Luis Enrique Tolentino Vargas

Expediente 1479/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1479/2016
Año
2016
Actuaciones
14
Última actuación
02/06/2017

Partes del expediente

  • Luis Enrique Tolentino Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y, en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del oficio número CUMP. 1018-1, mediante el cual se le devolvió el anexo I; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. CÚMPLASE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veinte de abril de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veinticinco de abril al diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitieron las autoridades responsables 1. Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y 3. Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, en apoyo a sus informes justificados, devuélvaseles los anexos I, II y III, y requiéraseles para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; desahogando la misma en relación a éste, únicamente el quejoso Luis Enrique Tolentino Vargas, tal como se advierte del escrito que presentó ante esta autoridad el diez de abril de dos mil diecisiete (fojas 213 a 217); por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete (fojas 143 a 161), se concedió el amparo al quejoso, para el efecto de que la sala responsable realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución dictada el once de mayo de dos mil dieciséis, en el toca penal número ******************** de su índice únicamente por lo que se refiere al quejoso ********************; y, 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción y bajo su más estricta responsabilidad, emita una nueva resolución que podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero en la que resuelva integralmente sobre los agravios formulados por el defensor público del inculpado, precisados en esta sentencia. Se afirma lo anterior, en virtud de que es obligación de la responsable subsanar las deficiencias de carácter formal advertidas en esta sentencia, y no del juzgador de amparo, porque a éste no le está permitido sustituirse a la autoridad responsable, ni aun aduciendo cuestiones de economía procesal, dado que con su actuar estaría completando o integrando la resolución combatida, obligando con ello a la parte quejosa a defenderse, además de lo determinado por la autoridad responsable, de lo señalado por el juzgador constitucional; circunstancia que resulta contraria a la técnica del juicio de amparo, ya que éste no es una segunda o ulterior instancia en la cual se reasuma jurisdicción, sino un medio extraordinario de defensa constitucional, por lo cual los Jueces de Distrito se deben limitar a establecer si el acto reclamado viola o no derechos fundamentales." Resolución que en proveído de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, causó ejecutoria por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 172 a 175). Ahora bien, mediante oficio 1609 de veintitrés de marzo del año en curso (fojas 186 a 206), la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha dictada en el toca de apelación ******************** de su índice, de la que se advierte que siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente la resolución reclamada de once de mayo de dos mil dieciséis. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, reiteró confirmar el auto de formal prisión de tres de abril de dos mil catorce, dictado por el Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, en el proceso penal 146/2014 de su índice, en contra del quejoso Luis Enrique Tolentino Vargas y otros, por el delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a) y 10, fracción I, incisos b) y e) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Resolución en la cual procedió a dar contestación íntegramente a los agravios formulados por el defensor público del inculpado, aquí quejoso, precisados en la ejecutoria de amparo. Lo anterior al referir que son infundados los agravios formulados, bajo los siguientes argumentos: Respecto al agravio uno, refirió que es infundado ya que no se requiere de prueba plena para tener por acreditado el cuerpo del delito, así como la probable responsabilidad, sino únicamente datos que a juicio del juez sean suficientes para acreditar dichos extremos, lo que en el caso acontece como lo consideró el juez de la causa, al considerar que las probanzas que obran en autos son suficientes para tener por acreditado el referido ilícito de secuestro agravado. Pruebas consistentes en: a) declaraciones de la denunciante Oralia Leyva San Juan, b) Diligencia ministerial de fe de documentos, c) declaración de Aline Gutiérrez Rivas, d) declaración de María Guadalupe García Sánchez, e) diligencia de fe de dinero, f) informe de investigación número UECS-CO/214/2014 de veintiséis de marzo de dos mil catorce, y g) inspección ocular al lugar donde se tuvo en cautiverio a la víctima. Medios de prueba que valoró en términos de los artículos 56, 57, 58, 60, 61, 61 bis, 65 bis, 65 ter, 65 quáter, 73, 155, 178, fracción I y 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla. Refiriendo que es infundado que la declaración obtenida del quejoso Luis Enrique Tolentino Vargas, ante el ministerio público haya sido obtenida bajo coacción, pues de la diligencia de fe de integridad física y clasificación de lesiones que le fue practicada por la representación social se advierte que no presentó lesión alguna, lo que se corroboró con el dictamen médico legal emitido por la perito médico forense Evelyn Denisse López Ramírez. Y, por lo que hace a la alegación del quejoso de que fue violentado para autoincriminarse en los hechos imputados, lo que da noticia de la posible existencia de un diverso ilícito en su perjuicio, la sala responsable ordenó al juez de la causa dar vista al Agente del Ministerio Público con las actuaciones ministeriales consignadas al Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, relativas a la averiguación previa PGJP/DGICDS/AP/31/2014, para que provea lo que corresponda. Respecto al agravio dos, refirió que resulta infundado pues el quejoso fue detenido en flagrancia delictiva, portando un arma de fuego, en el lugar en donde tenían secuestrado al menor pasivo, como se advierte del informe de investigación UECS-CO/2014/2014 de veintiséis de marzo de dos mil catorce, y que fue reiterado en las declaraciones ministeriales de los elementos policiacos Gustavo Aguilar Carcía, Nancy Villaseñor Flores, Jorge Eduardo Zoebisch Cervantes, Juan Zenil Jiménez, Julio César Ramírez Rendón y Sandra Alvarado Reséndiz, adscritos a la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro. Respecto al agravio tres, también dijo es infundado, ya que además de la confesión ministerial del inculpado, aquí quejoso y de los coautores, las cuales fueron ratificadas por Nahomi Gutiérrez Rivas y Mary Carmen Martínez Gutiérrez, al declarar en preparatoria, obra en autos las declaraciones de Aline Gutiérrez Rivas y María Guadalupe García Sánchez, ésta última esposa del quejoso. En lo referente al agravio cuatro, reiteró que es infundado, pues el inculpado aquí quejoso, fue detenido en flagrancia delictiva portando un arma de fuego en el lugar en donde se encontraba en cautiverio la víctima del delito. Y, por cuanto hace al agravio cinco, también lo consideró infundado ya que hasta la etapa procesal que se revisó, se satisfacían los requisitos constitucionales y legales para el pronunciamiento de la resolución recurrida, de conformidad con el artículo 271 del código procesal de la materia. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tiene pleno valor probatorio. Por otro lado, respecto del escrito del quejoso presentado ante esta autoridad el diez de abril de dos mil diecisiete (fojas 213 a 217); mediante el cual se opone al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, bajo el argumento de que se rebasó el plazo constitucional en su detención por el Ministerio Público, además de que su detención no estuvo precedida de la orden del Ministerio Público de Atizayuca, Hidalgo, sino que fueron los elementos de dicha localidad los que lo detuvieron; que estuvo incomunicado cincuenta y seis horas con treinta minutos, además de ser intimidado y torturado, lo que violó en su perjuicio el contenido del artículo 22 Constitucional. Agregando que no se colman los extremos de la delincuencia organizada, por lo que el Ministerio Público de Atizayuca, Hidalgo, no tenía porqué duplicar el término constitucional, y reitera que se rebasó el plazo constitucional en su detención por parte del Ministerio Público. Que la Sala Penal responsable no fundamentó ni motivó correctamente su determinación, ya que su culpabilidad se encuentra probada sin identificarlo, y la responsable no realiza un juicio de valor. Dichas alegaciones resultan infundadas. Lo anterior es así, ya que como quedó establecido, la autoridad responsable, sí da cabal cumplimiento a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, pues dejó insubsistente la resolución combatida de once de mayo de dos mil dieciséis; y, con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, reiteró confirmar el auto de formal prisión de tres de abril de dos mil catorce, dictado por el Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, en el proceso penal 146/2014 de su índice, en contra del quejoso Luis Enrique Tolentino Vargas y otros, por el delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a) y 10, fracción I, incisos b) y e) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Resolución en la cual, dio contestación a los agravios que hizo valer a través de su defensor público, bajo los argumentos antes precisados. Así, la forma de resolver el toca penal por parte de la Sala responsable, no forma parte de los lineamientos de la ejecutoria de amparo, pues el amparo concedido en el presente sumario constitucional fue por violaciones de forma, más no por violaciones de fondo de la resolución reclamada; motivo por el cual, las alegaciones del quejoso no son materia del presente sumario constitucional, sino de un nuevo acto reclamado de la autoridad responsable, por lo que la parte quejosa tiene a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que considere pertinente. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Luis Enrique Tolentino Vargas; visto su contenido, téngasele por hechas sus manifestaciones respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria del presente juicio de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de la materia, las cuales se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno.

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