Luis Emilio Rivera Jimenez Bravo

Expediente 621/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
621/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
16/07/2021

Partes del expediente

  • Luis Emilio Rivera Jimenez Bravo

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, primero de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Luis Emilio Rivera Jiménez Bravo, contra actos del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y otra autoridad, con siete copias y cinco anexos que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 621/2021-IV. Ahora bien, examinada la demanda se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional y, por tanto, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse en atención a las siguientes consideraciones. Para apreciar objetivamente lo antes afirmado, se debe sentar la premisa de que en términos del artículo 113 del cuerpo de leyes en cita, los Jueces de Distrito sólo pueden desechar la demanda de amparo cuando adviertan motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese sentido, lo manifiesto consiste en que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial; mientras que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante; de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no será factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. De los términos del escrito de demanda se advierte que el promovente del amparo reclama del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, el acto que hizo consistir en la orden de presentarse a laboral en su área de adscripción a partir del primero de julio del año en curso, emitida mediante oficio con número de folio 0959, SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIF/DG/DA/SRH/OF-779/2021. Así, de conformidad con los artículos 113, 61, fracción XXIII, 5° fracción II, de la Ley de Amparo, y 103 constitucional, como se dijo, debe desecharse de plano la demanda por notoriamente improcedente. Los artículos aludidos refieren: "Art. 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: I... XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, cuando realicen actos equivales a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De lo anterior se tiene que la procedencia del juicio se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que con fundamento en una norma legal dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Además, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, se refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Asimismo, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. Ahora bien, la causal de improcedencia invocada se surte plenamente en el presente asunto, toda vez que la conducta que el promovente reclama, que esencialmente radica en la orden de presentarse a laboral en su área de adscripción a partir del primero de julio del año en curso, emitida mediante oficio con número de folio 0959, SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIF/DG/DA/SRH/OF-779/2021 y, en el caso, se ostenta como empleado de la autoridad señalada responsable (trabajador al servicio del estado), por lo que los actos que por esta vía combate, no constituyen un acto de autoridad, siendo el resultado de la relación laboral entre el solicitante de amparo y las autoridades señaladas como responsables. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado criterio en el sentido de que cuando los trabajadores del Estado se vean afectados por actos de los titulares de las dependencias en que presten sus servicios y desean reclamar tales actos, deben ocurrir ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, antes de promover el juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia de la otrora cuarta sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 232, Volumen 151-156, Quinta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ANTES DE OCURRIR AL AMPARO, DEBEN HACERLO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE. Cuando los trabajadores del Estado se vean afectados por actos de los titulares de las dependencias en que presten sus servicios, si desean reclamar tales actos deben ocurrir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a proponer sus correspondientes quejas, antes de promover el juicio de garantías pues si en lugar de agotar dicho medio de defensa legal ocurren directamente al juicio de amparo, éste debe sobreseerse." Lo anterior se estima, en virtud de que los referidos actos que se reclaman, evidentemente no fueron emitidos en una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de igualdad, en el que la relación jurídica es de carácter laboral. Así pues, cualquier decisión que adopte el ente público, en su carácter de patrón, con motivo del desempeño de las labores de la parte quejosa, las realiza en su carácter de patrón, por lo tanto, no constituye un acto de autoridad, sino un hecho derivado de la relación laboral; motivo por el cual, los conflictos que se susciten entre el trabajador -sea de base o de confianza- y el patrón, deben ser ventilados ante la autoridad competente y no ante este órgano de control constitucional. De ahí que válidamente puede establecerse que, cuando los trabajadores al servicio del estado, promueven un juicio de amparo contra las acciones u omisiones derivados de la relación laboral existente entre el propio ente y el trabajador, como acontece en la especie, derivado de los diversos actos relativos a la orden de presentarse a laboral en su área de adscripción a partir del primero de julio del año en curso, emitida mediante oficio con número de folio 0959, SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIF/DG/DA/SRH/OF-779/2021; el referido juicio resultará improcedente, precisamente porque esas acciones o conductas no constituyen actos de autoridad, en términos del artículo 5° fracción II, de la Ley de Amparo, susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo. Corrobora lo anterior el texto del apartado B, del artículo 123 constitucional, que equipara la relación entre el Estado y sus empleados con una relación laboral, y establece las bases para que aquel asuma una posición jurídica similar a la de un patrón, por lo que el estado no actúa con la potestad e imperio que derivan de su soberanía y que constituyen las características propias de los actos de autoridad, sino que la evolución del derecho positivo ha hecho que en la relación con diversos servidores se conduzca como si fuera un patrón. Lo anterior es así, puesto que de lo manifestado por el promovente en su demanda, se aprecia que se ostenta como trabajador del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, y que la orden de presentarse a laboral en su área de adscripción a partir del primero de julio del año en curso, emitida mediante oficio con número de folio 0959, SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIF/DG/DA/SRH/OF-779/2021, este Juzgado estima que obedece a las condiciones del trabajo. En ese orden de ideas, válidamente puede afirmarse que los actos reclamados no constituyen de acuerdo a su naturaleza, actos de persona de derecho público o de autoridad, sino actos de particulares, pues, las autoridades señaladas como responsables, no obraron con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino como patrón. Sin que pase inadvertido que el párrafo segundo de la fracción II, del artículo 5º de la Ley de Amparo, señala que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de dicha fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; sin embargo, como ya se indicó, en el caso, la autoridad señalada como responsable no son particulares y a la parte quejosa le reviste el carácter de trabajador ante las mismas, por lo que su relación recíproca no es de supra a subordinación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1956 del Tomo III, Libro 29, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Abril de 2016, que señala: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación. Sin que pase desapercibido que el quejoso aduce que en el centro de trabajo donde corresponde su adscripción ha recibido actos discriminatorios, ya que se insiste en que los actos reclamados derivan fundamentalmente de la relación de trabajo que existe entre éste y las autoridades señaladas como responsables, de ahí que dichos actos de igual forma podrían ser materia de análisis en la vía contenciosa laboral, la cual incluso afirma que ha iniciado ante la autoridad correspondiente. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 758, del Tomo I, Libro 14 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Enero de 2015, Décima Época, con registro digital: 2008309, que dice: DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL. LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PREVÉ LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS REPARATORIAS DE CARÁCTER DISUASORIO A TRAVÉS DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Ley Federal del Trabajo establece la posibilidad de imponer medidas reparatorias de carácter pecuniario ante actos discriminatorios, debido a lo cual, ante un caso concreto, el juzgador deberá evaluar la posibilidad de recurrir a dicho tipo de medidas, cuya finalidad no solamente es sancionar una situación actual en un centro de trabajo, sino también prevenir futuros actos discriminatorios. Ello se debe a que la fracción VI del artículo 523 de la citada ley señala que la aplicación de las normas de trabajo, compete -entre otras autoridades- a la Inspección del Trabajo. Así, la Inspección del Trabajo, acorde al artículo 540 de la mencionada ley, tiene como funciones -entre otras- vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo -entre las cuales se encuentra la prohibición de establecer condiciones discriminatorias-, y poner en conocimiento de la autoridad las deficiencias y violaciones a las normas de trabajo observadas. Para tal efecto, los Inspectores del Trabajo podrán llevar a cabo visitas a las empresas y establecimientos, a efecto de vigilar que se cumplan las normas laborales, interrogar a patrones y trabajadores, exigir la presentación de documentos, y sugerir que se corrijan aquellas violaciones que se adviertan a la normativa -artículo 541 de la mencionada ley-. Ahora bien, no solamente se podrá sugerir la corrección de violaciones a las normas laborales, sino que en última instancia el incumplimiento de tales normas podría traducirse en la imposición de una sanción acorde a lo establecido en el artículo 1002 de la Ley Federal del Trabajo -por el equivalente de 50 a 5000 veces el salario mínimo general-. Como puede advertirse, por medio de la Inspección del Trabajo, el sistema jurídico mexicano establece la posibilidad de adoptar medidas disuasorias en contra de aquellos empleadores que hubiesen violentado las normas laborales, entre las cuales se encuentra la prohibición expresa de realizar actos discriminatorios en la contratación para puestos de trabajo. Tales medidas, referidas a la Inspección del Trabajo, pueden consistir en la sugerencia de corregir aquellas acciones que se consideren violatorias de las normas laborales y, en última instancia, la imposición de sanciones. Es decir, las medidas disuasorias no solamente se reflejan en aspectos monetarios, sino también en el señalamiento de aspectos a corregirse. En el caso de que las violaciones legales se refieran a actos de discriminación prohibidos por la Ley Federal del Trabajo, la inspección del trabajo no solamente se encontrará dirigida a la insubsistencia del acto, sino a evitar que en el futuro se repita tal escenario. Por todo lo expuesto, con fundamento en los artículos 5°, fracción II, y 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1º todos de la Ley de Amparo, así como 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda promovida por por Luis Emilio Rivera Jiménez Bravo, contra actos del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y otra autoridad. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y notifíquese el presente acuerdo en forma personal al promovente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizada en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a la persona que menciona, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Y, con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Por lo expuesto y fundado, se acuerda: ÚNICO. Se desecha de plano por notoria improcedencia la demanda de amparo promovida por Luis Emilio Rivera Jiménez Bravo, contra actos del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y otra autoridad, por las consideraciones expuestas.

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