Luis Carlos Silva González

Expediente 1119/2016 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1119/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
08/05/2018

Partes del expediente

  • Luis Carlos Silva González

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera el recurso de revisión en contra del auto de dieciocho de abril del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha CAUSADO ESTADO háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído fuera de audiencia el presente asunto, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, con posterioridad al OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Jefa del Departamento de Amparos y Beneficios en ausencia del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, mediante el cual remite copia certificada del acta administrativa número 758/2018, relativa al egreso por libertad de Luis Carlos Silva González; al respecto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de amparo, agréguense a los presentes autos para que surtan los efectos legales conducentes. Ahora bien, del oficio de cuenta, se advierte que la autoridad responsable informa que el quejoso egresó por libertad del centro a su cargo, aunado a ello que del contenido de las constancias que remite, en específico del acta administrativa de egreso por libertad N° 758/2018, se aprecia que el quejoso Luis Carlos Silva González egresó el ocho de abril de dos mil dieciocho del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, y estimando que el acto reclamado se hace consistir en la orden de traslado a otro centro de reclusión; por tanto, resulta innecesario la prosecución del juicio en que se actúa, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." De lo anteriormente expuesto se concluye que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En esta tesitura, si el acto que se reclamaba por esta vía era la orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con residencia en Villa Aldama, Veracruz, y obra en autos copia certificada del acta administrativa de egreso por libertad N°758/2018, se aprecia que el quejoso Luis Carlos Silva González egresó por absoluta libertad el ocho de abril de dos mil dieciocho del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, de lo que se colige que han cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la jurisprudencia número 415, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En este orden de ideas, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, destruyéndose en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la posible violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto que por esta vía se pretendió combatir no hubiere invadido la esfera jurídica del impetrante de amparo, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal; por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las DIEZ HORAS DEL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Finalmente, toda vez que de autos se advierte que el aquí quejoso no señalo domicilio diverso para oír y recibir notificaciones al lugar en el cual se encontraba recluido, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación, así como las subsecuentes aún las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado.

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