Luis Eduardo Lopez Vega
Expediente 268/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 268/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Luis Eduardo Lopez Vega
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de mayo de dos mil veintiuno. Téngase recibido el escrito signado por Luis Eduardo López Vega, parte quejosa en el presente asunto; en atención a su contenido, se provee lo siguiente: Como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 280 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, devuélvansele las constancias a que hace referencia en su ocurso de cuenta, previa copia que de las mismas se agreguen, y razón de su recibo que se deje en autos. En el entendido que para poder presentarse en este juzgado deberá programar una cita, a través del sistema "Agenda OJ" en el micrositio de "Servicios jurisdiccionales" disponible en el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años, contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Ahora, tomando en consideración que la parte promovente adjuntó a su escrito de demanda diversos documentos que, dadas sus características, deben ser devueltos a la referida parte procesal; con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral citado con antelación, requiérasele para que en el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca a recoger dichos documentos, previo desglose, cotejo y certificación, así como razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, envíense los autos al archivo; en la inteligencia que de no recogerlos, dichos documentos tendrán el mismo destino que el expediente principal. Notifíquese; y hágase personalmente a la parte promovente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de abril de dos mil veintiuno. Téngase recibida la demanda de amparo que presenta Luis Eduardo López Vega, con copias y anexos que acompaña; contra un acto que atribuye al Presidente Municipal de San Luis Potosí y a otras autoridades, según refiere, violatorio de los derechos humanos contenidos en los artículos 1° y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el consecutivo 268/2021-III. Ahora, la suscrita procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda y sus anexos, interpretados en conjunto como un todo, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En el caso, el análisis integral del escrito de demanda, así como de sus anexos, pone de manifiesto que el quejoso comparece a la presente instancia constitucional a reclamar la omisión en que incurren las autoridades que señala como responsables, al no emitir la respuesta respectiva a la petición que les fue presentada el siete de diciembre de dos mil veinte, en la inteligencia de que, según señala el promovente, fue requerido por la Comisión Permanente de Pensiones y Asuntos Laborales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, dando cumplimiento a dicha prevención el quince de diciembre siguiente; ello, sin que a la fecha de la presentación de la demanda que nos ocupa, hayan proveído al respecto. En virtud de lo anterior, la suscrita considera que en relación con las omisiones reclamadas, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia regulado por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo. De los artículos trascritos se observa que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el citado numeral; en esas condiciones, para la aplicación de la referida fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. De lo anterior, se sigue que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de la materia, puede relacionarse con una jurisprudencia del Pleno o de alguna Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, porque ésta, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, es obligatoria. En efecto, respecto del tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que se viola el derecho que consagra el artículo 8° Constitucional, si transcurren más de cuatro meses desde que una persona presenta un escrito y ningún acuerdo recae a él. En el caso, el escrito de petición fue recibido por las autoridades el siete de diciembre del año próximo pasado, mientras que su perfeccionamiento, a través del cumplimiento de una prevención, fue recibido el quince de diciembre de la misma anualidad; mientras que la demanda de amparo que ahora nos ocupa, se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, el cinco de abril del presente año; con lo que se evidencia que entre ambas fechas no han transcurrido el término de tres meses que prevé el Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí para que las autoridades administrativas emitan la respuesta correspondiente a la petición presentada por el quejoso, considerando la declaratoria de semáforo rojo en la entidad publicada el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, de obligación para todos los municipios del Estado; el periodo vacacional de las autoridades designadas como responsables; así como el término con que cuentan para dar a conocer la respectiva respuesta; por lo que, es claro que dicha demanda, conforme a los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el artículo 20 del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, resulta notoria e indudablemente improcedente al no haber transcurrido el término previsto en este. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la constancia constitucional intentada. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Por otra parte, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Y, con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso de origen, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte promovente, en el domicilio que para tal efecto señala, teniendo como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gerardo Antonio Rivera Hernández y Luis Edgardo Ramos López, toda vez que no cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a Wendy Lizeth Rivera Quiroz, por así solicitarlo.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de abril de dos mil veintiuno. Téngase recibida la demanda de amparo que presenta Luis Eduardo López Vega, con copias y anexos que acompaña; contra un acto que atribuye al Presidente Municipal de San Luis Potosí y a otras autoridades, según refiere, violatorio de los derechos humanos contenidos en los artículos 1° y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el consecutivo 268/2021-III. Ahora, la suscrita procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda y sus anexos, interpretados en conjunto como un todo, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En el caso, el análisis integral del escrito de demanda, así como de sus anexos, pone de manifiesto que el quejoso comparece a la presente instancia constitucional a reclamar la omisión en que incurren las autoridades que señala como responsables, al no emitir la respuesta respectiva a la petición que les fue presentada el siete de diciembre de dos mil veinte, en la inteligencia de que, según señala el promovente, fue requerido por la Comisión Permanente de Pensiones y Asuntos Laborales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, dando cumplimiento a dicha prevención el quince de diciembre siguiente; ello, sin que a la fecha de la presentación de la demanda que nos ocupa, hayan proveído al respecto. En virtud de lo anterior, la suscrita considera que en relación con las omisiones reclamadas, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia regulado por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo. De los artículos trascritos se observa que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el citado numeral; en esas condiciones, para la aplicación de la referida fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. De lo anterior, se sigue que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de la materia, puede relacionarse con una jurisprudencia del Pleno o de alguna Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, porque ésta, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, es obligatoria. En efecto, respecto del tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que se viola el derecho que consagra el artículo 8° Constitucional, si transcurren más de cuatro meses desde que una persona presenta un escrito y ningún acuerdo recae a él. En el caso, el escrito de petición fue recibido por las autoridades el siete de diciembre del año próximo pasado, mientras que su perfeccionamiento, a través del cumplimiento de una prevención, fue recibido el quince de diciembre de la misma anualidad; mientras que la demanda de amparo que ahora nos ocupa, se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, el cinco de abril del presente año; con lo que se evidencia que entre ambas fechas no han transcurrido el término de tres meses que prevé el Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí para que las autoridades administrativas emitan la respuesta correspondiente a la petición presentada por el quejoso, considerando la declaratoria de semáforo rojo en la entidad publicada el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, de obligación para todos los municipios del Estado; el periodo vacacional de las autoridades designadas como responsables; así como el término con que cuentan para dar a conocer la respectiva respuesta; por lo que, es claro que dicha demanda, conforme a los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el artículo 20 del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, resulta notoria e indudablemente improcedente al no haber transcurrido el término previsto en este. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la constancia constitucional intentada. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Por otra parte, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Y, con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso de origen, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte promovente, en el domicilio que para tal efecto señala, teniendo como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gerardo Antonio Rivera Hernández y Luis Edgardo Ramos López, toda vez que no cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a Wendy Lizeth Rivera Quiroz, por así solicitarlo.
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