Luis Eduardo Valenzuela Medina

Expediente 409/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
409/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
25/09/2018

Partes del expediente

  • Luis Eduardo Valenzuela Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación con que se da cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se desprende que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión, contra el auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 2º., de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como la fracción II, del numeral Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de destrucción, dado que, en auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del numeral noveno, Capítulo Tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, del análisis de este asunto se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, que no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha seis de agosto de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido de que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    ES NOTIFICACION PERSONAL PARA LAS PARTES

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS LUIS FERNANDO BARCIO VALENZUELA Y DISEÑO, ETILO CASA IDEAL, S.A. DE C.V., EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, DICTADIO POR ESTE JUZGADO, QUE A LA LETRA DICE: Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los autos el oficio de cuenta con el cual el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, remite documentales. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia se tienen por recibidas en este acto las documentales que anexa. Ahora, del estado que guardan los presentes autos se advierte que el quejoso Luis Eduardo Valenzuela Medina, reclama de la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, la omisión de no dictar el acuerdo correspondiente a través del cual tengan por admitidas las pruebas que fueron aportadas en el juicio laboral J.E.No. 2-03-174/2017, de su índice en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, y de las constancias que anexa al oficio de cuenta la citada autoridad responsable se advierte que el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, emitió acuerdo en el que proveyó respecto a las pruebas ofertadas por las partes, documental que valorada al tenor de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le confiere valor probatorio pleno, por lo que, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, lo que origina el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia en conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". De lo que se colige que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio de amparo aparezca alguna de las causales de improcedencia y que este es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado. De tal suerte que el acto de autoridad que combate el solicitante del amparo dejó de surtir sus efectos durante la tramitación de la presente contienda constitucional; consecuentemente, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Mayormente al considerarse de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo en vigor, los cuales establecen que para que se surta la causal de improcedencia consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si el acto de autoridad no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que el motivo que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Cobra aplicación la Tesis de la Jurisprudencia número 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo contenido es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Por otra parte, en relación al acto reclamado a la autoridad señalada por la parte quejosa como responsable licenciado Alberto Guadalupe Camacho Camacho en su carácter de Secretario de Acuerdos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, el suscrito resolutor advierte la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con el artículo 5, fracción II, de la citada Ley, este último precepto interpretado a contrario sensu. En ese sentido, los preceptos legales citados prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]". De la transcripción anterior se advierte que en el juicio de amparo la autoridad responsable es aquélla que ordena, dicta, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Así, en este juicio de amparo, dicha causal de improcedencia se actualiza respecto del licenciado Alberto Guadalupe Camacho Camacho en su carácter de Secretario de Acuerdos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, toda vez que carece de las facultades de una autoridad responsable para efectos del juicio constitucional, previstas en el numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, esto es, ordenar, dictar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto reclamado, pues, en la especie, el secretario de acuerdos únicamente da fe de lo actuado por el Presidente responsable en el procedimiento de origen; por ende, su actuación está desprovista de imperio y decisión. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia publicada en la página 388 del Tomo II, correspondiente a septiembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. EN EL PRONUNCIAMIENTO DE LOS ACUERDOS EN EL PROCEDIMIENTO, LO ES EL JUEZ Y NO EL SECRETARIO DEL JUZGADO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE VERACRUZ). Si bien los acuerdos pronunciados en un juicio son firmados, además de por el juez, por el secretario del juzgado, la intervención de éste es únicamente con el objeto de dar fe de dichos actos, como se desprende del contenido de los artículos 38 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, y 34, inciso A), fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, de ahí que la responsabilidad en el pronunciamiento de lo acordado en el procedimiento sea del juez, por ser quien dicta los acuerdos que constituyen lo actuado en el procedimiento, por ende, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, es a éste a quien, en tales casos, debe considerarse como autoridad responsable y no al secretario del juzgado, de quien, en tal aspecto, deviene improcedente el juicio de garantías en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 11 de dicho ordenamiento legal.". En consecuencia, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo respecto al actuar del licenciado Alberto Guadalupe Camacho Camacho en su carácter de Secretario de Acuerdos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, quien fue señalado como autoridad responsable por la parte quejosa, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ante la configuración de la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en concordancia con el artículo 5, fracción II, interpretado a contrario sensu, ambos preceptos de la Ley de Amparo. Por ello, la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, no habrá de celebrarse. Lo anterior puesto que cuando la causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, como sucede en el caso concreto, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de garantías sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 Constitucional en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Resulta aplicable la Tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.".

  4. Principal

    Agréguense a los presentes autos para que surtan sus efectos legales los oficios signados por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, y el Secretario de Acuerdos adscrito a dicha junta, mediante los cuales rinden informe justificado. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado solicitado a las autoridades antes mencionadas y por exhibidas las documentales que acompaña en términos del artículo 119 de la ley de la materia, sin perjuicio de poder hacer nuevamente relación de las mismas al momento de la celebración de la audiencia constitucional, dese vista a las partes con el mismo, para que se impongan de su contenido.

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