Luis Enrique Sánchez Moreno
Expediente 650/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 25 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 650/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 05/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Luis Enrique Sánchez Moreno
- Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, Con Residencia En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Acapulco, Guerrero; cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, tomando en consideración que al presente asunto el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares (en nombre del extinto Juzgado Séptimo del mismo grado y materia), y el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en apoyo sus informes justificados remitieron copia certificada de la causa penal 24/2015-II/7 y del toca penal III-188/2016, que constituyen los tomos de pruebas I, II y III, devuélvanse a las referidas autoridades, dado que resulta innecesaria su permanencia en este órgano jurisdiccional.
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo número 650/2018; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veintisiete de julio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido en la misma fecha por razón de turno a este Juzgado Octavo, Luis Enrique Sánchez Moreno por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS: 1).- Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. 2).- Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Residentes en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "Por lo que respecta a la Segunda Sala Penal, en primero lugar reclamo que en ningún momento fui notificado de forma personal la radicación del Toca Penal III-188/2016, para efecto de que existiera una defensa adecuada, derivado a ello, reclamo la resolución de fecha seis de junio de dos mil dieciocho, que revoca el auto de libertad por falta de elementos para procesar de veintidós de junio de dos mil quince, dictada por el entonces Juez Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, y en su lugar dicta auto de formal prisión en mi contra, por los delitos de daños y lesiones culposas, el primero en agravio de Daniel Nandi Valente y el Segundo en agravio de Rosa Dennys Arroyo y la niña Ximena Nandi Arroyo, tal como consta en el Toca Penal III-188/2016, que se tramita ante la autoridad responsable. Por lo que respecta al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, reclamo el proveído de diez de julio de dos mil dieciocho, en el cual da por recibida la resolución dictada por la Segunda Sala Penal y en cumplimiento a esta me requiere en un término de cinco días hábiles a la notificación, exhiba la suma de $57, 525.00 (cincuenta y siete mil quinientos veinticinco pesos 00/100 m.n), o caso contrario dentro de ese mismo término otorgado me interne voluntariamente en el Centro de Reinserción Social, con el apercibimiento que de no hacerlo se me revocara la libertad de la cual gozo y se ordenara mi reaprehensión". SEGUNDO. Preceptos Constitucionales vulnerados. El quejoso señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14, 16, 19 y 20 Constitucionales. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Previo desahogo de la prevención contenida en acuerdo de treinta de julio del año en curso, por auto de catorce de agosto de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrada bajo el número 650/2018; se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes justificados; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito así como al representante social del fuero común adscrito a la Segunda Sala Penal responsable la intervención legal correspondiente; se ordenó emplazar a los terceros interesados Daniel Nandi Valente, Rosa Dennis Arroyo Reyes y la menor Ximena Nandi Arroyo; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de diferirse en una ocasión tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se hace consistir en un auto de privación de la libertad cuya ejecución material tiene lugar dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclama: De la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero: a) la resolución de seis de junio de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal III-188/2016, que revocó el auto de libertad por falta de elementos para procesar decretado a su favor y dictó auto de formal prisión en su contra por su probable responsabilidad penal en la comisión de los delitos de daños y lesiones culposas, en agravio de Daniel Nandi Valente, Rosa Dennis Arroyo Reyes y la menor Ximena Nandi Arroyo. Del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares: b) el proveído de diez de julio de dos mil dieciocho, en el cual tiene por recibida la resolución dictada por la Segunda Sala Penal responsable y en cumplimiento a ésta le requirió para que en el término de cinco días hábiles a su notificación, exhibiera la cantidad de $57, 525.00 (cincuenta y siete mil quinientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional), o en caso contrario dentro de ese mismo lapso se internará voluntariamente en el Centro de Reinserción Social, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le revocaría su libertad y se ordenaría su reaprehensión. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, y Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares (en nombre del extinto Juzgado Séptimo del mismo grado y materia), pues al rendir sus informes con justificación así lo reconocieron, la primera de ellas por conducto del Magistrado Presidente; lo que además se corrobora con las copias certificadas de las constancias que integran la causa penal 24/2015-II/7 y el toca penal III-188/2016 (tomos I, II y III de pruebas), que remitieron, así como las que allegaron junto con sus oficios 825 y 727/2018-I, que corren agregadas al expediente de amparo, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTO. Causales de improcedencia. Una vez verificada la certeza de los actos reclamados, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 en relación con el diverso 63, ambos de la Ley de Amparo. En ese sentido, se advierte que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley Reglamentaria, que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Es decir, conforme al texto legal preinserto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es ilustrativa la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Luego, como se indicó la parte quejosa reclama en esta vía constitucional, la resolución de seis de junio de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal III-188/2016, que revocó el auto de libertad por falta de elementos para procesar decretado a su favor y en su lugar dictó auto de formal prisión en su contra por su probable responsabilidad penal en la comisión de los delitos de daños y lesiones culposas, en agravio de Daniel Nandi Valente, Rosa Dennis Arroyo Reyes y la menor Ximena Nandi Arroyo, y como consecuencia, su ejecución, así como el proveído de diez de julio de dos mil dieciocho, por el cual el Juez de la causa le requirió para que en el término de cinco días hábiles a su notificación, exhibiera la cantidad de $57, 525.00 (cincuenta y siete mil quinientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional), o en caso contrario dentro de ese mismo lapso se internará voluntariamente en el Centro de Reinserción Social, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le revocaría su libertad y se ordenaría su reaprehensión. Sin embargo, mediante oficios 825 y 727/2018-I recibidos en acuerdos de dos y ocho de octubre de dos mil dieciocho, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares y la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, remitieron copia certificada de la comparecencia voluntaria de los agraviados Daniel Nandi Valente y Rosa Dennis Arroyo Reyes, por si y en representación de la menor Ximena Nandi Arroyo, de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 24/2015-II/7, de la cual se advierte que en la citada fecha los agraviados de referencia aquí terceros interesados otorgaron el perdón al aquí quejoso Luis Enrique Sánchez Moreno, consecuentemente, se declaró extinguida la pretensión punitiva a su favor, y se ordenó archivar la referida causa penal como asunto totalmente concluido; cuyas documentales este órgano de control constitucional toma en consideración para resolver el sentido de este asunto, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2; de ahí que, se estima que han cesado los efectos de los actos reclamados, en virtud de que han dejado de existir, quedando el quejoso en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. Es aplicable a lo anterior por analogía, la Jurisprudencia 103, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que resuelve la contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus relaciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se hace innecesario entrar al examen de la constitucionalidad de los actos reclamados, ya que con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento del juicio. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 650/2018. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
Acapulco, Guerrero; ocho de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante el cual informa que el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, declaró extinguida la pretensión punitiva por otorgamiento de perdón a favor del quejoso, y al efecto remite copia certificada de las constancias que acreditan su dicho, lo cual será tomado en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo.Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lorena Morales Saldierna, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; dos de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, mediante el cual informa que en comparecencia de dieciocho de septiembre de este año, se declaró extinguida la pretensión punitiva por perdón a favor del quejoso, y al efecto remite copia certificada de la misma, lo cual será tomado en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo.Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lorena Morales Saldierna, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza y da fe.
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