Luis Eduardo Visoso García
Expediente 1201/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1201/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Luis Eduardo Visoso García
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero, tres de marzo de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja penal 234/2016, formada con motivo del recurso de queja interpuesto contra el auto emitido por este juzgado que desechó la demanda de amparo; agréguese al expediente el oficio de cuenta y testimonio de referencia, acúsese recibo de estilo correspondiente. Hágase saber a las partes que el punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." En tal virtud, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; diecisiete de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual el Secretario de Acuerdos del tribunal de alzada comunica que se admitió el recurso de queja.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el escrito signado por el quejoso, a través del cual interpone recurso de queja en contra del proveído de dieciséis de diciembre del año en curso, por el que este juzgado desechó la demanda de amparo; con fundamento en los artículos 97, 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, agréguese una copia del ocurso que se provee al juicio en que se actúa; remítase al Tribunal Colegiado que por materia y turno le corresponda conocer del recurso de mérito, el original y copia de éste, así como copia certificada de las constancias que este juzgado federal estime pertinentes, para el efecto de que se substancie el recurso de mérito. Ahora, de conformidad con el numeral 101 de la Ley de Amparo, se rinde informe con justificación, en el sentido de que es cierto el acto impugnado a través del recurso citado, en virtud de que el dieciséis de diciembre de la presente anualidad, se dictó la determinación que reclama, como se advierte de la copia certificada que del mismo se adjunta. Notifíquese.
- Principal
CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECISEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS, MISMO QUE DICE... Acapulco, Guerrero; dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis.Vista la demanda de amparo promovida por Luis Eduardo Visoso García, por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Sector Barrios Históricos, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1201/2016, y fórmese expediente. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama el acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, emitido en la averiguación previa TAB/BAH/AA/02/0335, del índice de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común del Sector Barrios Históricos, por el cual se desechó la petición de nulidad del acta ministerial de cuatro de septiembre de dos mil quince; acto respecto del cual el juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b) aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: " III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." De la interpretación sistemática de los numerales se obtiene que uno de los supuestos que pueden reclamarse en el juicio de amparo indirecto, son los actos que emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, debiéndose entender como tales, de acuerdo a la diversidad doctrinaria, aquellos que son instruidos en forma unilateral por la autoridad administrativa para verificar que los particulares cumplan con las disposiciones de índole administrativa, en los que se le da al afectado la oportunidad de comparecer, rendir pruebas y alegar; o aquellos otros que se sustancian a solicitud de parte interesada para la obtención de licencias, autorizaciones, permisos, concesiones, etcétera; y, también a los procedimientos que importan cuestión entre partes, sujeta a la decisión materialmente jurisdiccional de la autoridad administrativa. Cabe destacar que en dicho supuesto también opera el principio de definitividad, que tiene como objeto determinar la procedencia del juicio de amparo, sólo contra actos o resoluciones definitivas, es decir, la condiciona a la última resolución que pone fin al asunto; ello con la finalidad de evitar la proliferación de juicios de amparo contra cualquier acto autoritario que integran un procedimiento unitario, los que sin duda no quedan sin estudio, pues los mismos se analizan al resolver el amparo que se promueva contra la última resolución del procedimiento de que se trate y excepcionalmente podrán reclamarse aquellos actos dictados en el procedimiento cuando sean de imposible reparación. Con lo hasta aquí expuesto se concluye que por regla general, un acto dictado en un procedimiento seguido en forma de juicio sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente; excepcionalmente podrán reclamarse aquellos actos dictados en el procedimiento cuando sean de imposible reparación, lo que en el caso - esto último- no acontece. Sobre este último punto, se tiene que la ley de la materia vigente, define que los actos de ejecución irreparable, únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales. Por lo que, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior; esto de acuerdo con la Jurisprudencia 1/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte en consultable en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, del rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo". Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una violación formal) un derecho sustantivo (de naturaleza distinta de los derechos adjetivos) protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Por analogía, y a falta de disposición expresa, es posible aplicar esas reglas de procedencia para calificar los actos derivados de una averiguación previa, pues esencialmente tiene la naturaleza de un procedimiento y culmina con una resolución que define una situación jurídica. En este asunto, como ya se adelantó, el acto reclamado consiste en el acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, emitido en la averiguación previa TAB/BAH/AA/02/0335, del índice de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común del Sector Barrios Históricos, por el cual se desechó la petición de nulidad de la actuación de cuatro de septiembre de dos mil quince; no produce una afectación material a algún derecho sustantivo del quejoso, tutelado por la Constitución o Tratados Internacionales, sino que se trata de una afectación sobre un derecho de naturaleza formal; pues tal determinación, está enmarcada en disposiciones de carácter adjetivo, es decir, en normas instrumentales que en su oportunidad permitirán la definición del derecho sustantivo en caso de controversia. En esas condiciones, si la resolución reclamada, no satisface las condiciones para que sea considerada como un acto en el procedimiento que tenga una ejecución irreparable, el juicio de amparo indirecto debe considerarse improcedente, aplicando los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Lo anterior, porque se surte la causa de improcedencia analizada; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda, e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en su escrito de demanda; y dada la naturaleza del juicio como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que designa. Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la misma ley de la materia, se faculta a la actuaria judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles.
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