Luis Diego Bernal Lopez

Expediente 1062/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1062/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
27/09/2023

Partes del expediente

  • Luis Diego Bernal Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Estado procesal. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara la sentencia dictada en este juicio, sin que lo haya hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó en el juicio, ha causado estado para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Por tanto, con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Semanario Judicial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente al no ser de relevancia documental es susceptible de destrucción, teniendo en consideración que no se entró al fondo de la litis planteada, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 34, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Se informa. Por último, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Estado de autos. Como está ordenado en el primer tomo, relativo a este juicio 819/2019-VII, se forma el segundo tomo, por lo que agréguese a estos autos la copia autorizada del auto con que se da cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Recepción de documento. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Antonio Hernández Ávila, con cinco copias que acompaña. Recurso de revisión. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene por interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo. Glósese a este expediente una copia sellada del ocurso de expresión de agravios y distribúyanse las demás entre las partes. Se forma cuaderno de antecedentes. Fórmese cuaderno de revisión con copias certificadas de las constancias necesarias, con copia sellada del escrito de expresión de agravios y copia autorizada de este auto. Remisión de recurso. Con fundamento en el artículo 89 de la ley de la materia, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, remítanse de inmediato al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, los autos de este asunto, el original del escrito por el que se expresan agravios y una copia de éste para el agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Notifíquese; personalmente a las partes con excepción de la parte recurrente

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Recepción de documentos. Téngase por recibido y agréguense a estos autos el informe justificado de cuenta. Domicilio. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 9, de la Ley de Amparo, se tienen como sus delegados, a las personas que indica. Estado procesal. Ahora bien, es menester precisar que la parte quejosa reclama de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, la omisión de calificar pruebas dentro del expediente laboral 941/2019. Del anexo de cuenta, consistente en copia certificada del auto de esta data, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la responsable demostró haber calificado las pruebas ofrecidas por las partes en dicho asunto, cuya omisión se reclama en este juicio; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues la omisión de que se trata ya fue subsanada, por lo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81 del tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Decisión. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Se deja sin efectos audiencia. Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del siete de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese; hágase personalmente a las partes.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A EDITH TELLO MENDOZA, EN SU CARÁCTER DE TUTORA EN EL JUICIO DE ORIGEN DEL NIÑO DE INICIALES A.E.V.G., EL SIGUIENTE PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Estado de autos y recepción de oficio Visto el estado que guardan los presentes autos, y considerando que se dio vista a las partes quejosa, tercero interesada, tutora en el juicio de origen y representante especial del niño de identidad reservada, con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, mediante el oficio de cuenta el Juez Segundo Familiar, con sede en esta ciudad, desahoga el requerimiento que le fue elevado en autos, informando que el dos de agosto del presente año, dentro del expediente de origen se aprobó y fue elevado a cosa juzgada el convenio de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, celebrado entre Martha Alicia González Barrientos y José Emmanuel Vázquez Avilés (aquí quejosa y tercero interesado respectivamente). En ese sentido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida la misma. Análisis del cumplimento El veintisiete de junio de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el presente asunto en la que se concedió la protección constitucional demandada. Contra el aludido fallo, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, el que lo registró con el expediente 423/2022 y por ejecutoria de veinte de abril de dos mil veintitrés, modificó el fallo impugnado y conceder la tutela federal para los efectos siguientes: ". el juez responsable deje insubsistente el auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno y con libertad de jurisdicción y en caso de que estime necesario el desahogo segundo dictamen pericial; en forma previa deberá efectuar lo siguiente: 1. Constatar si de las pruebas ya desahogadas (excluida la pericial ya analizada) se advierte la existencia de una manipulación en el menor por parte de la madre, al dar constancia que el niño: a) está obsesionado con odiar al padre; b) plantea argumentos irracionales y a menudo ridículos para no querer estar cerca del padre; c) todo es bueno en la madre y todo es malo en el padre; d)la decisión de rechazar a su padre es completamente suya; e) acepta incondicionalmente la validez de las alegaciones de la madre contra el padre; f) muestra total indiferencia por los sentimientos del padre; g) la calidad de su declaraciones parece ensayada al utilizar palabras o frases que no forman parte del lenguaje de los niños y tiene animosidad hacia la familia extendida del padre. 2. En caso de que el resto de las pruebas no den certeza de ello y tenga indicios de la existencia de una "alienación parental" deberá recabar -aún de oficio- otras pruebas en las que no participe directamente el menor (como periciales a los padres, testimoniales, entre otros). 3. Si persisten esos indicios y no son suficientes otras pruebas, tendrá que ordenar el desahogo de la pericial con base en las declaraciones del menor ya existentes en el dictamen pericial y en las dos audiencias. 4. Como último término deberá ordenar el desahogo de una nueva pericial en psicología al menor. En la que provea lo necesario para su desahogo conforme a los protocolos de actuación emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que se garanticen los derechos del aludido niño en los términos expuestos en el último considerando de la sentencia recurrida. Lo anterior, a fin de no "revictimizar" al niño y revivir el estado de ansiedad que sufrió en detrimento de su estabilidad emocional, lo que se traduciría en una forma violencia judicial." Esto es, de la sentencia de mérito, se desprende que la protección federal fue concedida para el efecto de que la responsable ordenara el desahogo de diversas pruebas, dentro del proceso de origen, a fin de determinar una posible alienación parental, empero, sin que se revictimice a la niñez involucrada. Marco jurídico Es oportuno reflexionar que la autoridad responsable se encuentra obligada a dar cumplimiento al fallo protector, de modo tal, que debe realizar todos y cada uno de los actos determinados en él y en los cuales se traduce el núcleo esencial de las obligaciones exigidas. Si tal sentencia es cumplida en los términos en que se ordenó, el asunto quedará concluido y se ordenará su archivo. Sin embargo, puede suceder que, al tratar de realizar ese cumplimiento, la autoridad responsable no se ciña estrictamente a lo determinado en el fallo, sino que lo haga de manera parcial o incompleta, en cuyo caso habrá "defecto", o bien, que vaya más allá de lo que se ha ordenado, hipótesis en la cual existirá "exceso" en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En términos generales existe defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, cuando ésta se ejecuta de manera parcial o incompleta, esto es, sin analizar todas aquellas prestaciones que se determinaron en el fallo. Dicho de otro modo, habrá defecto en la ejecución, cuando la autoridad responsable realice menos deberes jurídicos que los ordenados o impuestos en el fallo protector. Existe exceso en la ejecución de la sentencia, cuando la autoridad responsable sobrepasa lo que manda la sentencia de amparo, es decir, extralimita su ejecución. En otras palabras, habrá exceso, cuando la autoridad responsable ejecute más actos que los deberes ordenados o impuestos en la ejecutoria. Encuentra apoyo lo referido con anterioridad en la tesis cuyo contenido es el siguiente: "EJECUCIÓN, DEFECTO DE. NATURALEZA. El defecto de ejecución consiste en dejar de hacer algo de lo que la resolución de cuya ejecución se trate, disponga que se lleve al cabo o se realice, y no en efectuar una ejecución que por cualquier motivo, sea irregular, pues el vocablo defecto, no está empleado en este segundo sentido por la Ley de Amparo, sino en el primero, ya que dicho ordenamiento, al hablar de exceso o defecto en la ejecución, emplea el segundo de esos términos, en contraposición al primero, queriendo significar con el vocablo exceso sobrepasar lo que mande la sentencia de amparo, extralimitar su ejecución y con el vocablo defecto, realizar una ejecución incompleta, que no comprenda todo lo dispuesto en el fallo"1. También es aplicable en lo conducente la tesis que dice: "QUEJA POR EXCESO O DEFECTO DE EJECUCIÓN, RESPECTO DE UNA SENTENCIA QUE OTORGÓ EL AMPARO PARA EFECTOS. El exceso en el cumplimiento de una ejecutoria que concede el 1 Tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, II, primera parte, julio a diciembre de 1988, página 217, Octava Época. amparo para efectos, de conformidad con los artículos 77, fracción III, 80 y 190 de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, en relación con lo dispuesto en el artículo 95, fracción IX, del ordenamiento legal citado, implica que la autoridad responsable al pronunciar nueva sentencia, rebase o decida puntos diversos de los que determinan el alcance de la protección otorgada en el fallo constitucional; el defecto en la ejecución, entraña que la responsable omita el estudio y resolución de alguna de las cuestiones que le ordenó resolver la ejecutoria que concedió el amparo, conforme a los términos y fundamentos legales de la propia ejecutoria con la que está vinculada"2. Acciones de cumplimiento Sentado lo anterior, del análisis de las constancias que integran el presente juicio se desprende que en acatamiento a la ejecutoria de amparo, el Juez Segundo Familiar de esta ciudad, dejó sin efecto el auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, analizó las diversas pruebas desahogadas en el juicio de origen y concluyó que con los datos de prueba aportados no se especifican de manera categórica que se desprenda los supuestos a que se refiere el punto número 1 de los lineamentos de la referida ejecutoria mismos que se observan en sus incisos a) - g). Asimismo, a efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el punto dos de la ejecutoria de mérito, concluyó que la pruebas desahogadas en el juicio de origen no daban certeza y existencia de la alienación parental, es decir, dar constancia que el niño está obsesionado con odiar al padre; que incluso plantea argumentos irracionales y a menudo ridículos para no querer estar cerca del padre, además especificar si, todo es bueno en la madre y todo es malo en el padre; establecer alguna circunstancia que le permita observar la decisión del menor con el objeto de rechazar a su padre, lo cual es completamente del propio menor y establecer dentro de estos 2 Tesis aislada de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, II, primera parte, julio a diciembre de 1988, página 241, Octava Época. parámetros si acepta incondicionalmente la validez de las alegaciones de la madre contra el padre; y, además, establecer si el menor muestra total indiferencia por los sentimientos del padre, y con todo ello verificar si la calidad de sus declaraciones parecen ensayadas al utilizar palabras o frases que no forman parte del lenguaje de los niños y tiene animosidad hacia la familia extendida del padre; e, incluso, más aun dilucidar si existe verdaderamente la alienación parental, por lo que consideró necesario recabar una valoración psicológica tanto al padre como a la madre del niño afecto. Posterior ello, mediante oficio recibido ante este juzgado de distrito el tres de julio del presente año, la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas constancias que integran los autos del expediente de origen, de la que se desprende que el veintinueve de junio del año en curso, se celebró un convenio entre la aquí quejosa Martha Alicia González Barrientos y el tercero interesado José Emmanuel Vázquez Avilés, dentro del expediente 1590/2020 de origen, el cual, según se advierte mediante el oficio de cuenta, el dos de agosto del presente año, se aprobó y fue elevado a cosa juzgada y en el cual se plasmó, en lo que interesa, lo siguiente: -Se acordó la custodia del niño afecto, en favor de la aquí quejosa. -Acordaron convivencias entre la niñez y el padre no custodio. Ahora bien de las comunicaciones se advierte: EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA ".el juez responsable deje insubsistente el auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno y con libertad de jurisdicción y en caso de que estime necesario el desahogo segundo dictamen pericial; en forma previa deberá efectuar lo siguiente: 1. Constatar si de las pruebas ya desahogadas (excluida la pericial ya analizada) se advierte la existencia de una manipulación en el menor por parte de la madre, al dar constancia que el niño: a) está obsesionado con odiar al padre; b) plantea argumentos irracionales y a menudo ridículos para no querer estar cerca del padre; c) todo es bueno en la madre y todo es malo en el padre; d)la decisión de rechazar a su padre es completamente suya; e) acepta incondicionalmente la validez de las alegaciones de la madre contra el padre; f) muestra total indiferencia por los sentimientos del padre; g) la calidad de su declaraciones parece ensayada al utilizar palabras o frases que no forman parte del lenguaje de los niños y tiene animosidad hacia la familia extendida del padre. 2. En caso de que el resto de las pruebas no den certeza de ello y a) En relación al punto 1., el Juez Segundo Familiar de esta ciudad, dejó sin efecto el auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, analizó las diversas pruebas desahogadas en el juicio de origen y concluyó que con los datos de prueba aportados no se especifica de manera categórica que se desprendan los supuestos a que se refiere el punto número 1 de los lineamentos de la referida ejecutoria mismos que se observan en sus incisos a) - g). b) por lo que hace el punto 2., concluyó que la pruebas desahogadas en el juicio de origen no daban certeza y existencia de la alienación parental, es decir dar constancia que el niño: está obsesionado con odiar al padre; que incluso plantea argumentos irracionales y a menudo ridículos para no querer estar cerca del padre, además especificar si, todo es bueno en la madre y todo es malo en el padre; establecer alguna circunstancia que nos permita observar la decisión del menor con el objeto de rechazar a su padre, lo cual es completamente del propio menor y establecer dentro de estos parámetros si acepta incondicionalmente la validez de las alegaciones de la madre contra el padre; y además establecer si el menor muestra total indiferencia por los sentimientos del padre, y con todo ello verificar si la calidad de sus declaraciones parecen ensayadas al utilizar palabras o frases que no forman parte del lenguaje de los niños y tiene animosidad hacia la familia extendida del padre; e tenga indicios de la existencia de una "alienación parental" deberá recabar -aún de oficio- otras pruebas en las que no participe directamente el menor (como periciales a los padres, testimoniales, entre otros). 3. Si persisten esos indicios y no son suficientes otras pruebas, tendrá que ordenar el desahogo de la pericial con base en las declaraciones del menor ya existentes en el dictamen pericial y en las dos audiencias. 4. Como último término deberá ordenar el desahogo de una nueva pericial en psicología al menor. En la que provea lo necesario para su desahogo conforme a los protocolos de actuación emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que se garanticen los derechos del aludido niño en los términos expuestos en el último considerando de la sentencia recurrida. Lo anterior, a fin de no "revictimizar" al niño y revivir el estado de ansiedad que sufrió en detrimento de su estabilidad emocional, lo que se traduciría en una forma violencia judicial." incluso más aun dilucidar si existe verdaderamente la alienación parental, por lo que consideró necesario recabar una valoración psicológica tanto al padre como a la madre del niño afecto. Posterior ello, mediante oficio recibido ante este juzgado de distrito el tres de julio del presente año, la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas constancias que integran los autos del expediente de origen, de la que se desprende que el veintinueve de junio del año en curso, se celebró un convenio entre la aquí quejosa Martha Alicia González Barrientos y el tercero interesado José Emmanuel Vázquez Avilés, dentro del expediente 1590/2020 de origen, en el que se plasmó, en lo que interesa, lo siguiente: -Se acordó custodia del niño afecto en favor de la aquí quejosa -Acordaron convivencias con la niñez. Constancias a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2°, con lo cual funda su dicho de haber dado cumplimiento con lo establecido en la ejecutoria de amparo. Así, de conformidad con los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo, se advierte que la autoridad responsable: 1. Dejó insubsistente la determinación de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en los autos del expediente 1590/2020 de la estadística de la autoridad responsable, relativo al juicio por regulación de visitas. 2. Atendiendo a los lineamientos de la ejecutoria de que se trata, emitió una nueva determinación en la que concluyó que la pruebas desahogadas en el juicio de origen no daban certeza y existencia de la alienación parental, por lo que consideró necesario recabar una valoración psicológica tanto al padre como a la madre del niño afecto. 3. No obstante, dicha prueba no fue desahogada, en la medida en que el veintinueve de junio del año en curso, se celebró un convenio entre la aquí quejosa Martha Alicia González Barrientos y el tercero interesado José Emmanuel Vázquez Avilés, dentro del expediente 1590/2020 de origen, el cual, según se advierte mediante el oficio de cuenta, el dos de agosto del presente año, se aprobó y fue elevado a cosa juzgada y en el cual se plasmó, en lo que interesa, lo siguiente: -Se acordó la custodia del niño afecto en favor de la aquí quejosa. -Acordaron convivencias con la niñez. Se declara imposibilidad de cumplimiento a ejecutoria Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima que la ejecutoria de que se trata es de imposible cumplimiento, pues en virtud del convenio celebrado en autos, la autoridad responsable no podrá (ni deberá) pronunciarse sobre la posible alienación parental de la niñez afecta, se insiste, ante el acuerdo de voluntades al que llegaron los correspondientes progenitores; y, como consecuencia, este juzgado de distrito no está en aptitud de determinar una adecuación entre lo sentenciado y lo efectuado por la responsable. Al caso se cita, como criterio orientador, la jurisprudencia 1a./J. 70/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 640 del libro 12, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de noviembre de 2014, Décima Época, con registro digital 2007853, que dispone lo siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS EN LOS QUE SE CUESTIONAN CONSECUENCIAS GENERADAS INDIRECTAMENTE POR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 120/2013 (10a.), de rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO.", estableció que la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. En ese sentido, si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a analizar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada. De ahí que los agravios que se formulen para impugnar dichos argumentos resulten inoperantes.". En consecuencia, una vez transcurrido el término previsto en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, previo cuaderno de antecedentes, remítase de inmediato este expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con la finalidad de que resuelva lo conducente. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 44/2017, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de País, visible en la página 490 del tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo de 2017, de la Décima Época, con registro digital 2014210, cuyo rubro dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO.". Notifíquese personalmente.

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