Luis Edgardo Martínez Ibarguen

Expediente 246/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
246/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
06/04/2022

Partes del expediente

  • Luis Edgardo Martínez Ibarguen

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; seis de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso b), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, en la caratula del expediente conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del multicitado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    CITATORIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, MEDIANTE LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; ACUERDO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero; dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Luis Edgardo Martínez Ibarguen, por su propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo y de otras autoridades responsables. Regístrese en el libro de gobierno con el número 246/2022, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA Así, del escrito inicial de demanda se advierte que el quejoso reclama por esta instancia el proceso legislativo que dio origen a la a Ley Número 150 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, específicamente sus artículos 100 al 104, relativos al pago del derecho por la operación y mantenimiento del alumbrado público, con motivo de su primer acto de aplicación materializado en el aviso-recibo con número de servicio 320 160 705 561 correspondiente al período de facturación del treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno al treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de amparo que ahora se intenta resulta improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos numerales 17, primer párrafo, y 18, de la Ley de Amparo, en virtud de que la promoción de la demanda de amparo debió efectuarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados. Los citados numerales prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los dispositivos antes transcritos se advierte con toda claridad, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos en contra de los cuales no se promueva el juicio de amparo por regla general dentro del término de quince días, computado de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente a aquél en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada. b) Desde el día siguiente a aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado el quejoso sabedor de dicho acto o de su ejecución. Los citados supuestos son excluyentes entre sí y no guardan prelación alguna; por tanto, el término para la promoción del amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifique alguno de ellos. Luego, la hipótesis de improcedencia en comento, tiene lugar cuando el juicio de amparo no se promueve dentro de los plazos que para el caso específico consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo, dado que la ley hace presumir que el afectado por la ley o por el acto de autoridad, consintió uno u otro de manera tácita, lo que resulta explicable, en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional, no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo, implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de los principios de preclusión y cosa juzgada. Por otro lado, debe entenderse que el plazo excepcional de treinta días que establece la fracción I, del artículo 17 de la Ley de Amparo, sólo es atendible cuando el acto reclamado lo sea una norma autoaplicativa, es decir, que con su sola entrada en vigor cree, modifique o extinga situaciones jurídicas concretas en perjuicio del gobernado, de modo que de no ser así, para impugnarse una ley heteroaplicativa con motivo de su primer acto de aplicación debe atenderse al plazo genérico de quince días. Asimismo, tratándose de leyes heteroaplicativas o de individualización condicionada, el amparo debe promoverse con motivo del primer acto de aplicación, acorde con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la ley de la materia. En este último supuesto, la aplicación de la norma da pauta para que el particular controvierta su constitucionalidad, puesto que la disposición en comento, permite concluir que tal "acto" de ejecución o individualización de la ley se refiere sólo al primero y no a los subsecuentes actos de aplicación. En este sentido, el párrafo tercero de la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta ser el extremo explícito sobre el particular, por cuanto a que se hace mención expresa al "primer acto de aplicación" y establece asimismo, que para impugnar una ley en juicio de amparo, el interesado tiene la opción de ejercitar la acción de amparo en su contra, a través de su primer acto de aplicación. Lo expuesto, se corrobora con el criterio que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las diferentes tesis en torno a las leyes heteroaplicativas o de individualización condicionada, en las cuales se advierte que el aludido primer acto específico de aplicación de la ley, es requisito indispensable para que proceda la acción de amparo en su contra, que se reclama con motivo de su concreta aplicación en agravio del particular. En consecuencia, si el particular promueve juicio constitucional reclamando una ley de individualización condicionada, pero no se trata del primer acto de aplicación, sino del segundo o subsecuentes actos de ejecución, el juicio de amparo será improcedente al tenor de las disposiciones legales de mérito y de las razones aducidas. Luego, como se indicó la demanda de amparo fue promovida en contra de los artículos 100 al 104 de la Ley Número 150 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, como norma heteroaplicativa, es decir, con motivo de su primer acto de aplicación materializado en el aviso-recibo con número de servicio 320 160 705 561 emitido por la Comisión Federal de Electricidad, por consumo de energía eléctrica, a nombre de Luis Edgardo Martínez Ibarguen, correspondiente al período de facturación del treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno al treinta y uno de enero de dos mi veintidós, del cual refiere tuvo conocimiento el dieciséis de febrero del año en curso. En ese sentido, el quejoso en el capítulo de fecha de conocimiento del acto reclamado manifestó que tuvo conocimiento del primer acto de aplicación de las disposiciones reclamadas el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, lo que constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, 96, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por lo que, debe considerarse que a partir de la citada fecha conoció del mismo. Máxime que de conformidad con la tesis de jurisprudencia número 113/20063, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la sola emisión del aviso-recibo relativo al pago de derecho de alumbrado público, derivado de una ley de ingresos municipal, constituye un acto de aplicación de las normas que establecen dicho derecho, y por lo mismo, el usuario está en aptitud de reclamarlas a partir de ese momento, incluso sin realizar el pago correspondiente; de ahí que para realizar el cómputo del plazo a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo deba tomarse en consideración la fecha en que el quejoso señaló haber tenido conocimiento del monto por concepto de derecho de alumbrado público cuantificado por la Comisión Federal de Electricidad en el aviso-recibo del periodo que comprende del treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno al treinta y uno de enero de dos mi veintidós. De manera que si se realiza el cómputo correspondiente a partir del día siguiente hábil al en que tuvo conocimiento del primer acto de aplicación de los actos reclamados, se obtiene que el término de quince días transcurrió del diecisiete de febrero al nueve de marzo del año en curso, sin contar los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de febrero, así como cinco y seis de marzo por haber sido inhábiles; por tanto, si la demanda fue depositada el once de marzo actual, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, ya había fenecido el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, luego, es inconcuso que el primer acto concreto de aplicación de las disposiciones legales reclamadas fue consentido tácitamente por el quejoso. Bajo ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la misma por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tienen como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en calle Cristóbal Colón, número 8, despacho 107 del edificio Trébol en el fraccionamiento Magallanes en esta ciudad, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Manuel Linares Espil, Manuel Alejandro Rivera Ávila, Orlando Mejía Catalán y Alan Ignacio Sevilla Gallardo, quienes cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Alfredo Mosso del Río, Yuxilt Itzayani Pascual Juárez, Javier Panchito Antonio, Liliana Rosincuet Barrios y José Manuel Linares Hernández, por así haberlo solicitado expresamente. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otro lado, como lo solicita se autoriza la consulta del expediente electrónico en el presente juicio, a través del nombre de usuario que proporciona (JurídicoLinares) por lo que previa verificación del referido usuario, de existir registrado, se instruye al servidor público responsable para que haga la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. INFORMACIÓN GENERAL Se comunica al promovente del amparo que de conformidad con el artículo 5, fracción I y 22, fracción II, del mencionado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tratándose de comunicaciones no procesales se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, por lo que se le invita para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrase y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Del mismo modo, se le informa que acorde al numeral 3 del referido acuerdo general 21/2020, para la consulta del expediente de manera física previamente deberá generar una cita, para lo cual habrá de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin, y una vez concluido el proceso el sistema le proporcionara un Código QR que permitirá su ingreso al órgano jurisdiccional (y en su caso el de otra persona autorizada al expediente), mismo que estará condicionado a que quien acuda se identifique como la persona a cuyo nombre se generó la cita. En el entendido de que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No obstante lo anterior, en la planta baja del edificio A, en que se encuentra este órgano jurisdiccional se habilitara una Oficialía de Partes Común para la recepción de promociones presentadas físicamente para el público en general y para quien carece de una cita, ello de conformidad con el artículo 12 del citado acuerdo general 21/2020. Notifíquese personalmente. LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES.

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