Luis Daniel Solís Barrientos
Expediente 634/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 634/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Luis Daniel Solís Barrientos
Actuaciones
- Principal
Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en la Laguna, con sede en Torreón, Coahuila, toda vez que el siete de agosto de dos mil diecinueve se archivó el asunto como totalmente concluido. Cúmplase.
- Principal
Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en la Laguna, con sede en Torreón, Coahuila, mediante el cual acusa recibo del oficio 20651/2019, del índice de este juzgado, por medio del cual se remitieron los autos originales del juicio de amparo 634/2019 IV-A, del índice de este juzgado al ser legalmente incompetentes para conocer del mismo y manifiesta que dicho juzgado acepta la competencia planteada. Por tanto, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado, archívese el presente expedientillo como asunto total y definitivamente concluido. Por último, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción I, de dicho acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción al tratarse de un cuaderno auxiliar que no es de relevancia documental.
- Principal
Xalapa, Veracruz, nueve de julio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio número 19070/2019, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al que acompaña la demanda de amparo promovida por Fredy Odilon Rivera de los Santos, en su carácter de defensor particular de Luis Daniel Solís Barrientos personalidad que tiene debidamente reconocida dentro de los autos de la carpeta judicial 420/2018 del índice del Juzgado Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justica Penal Federal en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, según se desprende de las constancias remitidas por el homólogo federal, contra actos reclamados a la citada autoridad y del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 en Gómez Palacios Durango, del cual se advierte que por auto de tres de julio de dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio de amparo 1315/2018 de su índice, se resolvió sobre la separación de juicios respecto a los actos siguientes: Acto del que continuará conociendo el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz en el juicio de amparo 1315/2018: ACTO RECLAMADO CONTENIDO DE LOS ACTOS RECLAMADOS La resolución dictada en la continuación de la audiencia de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Pena Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en la causa penal 420/2018 de su índice. Mediante dicha resolución entre otras cuestiones, se realizó lo siguiente: Se dejó insubsistente la medida cautelar impuesta previamente al aquí quejoso (por audiencia inicial de veinte de septiembre de dos mil dieciocho), consistente en prisión preventiva oficiosa. Se determinó que la medida cautelar de referencia debía cumplirse de "manera provisional" en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, hasta en tanto existieran condiciones de seguridad para que fuera trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce "CPS Durango", con residencia en Gómez Palacio, Durango, lo cual aconteció el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, fecha en que se ejecutó traslado del quejoso. Acto respecto del cual, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz ordenó obtener copia certificada a fin de que se estudie por separado en un diverso juicio de amparo. ACTO RECLAMADO CONTENIDO DE LOS ACTOS RECLAMADOS La resolución de seis de diciembre de dos mil dieciocho, dictada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en la causa penal 420/2018, de su índice. Mediante dicha resolución, entre otras cuestiones, se realizó lo siguiente: Se negó el traslado del aquí quejoso del Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce "CPS Durango", con residencia en Gómez Palacio, Durango, a un diverso centro de reclusión más cercano en el que se lleva su proceso . Por lo tanto, tramítese la presente demanda únicamente por cuanto hace al acto reclamado separado y remitido a este juzgador consistente en la resolución de seis de diciembre de dos mil dieciocho, dictada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, dentro de la causa penal 420/2018, únicamente por lo que hace a la negativa del traslado del aquí quejoso del Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce "CPS Durango", con residencia en Gómez Palacios Durango a un diverso centro de reclusión más cercano en el que lleva su proceso. Sin que pase inadvertido para el suscrito el hecho de que en la citada resolución de seis de diciembre de dos mil dieciocho también se proveyera respecto a la autorización de prórroga de cuatro meses a la investigación complementaria solicitada por el defensor público federal del aquí quejoso, toda vez que el mismo no lo señaló como autoridad responsable, tal como se hizo constar en el oficio de cuenta (nota a pie de página 4). FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 634/2019-IV-A. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señaló como acto reclamado la resolución de seis de diciembre de dos mil dieciocho, dictada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, dentro de la causa penal 420/2018, en la que se le negó su traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce "CPS Durango", con residencia en Gómez Palacios Durango a un diverso centro de reclusión más cercano en el que lleva su proceso. Ahora, bien la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, el suscrito procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número I.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Bajo los argumentos expuestos, las reglas de competencia para que un Juzgado de Distrito se avoque al conocimiento de una demanda de amparo, se encuentran reguladas por el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del análisis de este precepto se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, a saber: a) La primer regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la primer regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho mención en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces el juez de distrito ante el quien se presente la demanda de amparo será el competente para conocerla. c) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito ante quien sea presentada la demanda de amparo. Como se observa, en este supuesto, basta que quede debidamente evidenciado en autos que el acto reclamado no requiere de ejecución material para que el juez ante quien se presente la demanda de amparo sea quien conozca y resuelva el juicio de garantías. Como ya se dijo, el acto reclamado consisten en la resolución de seis de diciembre de dos mil dieciocho, en la que se negó al quejoso su traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce "CPS Durango", con residencia en Gómez Palacios Durango a un diverso centro de reclusión más cercano al lugar en el que lleva su proceso. Ahora bien, dicho acto tendrá como consecuencia que el quejoso siga privado de su libertad en el centro de internamiento en el que se encontraba recluido al formular su solicitud de traslado. Por consiguiente, se actualiza la hipótesis de competencia precisada en el inciso a), pues debe considerarse que el acto reclamado tiene ejecución en Gómez Palacios Durango, lugar en el que se encuentra el centro de reclusión donde seguirá interno el quejoso ante el rechazo de su solicitud de traslado. Por tanto, el Juez competente para conocer del amparo debe ser el que ejerza jurisdicción en el lugar del mencionado centro penitenciario. Es aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 1ª./J. 14/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 633, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, Décima Época, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitencia rio de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido." Así como por identidad de razón la jurisprudencia 1a./J. 48/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, Novena Época, que a la letra dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." Por lo antes expuesto, este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, no es legalmente competente para conocer del juicio de amparo en que se actúa, toda vez que el acto reclamado se está ejecutando fuera de la jurisdicción donde este Juzgado de Distrito ejerce su competencia. Luego, es de estimarse que la competencia para conocer del presente juicio de amparo, corresponde conocer al Juzgado de Distrito en La Laguna, en turno con residencia en Torreón ya que éste tiene jurisdicción donde el acto reclamado se encuentra ejecutando. En esas condiciones, como se dijo, el acto reclamado tendrá ejecución material en Gómez Palacios Durango, por lo que corresponde conocer de la demanda al Juez de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, que ejercen jurisdicción en dicha localidad, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Similar criterio sostuvo el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 9/2019, en el que determinó que tratándose de la negativa de una solicitud de traslado penitenciario, corresponde conocer del amparo al juez de distrito en cuya jurisdicción esté recluido el quejoso al momento de efectuar su petición. Por lo expuesto, remítanse los presentes autos y las copias de la demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, en turno con residencia en Torreón, que es la encargada del reparto de los asuntos a dichos órganos, para que se avoque a su conocimiento. Se solicita atentamente al juez declinado acuse el recibo correspondiente, precisando si acepta o no la competencia planteada. En consecuencia, con las constancias que se estimen necesarias fórmese cuaderno de antecedentes para constancia legal. COMO DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De acuerdo a lo solicitado por el quejoso, se ordena al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de éste juzgado, para que una vez que se encuentre firmado el presente expediente, realice el registro correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, del usuario "fredyrivera47", a fin de que el promovente esté en aptitud de acceder al expediente electrónico; de igual forma, atendiendo a lo antes referido se ordena a cualquiera de los actuarios de la adscripción para que realice las habilitaciones correspondientes para que el quejoso esté en actitud de notificarse de los presentes autos electrónicamente, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Asimismo, como lo solicita hágasele está y las subsecuentes notificaciones vía electrónica aún las de carácter personal. COMO AUTORIZADOS DEL QUEJOSO para oír y recibir todo tipo de notificaciones con las restricciones que impone la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Daniel Contreras Hernández, Iridian Ahielet Castillo Heredia, Edgar Rene Pastor Quiroz y Pedro Isaias Morales Herrera, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no cuentan con el registro correspondiente, amén de que tampoco acreditaron contar con dicho documento. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional e incidental, se realicen en el presente asunto a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional e incidental no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional e incidental, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en lpa página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con el objeto de no retardar el trámite en el presente asunto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones personales que se ordenen durante la tramitación del presente juicio de amparo, aun en horas y días inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Secretario en funciones, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, así como que la persona que recepcione la información sea debidamente identificada y previo apersonamiento ante el personal judicial correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese electrónicamente al quejoso. Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Luis Alberto Camacho Mondragón, secretario que autoriza y da fe. El suscrito secretario hace constar que el presente proveído se encuentra debidamente digitalizado y vinculado. Doy fe cca*
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