Luis Daniel Uriostegui Texta

Expediente 870/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 15 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
870/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
08/01/2019

Partes del expediente

  • Luis Daniel Uriostegui Texta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero, ocho de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de oficio y de plano, con excepción de la demanda de amparo y auto admisorio, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual término, es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la suspensión provisional; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en su carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 870/2018. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, León Uriostegui Tapia, a favor de Luis Daniel Uriostegui Texta, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades (en sus denominaciones correctas, excepto la declarada inexistente) y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS 1).- Fiscal Regional en Acapulco. 2).- Ministerio Público del Fuero Común Titular del Sector Central del Distrito Judicial de Tabares. 3).- Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común del Sector Mozimba del Distrito Judicial de Tabares. 4).- Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrita al Sector Garita del Distrito Judicial de Tabares. EJECUTORAS 5).- Coordinador de la Policía Ministerial adscrita al Distrito Judicial de Tabares (inexistente). 6).- Coordinadora de Zona de la Policía Ministerial del Estado, adscrita al Sector Central. 7).- Coordinador de la Policía Ministerial Sector Mozimba, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero. 8).- Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, adscrito al Sector Garita. Todos con domicilio en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES ORDENADORAS, se reclaman LA ILEGAL ORDEN DE DETENCIÓN que hayan girado en contra de mi hijo LUIS DANIEL URIOSTEGUI TEXTA por supuestos delitos que nunca ha cometido, como más adelante se detallara. DE LAS EJECUTORAS, reclamo LA ILEGAL DETENCIÓN QUE REALIZARON ASÍ COMO LA INCOMUNICACIÓN EN QUE TIENEN A MI HIJO, YA QUE DESDE HACE MÁS DE 5 HORAS NO SE DONDE SE ENCUENTRA Y EN QUE CONDICIONES, TENIENDO EL TEMOR FUNDANDO DE QUE LO TORTUREN O LE REALICEN ALGUNA VEJACIÓN QUE PROHÍBE EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". SEGUNDO. Preceptos constitucionales vulnerados. El quejoso señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 22 Constitucionales. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho se radicó la demanda en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 870/2018; se concedió la suspensión de plano de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y se ordenó la ratificación de la misma por el directo quejoso, hecho lo cual el dieciocho de octubre siguiente se admitió a trámite, se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes justificados; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse en una ocasión, se llevó al cabo al tenor del acta que antecede. CUARTO. Autoridad inexistente. En proveído de dieciocho de octubre del año en curso, se tuvo por inexistente a la autoridad denominada en la demanda de amparo como Coordinador de la Policía Ministerial adscrita al Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, y se ordenó suspender toda comunicación con la misma. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 35, párrafo primero, 37 y 107, fracciones II y IV de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se hace consistir en un auto de privación de la libertad cuya ejecución material tiene lugar dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este juzgado. SEGUNDO. Inexistencia del acto reclamado. El Fiscal Regional en Acapulco, el Ministerio Público del Fuero Común Titular del Sector Central y la Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común del Sector Mozimba, estos dos últimos del Distrito Judicial de Tabares, residentes en esta ciudad, al rendir sus informes con justificación negaron la existencia del acto que se les atribuye, lo que debe aceptarse en sus términos. Lo mismo ocurre respecto de la Coordinadora de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrita al Sector Central, residente en esta ciudad, quien al rendir su informe con justificación negó el acto que se le reclama manifestando que el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, el quejoso fue internado en los separos de esa Coordinación únicamente para su guarda y custodia con motivo de la boleta de internamiento emitida por la Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrita a la Agencia Especializada en Narcomenudeo de esta ciudad, dentro de la carpeta de investigación número 12030830300232161018, por el delito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión de estupefaciente, en agravio de la sociedad, sin embargo, esta última no fue señalada como responsable en este asunto, pese a que por acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho se requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su voluntad señalarla con ese carácter, sin que hubiere desahogado tal requerimiento, motivo por el cual en proveído de dieciséis de noviembre siguiente, se hizo efectivo el apercibimiento con el que se le previno y se continuó con el procedimiento sin dar intervención a dicha autoridad, por tanto, es evidente que en este caso particular, no es posible examinar la constitucionalidad de un acto atribuido a una autoridad no llamada a juicio. Máxime que de las documentales remitidas en copia certificada por la citada Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrita a la Agencia Especializada en Narcomenudeo, a las que se les otorga valor probatorio pleno por tratarse de documentos públicos de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, dictó auto de libertad bajo las reservas de ley a favor del aquí quejoso Luis Daniel Uriostegui Texta, ordenando su inmediata libertad, como se advierte de la boleta de libertad respectiva. Por su parte, el Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común adscrito al Sector Garita del Distrito Judicial de Tabares, y el Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito al Sector Garita, residentes en esta ciudad, al rendir sus informes con justificación, aceptaron el acto que se les reclama, no obstante, no ha lugar a considerarlo así, ya que indicaron que el dieciocho de octubre del año en curso el quejoso fue detenido y puesto a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal en turno, con motivo de la cumplimentación de una orden de aprehensión solicitada por dicha fiscalía, relacionada con la carpeta de investigación número 12030210100449121018, por el delito de homicidio calificado, en agravio de Reyna Valenzo Pérez; como se demuestra con las documentales que en copia certificada remitieron y que gozan de valor probatorio pleno en términos de los citados artículos 129, 197 y 202, del código federal adjetivo civil, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo 2, por lo que resulta inconcuso que atendiendo a la fecha en que fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad de Acapulco, la demanda que originó el presente asunto; es decir, el diecisiete de octubre anterior (folio 1), resulta evidente que al momento de su presentación el acto reclamado era inexistente. Por último, no obstante que el Agente Encargado de la Coordinación de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito al Sector Mozimba, no rindió su informe con justificación; no ha lugar a tener por presuntivamente cierto el acto que se le atribuye en términos del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo; ello en virtud de que de la constancia que se allego a estos autos relativa al incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, se obtiene que dicha autoridad al rendir su informe previo negó la existencia de la conducta que se le reprocha, de ahí que deba prevalecer lo ahí informado, pues constituye la prueba en contrario que desvirtúa la presunción de certeza prevista en el precepto citado. Máxime que al haber negado el acto reclamado las autoridades ordenadoras, éste en su carácter de ejecutora no podría llevar a cabo la ejecución de un acto inexistente. En tal virtud, si no se demostró con medio de convicción alguno la existencia de los actos reclamados a las autoridades aquí señaladas como responsables en la fecha en que se presentó la demanda de garantías, o en su defecto, con anterioridad a tal evento, lo que procede con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, es sobreseer el presente juicio de garantías. Esta consideración encuentra apoyo en el criterio aislado que sustentó la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 273, tomo I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda." También sirve de apoyo la jurisprudencia número 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Tomo VI, página 236, cuyo rubro y texto dicen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis de jurisprudencia invocadas en este asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente juicio, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 870/2018, promovido a favor de Luis Daniel Uriostegui Texta, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero, en términos de lo establecido en el último considerando de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de dieciséis de noviembre actual, se requirió al Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Agencia Especializada en Narcomenudeo de esta ciudad, para que informe la situación jurídica que guarda el quejoso Luis Daniel Urióstegui Texta y remita copia certificada de las constancias que acrediten su dicho; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para este día según se advierte de la certificación de cuenta, para las ONCE HORAS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le formuló en proveído de diecinueve de octubre del presente año, para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda y señalar como nueva autoridad responsable al Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Agencia Especializada en Narcomenudeo, con sede en esta ciudad; por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia y al efecto continúese el trámite del presente juicio únicamente con las autoridades señaladas inicialmente en su escrito de demanda. Asimismo, del contenido del informe y anexo remito por el Coordinador de Zona de la Policía Ministerial adscrito al Sector Central de esta ciudad, se advierte que el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho el Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Agencia Especializada en Narcomenudeo de esta ciudad, giró boleta de internamiento a nombre del quejoso Luis Daniel Urióstegui Texta, por el delito de contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión de estupefaciente, en agravio de la sociedad, dentro de la carpeta de investigación número 12030830300222161018; por tanto, tomando en consideración que tal circunstancia puede traer como consecuencia que se actualice alguna causal de improcedencia de este juicio, con apoyo en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al citado Agente para que dentro del término de tres días a que se refiere el diverso numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley en aplicación, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, informe la situación jurídica que guarda el quejoso de mérito, remitiendo copia certificada de las constancias que acrediten su dicho, o en su caso, manifieste el impedimento legal que tenga para ello; apercibido que de no hacerlo así dentro del término indicado se le impondrá como medida de apremio una multa por la cantidad de cincuenta unidades de medida y actualización vigente en el país, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 259 de la Ley de Amparo.Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de Lorena Morales Saldierna, Secretaria adscrita al propio Juzgado que autoriza y da fe.

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