Luis Casillas Moreno
Expediente 2292/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 19 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2292/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 22/10/2019
Partes del expediente
- Luis Casillas Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibido en este juzgado federal el veintiocho de agosto del año en curso, la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa (fojas 172 a 173). En relación con lo anterior, por acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia pronunciada el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve (fojas 61 a 80), se determinó por un lado sobreseer en el presente sumario y por otro, conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.] 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa, lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XXXII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, así como los arábigos 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada Ley de Ingresos, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen al quejoso Luis Casillas Moreno, en el presente ni en un futuro tales preceptos legales, hasta en tanto no se modifiquen dichas normativas. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa la cantidad de $117,557.36 pesos por concepto de inscripción de documento público o privado, inscripción de documento otorgado fuera de territorio del estado, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, cantidad pagada por el justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó. De igual forma, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por cada uno de los conceptos que se establecieron en el recibo de pago, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de las fracción I, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. [.] En la inteligencia de que la cuota de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que se comenta, es aplicable porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí, que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. [.]." Inconforme con dicha resolución, el Director Jurídico de lo Contencioso dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación de la autoridad responsables denominada Recaudador de Rentas dependiente de dicha Secretaría, interpuso recurso de revisión contra la misma (foja 85 a 91). Sin embargo, mediante ejecutoria de seis de junio de dos mil diecinueve, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California, en auxilio al Primer Tribunal Colegiado de este Circuito, dentro del amparo en revisión administrativo 198/2019, determinó desechar el recurso de revisión interpuesto por las autoridad responsable (fojas 118 a 136), por lo que quedó firme la sentencia recurrida. Ante ello, se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A) Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I y XXXII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen al peticionario de garantías en el presente ni en el futuro el mencionado precepto legal; y B) Devolverle el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 pesos, respecto de la cantidad de $117,557.36 pesos, por los conceptos de inscripción de documento público o privado, inscripción de documento otorgado fuera de territorio del Estado; además, de las diversas percepciones de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", que se pagó el uno de noviembre de dos mil dieciocho; las cuales debían ser actualizadas en términos de la ejecutoria de que se trata. En cumplimiento a ello, mediante oficio presentado ante este Juzgado el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia de la transferencia bancaria a nombre del quejoso Luis Casillas Moreno y del que se advierte que devolvió la cantidad de $119,141.47 pesos, que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva (fojas 172 y 173). Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $117,557.36 pesos, menos el monto de $560.00 pesos ((lo cual corresponde a dos cuotas de $280.00 pesos, que equivale a la mínima establecida para la inscripción de documento público o privado e inscripción de documento otorgado fuera de territorio del Estado), da como resultado un total de $116,997.36 pesos, cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho período entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el uno de noviembre de dos mil dieciocho y el veintitrés de agosto del año en curso, se efectuó la devolución mediante transferencia bancaria a la parte quejosa. Por lo que el período de actualización comprende del mes de octubre de dos mil dieciocho al mes de junio de la presente anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de dos mil dieciocho fue de 101.440; y para el mes de junio del año actual de 103.299. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.018326. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $116,997.36 pesos, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $119,141.45 pesos; luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver $116,997.36 pesos, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $2,144.09 pesos. Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad total de $119,141.47 pesos, por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio por un lado se sobreseyó y por otro se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguense a sus autos el libelo y anexo de cuenta para los efectos legales correspondientes, mediante los cuales la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informa haber dado cumplimiento total a la ejecutoria emitida en este juicio de garantías; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, con el comunicado y anexo de mérito, dése vista a la parte quejosa, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en el referido informe y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento al fallo protector. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio suscrito por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con sustento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, agréguense a sus autos el oficio y anexo de cuenta y, ténganse por hechas las manifestaciones que refiere dicha autoridad; en la inteligencia de que se estará a la espera del total cumplimiento a la sentencia protectora de garantías.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio suscrito por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, a través del cual, comunica que tuvo por recibido el comunicado suscrito por el Director de Cobro Coactivo, de esa dependencia, donde se le informa que una vez revisada la bases de datos no se localizó domicilio alguno a nombre del quejoso Luis Casillas Moreno; motivo por el cual, solicita se requiera a dicho quejoso para que remita la documentación solicitada o credencial de elector para la elaboración del cheque y así estar en aptitud de dar cumplimiento a la sentencia de amparo; en consecuencia, con sustento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, agréguense a sus autos el oficio y anexo de mérito, y ténganse por hechas las manifestaciones que refiere dicha autoridad. Luego, toda vez que por proveído de treinta y uno de julio del año en curso, se tuvo al quejoso exhibiendo el acuse de recibo por parte de la Dirección Genera Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, donde se aprecia la recepción por parte de dicha autoridad, de la documentación que requiere para dar cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo; por tanto, mediante atento oficio que al efecto se gire al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, acompáñense las documentales referidas, ello para que se realice la devolución a la parte quejosa de la cantidad erogada con motivo de los preceptos declarados inconstitucionales. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable, para que dentro del término concedido en proveído de cinco del presente mes y año, de cumplimiento al fallo protector, sin que haya lugar autorizar la prórroga que solicita, toda vez que en la fecha indicada, se amplió el término para acatar la ejecutoria de referencia. Apercibida que de no hacerlo con causa justificada, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización, acorde con los preceptos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor. Se le hace del conocimiento a la autoridad responsable, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Juzgado de Distrito, hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el arábigo 193 de la Ley citada. NOTIFÍQUESE.
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