Luis Bernardo Bañuelos Casian
Expediente 784/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 22 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 784/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 11/11/2019
Partes del expediente
- Luis Bernardo Bañuelos Casian
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación contra la sentencia dictada el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve (fojas 99-105), dentro del término que prevé el ordinal 86 de la legislación de la materia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al ordenamiento legal citado en primer término, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la legislación en comento, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, éstos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio constitucional se negó el amparo y protección de la justicia federal, carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable. Por otro lado, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio constitucional, es depurable, debido a que se concedió la suspensión de los actos reclamados, por ende, déjese por separado y una vez transcurridos cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, depúrese, previa el acta respectiva y anotación correspondiente en el libro de gobierno que corresponda, empero, deberán conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria que otorgó la suspensión a la parte quejosa; en tanto que en términos del ordinal vigésimo, fracción III del Acuerdo General de mérito, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, de ahí que, en su momento, procédase a la destrucción del mismo previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda. Finalmente, toda vez que ya no son necesarias las constancias certificadas relativas al acto reclamado en la presente controversia constitucional, devuélvanse en un tomo a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con residencia en esta ciudad. Notifíquese.
- Principal
RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO ampara NI protege a ********************, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Partido Judicial de Tepic, Nayarit, consistente en la interlocutoria de ocho de marzo de dos mil diecinueve, emitida dentro del juicio mercantil ejecutivo 332/2012, de conformidad con los razonamientos jurídicos contenidos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente; y procédanse a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO ampara NI protege a ********************, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Partido Judicial de Tepic, Nayarit, consistente en la interlocutoria de ocho de marzo de dos mil diecinueve, emitida dentro del juicio mercantil ejecutivo 332/2012, de conformidad con los razonamientos jurídicos contenidos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente; y procédanse a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el oficio de cuenta signado por el Síndico Municipal del Ayuntamiento de San Blas, Nayarit, a través del cual en cumplimiento al requerimiento de veintiocho de junio del año en curso (foja 696, Tomo II), proporciona el nombre de la persona que ocupan el cargo de Tesorero adscrito al ayuntamiento de referencia, a saber, Yoselín Susana López Carrillo; en consecuencia, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Por tanto, en virtud de que ya se tienen identificadas las personas y cargos de los funcionarios municipales que actualmente fungen como Presidente Municipal, Síndico, Tesorero y Regidores, todos del Ayuntamiento de San Blas, Nayarit; por ende, de conformidad con el arábigo 197 de la Legislación de Amparo, requiérase por el cumplimiento de la sentencia concesoria de garantías al Presidente Municipal: Candy Anisoara Yescas Blancas, Síndico Municipal: Gaspar Gastelum Sotelo, Regidores: Alma Rosío López Arango, Víctor Isaac Ríos Ibáñez, Antonio Tapia García; Isaías Eleazar Chávez Damián, Pablo Ramírez Escobedo, Neyda Liz Medina Páez, Olga Ortiz Manjarrez, Adrián García Nayar, Rodolfo Valdenebro Esquer y Santos Humberto Vargas Coronel, a fin de que dentro del término de CINCO DÍAS siguientes al en que reciban el oficio de notificación respectivo, acaten el fallo protector dictado en el presente sumario; esto es, realicen las gestiones necesarias a efecto de que se lleve a cabo la ejecución del laudo emitido el veinte de marzo de dos mil catorce, dentro del juicio laboral ordinario 26/2010 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, en su totalidad. No es óbice a lo anterior, el hecho de que los funcionarios en mención, no hayan sido señalados como autoridades responsables, pues en razón de sus funciones, es necesaria su intervención para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; por tanto, están obligados a realizarlo. Además, no pasa inadvertido, que por auto de cuatro de enero de dos mil dieciocho, fueron vinculados en cumplimiento a la sentencia de amparo (fojas 498 a 500, Tomo I); empero, mediante proveído de dieciséis de enero de dos mil diecinueve (fojas 665 y 666, Tomo II), se tuvieron por recibidos los sobres devueltos a consignación de los regidores de nombres Alma Rosio López Aranjo, Víctor Isaac Ríos Ibáñez, Antonio Tapia García, Isaías Eleazar Chávez Damián, Olga Ortiz Manjarrez y Rodolfo Valdenebro Esquer, en razón de que dichos funcionarios ya no se encontraban activos. Asimismo, resulta evidente que existe también la obligación a cargo del Ayuntamiento demandado conformado por el Presidente Municipal, Síndico y Regidores, de realizar las gestiones necesarias a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; sin embargo, hasta la fecha el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, no ha logrado el cumplimiento de la sentencia referida, ni mucho menos el demandado Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit, han acatado dicho fallo, o en su caso llevado a cabo actos tendientes a su cumplimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 57/2007, emitida por la Primera Sala, visible a página ciento cuarenta y cuatro, tomo XXV, mayo de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. ...". Igualmente es aplicable al caso, la Jurisprudencia P./J. 59/2014 (10ª.), emitida por el Pleno, visible a página cinco, tomo I, Noviembre de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)....". Por lo que el Presidente Municipal, Síndico y Regidores, tienen dentro de su competencia legal, solicitar la ampliación del presupuesto respectivo o la contratación de créditos para cubrir el monto cuantificado en el juicio laboral; asimismo, debe decirse que no constituye un obstáculo para efecto de que el nuevo Ayuntamiento del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, cumpla la ejecutoria de amparo, el que existan actualizaciones pendientes de cuantificar, ya que para tal efecto deberá quedar abierto el período de ejecución, pues el asunto no puede archivarse sino hasta que el fallo protector quede enteramente cumplido, según lo previene el artículo 214 de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, se requiere al Presidente, Síndico y Regidores del Ayuntamiento de San Blas, Nayarit, para que dentro del improrrogable plazo de cinco días, contados a partir de que reciban el comunicado respectivo, remitan las constancias con las que acrediten fehacientemente que llevó a cabo reunión de cabildo y sometió a consideración la situación del quejoso Armando Moreno Hildebranz, lo que así manifestaron realizar desde el veinte de septiembre del año próximo pasado (fojas 605 a 608), sin que se autos se tenga noticia de ello. Cabe precisar también, que el Tesorero Municipal de San Blas, Nayarit, al ser el órgano encargado de la recaudación de los ingresos municipales y responsable de realizar las erogaciones que haga el Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 115 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, deberá de proveer todos los medios necesarios sobre la instrumentación contable en las adecuaciones al presupuesto y así junto con el Presidente, Síndico y Regidores del propio Ayuntamiento puedan dar cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo dictada a favor del actor quejoso. En ese mismo contexto, requiérase al Pleno y al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con sustento en los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, a fin de que dentro del término de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, informen el acatamiento de la sentencia concesoria de amparo. Se apercibe a cada una de las autoridades mencionadas que de no dar cumplimiento sin causa justificada, se les impondrá indistintamente a cada una de ellas una medida de apremio consistente en multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido, de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el arábigo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del "Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo", mismo que entró en vigor el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, acorde con los numerales 193, en relación con los diversos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo. De igual manera, se les hace saber a dichas autoridades que no será tolerada más su conducta contumaz, por lo que en caso de no acatar lo así ordenado, se remitirá el presente sumario al Tribunal de alzada para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo de quien en ese momento sean sus titulares y serán puestos a disposición del Juez de Distrito que corresponda, para que con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo, sean juzgados y sancionados por la desobediencia cometida, en los términos previstos por el artículo 267 de la ley de la materia, que prevé una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Luego, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la Ley citada. NOTIFÍQUESE.
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