Luis Eduardo Coronel Gamboa

Expediente 508/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
508/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
02/09/2019

Partes del expediente

  • Luis Eduardo Coronel Gamboa
  • Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Xalapa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, dos de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio 794/2019-C, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, al que adjunta testimonio de la ejecutoria dictada en la queja 223/2019, interpuesto por Luis Eduardo Coronel Gamboa, en contra del auto de seis de junio de dos mil diecinueve (fojas 123 a 130), por el que se desechó de plano la demanda de amparo, que resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO. Se declara infundado el presente recurso de queja, interpuesto por Luis Eduardo Coronel Gamboa, contra el acuerdo dictado el seis de junio de dos mil diecinueve por el Juez Décimo Quinto de Distrito en el Estado, residente en Xalapa, Veracruz, en el juicio de amparo indirecto número 508/2019, promovido por el propio recurrente, mediante el cual se desechó por notoriamente improcedente la demanda que lo originó." En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente; háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y archívese el asunto como totalmente concluido. En ese sentido, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado de plano la demanda origen de los presentes autos, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, lo cual se llevará a cabo con posterioridad al DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otro lado, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Notifíquese por lista de acuerdos.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, remitido por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que dicho tribunal colegiado admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído de seis de junio del presente año (fojas 123 a 130), por el cual se desechó la demanda de amparo por ser notoria e indudablemente improcedente, radicándolo bajo el toca 223/2019, de su estadística; al respecto, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de seis de junio el presente año (fojas 123 a 130) en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101, de la Ley de Amparo, se rinde informe con justificación en relación con la materia de la queja, aceptándose como cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. En tal virtud, remítase copia certificada de las constancias que integran el presente asunto al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito en turno, con sede en Boca del Río, Veracruz, a través de su Oficina de Correspondencia Común, al que se anexa el escrito original de agravios y una copia que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho tribunal colegiado, para la substanciación del medio de impugnación en comento.

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, seis de junio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Luis Eduardo Coronel Gamboa contra actos reclamados a la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades responsables. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 508/2019/IV-B. Al respecto, se acuerda: DESECHAMIENTO Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, debe examinarse ante todo el escrito de demanda para proveer sobre la admisión, pues si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. Para ello, puede acudirse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerar probado sin lugar a dudas el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni puedan desvirtuar su contenido. Es así, porque el concepto de motivo "manifiesto" e "indudable" de improcedencia, implica aquellas circunstancias que sin ulterior comprobación o demostración, surgen a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo y que por el contrario, cuando una demanda de amparo aparentemente no ostenta un vicio de ese orden, esto es, que las causas que pueden afectar su ejercicio no son evidentes por sí solas para el juzgador, el acto procesal que a ella debe recaer es lógicamente el auto de admisión, a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada, sin perjuicio de que después se dicte el sobreseimiento que corresponda, si del resultado del estudio respectivo apareciere realmente la existencia de alguna causa de improcedencia. Así las cosas, el artículo 113 de la Ley de Amparo, exige que la improcedencia del juicio de amparo tenga como apoyo que desde un plano objetivo el órgano de control constitucional cuente con información suficiente para advertirla de manera irrefutable y clara desde la promoción del citado juicio, de tal manera que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, lo cual obedece a que no toda causa de improcedencia por el solo hecho de estar prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, puede justificar que al proveer sobre la demanda el juez de distrito, la deseche de plano con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, aplicable tanto en sentencia como en el auto que analiza la procedencia, se aprecia que estos consisten en: La recomendación 25/2019, emitida por la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el expediente CEDH-3VG-DAP-0391-2018, al Fiscal General y Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado de Veracruz, de investigar con la debida diligencia los actos de tortura cometidos en contra de "V1", y reconocerle la calidad de víctima; establecer mecanismos efectivos de fiscalización y control de ingresos a los Centros de Reinserción del Estado de Veracruz, de forma que no fueran susceptibles de alteración; pagar a "V1" una compensación; investigar a los servidores públicos involucrados; evitar cualquier acción u omisión que implique victimización secundaria de "V1". La ejecución de esa recomendación. La publicación en el portal de internet de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Lo anterior es así, porque si bien el solicitante de amparo, por propio derecho, refiere como actos reclamados en forma destacada: El incumplimiento al artículo 6, fracción IX de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, por omitir estudiar el proyecto del que derivó la recomendación 25/2019, elaborado por la Tercera Visitadora, pues de hacerlo, habría advertido la ausencia de otorgar el derecho de audiencia y el derecho a la tutela no jurisdiccional dentro del expediente. La omisión de otorgar el derecho de audiencia dentro del expediente CEDH-3VG-DAP-0391-2018, del índice de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, del cual derivó la recomendación 25/2019. La omisión de otorgar el derecho de acceso a la tutela no jurisdiccional dentro del expediente CEDH-3VG-DAP-0391-2018, del índice de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, del cual derivó la recomendación 25/2019, de data seis de mayo de dos mil diecinueve. El incumplimiento de lo establecido en el artículo 59, fracciones VI, VIII y X del Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. La omisión de garantizar el derecho al honor y dignidad, al soslayar las atribuciones que cada una de las autoridades compete en el ámbito de sus responsabilidades al iniciar, tramitar, autorizar y publicar, expediente CEDH-3VG-DAP-0391-2018, del índice de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del cual derivó la recomendación 25/2019. Sin embargo, por definición jurídica, las omisiones de cumplir las disposiciones legales y otorgar los derechos fundamentales de audiencia y acceso efectivo a la tutela no jurisdiccional, previo a la emisión de la recomendación aludida, no pueden considerarse actos reclamados, más bien constituye el agravio, la violación, la trasgresión o la infracción a los derechos fundamentales que "el acto reclamado" provoca. En efecto, respecto a que el acto reclamado debe entenderse del análisis integral de la demanda de amparo, sin atender a los calificativos o apreciaciones valorativas que se hagan sobre él, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 67/2012, en sesión de trece de junio de dos mil doce, emitió la consideración siguiente: "(.) Sin embargo, dejaron de considerar que el acto reclamado debe entenderse del análisis integral de la demanda de amparo, sin atender a los calificativos o apreciaciones valorativas que se hagan sobre él. (.) Así pues, los tribunales colegiados soslayaron que "la aplicación retroactiva" de una norma, por definición jurídica, no puede considerarse acto reclamado, más bien constituye el agravio, la violación, la trasgresión o la infracción a los derechos fundamentales que "el acto reclamado" provoca; dicho de otro modo, "la aplicación retroactiva" de una norma representa el vicio de inconstitucionalidad que contiene el acto emitido, dictado o ejecutado por la autoridad responsable. De manera que si la aplicación retroactiva de la norma constituye el agravio o violación a los derechos fundamentales de los quejosos pensionados, y esto se verifica o se traduce en el pago de los incrementos de la pensión; entonces, no cabe duda que éstos representan el acto atribuible (..) De manera que en los juicios de amparo que se promuevan en contra de la aplicación retroactiva de las reformas al artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigentes a partir del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres, y uno de enero de dos mil dos, en relación con los incrementos de la pensión; debe entenderse que el acto reclamado lo constituye: la determinación y cálculo de los incrementos a la pensión, con apoyo en las normas correspondientes a las mencionados reformas del artículo 57, párrafo tercero, de la citada ley; y el motivo de su inconstitucionalidad consiste en que los incrementos debieron determinarse y calcularse con apoyo en la norma prevista en el artículo 57, párrafo tercero, de la referida ley, pero en vigor hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres (.)" Lo antes transcrito, aun cuando resolvió un tema distinto, es preponderante para determinar, que el acto reclamado debe entenderse del análisis integral de la demanda de amparo, sin atender a los calificativos o apreciaciones valorativas que se hagan sobre él, por lo cual, la omisión de aplicar una norma y respetar derechos fundamentales, por definición jurídica, no puede considerarse acto reclamado, sino que representan el vicio de inconstitucionalidad que contiene el acto emitido, dictado o ejecutado por la autoridad responsable; de ahí que lo señalado en ese aspecto por el solicitante de amparo, constituye el agravio o violación a los derechos fundamentales, no actos reclamados. Causal de improcedencia que se actualiza en forma notoria y manifiesta. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En efecto, en la ejecutoria emitida el diez de enero de dos mil dieciocho, de la que derivó la jurisprudencia que cita el solicitante de amparo, de rubro: "PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CUANDO LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DESECHA UN RECURSO DE IMPUGNACIÓN POR IMPROCEDENTE, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que, el objeto de la contradicción consistió en determinar si el desechamiento de un recurso de inconformidad por parte Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, aunque las recomendaciones que emite no lo sean, y por tanto, si el amparo resultaba procedente en su contra. Para ello, en principio reiteró la improcedencia del amparo contra las recomendaciones, al determinar que, de acuerdo a los precedentes que el Máximo Tribunal había sustentado en múltiples ocasiones sobre la naturaleza de las recomendaciones, como fueron el amparo en revisión 426/2013 y 448/2015, donde la Primera Sala resolvió que el juicio de amparo es improcedente contra el contenido y, en su caso, incumplimiento de las recomendaciones emitidas por organismos de protección a derechos humanos; así como en el amparo en revisión 448/2015, en el que se precisó que "(.) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si bien, forma parte de las instituciones del Estado Mexicano, su naturaleza constitucionalmente prevista, le impide dictar, ordenar o ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas de forma obligatoria, lo que en el caso, se acota precisamente a las recomendaciones que dicha Comisión emite, y que por disposición de la Carta Magna, no tienen efectos vinculatorios(.); concluyendo la Primera Sala, que "(.) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en lo que se refiere a las recomendaciones que emite, no puede ser considerada como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, puesto que dichas recomendaciones, por su propia naturaleza, tienen el carácter de actos no justiciables en sede judicial (.)"; mientras que, en el amparo en revisión 426/2013, advirtió que "(.) existe un impedimento técnico que convierte el reclamo de incumplimiento de una recomendación de una comisión de derechos humanos en una cuestión no justiciable en sede jurisdiccional. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 103, fracción I, de la Constitución"; y, en el amparo en revisión 507/1996, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, destacó que, aun cuando se emita la recomendación solicitada, no puede considerarse "(.) que sea susceptible de afectar o lesionar la esfera jurídica de los particulares, en virtud de que al no ser vinculatoria, su realización no tiene la finalidad de crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, las situaciones jurídicas o fácticas preexistentes al momento en que se emitió la resolución, sino solamente recomendar a la autoridad correspondiente que sea ella la que produzca esas consecuencias"; el contenido de las recomendaciones emitidas por organismos de protección a los derechos humanos, ni su eventual incumplimiento, son impugnables vía amparo, porque en ambos casos, las recomendaciones no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas para quien las solicita. Asimismo, el Máximo Tribunal determinó, que emitir una recomendación -o confirmarla- es un acto sustancialmente distinto a un desechamiento de algún medio de defensa, porque al emitir la primera, debe estudiar el fondo del asunto y estimar si existen elementos para considerar que se violaron derechos fundamentales y por tanto si la autoridad debe adoptar algunas acciones al respecto. En cambio, señaló, al desechar un asunto, se limita a verificar si se cumplen los requisitos de procedencia del recurso y por tanto si se está en un caso en el que se pueda analizar la cuestión de fondo. Así, razonó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el desechamiento que se aleje de ese estándar de legalidad afecta la esfera jurídica de las personas, en tanto les impide acceder a la tutela no jurisdiccional de derechos humanos, por lo que se trata de un acto de autoridad intraprocesal que extingue situaciones jurídicas, de forma unilateral, obligatoria y que puede generar violaciones a derechos humanos. Y, resaltó: "(.) Esto es congruente con el hecho de que las recomendaciones no sean actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Como se ha sostenido reiteradamente, las recomendaciones no son vinculatorias, por lo que no pueden alterar la esfera jurídica de las personas. Además, el hecho de que se haya emitido una recomendación implica necesariamente que -a diferencia del desechamiento- se le dio acceso al interesado a la tutela no jurisdiccional de derechos humanos, por lo que de ninguna manera podría violar dicho derecho. Entonces, aunque no se tenga derecho a una recomendación de fondo, los recurrentes sí tienen derecho a que la CNDH tramite las inconformidades con apego a la Ley y por tanto, un desechamiento ilegal y arbitrario podría afectar la esfera jurídica de los quejosos. En conclusión, el desechamiento de un recurso de impugnación sustanciado ante la CNDH debe considerarse un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Así, esta Primera Sala estima que el amparo es procedente en estos casos (.). Acorde a lo antes resaltado, es inconcuso que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de mérito, reiteró la improcedencia del amparo contra las recomendaciones emitidas por organismos de protección a los derechos humanos; lo que implica la vigencia plena de los criterios atinentes a que, no son impugnables vía amparo, porque las recomendaciones no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas para quien las solicita. Ello, conlleva a que en el caso, se actualice un motivo manifiesto de improcedencia porque precisamente se reclamada la recomendación 25/2019, emitida por la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el expediente CEDH-3VG-DAP-0391-2018, al Fiscal General y Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado de Veracruz, de investigar con la debida diligencia los actos de tortura cometidos en contra de "V1", y reconocerle la calidad de víctima; establecer mecanismos efectivos de fiscalización y control de ingresos a los Centros de Reinserción del Estado de Veracruz, de forma que no fueran susceptibles de alteración; pagar a "V1" una compensación; investigar a los servidores públicos involucrados; evitar cualquier acción u omisión que implique victimización secundaria de "V1". Acto respecto del cual, dada su naturaleza, ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, que cita el propio solicitante de amparo, de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, como inimpugnable en juicio de amparo, porque no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas para quien las solicita, lo que también, se ha establecido en distintos precedentes del Máximo Tribunal, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Es aplicable, por el punto jurídico contenido que se resalta, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CUANDO LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DESECHA UN RECURSO DE IMPUGNACIÓN POR IMPROCEDENTE. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, define a los actos de autoridad como aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En este sentido, el artículo 102, apartado B, constitucional prevé el derecho de que cualquier persona acceda a una tutela no jurisdiccional de derechos humanos, lo cual implica que todos los individuos tienen derecho a acceder a un proceso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto no significa que siempre se deba emitir una recomendación, pero sí que dicho proceso se apegará a los estándares de legalidad que le son exigibles a todas las autoridades. Así, la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe tramitar los recursos de inconformidad con apego a la ley sin incurrir en arbitrariedades. Por lo tanto, el desechamiento que se aleje de ese estándar de legalidad afecta la esfera jurídica de las personas en tanto les impide acceder a la tutela no jurisdiccional de derechos humanos. De esta manera, el desechamiento de un recurso de impugnación -por no cumplir con los requisitos de procedencia-, es un acto de autoridad porque se trata de un acto intraprocesal que extingue situaciones jurídicas, de forma unilateral, obligatoria y que puede generar violaciones a derechos humanos. Esto es congruente con el hecho de que las recomendaciones no sean actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Las recomendaciones no son vinculatorias, por lo que no pueden alterar la esfera jurídica de las personas, además, el hecho de que se haya emitido una recomendación implica necesariamente que -a diferencia del desechamiento- se le dio acceso al interesado a la tutela no jurisdiccional de derechos humanos, por lo que de ninguna manera podría violar dicho derecho". No obsta para arribar a la determinación anterior, lo que afirma la parte solicitante de amparo, acerca de que dicha y publicación, se desaparta de los alcances permitidos en los artículos 14, 1y y 102, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; porque con dicha recomendación se hace público un pronunciamiento en el que se descalifica el actuar como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, del dieciséis de enero de dos mil diecisiete, al veinte de marzo de dos mil diecinueve, con violaciones a derechos humanos, sin que se le hubiera dado la oportunidad de ser escuchado y defenderse, por lo que genera una trasgresión a su derecho a la honra y reputación. Es así, porque del contenido de la recomendación, que el propio solicitante de amparo exhibe anexa a su demanda, se aprecia que la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, recomendó al Fiscal General y Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado de Veracruz, de investigar; establecer mecanismos efectivos de fiscalización y control; pagar y evitar cualquier acción u omisión que implique victimización; sin que se aprecie mención específica del solicitante de amparo, por lo que en modo alguno lesiona la esfera jurídica del gobernado, en la medida de que esa decisión (que en el caso concreto emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos), al carecer de fuerza no obliga a determinado órgano del estado a quien está dirigida; menos aún impone al particular (persona jurídica promovente de amparo), determinada obligación, que su acatamiento resulte inexorable, aun en contra de su voluntad. Ello con independencia del daño moral (honra y reputación) alegado, que le genera tal recomendación; puesto que dicha sugerencia -al carecer de fuerza compulsora-, la persona física quejosa no tiene agravio alguno; además, si el impetrante resiente un daño causado con motivo de tal recomendación, ya sea en su reputación o bien en su honra; esto requiere una regulación propia, distinta a la acción de amparo, en la que se establezcan los principios básicos de imputabilidad del órgano que generó el daño moral causado. Luego, dicha recomendación por sí misma no crea, modifica, o extingue una situación jurídica concreta, que beneficie o perjudique al particular, aunque se aduzca que esa recomendación lacere el derecho humano a la honra, porque tal recomendación per se, no altera la situación en la que se encontraba el gobernado, aunque se elabore la recomendación respectiva. No se desatienden los criterios que cita el solicitante en su demanda de amparo, aduciendo violación de derechos humanos e irreparabilidad del acto reclamado; en tanto que los mismos no le benefician porque existe criterio aplicable en relación a, que las recomendaciones no sean actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Así, con independencia del actuar del diverso juzgador de amparo, que se desprende de las copias que exhibe el solicitante, referentes a la admisión de la demanda en un caso similar; porque el criterio del homologo federal, no se comparte y no es obligatorio para el suscrito, acorde al artículo 217 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse la referida causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo que procede es desechar la demanda de amparo intentada por Luis Eduardo Coronel Gamboa. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizado con la restricción que impone el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Carlos Valencia Altamirano, quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no aparece el registro correspondiente, ni tampoco la parte quejosa acreditó que éste cuente con dicho documento. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Blanca Ofelia Prieto Vega, secretaria que autoriza y da fe.

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