Luis Carlos González Castillo

Expediente 972/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 19 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
972/2017
Año
2017
Actuaciones
19
Última actuación
12/06/2018

Partes del expediente

  • Luis Carlos González Castillo
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintiocho de febrero del año en curso (foja 124), se tuvo por recepcionado el oficio suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, por el que comunicaba que la parte quejosa no había acudido a esa dependencia a recoger el cheque 0000073, expedido a su nombre por concepto de actualización de pago que realizó con motivo de la aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo, solicitando así se diera por cumplida la ejecutoria de amparo; situación ésta que se ordenó dar vista con dichas manifestaciones a la parte quejosa, bajo el apercibimiento que en caso de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado resolvería sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Así pues, con fundamento en el dispositivo 196, de la Ley de Amparo y la Jurisprudencia cuyo rubro es: *** pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito; este Juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese tenor, por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el nueve de junio de dos mil diecisiete (fojas 51 a 67), se determinó conceder al quejoso Luis Carlos González Castillo, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.] 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 23, fracción VIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los artículos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. [.] 2. Asimismo, para que el Recaudador de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residente en esta ciudad, devuelva a la quejosa la cantidad de $4,612.25 (cuatro mil seiscientos doce pesos 25/100 moneda nacional), que pagó el veintisiete de abril de dos mil diecisiete, por concepto de derechos del giro de "DER. REV. PERM. DEPOSITO DE CERVEZA", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit" (foja 13, 14 y 49), pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo aplicado con apoyo en el dispositivo 23, fracción VIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio dos mil diecisiete, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó al solicitante del amparo. [.] Cabe precisar, que dentro de la cantidad a devolver, no se encuentra el cobro de comisión bancaria de $3.00 (tres pesos) que se indicó en el formato de revalidación de permiso de alcoholes de forma anual (foja 14), documental que exhibió la quejosa a su demanda de amparo; toda vez que la accionante de garantías no reclamó la inconstitucionalidad de dicho concepto. [.] 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable aludida en párrafos que anteceden, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: a) Que no le fuera aplicado a la quejosa el artículo 23, fracción VIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal; esto es, para que la misma vigilara que fuera desincorporado de la esfera jurídica de la parte peticionaria del amparo, en el presente y en el futuro; y b) Devolverle a la parte quejosa la cantidad de $4,612.25 (cuatro mil seiscientos doce pesos 25/100 moneda nacional), que pagó el veintisiete de abril de dos mil diecisiete, por concepto de derechos del giro de "DER.REV.PERM.DEPÓSITO DE CERVEZA", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit"; la cual debía ser actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado, el uno de agosto de dos mil diecisiete (fojas 76 a 77), por el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, por conducto de su delegado, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia del cheque número 0002407, con fecha de expedición el veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, valioso por la cantidad de $4,609.25 (cuatro mil seiscientos nueve pesos 25/100); luego, por misiva recepcionada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, comunicaba que debido al cambio de administración en el Ejecutivo Estatal, se estaban aperturando nuevas cuentas bancarias, así como dar de alta las firmas de los funcionarios responsables en el manejo de éstas (foja 85); por lo que mediante diverso recibido en la Oficialía de Partes el veinte de octubre del mismo año, se tenía comunicando al Director General Jurídico de la indicada Secretaría, haber generado un nuevo cheque (número 0000069), por la cantidad anteriormente precisada a favor del quejoso. Luego, mediante proveídos de veintitrés de octubre del año próximo pasado y veintiuno de febrero de dos mil dieciocho (fojas 91 a 92 y de la 117 a 118), se analizó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo de mérito y se determinó en los mismos que ésta no se encontraba cumplida en su totalidad, en principio en el primero de ellos, a razón de que la cantidad devuelta por la autoridad responsable de mérito no se encontraba actualizada (cheque número 0000069), pues únicamente había reintegrado la cantidad erogada por la promovente del amparo pero sin la aludida actualización fiscal respectiva y; en el segundo, se dijo que si bien se mencionaba haber entregado a la parte quejosa un diverso cheque erogado a su favor, con la cantidad debidamente actualizada (cheque número 0000183), lo cierto es que de las constancias obrantes en autos no se localizaba ningún dato que pudiera evidenciarse por parte del provomente del amparo la recepción de los multicitados documentos expedidos a su favor; en consecuencia, se le requirió de nueva cuenta, a efecto de que diera total cumplimento con el fallo protector y remitiera las constancias que así lo acreditaran. En atención de lo anterior, mediante diverso oficio y anexos recibidos en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el veintiséis de febrero de la presente anualidad (fojas 121 a 123), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria citada, anexó copia de dos cheques expedidos a favor de la parte quejosa, con números 0000073 y 0000183, valiosos por $4,609.25 (cuatro mil seiscientos nueve pesos 25/100) y $172.76 (ciento setenta y dos pesos 76/100), respectivamente, en el primero de ellos, se observa que fue entregado al quejoso Luis Carlos González Castillo, el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete y por lo que respecta al segundo (correspondiente a la actualización de pago), se comunicó que el quejoso no había ido a imponerse de éste; por lo que el veintiocho de febrero del año en curso (foja 124), se requirió al promovente de garantías, a fin de que compareciera ante la aludida autoridad a recoger el documento mercantil de mérito, bajo apercibimiento que de no hacerlo se resolvería sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en autos. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $4,612.25 (cuatro mil seiscientos doce pesos 25/100 moneda nacional), menos la suma de $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional), que corresponden al cobro de la comisión bancaria, da como resultado un total $4,609.25 (cuatro mil seiscientos nueve pesos 25/100), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. En ese tenor, tenemos que el monto de $4,609.25 (cuatro mil seiscientos nueve pesos 25/100), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintisiete de abril de dos mil diecisiete y el veinticuatro de octubre de dicha anualidad, se efectuó la devolución mediante cheque a la parte quejosa. Ahora, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, esto es el mes de septiembre de dos mil diecisiete. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo de dos mil diecisiete entre el índice para el mes de octubre de ese mismo año (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil diecisiete fue de 126.087; y para el mes de septiembre de 127.912. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.01447. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $4,609.25 (cuatro mil seiscientos nueve pesos 25/100), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $4,675.94 (cuatro mil seiscientos setenta y cinco pesos 94/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver $4,609.25 (cuatro mil seiscientos nueve pesos 25/100), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $66.69 (sesenta y seis pesos 96/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad total de los dos cheques $4,782.01 (cuatro mil setecientos ochenta y dos pesos 01/100 moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. No pasa inadvertido que el monto que se debía devolver a la quejosa era de $4,675.94 (cuatro mil seiscientos setenta y cinco pesos 94/100 moneda nacional); sin embargo, se le reintegró en conjunto con los dos cheques la diversa cantidad de $4,782.01 (cuatro mil setecientos ochenta y dos pesos 01/100 moneda nacional), es decir, le entregaron $106.07 (ciento seis pesos 07/100 moneda nacional) de más, pero dicha variante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la autoridad responsable, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la quejosa a fin de devolverla, así como los que efectúe la autoridad responsable para obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido al aludido agraviado en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Finalmente, ya que el promovente del amparo adjuntó a su demanda documental privada en original, consistente en el recibo de pago expedido por la institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Bancomer, glosado a los presente autos a foja trece, con sustento en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger la citada documental; apercibido que de no hacerlo, la misma podrá ser destruida junto con el expediente.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintiocho de febrero del año en curso (foja 124), se tuvo por recepcionado el oficio suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, por el que comunicaba que la parte quejosa no había acudido a esa dependencia a recoger el cheque 0000073, expedido a su nombre por concepto de actualización de pago que realizó con motivo de la aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo, solicitando así se diera por cumplida la ejecutoria de amparo; situación ésta que se ordenó dar vista con dichas manifestaciones a la parte quejosa, bajo el apercibimiento que en caso de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado resolvería sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Así pues, con fundamento en el dispositivo 196, de la Ley de Amparo y la Jurisprudencia cuyo rubro es: *** pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito; este Juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese tenor, por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el nueve de junio de dos mil diecisiete (fojas 51 a 67), se determinó conceder al quejoso Luis Carlos González Castillo, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.] 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 23, fracción VIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los artículos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. [.] 2. Asimismo, para que el Recaudador de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residente en esta ciudad, devuelva a la quejosa la cantidad de $4,612.25 (cuatro mil seiscientos doce pesos 25/100 moneda nacional), que pagó el veintisiete de abril de dos mil diecisiete, por concepto de derechos del giro de "DER. REV. PERM. DEPOSITO DE CERVEZA", **por lo que mediante diverso recibido en la Oficialía de Partes el veinte de octubre del mismo año, se tenía comunicando al Director General Jurídico de la indicada Secretaría, haber generado un nuevo cheque (número 0000069), por la cantidad anteriormente precisada a favor del quejoso. Luego, mediante proveídos de veintitrés de octubre del año próximo pasado y veintiuno de febrero de dos mil dieciocho (fojas 91 a 92 y de la 117 a 118), se analizó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo de mérito y se determinó en los mismos que ésta no se encontraba cumplida en su totalidad, en principio en el primero de ellos, a razón de que la cantidad devuelta por la autoridad responsable de mérito no se encontraba actualizada (cheque número 0000069), pues únicamente había reintegrado la cantidad erogada por la promovente del amparo pero sin la aludida actualización fiscal respectiva y; en el segundo, se dijo que si bien se mencionaba haber entregado a la parte quejosa un diverso cheque erogado a su favor, con la cantidad debidamente actualizada (cheque número 0000183), lo cierto es que de las constancias obrantes en autos no se localizaba ningún dato que pudiera evidenciarse por parte del provomente del amparo la recepción de los multicitados documentos expedidos a su favor; en consecuencia, se le requirió de nueva cuenta, a efecto de que diera total cumplimento con el fallo protector y remitiera las constancias que así lo acreditaran. En atención de lo anterior, mediante diverso oficio y anexos recibidos en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el veintiséis de febrero de la presente anualidad (fojas 121 a 123), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria citada, anexó copia de dos cheques expedidos a favor de la parte quejosa, con números 0000073 y 0000183, valiosos por $4,609.25 (cuatro mil seiscientos nueve pesos 25/100) y $172.76 (ciento setenta y dos pesos 76/100), respectivamente, en el primero de ellos, se observa que fue entregado al quejoso Luis Carlos González Castillo, el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete y por lo que respecta al segundo (correspondiente a la actualización de pago), se comunicó que el quejoso no había ido a imponerse de éste; por lo que el veintiocho de febrero del año en curso (foja 124), se requirió al promovente de garantías, a fin de que compareciera ante la aludida autoridad a recoger el documento mercantil de mérito, bajo apercibimiento que de no hacerlo se resolvería sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en autos. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $4,612.25 (cuatro mil seiscientos doce pesos 25/100 moneda nacional), menos la suma de $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional), que corresponden al cobro de la comisión bancaria, da como resultado un total $4,609.25 (cuatro mil seiscientos nueve pesos 25/100), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. En ese tenor, tenemos que el monto de $4,609.25 (cuatro mil seiscientos nueve pesos 25/100), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintisiete de abril de dos mil diecisiete y el veinticuatro de octubre de dicha anualidad, se efectuó la devolución mediante cheque a la parte quejosa. Ahora, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, esto es el mes de septiembre de dos mil diecisiete. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo de dos mil diecisiete entre el índice para el mes de octubre de ese mismo año (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil diecisiete fue de 126.087; y para el mes de septiembre de 127.912. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.01447. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $4,609.25 (cuatro mil seiscientos nueve pesos 25/100), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $4,675.94 (cuatro mil seiscientos setenta y cinco pesos 94/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver $4,609.25 (cuatro mil seiscientos nueve pesos 25/100), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $66.69 (sesenta y seis pesos 96/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad total de los dos cheques $4,782.01 (cuatro mil setecientos ochenta y dos pesos 01/100 moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. No pasa inadvertido que el monto que se debía devolver a la quejosa era de $4,675.94 (cuatro mil seiscientos setenta y cinco pesos 94/100 moneda nacional); sin embargo, se le reintegró en conjunto con los dos cheques la diversa cantidad de $4,782.01 (cuatro mil setecientos ochenta y dos pesos 01/100 moneda nacional), es decir, le entregaron $106.07 (ciento seis pesos 07/100 moneda nacional) de más, pero dicha variante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la autoridad responsable, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la quejosa a fin de devolverla, así como los que efectúe la autoridad responsable para obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido al aludido agraviado en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Finalmente, ya que el promovente del amparo adjuntó a su demanda documental privada en original, consistente en el recibo de pago expedido por la institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Bancomer, glosado a los presente autos a foja trece, con sustento en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger la citada documental; apercibido que de no hacerlo, la misma podrá ser destruida junto con el expediente.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a sus autos la misiva de cuenta para los efectos legales correspondientes, mediante el cual el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación de dicha Secretaría y del Recaudador de Rentas, con residencia en esta ciudad, acompaña copia del acuse de recibo por el cual el quejoso Luis Carlos González Castillo, con fecha veinticuatro de octubre del año próximo pasado, recepcionó el cheque con número ***, valioso por la cantidad ahí referida, atento a la ejecutoria de amparo; aduciendo además, haber elaborado el diverso con número ***, fechado el quince de enero del año en curso, que por concepto de actualización de pago se expidió a favor del mismo; sin embargo, en relación a este último, refiere que debido a la falta de interés de la parte promovente del amparo en no recogerlo, es que solicita se le tenga dando cabal cumplimiento a la sentencia protectora del amparo. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, con el comunicado de mérito, dése vista a la parte quejosa, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en el referido informe y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación de dicha Secretaría, con residencia en esta ciudad, a través del cual en atención al cumplimiento del amparo, comunica que el licenciado ***, autorizado en términos amplios por la parte quejosa, presentó ante esa dependencia un escrito en el que exponía que su autorizante, le manifestó que al tener su domicilio fuera de esta ciudad y, el hecho de trasladarse para recoger el cheque correspondiente a la actualización de pago que se encuentra a su disposición, le generaría un menoscabo en su patrimonio; anexando para ello el ocurso de referencia; por ello, es que dicha autoridad solicita se tenga por cumplida la sentencia de amparo. Ahora bien, debe decirse a la oficiante que la sentencia emitida el nueve de junio de dos mil diecisiete, se concedió para el efecto de: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 23, fracción VIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los artículos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residente en esta ciudad, devuelva a la quejosa la cantidad de ********************, que pagó el veintisiete de abril de dos mil diecisiete, por concepto de derechos del giro de "DER. REV. PERM. DEPOSITO DE CERVEZA", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit" (foja 13, 14 y 49) . Cabe precisar, que dentro de la cantidad a devolver, no se encuentra el cobro de comisión bancaria de ******************** (********************) que se indicó en el formato de revalidación de permiso de alcoholes de forma anual (foja 14), documental que exhibió la quejosa a su demanda de amparo; toda vez que la accionante de garantías no reclamó la inconstitucionalidad de dicho concepto. . 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado . ." Por tanto, mediante atento oficio que al efecto se gire al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, dígasele que revisadas las constancias de autos, se aprecia que si bien por oficios DJC/2235/2017 y DJC/3461/2017, de treinta y uno de julio y veinte de octubre del año próximo pasado, suscritos por uno de sus delegados y por el Director General Jurídico de esa Secretaría, respectivamente, en el que con en el primero de ellos, hacía del conocimiento que se había generado el cheque número 2407, valioso por la cantidad de ******************** y, posteriormente, haberse generado uno diverso con número ***, por dicha suma para ese mismo efecto, cierto es también, que no obra constancia alguna en autos de que se haya hecho entrega de uno u otro de los mencionados documentos. Máxime que la parte quejosa tampoco ha manifestado haber recibido por parte de esa Secretaría la devolución de la retención del monto declarado inconstitucional. Asimismo, hágase del conocimiento de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, que el fin que se persigue en el presente caso es que se restituya el goce del derecho humano violado al disidente; por lo que en estricto acatamiento a los efectos de la sentencia de amparo, la responsable ejecutora Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, deberá restituir la cantidad erogada con motivo de los preceptos declarados inconstitucionales; esto es, se encuentra obligada a realizar las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. Máxime que, en ejecutoria de cuatro de septiembre de dos mil quince, dictada en los autos del recurso de inconformidad número 18/2015, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, determinó, entre otras cosas, que la autoridad recaudadora es la encargada de llevar a cabo la devolución del monto equivalente a la contribución fiscal reclamada en el juicio; por tanto, en atención a ésta, debe: a) Devolver a la parte quejosa la cantidad establecida en la sentencia amparadora; b) Poner a su disposición el numerario a entregar y c) Notificarle que ha quedado a su disposición la cantidad respectiva para que desde ese momento esté en aptitud de recibirla. Por tanto, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a los entes responsables de referencia, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, contados a partir de su notificación, dén cumplimiento total al fallo protector concedido en autos y acrediten haber realizado la entrega de los títulos nominativos que menciona, o en su caso, las constancias con las que compruebe que notificó lo anterior a la parte quejosa, ajustándose estrictamente a los efectos de la sentencia concesoria. Apercibidas que de no hacerlo con causa justificada, se les impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a ********************, acorde con los preceptos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor.

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