entrevista a ******* ante agente ministerial, quien, según el representante social, adujo laborar para esa empresa, por parte de la compañía ******* y que el día veinte de abril de dos mil veinte, empezó a laborar a las seis de la mañana y que cuando llegó ya se encontraban en su lugar de trabajo unas cuarenta personas que son trabajadores de la empresa, que exigían el cien por ciento de su salario, en general estas personas los amenazaban que no los dejarían salir ni por comida. -17- Entrevista a *******, ante agente ministerial, quien, según el representante social, adujo ser guardia de seguridad y que el día veintiuno de abril de dos mil veinte, llegó a laborar a esa planta y le tocó la caseta número tres y diversas personas no lo dejan entrar, ellos decían que había personal de administrativo a dentro de la empresa y al querer entrar estas personas se agarraban del portón y le decía que no lo dejarían entrar y tampoco dejarían salir a nadie de la empresa. Que a él le mentaban la madre, pero que nunca lo amenazaron de muerte. -18- Entrevista a ******* ante agente ministerial- quien manifestó que al llegar a las instalaciones de la empresa en cuestión, el veinte de abril de dos mil veinte, vio que mucha gente se empezó a bajar de los camiones- que por estar cerca de la caseta muchas personas lo amenazaban y lo ofendían- que entre las cosas que le decían era que lo iban a quemar vivo y que -le rayaban la madre-- que jalaban las puertas y la pluma de la entrada a la planta, que aventaban botellas llenas de agua, piedras y seguían diciendo groserías- que le decían que así como ellos no habían comido, tampoco los del interior comerían- que cuando las personas de recursos humanos salían para tratar de llegar a un acuerdo, se ponían más agresivos y que los querían linchar. -19- Entrevista a *******, ante policía ministerial, quien refirió que el veinte de abril de dos mil veinte, cuando el personal administrativo trataba de explicar a los empleados, que eran como unos quinientos, no se los permitían porque se encontraban muy agresivos hacia el personal de recursos humanos- que no querían dejar salir al personal administrativo. -20- Entrevista a *******, ante agente ministerial, quien refirió que el veintiuno de abril de dos mil veinte, ya se había dado cuenta por las redes sociales que había manifestación en dicha empresa- que tenían bloqueada la caseta que le asignaron, unas veinte personas, quienes los dejaron entrar- que en el transcurso de la mañana se empezó aglomerar más gente de la que se encontraban afuera. Que en un momento -teipearon- una puerta, como una especie de sello, para que no se abrieran las puertas. -21- Entrevista rendida ante policía ministerial por *******, quien dijo que se le asignó la caseta número uno- que con relación a los hechos que se investigan refirió que observó que muchos empleados se encontraban amontonados, protestando y aventando unas botellas de agua, que con ellos había abogado de traje gris y una licenciada de nombre *******. -22- Entrevista a *******, ante agente ministerial, quien refirió, entre otras cosas, que el día de los hechos la gente se empezó a amontonar y aventaban botellas y se subían a las rejas- que junto a ellos estaba un abogado que era quien los representaba, que él los alborotaba. -23- Entrevista a ******* ante agente ministerial, quien manifestó que el día de los hechos se encontraban empleados manifestándose, insultando y tratando de ingresar por la caseta donde él se encontraba laborando- que se intentaban subir por los barrotes para cruzar, gritaban amenazas para el personal administrativo así como el personal de seguridad interna, diciendo que los querían matar y que si los agarraban afuera no la iban a contar- que la él lo golpearon, que él identifica al agresor, pero que no sabe su nombre- que había un abogado, cuyo nombre desconoce, pero que iba de parte de la oficina de la licenciada *******. -24- Entrevista ante policía ministerial por parte de *******, quien adujo, refirió que el veinte de abril de dos mil veinte, se acercó con él una persona del sexo masculino quien vestía traje color gris y que le decía al personal del camión que se bajara. -25- Entrevista ante policía ministerial por parte de *******, quien adujo, refirió que el veinte de abril de dos mil veinte, que pasó a dejar a los obreros de la maquiladora en un camión de personal, después no lo dejaban salir de la maquiladora- que con ellos estaba un licenciado, que los incitaba a bajarse de los camiones. -26- Entrevista ante policía ministerial por parte de *******, quien manifestó ser socio de la empresa trasporte de personal y que presta sus labores para la empresa maquiladora *******- que el día veinte de abril de dos mil veinte, menciono que su recorrido normal para recoger a los trabajadores y llevarlos a la empresa, y al llegar a la misma como a las quince horas con treinta minutos -15:30- había unas cincuenta personas afuera de la entrada donde pretendía ingresar, manifestándose, los cuales ya estaban muy alborotados. -27- Entrevista ante policía ministerial por parte de *******- e indicó que manifestó que vio a ******* aquí quejoso, queriéndose brincar el cerco de la caseta uno para intentar ingresar, que vio que el guardia se quitó y abrió a la fuerza junto con otras cincuenta personas, gritando -páguenos culos, den la cara, aquí se van a quedar hasta que se mueran de hambre-- que ese grupo de manifestantes liderados por dicha persona se empezaron a subir a los camiones que estaban en la planta- que quien hacía más destrozos era *******. Que las personas gritaban -ya se los cargó la chingada-- que la licenciada ******* les decía que no firmaran ningún documento. -28- Entrevista ante policía ministerial por parte de *******, una de las empleadas de recursos humanos que ofrecían los convenios- que el día de los hechos vio que con la gente que se empezó a bajar de los camiones, se encontraba un licenciado el cual vestía un traje en color gris a quien identifica como *******- que alrededor de él se encontraban juntos todos los empleados- que les decía que no firmaran, que él estaba ahí para ayudarlos- que ******* llevaba una bocina y hablaba con todos los empleados, que los incitaba a no firmar ningún convenio, que con su discurso puso a los empleados muy violentos. -29- Entrevista ante policía ministerial por parte de *******, que entre las siete o siete horas con veinte minutos -07:00 o 7:20- del día de los hechos, ya no pudieron continuar con la firma de los convenios, ya que los manifestantes tenían cerradas las puertas, que los empleados que se amotinaron y no permitían el ingreso a más camiones, ni la salida de los que ya estaban ahí- que los empleados les hacían señas obscenas además que les gritaban insultos- que llegó un guardia de seguridad para decirles que entraran a la planta ya que iba en camino un grupo de personas acompañado de la licenciada *******, contra ellos, quienes al llegar empezaron a decir nuevamente que salieran de la planta y a insultarlos- que tal licenciada les decía -yo les voy a conseguir que les pague el 100% de su sueldo ya que es su derecho-, que ella incitaba a la gente a que no firmara, así como a que hiciera el paro de labores y a manifestarse. XII. Reconocimiento de persona por fotografía por parte de *******, ante el agente del Ministerio público, mediante el cual, entre una serie fotográfica de cuatro imágenes de personas con características físicas similares, reconoció a la persona identificada con el número tres, *******, aquí quejoso- a quien reconoció como la persona que estaba gritando e incitando a que no los dejaran salir. XIII. Reconocimiento de persona por fotografía por parte de *******, ante el agente del Ministerio público, mediante el cual entre una serie fotográfica de cuatro imágenes de personas con características físicas similares, señaló a la persona identificada con el número dos, *******, aquí quejoso- a quien reconoció como que estaba arriba de la reja cinco e incitando a que no los dejaran salir. XIV. Reconocimiento de persona por fotografía por parte de Mauricio Cisneros Cerda, ante el agente del Ministerio público, mediante el cual entre una serie fotográfica de cuatro imágenes de personas con características físicas similares, señaló a la persona identificada con el número tres, *******, aquí quejoso, como uno de los partícipes de los actos de que se trata- que lo vio afuera de la maquiladora, que era una de las personas que les gritaban insultos- que era una de las personas que era enlace directo con la licenciada *******. Por parte de la defensa: I. Comprobante de pago número ******* de fecha de veinticuatro de febrero a uno de marzo de dos mil veinte. II. Otro comprobante con el mismo número del diez de febrero al diecisiete de febrero de dos mil veinte. III. Otro comprobante con el mismo número, de veintisiete de enero al dos de febrero de dos mil veinte. IV. Diversos comprobantes con los mismos numerales, a nombre de *******, donde adujo el defensor, decía que tal quejoso laboraba en la moral en cuestión, en el tercer turno de las cero horas a seis treinta horas, de martes a sábado. V. Una carta de finiquito a nombre de ******* de fecha veinte de abril a veintiséis de abril del año dos mil veinte, con número *******. VI. Comprobante de pago a nombre de *******, con numerales ******* de donde adujo tal abogado, se desprendía que dicho quejoso laboraba en la empresa en comento, en un horario del tercer turno de las cero horas a las seis treinta horas, en un turno de martes a sábado. De los cuales, acertadamente concluyó la Jueza responsable, existe la posibilidad de que los aquí quejosos, hayan participado en la comisión de los delitos de ejercicio ilegal del propio derecho, previsto y sancionado en el artículo 283 del Código Penal del Estado de Chihuahua- así como de privación de la libertad personal, agravada, previsto y sancionado en el artículo 158, último párrafo del Código Penal del Estado de Chihuahua, pues se desprendieron datos compatibles con tal probabilidad, de la totalidad de los medios de prueba de referencia, mismos que valoró y analizó armónicamente, en términos de los artículos 259, 260, 261, 265, 356, 359, 360 y 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales8 . Así lo indicó la Jueza responsable, quien aludió que a partir de las denuncias de *******, ******* y *******, quienes ante la representación social, refirieron ser vicepresidente de operaciones, gerente de recursos humanos y coordinador de servicios y comunicación de la moral denominada *******, ubicada en *******, en esta ciudad- fueron coincidentes en señalar que entre las seis horas -6:00- del veinte de abril de dos mil veinte y las cinco horas -5:00- del veintiuno de abril de dos mil veinte, al exterior del inmueble de la moral denominada *******, ubicada en *******, ******* y diverso abogado, así como los aquí quejosos, probablemente instigaron a una multitud de trabajadores de tal moral, a bloquear las entradas y salidas de tal empresa, con la intención de recibir el salario íntegro durante la suspensión total de labores decretada con motivo de la emergencia sanitaria que aún persiste, a que adujeron, tenían derecho. Asimismo, realizaron acciones violentas, como agresiones verbales al personal administrativo de la misma, arrojaron objetos al inmueble, botellas y piedras, y privaron de la libertad a las víctimas *******, *******, *******, *******, *******, *******, *******, *******, *******, ******* y ******* toda vez que les impidieron el paso de la salida de dicha moral, bajo la amenaza de causarles daño, provocando su inmovilidad física, asegurándoles que no iban a salir hasta que aquéllos lo permitieran- pues se redujo a un área restrictiva, lo anterior con la finalidad de conseguir el pago total del salario durante la pausa de labores decretada con motivo de la pandemia generada por la enfermedad COVID-19. Asimismo, aseveró la Jueza responsable, que, aparentemente, no permitieron la entrada de empleados que estaban de acuerdo en la firma del convenio. Que diversos testigos entrevistados fueron coincidentes en afirmar que los aquí quejosos, lideraban a la multitud de manifestantes, junto con dos abogados, instigándolos a desplegar conductas agresivas en contra de las instalaciones de la moral en comento y de las víctimas, a quienes no dejaban salir de la misma ni les permitían el acceso de alimento, con la intención de obtener el pago del cien por ciento de su sueldo. Continuó refiriendo la Jueza responsable, que si bien existía un amplio número de personas en la manifestación, *******, dijo en su entrevista, haber reconocido a *******, aquí quejoso, como uno de los manifestantes- que ******* refirió, cuando indicó que se les permitió el acceso a cuatro líderes de los manifestantes, entre los que estaba *******, y que les refirió directamente que no se hacía responsable por los daños que aquéllos causaran- que también los reconocieron en la multitud los testigos ******* y *******. Que además, la ya referida testigo ******* que identificaba a ******* y que él trabajaba en el tercer turno, lo cual, dijo la Jueza responsable, pudo corroborarlo con las propias documentales que exhibió el defensor de los aquí quejoso, a través de las cuales refirió que existen unos comprobantes, que ofertó como datos de prueba, donde el citado profesional adujo que los imputados laboraban en el tercer turno, tal como lo indicó dicha testigo en su declaración. Continuó la Jueza responsable, aduciendo que se contaba con las diligencias de reconocimiento de persona por fotografía en donde ******* identificó claramente y sin temor a equivocarse a la persona que aparecía en la fotografía número tres que correspondía a *******, como quien incitaba a la gente- además, con la diligencia de reconocimiento de persona por fotografía por parte de tal testigo, quien de la misma manera reconoció a ******* como otra de las personas que se encontraban incitando a la gente y que incluso no dejaba salir al personal de la moral- asimismo, que el testigo ******* también ante el agente del Ministerio Público reconoció a ******* como la persona que había observado afuera de la maquiladora, incitando a los demás manifestantes. Momento después, la Jueza responsable contestó el único argumento vertido por el defensor de los quejosos, refiriéndole a tal profesional que, respecto a lo que acotó, en cuanto a que de los medios de prueba expuestos no se advertía que sus representados hubieran presentado una participación activa en tal movimiento de manifestación, la juzgadora responsable le indicó que era una aglomeración amplia de empleados, en la cual los testigos ya indicados pudieron observar a varias personas manifestarse, entre quienes identificaron a los aquí quejosos como dos de los líderes del movimiento e incluso realizar hechos violentos en contra de la moral víctima y aparentemente arremeter en contra de dos guardias de seguridad, los cuales, refirió la Jueza responsable, aseguraron haber salido lesionados. Resaltó la Jueza responsable, que el defensor de los aquí quejosos, teniendo a la mano y dentro de la carpeta de investigación la memoria denominada usb, que fue proporcionada por una de las víctimas, como ya fue referido, no combatió su viabilidad. Con los anteriores datos de prueba, ofrecidos tanto por la representación social como por la defensa, analizados de forma sistemática y armónica por la Jueza responsable, concluyó acertadamente, en grado de probabilidad, la participación de los indiciados, aquí accionantes del amparo, en las conductas ilícitas de que se trata. Lo anterior, pues refirió que se acreditó en grado de probabilidad, en esa etapa del proceso, la realización de la privación de la libertad, de las personas de nombres *******, *******, *******, *******, *******, *******, *******, *******, *******, ******* y *******, toda vez que existe la probabilidad de que entre las seis horas del veinte de abril de dos mil veinte y las cinco horas del veintiuno de abril de dos mil veinte, al interior de la moral denominada *******, ubicada en *******, los ahora indiciados mantuvieron, junto con otras personas, privadas de la libertad a las víctimas de referencia toda vez que les impidieron la salida de dicha moral, bajo la amenaza de causarles daños, provocando su inmovilidad física, pues se mantuvo en un área restringida, con el objeto de obtener el total del pago salarial durante el descanso total de labores, decretado con motivo de la pandemia deducida del virus SARS-CoV2. Asimismo, que respecto del diverso ilícito, que existía la probabilidad de que hayan participado en su comisión, en perjuicio de tales personas, así como de la moral *******, ya referida. En síntesis, la Jueza responsable dijo que se estimó, con base en los datos de prueba reseñados con antelación, valorados y analizados a la luz de los artículos 265, 356 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se acreditó la probabilidad de la comisión de las conductas delictivas ya indicadas, así como la posibilidad de la intervención en las mismas por parte de los aquí quejosos- de manera que, dictó auto de vinculación a proceso, en su contra. Con lo previo se estima que la Jueza responsable acató la obligación que tenía de fundar y motivar dicha determinación, fue colmada- pues, además de invocar las porciones normativas aplicables para sustentar la resolución de que se trata, demostró fehacientemente las razones por las cuales consideró, que existe la posibilidad de que los aquí quejosos hayan intervenido en la comisión de los ilícitos de que se trata. Para lo cual, además, expuso de forma concreta los hechos jurídicamente relevantes destacados en los medios de prueba- las circunstancias consideradas por las partes- y, finalmente, resolvió procedente la vinculación a proceso de los aquí quejosos. Lo anterior en encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 143, tomo 97-102 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto- siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Asimismo, encuentra sustento -por identidad de razones- en la tesis XXVII.3o.20 P -10a.-, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo III, febrero de dos mil dieciséis, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA QUE EL JUEZ DE CONTROL PUEDA DETERMINAR SI EL HECHO IMPUTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO AL ACUSADO ES O NO CONSTITUTIVO DE DELITO, DEBE ANALIZAR LOS ELEMENTOS DE LA DESCRIPCIÓN TÍPICA DEL ILÍCITO CORRESPONDIENTE, ESTO ES, SUS ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS. De la interpretación armónica de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, es necesario que de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público se adviertan datos de prueba -indicios razonables- que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, lo anterior no puede lograrse sin antes determinar el delito, es decir, la conducta típica, antijurídica y culpable prevista por el legislador como merecedora de una sanción penal. Esto es así, porque si no se establece con precisión el ilícito con todos los elementos normativos y subjetivos específicos que lo integran, esa circunstancia provoca que no se esté en aptitud de determinar si el hecho extraído de los datos de prueba encuadra como delito, pues es necesario que el Juez de control conozca cuál es el ilícito materia de la imputación, lo que implica -inmediata o intrínsecamente- que éste efectúe un análisis de los elementos de la descripción típica del delito correspondiente, esto es, sus elementos objetivos, normativos y subjetivos específicos previstos en la ley, que le permitan calificar si los hechos que el Ministerio Público imputa al acusado son o no constitutivos de delito y, posteriormente, determinar con base en aquéllos si se desprenden indicios razonables que permitan suponer que efectivamente se cometió, lo que no se logra, sin antes analizar los elementos mencionados- máxime que este estudio contribuye al respeto del derecho de defensa del inculpado y crea seguridad jurídica, incluso, conlleva que se prepare adecuadamente la defensa para desvanecer la imputación o la pena que pretenda imponerse en la etapa del juicio correspondiente. Concluido el análisis oficioso del auto de vinculación a proceso reclamado, se procede a analizar enseguida los conceptos de violación aducidos en el ocurso de amparo, en términos del artículo 76 de la Ley de la materia9 , del que se advierte que el órgano jurisdiccional puede examinar de manera individual o conjunta los motivos de disenso vertidos por la parte gobernada, en el orden propuesto o en uno diverso. Ilustra además lo anterior, la tesis 2o. J-5, publicada en el tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil dieciséis, materia común, Décima Época y número de registro 2011406, cuyo rubro dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. En el el primer concepto de violación formulado por los accionantes del amparo, argumentaron concretamente lo siguiente: - Que la Jueza responsable fue omisa en revisar los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación. - Que violó principio de contradicción porque no entró al estudio de los argumentos vertidos por la defensa. - Que desestimó las pruebas ofertadas por la defensa. - Que se hizo referencia a datos de prueba que no fueron relacionados en audiencia. - Que no fundamentó ni razonó su decisión. - Que al desatender todo lo anterior, se vulneraron en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica contempladas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Es infundado en su totalidad, tal motivo de disenso. En primer término, debe partirse que en esa etapa, la comprobación de la configuración de los hechos ilícitos, es en grado de probabilidad, al igual que la participación de los imputados, en su comisión. De manera que no tenía que probarse fehacientemente que los delitos de que se trata, se cometieron, sino que existió la posibilidad razonable de que se hubiere realizado la conducta ilícita, y también en grado de posibilidad, que a quien se imputa, haya participado en ella. Así, la Jueza responsable, atendiendo al estándar probatorio que opera en la etapa en que el asunto se encuentra, tomó en cuenta los datos que consideró, constituyen indicios para demostrar -en grado de probabilidad- que los hechos configuran los delitos ya precisados y la posibilidad de que los imputados, aquí accionantes del amparo, hayan participado en su comisión. De ello, no se estima que haya datos de prueba insuficientes, sino que, contrario a ello, todos los datos de fueron estimados individualmente y adminiculados entre sí por la Jueza responsable, para arribar a la conclusión de que, de momento, existe la probabilidad de que los peticionarios del amparo hayan participado en la comisión de los delitos en comento. Sentado lo anterior, en cuanto a los primeros dos argumentos que componen el concepto de violación que se analiza, debe acotarse que conforme a las reglas del actual sistema penal acusatorio, el Juez de Control, para determinar que existen elementos para iniciar un proceso contra el imputado, sólo debe considerar la formulación de la imputación y los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, porque tiene vedado revisar la carpeta de investigación para el dictado de esa resolución- en atención a los principios de contradicción e inmediación contenidos en el artículo 20 de la Constitución Federal, los cuales permiten el equilibrio entre las partes para sostener y debatir la teoría del caso respectiva. Lo anterior, tal como se colige de la intelección de la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a.-J. 50-2018 -10a.- emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- invocada al inicio de esta determinación. Al respecto, conviene precisar el contenido del ordinal 20, apartado B, inciso VIII, constitucional, así como los arábigos 4, 6 y 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales: Carta magna: Art. 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. -.- B. De los derechos de toda persona imputada: -.- VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y -.- Normativa procesal penal: Artículo 4o. Características y principios rectores El proceso penal será acusatorio y oral, en él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la Constitución, Tratados y demás leyes. -.-. Artículo 6o. Principio de contradicción Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este Código. Artículo 9o. Principio de inmediación Toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del Órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban de intervenir en la misma, con las excepciones previstas en este Código. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional podrá delegar en persona alguna la admisión, el desahogo o la valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de la sentencia respectiva. Primero, el principio de contradicción tiene su origen e incorporación en el sistema jurídico nacional en las nomas transcritas, cuya interpretación sistemática permite obtener que consiste en la posibilidad que tienen las partes de cuestionar todo aquello que pueda luego influir en una decisión y como tal presupone la paridad de aquéllas -acusación y defensa- en el proceso. Es decir, el principio de contradicción que rige el sistema penal acusatorio tiene por objeto garantizar que las partes procesales tengan igualdad de oportunidades ante el juez, acorde con la etapa procesal en que se desarrollen- para presentar y argumentar sus casos en los que se sustente la imputación o la defensa, apoyados en los datos que consideren pertinentes y conducentes, lo cual permitirá al juzgador imponerse directamente de los puntos de vista opuestos, con relación a las teorías del caso formuladas tanto por el Ministerio Público como por el imputado y su defensor. Por su parte, el proceso legislativo que culminó con la instauración del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se advierte que para el Poder Reformador de la Constitución, el principio de inmediación presupone que todos los elementos de prueba vertidos en un proceso y que servirán para decidir sobre la probable responsabilidad penal de una persona, deben ser presenciados sin mediaciones o intermediarios por el juez en una audiencia. En esta vertiente configura una herramienta metodológica para la formación de la prueba, la cual exige el contacto directo y personal que el juez debe tener con los sujetos y el objeto del proceso durante la realización de la audiencia de juicio, porque de esa manera se coloca a aquél en las mejores condiciones posibles para percibir -sin intermediarios- toda la información que surja de las pruebas personales, es decir, no sólo la de contenido verbal, sino que la inmediación también lo ubica en óptimas condiciones para constatar una serie de elementos que acompañan a las palabras del declarante, habilitados para transmitir y recepcionar de mejor manera el mensaje que se quiere entregar, como el manejo del tono, volumen o cadencia de la voz, pausas, titubeos, disposición del cuerpo, dirección de la mirada, muecas o sonrojo, que la doctrina denomina componentes paralingüísticos. Así, la conjunción de los principios rectores arriba invocados, respecto al primer argumento vertido en el motivo de disenso en estudio, permite colegir que el Juez de Control, únicamente se avocará al análisis de los datos y medios de prueba que sean ofertados en la audiencia inicial, como en el caso- no así, de los que componen la carpeta de investigación, pues, sólo de esa manera, se garantiza la materialización del principio de contradicción, así como del principio de inmediación. Aunado a lo previo, el defensor de oficio de los aquí quejosos -que sí tuvo acceso completo a la carpeta de investigación de la que se deduce la causa penal de origen- en caso de que estimara que se pasó por alto un dato de prueba que resultara relevante para su teoría de defensa, evidentemente, se encontraba habilitado para hacerlo notar en el momento procesal oportuno, esto es, durante el debate- sin que, como se advierte de las videograbaciones remitidas, relativas a la audiencia inicial y su continuación, lo haya así efectuado. Luego, por cuanto hace al argumento, donde los quejosos aducen que se violó principio de contradicción porque la Jueza responsable no entró al estudio de los argumentos vertidos por la defensa- de la reproducción de la continuación de la audiencia inicial, se colige que si bien la defensa se centró en dar lectura a los medios de prueba que previamente refirió el agente del Ministerio Público, ello no constituye una argumentación. En efecto, el defensor de los quejosos refirió un único argumento, mismo que contestó en la audiencia la Jueza responsable una vez cerrado el debate, refiriéndole a tal profesional que, respecto a lo que acotó, en cuanto a que de los medios de prueba expuestos no se advertía que sus representados hubieran presentado una participación activa en tal movimiento de manifestación, le indicó que no obstante la aglomeración amplia de empleados que conformaban la manifestación, diversos testigos pudieron observar a varias personas manifestarse, entre quienes identificaron a los aquí quejosos como dos de los líderes del movimiento e incluso realizar hechos violentos en contra de la moral víctima y aparentemente arremeter en contra de dos guardias de seguridad. Es así, pues como se desprende de la parte atinente a la intervención del defensor de los aquí quejosos- una vez que la representación social concluyó su participación en el debate y el aludido defensor tomó el uso de la voz, primero, se limitó a dar lectura a diversos medios de prueba que previamente ya había referido el agente del Ministerio Público, y como único argumento refirió que de los mismos no se advertía una participación activa en la manifestación por parte de sus representados, mismo que, se insiste, sí fue debidamente considerado y contestado por la Jueza responsable en el momento procesal oportuno- sin que haya destacado en momento alguno alguna diverso argumento, tendiente a combatir la teoría del caso planteada por el agente del Ministerio Público. De tal suerte que, contrario al sentir de los quejosos, la Jueza responsable no vulneró el principio de contradicción que rige el proceso penal, pues sí entró al estudio del único argumento vertido por la defensa. Luego, por lo que hace a los medios de prueba que ofreció la defensa, la Jueza responsable, tal como lo acotó, los desestimó únicamente para las pretensiones de aquélla, pero lo adminiculó a los diversos ofertados- de manera que resultaron incluso aptos para reforzar la teoría del caso planteada por la representación social. Ello es así, pues, adecuadamente, la Jueza responsable, indicó que la referida testigo ******* adujo que identificaba a *******, e indicó que incluso sabía que él trabajaba en el tercer turno- lo cual, dijo la Jueza responsable, pudo corroborarlo con las propias documentales que exhibió el defensor de los aquí quejosos, a través de las cuales refirió que existen unos comprobantes, que ofertó como datos de prueba, donde el citado profesional adujo que los imputados laboraban precisamente en el tercer turno, tal como lo indicó la testigo en comento. Enseguida, no asiste la razón a los quejosos respecto a la afirmación relativa a que la Jueza responsable relacionó datos de prueba que no fueron ofertados en audiencia. Lo anterior, pues tanto de la verificación oral de la audiencia de que trata, como de su transcripción, se colige que la Jueza responsable refirió los medios y datos de prueba ofertados tanto por la representación, como por la defensa, previamente descritos supra líneas, en esta sentencia- no alguno que no haya sido así ofrecido. Incluso, la Jueza responsable, al haber cerrado el debate y al concluir la relación de los datos de prueba ofertados por las partes, que analizó para la emisión del auto de vinculación a proceso reclamado, resaltó expresamente que el defensor de los quejosos no desestimó el contenido de la memoria usb que fue proporcionada por una de las víctimas, pues, como ya fue referido, no combatió su viabilidad. Enseguida, como ya se dijo supra líneas, se estima que en el caso, contrario a lo señalado por los accionantes del amparo, la Jueza responsable no vulneró en perjuicio de éste último los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- cuyo texto, es el siguiente: Artículo 14. -.- Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. -.- Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. -.- Los preceptos constitucionales transcritos, en su orden, contienen los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica. El numeral 14 refiere, en lo conducente, como principio de legalidad, que la autoridad tiene como obligación, la de ajustarse a los preceptos legales que norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia ley. En ese orden de ideas, al expedir cualquier mandamiento que pudiere afectar la esfera jurídica del particular, éste debe adecuarse a tales disposiciones legales, que como se menciona, regulan sus procedimientos y decisiones. Por cuanto hace al artículo 16 constitucional, éste regula, entre otras garantías, la de seguridad jurídica, cuya finalidad es proteger la dignidad y el respeto de los derechos personales, patrimoniales y cívicos de los gobernados, en sus relaciones con las autoridades, a efecto de que éstas no realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las reglas establecidas en la ley. Además, tal numeral precisa que es menester de toda autoridad al emitir sus determinaciones, hacerlo de manera adecuadamente fundada y motivada, además, obvio es, de lograr un nexo lógico de ajuste entre tales elementos -elementos que ya fueron previamente precisados y definidos, sucintamente-. Ahora, de lo expuesto luego del análisis oficioso del auto de vinculación a proceso aquí combatido, con motivo de los argumentos desplegados en el primer concepto de violación, como en el estudio oficioso de aquél, contrario a lo alegado por los peticionarios del amparo, se considera que tal decisión judicial no vulnera el derecho fundamental de seguridad jurídica, reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, y contextualizado a la luz del principio de legalidad jurisdiccional. Primero, pues la Jueza responsable, es autoridad competente para dictar actos de esa índole, conforme a los artículos 15, fracción II, 77, segundo párrafo, 82, fracción I y 105, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Habida cuenta que se encuentra debidamente fundado y motivado, toda vez que la responsable citó los preceptos legales aplicables al caso, para sustentar su determinación, numerales que permiten expedirlo y que prevén la hipótesis que genera su emisión- además, expuso con precisión las consideraciones que estimó pertinentes para establecer las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en cuenta para su emisión- expuso los motivos de hecho considerados para su pronunciamiento, los que son reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para -en esa etapa procesal- provocar el acto de autoridad. De ahí lo ineficaz de tal aspecto, del primer motivo de disenso. En consecuencia, como se anunció, son infundados tales argumentos, configurativos del primer concepto de violación aducido. Luego, en su segundo concepto de violación, los quejosos adujeron lo siguiente: - Que por lo que hace al delito de ejercicio ilegal de propio derecho, al estar en el Título Décimo Octavo del Código Penal del Estado de Chihuahua, denominado -delitos contra el servicio público cometidos por particulares-, es imposible la actualización de dicho tipo penal, porque, aduce, en esa índole de delitos el ofendido debe ser el servicio público y que en su consideración, no puede ser ofendidos personas físicas o morales, como en el caso. - Que respecto al ilícito de privación de la libertad personal, estiman que no se actualiza, porque las supuestas víctimas tomaron la -auto determinación- de quedarse en el interior de la empresa, en virtud de que tenían la encomienda de convencer a la mayor parte del personal de firmar convenios. - Que las supuestas víctimas tuvieron en todo momento sus teléfonos celulares, tan es así, que se comunicaron con autoridades municipales. Deviene infundado en su totalidad dicho motivo de disenso. Primero, respecto de la naturaleza del ilícito de ejercicio ilegal de propio derecho, no obstante se encuentre situado en el referido código, en el título que aducen los quejosos, ello no implica que únicamente el servicio público pueda tener la calidad de víctima u ofendido con su comisión. Tan es así, que el segundo párrafo del artículo 283 del Código Penal del Estado de Chihuahua, que lo contempla, señala: -En estos casos, sólo se procederá por querella de la parte ofendida, sin que limite a que ésta deba ser una dependencia pública. Además, resulta atinente precisar, que, en su caso, el delito puede reclasificarse, incluso en la etapa de juicio, de conformidad con el artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siempre que no se modifiquen los hechos respectivos. En efecto, dicho numeral, que se encuentra en el Título VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales, denominado -Etapa de juicio-- específicamente, en su capítulo V -Desarrollo de la audiencia de juicio-- artículo que es del siguiente contenido: Artículo 398. Reclasificación jurídica Tanto en el alegato de apertura como en el de clausura, el Ministerio Público podrá plantear una reclasificación respecto del delito invocado en su escrito de acusación. En este supuesto, el juzgador que preside la audiencia dará al imputado y a su Defensor la oportunidad de expresarse al respecto, y les informará sobre su derecho a pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención. Cuando este derecho sea ejercido, el Tribunal de enjuiciamiento suspenderá el debate por un plazo que, en ningún caso, podrá exceder del establecido para la suspensión del debate previsto por este Código. De tal suerte que, inclusive a la postre, en la diversa etapa de referencia, si se estima así pertinente, podría variarse la clasificación jurídica del ilícito en comento, se itera, siempre que los hechos queden intocados. Luego, por lo que hace al segundo argumento, no le asiste la razón a los quejosos, pues se estima, con sustento en los datos de prueba invocados por las partes en la audiencia de que se trata, que si bien personal administrativo se quedó dentro de las instalaciones de la empresa, ello fue para buscar proteger su integridad y sus vidas, ante las amenazas que desplegaban los manifestantes, quienes aparentemente fueron liderados por los aquí quejosos y por dos abogados. En efecto, la violencia desplegada fue desde la agresión verbal a través de insultos, aventar piedras y demás objetos al lugar donde se encontraban resguardados, impedirles la entrada de alimento durante el total de veintitrés horas que aparentemente duraron con su libertad restringida, amenazas de golpes o de incendiar la empresa, hasta inclusive amenazas de muerte. En consecuencia, ello, evidentemente insidió en el ánimo de las once personas que se encontraban privadas momentáneamente de su libertad dentro de la referida empresa, quienes decidieron resguardarse- y al final, obtuvieron salir de ahí con la ayuda de elementos policiacos, viéndose forzados a invadir una empresa colindante, porque las entradas y salidas de la empresa *******, donde acontecieron tales hechos, se encontraban tomadas por los trabajadores. Y aunque, efectivamente, varias de dichas personas refirieron a que se permitió el acceso a un grupo pequeño de empleados, para negociar, se estima que ello devino precisamente del deseo de conciliar un arreglo con los trabajadores manifestantes y de esa forma, poder salir a salvo de tal lugar. Además, para que se esté ante presencia de violencia, no es preciso que ésta se manifieste físicamente, pues puede darse además el caso, de que ocurra como en la especie, violencia psicológica, a través de las múltiples amenazas, insultos y al arrojar diversos objetos al inmueble de la referida empresa, inclusive al aducir que la quemarían o referir -van a valer verga-, -ya se los cargó la chingada-- ello, además de la propia restricción de la libertad ambulatoria. Entonces, ese tipo de violencia se da sin la intervención de agresiones físicas en contra directamente de la humanidad de la víctima, pero que sí la afecta a nivel psicológico y emocional. Al respecto, se reitera, la Jueza responsable, en esa etapa procesal, no debía tener plenamente acreditados los delitos y que fueron los imputados quien participaron en su comisión, sino, únicamente en grado de probabilidad, lo que el caso se estima que así aconteció. Después, en cuanto al argumento vertido, en el sentido de que las supuestas víctimas -personas físicas- tuvieron en todo momento sus teléfonos celulares, tan es así, que se comunicaron con autoridades municipales, el mismo es irrelevante, pues en ningún momento la Jueza responsable adujo lo contrario, ni se desprendió elemento adverso en los datos de prueba vertidos en la audiencia respectiva. Además, el hecho de que las víctimas, aquí terceros interesados, hayan contado con sus teléfonos celulares, en nada incide respecto a eliminar o desvirtuar la probabilidad la comisión de los ilícitos de que se trata, ni la posibilidad de la participación de los accionantes del amparo en su comisión. Finalmente, en su tercer motivo de disenso, los accionantes del amparo adujeron lo siguiente: - Que no se solicitó a víctimas ni a los testigos que acreditaran su personalidad, lo que deriva en falta de certeza jurídica y susceptibilidad de nulidad. - Que ya que se levantó en la carpeta de investigación de la que se deduce la causa penal de origen, comparecencia de los quejosos sin que se advirtiera que tuvieron acceso a un defensor, ello constituye una violación de sus derechos fundamentales, al admitir declaraciones autoincriminatorias. Al respecto, invocaron la tesis registrada con el número 2014522, que, adujeron, fue emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación- empero, de su consulta, contrario a lo referido por los quejosos, se desprende que fue emitida por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, bajo el número de tesis PC.III.P. J-12 P -10a.-, del contenido siguiente: DECLARACIÓN AUTOINCRIMINATORIA DEL IMPUTADO, RENDIDA ANTE AUTORIDAD DISTINTA DEL MINISTERIO PÚBLICO O DEL JUEZ, O ANTE ÉSTOS SIN LA PRESENCIA DEL DEFENSOR. CARECE DE VALOR PROBATORIO CON INDEPENDENCIA DEL MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL SE HAYA INTRODUCIDO FORMALMENTE AL PROCESO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 29-2004-PS, sostuvo que -el derecho a la no autoincriminación es un derecho específico de la garantía genérica de defensa que supone la libertad del inculpado para declarar o no, sin que de su pasividad oral o escrita se infiera su culpabilidad, es decir, sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos ilícitos que le son imputados-, de tal manera que -el derecho de no autoincriminación debe ser entendido como el derecho que tiene todo inculpado a no ser obligado a declarar, ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan- razón por la cual se prohíben la incomunicación, la intimidación y la tortura e, incluso, se especifica que la confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o del Juez, o ante éstos sin la presencia de su defensor, carecerá de valor probatorio-. En consecuencia, es evidente que las autoridades policiacas que realizan una investigación sobre hechos delictivos o que llevan a cabo una detención no pueden en ningún caso interrogar al detenido- de ahí que, cualquier declaración autoincriminatoria del imputado rendida ante autoridad distinta del Ministerio Público o del Juez, o ante éstos sin la presencia del defensor, debe declararse nula por violación al derecho fundamental a la no autoincriminación, con independencia del medio a través del cual se haya introducido formalmente al proceso, pues es evidente que a dicha declaración no puede otorgarse ni siquiera un valor indiciario, al ser autoinculpatoria y haberse obtenido con vulneración de los derechos fundamentales del inculpado. Es infundado en su totalidad tal concepto de violación. Ello es así, porque como se colige del parte policial signado por el agente *******, perteneciente a la Unidad de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas, donde, adujo, refirió que el veinte de abril de dos mil veinte, se dio aviso de que se encontraban manifestantes a las afueras de la empresa en comento y que once empleados del personal administrativo se encontraban dentro las instalaciones y no se les permitía la salida- a quienes, luego de asistirlos, aproximadamente a las cinco de la mañana del veintiuno de abril de dos mil veinte, lograron resguardarlos y conducirlos a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado- de manera que, al haberse acotado que las once víctimas que se encontraban dentro de las instalaciones de la moral de referencia y al haber advertido los elementos policiacos que provenían de la empresa en comento, es evidente que la calidad de empleados que ostentaron, respecto de la moral en cuestión, pues ello se desprendió en grado de probabilidad desde ese momento. Además, en cuanto a la personalidad de los entrevistados o testigos, que adujeron los quejosos debía acreditarse, se estima que no les asiste la razón, pues si las personas que decidieron fungir con tales calidades, ante los agentes ministeriales de la dependencia en comento y decidieron rendir sus declaraciones, las mismas no podían limitarse hasta en tanto no exhibieran fehacientemente que formaban parte de la planilla de trabajadores de la moral de que se trata, pues es una de las atribuciones y obligaciones de la autoridad policiaca, obtener esa índole de datos, máxime si los declarantes los abordan o les acotan que desean verterlos. Enseguida, respecto a la aparente declaración que vertieron los aquí quejosos sin presencia de un defensor, contrario a lo aducido por éstos, en ningún momento se relacionó dato de prueba alguno relativo a que hayan emitido declaración alguna- de tal manera que, por esa razón, resulta infundado su argumento e inaplicable el criterio que invocan. Por lo tanto, al resultar debidamente fundado y motivado el auto de vinculación a proceso reclamado, pues se expusieron los razones y normas que demostraron, en grado de probabilidad, la comisión de los delitos mencionados y la participación de los aquí quejosos en su comisión- así como las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución, al no estar demostrada en su favor, hasta este momento, alguna excluyente de incriminación, ni la extinción de la pretensión punitiva y al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a los peticionarios del amparo, con relación al auto de vinculación a proceso dictado en su contra por la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, el tres de febrero de dos mil veintiuno, en la causa penal *******, por su probable comisión en los hechos ilícitos de privación de la libertad personal y ejercicio ilegal de propio derecho, previstos y sancionados en los artículos 158, primer y tercer párrafo, así como 283, ambos del Código Penal del Estado de Chihuahua. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido ******* y *******, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el considerando cuarto de esta sentencia, por las razones ahí esgrimidas. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******* ni a *******, con relación al acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy catorce de mayo de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos se advierte que el día de hoy se encuentra determinada la celebración de la audiencia constitucional. Sin embargo, el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el disco óptico que contiene la videograbación relativa a la continuación de la audiencia inicial celebrada el veintinueve de enero del año en curso, en la causa penal *******; lo cual, forma parte del informe justificado del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos; y de dicha fecha a la actual, no han transcurrido los ocho días a que alude el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, para dar margen a ello, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas del trece de mayo de dos mil veintiuno. Finalmente, notifíquese este proveído por lista a las partes, inclusive a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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