Luis Carlos Espinoza Vazquez

Expediente 861/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 23 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
861/2015
Año
2015
Actuaciones
23
Última actuación
07/09/2016

Partes del expediente

  • Luis Carlos Espinoza Vazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el oficio ******* signado por la Secretaria de Acuerdos adscrita al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual remite los autos originales del incidente de suspensión ******* y copia certificada de la resolución pronunciada por ese Tribunal Colegiado, en sesión de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, dentro del amparo en revisión penal (incidente) *******, hágase del conocimiento de las partes que dicho Tribunal Colegiado, resolvió: [.] ÚNICO. Se declara sin materia el recurso de revisión interpuesto por *******, contra la resolución interlocutoria de seis de enero de dos mil dieciséis, pronunciada por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo *******, de su índice. [.] Acúsese recibo de estilo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y agréguese el cuaderno de antecedentes. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que por proveído de doce de mayo del año en curso, causó ejecutoria en que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, por lo que, agréguese el incidente de suspensión al cuaderno principal. En otro contexto, luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto VIGÉSIMO, del invocado Acuerdo General 1/2009. Para lo cual manténgase ligado. Por último, en cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto VIGÉSIMO PRIMERO, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de depuración. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.*cnv

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Expedición de copias: Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por el licenciado ******* defensor del quejoso *******, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, como lo solicita, expídansele las copias certificadas que refiere, autorizando al profesionista que indica para recibirlas, previa firma que por su recibo quede asentada en autos para debida constancia. Informe al Tribunal Colegiado de Circuito: Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, toda vez que el veinte de mayo y doce de julio de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional hizo del conocimiento al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en Ciudad Juárez, Chihuahua, que en el presente juicio de amparo había causado ejecutoria la sentencia dictada en audiencia constitucional el doce de mayo del año en curso; la cual se encuentra vinculado con el incidente de suspensión que se encuentra en revisión bajo el toca *******, de su índice; lo cual se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Devolución de constancias: Por último, toda vez que es innecesario que obre dentro del presente juicio de amparo el toca *******, del índice de la Tercera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, hágase devolución del mismo, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.*cnv

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de mayo de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de diecinueve de abril del año en curso, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo, promovido por ***************. Por lo que, con fundamento en los artículos 2, 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Por último, hágase del conocimiento esta determinación al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en Ciudad Juárez, Chihuahua, toda vez que el incidente derivado del presente juicio de amparo, se encuentra en revisión bajo el toca 114/2016, de su índice; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.

  4. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE:Sentencia Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ***************, promovido por ***************. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veintiocho de diciembre de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, remitido a este juzgado por razón de turno, el mismo día, *************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en esta ciudad, de quien reclamó la sentencia de quince de diciembre de dos mil quince, dictada en toca penal ***************. SEGUNDO. Derechos constitucionales reclamados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite dado a la demanda de amparo. Mediante proveído de veintinueve de diciembre de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada como ***************; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; se emplazó a la parte tercero interesada; finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se trata de un acto en materia penal, que tiene ejecución en el territorio en el que este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados. Del análisis de la demanda, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el acto que se reclama lo constituye la sentencia de quince de diciembre de dos mil quince, dictada en toca penal ***************, por el Magistrado de la Tercera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en esta ciudad, en la que revocó la resolución de sobreseimiento de la causa penal ***************, del índice del Juzgado de Garantía del Distrito Judicial Bravos, que se instruye al quejoso por la comisión de delito de daños a título de imprudencia y otro. Para la fijación de los actos reclamados, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, del rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Magistrado de la Tercera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta localidad, al rendir informe justificado aceptó haber emitido la sentencia reclamada el quince de diciembre de dos mil quince, en el toca penal ***************. Para corroborar lo anterior, el juzgador responsable remitió fotocopia autorizada del toca penal ***************, del registro de audio y video de las audiencias de sobreseimiento y del acto reclamado, probanzas a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Inexistencia de causas de improcedencia y conceptos de violación. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegaron causas de improcedencia que deban ser analizada respecto del acto reclamado, ni este juzgador advierte que se actualice alguna; en consecuencia, se procederá al estudio los conceptos de violación esgrimidos, sin que sea necesaria su transcripción para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta; además, con ello no se le deja en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, de mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, materia común, del rubro y texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Examen constitucional del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son parcialmente fundados, pero inoperantes. En el único concepto de violación esgrimido, la parte quejosa sostiene que la resolución reclamada transgrede sus derechos humanos reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque: La responsable no consideró que conforme a los artículos 92, fracción IX, 105 párrafo primero, 108 fracción 1, 111 fracción 1, relacionadas con el artículo 114, párrafo primero, todos ellos a su vez con relación al artículo 73 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, la pretensión punitiva se encuentra extinta, pues del 23 de enero de 2012 (fecha en que se verificó la conducta) al 14 de octubre de 2015 (fecha en que se verificó la audiencia de formulación de imputación), transcurrieron en exceso los tres años a que hace alusión el número 111, fracción primera, invocado; no obstante, la responsable dictó su resolución, apoyándose en la interpretación de una tesis de jurisprudencia que resulta inaplicable, pues el contenido del artículo 137 del Código de Defensa social del Estado de Puebla no es de contenido similar al ordinal 114 de del Código Penal del Estado de Chihuahua. Deviene incuestionable que la tesis jurisprudencial 152/2005, del rubro acción penal. la consignación interrumpe su prescripción, se hace cargo de la interpretación del artículo 137 del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, cuyo numeral establece que la aprehensión del acusado destruye la prescripción que hubiere corrido a su favor, si después de aprehendido se fugare, en cuyo caso la prescripción comenzará a correr al día siguiente al en que la fuga se verifique; sin embargo, el artículo 114 del Código de Penal del Estado de Chihuahua prevé el supuesto de la interrupción de la prescripción de la pretensión punitiva, tanto en el supuesto de la aprehensión del imputado como en su comparecencia ante la autoridad judicial, mencionando de manera inequívoca que en ambos casos la prescripción de la pretensión punitiva se interrumpe si a virtud de la misma el imputado queda a disposición de la autoridad judicial.. El legislador en el Estado de Chihuahua tuvo una motivación y razones diferentes para establecer el momento en que se interrumpe el plazo de prescripción, y lo fija en el momento en el que el procesado queda a disposición de la autoridad judicial, situación completamente diversa a lo que se prevé en el artículo 137 del Código de Defensa Social del Estado de Puebla y que es motivo de interpretación por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, ya que esa disposición prevé una hipótesis diferente en el tratamiento de la interrupción del plazo de la prescripción; por ende, tal jurisprudencia no aplica a la legislación de Chihuahua, en razón de que la contradicción de tesis de mérito viene a suplir la omisión del legislador del estado de Puebla de pronunciarse respecto a la consignación como acto interruptor del plazo de prescripción, situación que no acontece con la legislación de nuestro Estado, puesto que se reitera, el legislador local determinó que la prescripción de la pretensión punitiva, se interrumpe con la aprehensión del imputado o su comparecencia ante la autoridad, siempre y cuando el imputado quede a disposición de la autoridad judicial, lo que en el caso concreto no resultó procedente, porque el quejoso no ha quedado a disposición de la autoridad judicial y, por tanto, nunca se actualizó el supuesto a que se refiere el artículo 114 del Código Penal estatal. Que si el hecho por el que se formuló la imputación data del veintitrés 23 de enero de 2012 y la formulación de imputación ante el órgano jurisdiccional se realizó por la representación social el 14 de octubre de 2015, transcurrió en exceso el termino de tres años a que se refiere el artículo 111 del Código Penal para el Estado, para que opere la figura jurídica de prescripción; por tanto, la ponderación realizada por la Responsable su resolución es violatoria de los derechos fundamentales, debido a que la pretensión punitiva se encuentra extinta. No es obstáculo que el Ministerio Público solicitó audiencia para la formulación de imputación el seis de diciembre de dos mil doce y se inició nuevamente a partir del veinticinco de abril de dos mil trece, fecha en la cual compareció el imputado y una vez que le fue formulada la imputación, se dictó en su favor auto de no vinculación a proceso por lo que hace al injusto de daños, porque conforme al numeral 114 del Código Penal del estado de Chihuahua, para que se interrumpa la prescripción resultaba necesario que el imputado quedara a disposición del tribunal del conocimiento; sin embargo, el hoy agraviado en ningún momento quedó quedado a disposición de la autoridad jurisdiccional, por haberse dictado en su favor auto de no vinculación a proceso, como admitió la propia responsable. Los reseñados conceptos de violación resultan fundados en una parte, pero inoperantes, ya que ningún fin restitutorio tendría conceder la protección constitucional impetrada, cuando el sentido de la sentencia reclamada debe prevalecer, aunque por causas diversas a las analizadas por la Sala responsable. Con el propósito de evidenciar el anterior aserto, es necesario transcribir los artículos 105, 106, 108, 111, 114 y 115 del Código Penal del Estado de Chihuahua, los cuales estatuyen: 105. Efectos y características de la prescripción La prescripción es personal y extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar las penas y las medidas de seguridad, y para ello bastará el transcurso del tiempo señalado por la ley. Los delitos de extorsión; desaparición forzada de personas; tráfico de influencias, previsto en el artículo 265; cohecho, en el supuesto que prevé el artículo 269, fracción II; peculado, en la hipótesis señalada en el artículo 270, fracción II; concusión, de acuerdo con el artículo 271, fracción II; homicidio calificado; tortura y, enriquecimiento ilícito, de acuerdo con el numeral 272; así como aquéllos previstos en los artículos 171, 172, 173, 174, 175, 178 y 184 de este Código, cometidos en contra de personas menores de edad o de las que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de resistirlo, son imprescriptibles. 106. Prescripción de oficio o a petición de parte La resolución en torno de la prescripción se dictará de oficio o a petición de parte. 108. Plazos para la prescripción de la pretensión punitiva Los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva serán continuos; en ellos se considerará el delito con sus modalidades y se contarán a partir de: I. El momento en que se consumó el delito, si es instantáneo; II. El momento en que cesó la consumación, si el delito es permanente; III. El día en que se realizó la última conducta, si el delito es continuado; IV. El momento en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si se trata de tentativa; y V. El día en que el Ministerio Público haya recibido el oficio correspondiente, en los casos en que se hubiere librado orden de reaprehensión o presentación, respecto del procesado que se haya sustraído de la acción de la justicia. 111. Prescripción según el tipo de pena La pretensión punitiva respecto de delitos que se investigan de oficio prescribirá: I. En un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad, incluidas las modalidades del delito cometido, pero en ningún caso será menor de tres años. Esta regla se aplicará cuando la pena privativa de la libertad esté señalada en forma conjunta o alterna con otra diversa. II. En un año, si el delito se sanciona con pena no privativa de la libertad. 114. Interrupción de la prescripción La prescripción de la pretensión punitiva se interrumpe con la aprehensión del imputado o su comparecencia ante la autoridad judicial, si en virtud de la misma queda a su disposición. El plazo de prescripción volverá a correr, a partir del día en que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, si se encuentra privado de libertad. Fuera de esta circunstancia, volverá a correr en un plazo igual al de la medida cautelar impuesta; si la misma no estuviera determinada en tiempo, será en un plazo de cuatro meses. Si no se hubiese decretado medida cautelar, el plazo volverá a correr a partir de su última comparecencia ante la autoridad que procesalmente lo tuviera a su disposición. 115. Suspensión de la prescripción El cómputo de la prescripción se suspenderá: I. Durante el trámite de extradición internacional o con entidades federativas o el distrito federal; II. Cuando se toma un criterio de oportunidad; por la suspensión del proceso a prueba; y por formas alternativas de justicia, cuando estas medidas no extingan la acción penal; III. Por la declaración formal de que el imputado se ha sustraído a la acción de la justicia. En este caso, el término de la suspensión no podrá exceder de un tiempo igual al de la prescripción de la acción; sobrevenido éste, continuará corriendo ese plazo; IV. Cuando la realización de la audiencia de debate se suspenda por causas atribuibles a la defensa, con el propósito de obstaculizar el normal desarrollo de aquella, según declaración que efectuará la autoridad judicial en resolución fundada. Desaparecida la causa de la suspensión, el plazo de la prescripción continuará su curso. De la misma manera, el artículo 278 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, establecen: 278. Efectos de la formulación de la imputación. La formulación de la imputación producirá los siguientes efectos: I. Suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal; II. El Ministerio Público perderá la facultad de archivar provisionalmente la investigación. En lo que es materia de análisis de este asunto, los preceptos transcritos permiten establecer las siguientes premisas jurídicas: La prescripción es personal y extingue la pretensión punitiva. Para que opere la prescripción basta el transcurso del tiempo señalado por la ley. La resolución que declare la prescripción procede de oficio o a petición de parte. Los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva serán continuos y se contarán a partir del momento en que se consumó el delito, si es instantáneo, entre otros supuestos. La prescripción de la pretensión punitiva en ningún caso será menor de tres años. La prescripción de la pretensión punitiva se interrumpe con la aprehensión del imputado o su comparecencia ante la autoridad judicial, si en virtud de la misma queda a su disposición. Cuando no se hubiese decretado medida cautelar, el plazo de prescripción volverá a correr a partir de la última comparecencia del imputado ante la autoridad que procesalmente lo tuviera a su disposición, entre otros supuestos. El cómputo de la prescripción se suspenderá, entre otras hipótesis, cuando se formule imputación en contra del individuo. Desaparecida la causa de la suspensión, el plazo de la prescripción continuará su curso. Expuesto lo anterior, por las peculiaridades del caso, es oportuno precisar, como un breve marco referencial, tanto de institución jurídica de la "Prescripción" de la acción penal, como de la "interrupción" del plazo prescriptivo. Conceptualmente la institución jurídica de la "prescripción", constituye la adquisición o pérdida de un derecho o una acción por el simple transcurso del tiempo en las condiciones previstas por la ley. En materia penal, el Alto Tribunal ha considerado que la "prescripción de la acción penal" supone una inactividad del Ministerio Público con relación al derecho de investigación o persecución del cual es titular, durante todo el tiempo que la ley señala como suficiente para su extinción. Esto es, representa la condición objetiva necesaria para que se ejerza el poder punitivo del Estado, obligatoria para éste e irrenunciable para el inculpado, relativa a la investigación de la comisión de hechos tildados de delictivos y persecución de los autores de los mismos. Esa figura jurídica se clasifica en prescripción tanto de la "acción penal" como de las "sanciones penales"; la primera, relativa a la facultad del Estado para ejercer la pretensión punitiva; y la segunda, concerniente a la potestad del Estado para ejecutar las penas y/o medidas de seguridad. La anterior afirmación encuentra sustento en la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, sexta época, Segunda Parte, Volumen XLV, materia penal, página 63, que establece: PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y DE LA PENA. Hay dos clases de prescripción: la de acción y la de pena. La acción penal como derecho de persecución que nace cuando se ha cometido un delito, prescribe por el transcurso del tiempo si no se ejercita por el Ministerio Público, reclamando del órgano jurisdiccional, la declaración del derecho en el acto que estima delictuoso y la determinación de la pena que debe aplicarse al delincuente. Consecuentemente, la prescripción de la acción supone una inactividad del Ministerio Público por todo el tiempo que la ley señala como suficiente para extinguirse por su no ejercicio o actuación de ese derecho de persecución. En cambio, la prescripción de la pena supone el incumplimiento de la sentencia y el quebrantamiento, en una pena privativa de la libertad, es cabalmente la fuga. El fundamento del instituto jurídico de la prescripción, radica no sólo en la autolimitación del Estado para ejercer su poder represivo, sino también en la seguridad que todos los hombres deben tener ante el propio Estado; pues el legislador consideró inadmisible que un gobernado permanezca indefinidamente en la incertidumbre de ser objeto de un proceso penal, hasta que lo estime procedente la autoridad encargada de la investigación y persecución de los delitos. De ahí que si dicha facultad no se ejerce en el tiempo legalmente determinado, ello implica la pérdida para el Estado de su derecho a sancionar una conducta antijurídica, deriva de la ineficacia de su acción persecutora; lo que se traduce en la extinción de la responsabilidad penal del inculpado derivada de la comisión del delito atribuido o de la correspondiente pena impuesta. A partir de las anteriores premisas, se colige que la acción penal, más que un beneficio para el inculpado o un derecho procedimental, es una sanción para la autoridad encargada de investigar y perseguir los delitos, ante su inactividad o deficiente actividad; se reitera, porque la potestad sancionadora del Estado no puede extralimitarse del tiempo prefijado que condiciona su validez. A mayor abundamiento, conviene señalar que el Estado es el representante de la sociedad organizada, por ende, le corresponde velar por el orden y paz sociales; de esta forma, igualmente le corresponde reprimir todo lo que vulnere dicho orden. Por tanto, cuando se comete un hecho delictuoso, surge para el Estado el derecho de perseguirlo y de reclamar la aplicación de la ley. De ahí que la acción penal sea el derecho que tiene el Estado y que ejerce a través del Ministerio Público, a fin de acudir ante el órgano jurisdiccional para que aplique la ley a un hecho que estima delictuoso. Luego, a fin de que el Ministerio Público pueda ejercer la acción penal, como órgano delegado del Estado, primeramente debe investigar el hecho, respecto del cual, eventualmente solicitará ante el órgano judicial la aplicación de la ley; dicha actividad la realiza mediante la búsqueda de datos que acrediten la existencia hechos constitutivos de delito y la posibilidad de que el quejoso participó en su realización, lo que culmina, en un primer momento, con la formulación de la imputación en presencia de la autoridad jurisdiccional. Por ende, resulta lógico que esta última actividad ministerial (formulación de imputación), sea susceptible de "interrumpir" el cómputo de la prescripción de la acción penal, cuando el imputado queda a disposición del Juez penal; o de suspender el cómputo de la prescripción, cuando no ocurre de esa manera, pues otro de los efectos de la formulación de la imputación es la suspensión del curso de la prescripción de la acción penal. El diccionario de la Real Academia de la Lengua, Edición del Tricentenario, define el vocablo interrumpir de la siguiente manera: [.] 1. tr. Cortar la continuidad de algo en el lugar o en el tiempo. 2. tr. Dicho de una persona: Atravesarse con su palabra mientras otra está hablando. [.] La misma fuente de consulta establece que la voz suspender, se define en los siguientes términos: [.] 1. tr. Levantar, colgar o detener algo en alto o en el aire. - 2. tr. Detener o diferir por algún tiempo una acción u obra. - 3. tr. embelesar. - 4. tr. Privar temporalmente a alguien del sueldo o empleo que tiene. [.] A partir de tales precisiones, se colige que en la fase de preparación del ejercicio de la acción penal, la prescripción se configura por no ejercerse la acción penal dentro del plazo establecido por la ley y, por tanto, lógicamente que el cómputo del mismo es susceptible de interrumpirse con la aprehensión del imputado o su comparecencia ante la autoridad judicial, siempre y cuando quede a disposición del Juzgador penal, lo que implica que el tiempo transcurrido antes de cualquiera de los dos eventos, desaparece para efectos de la prescripción. En cambio, el efecto de la suspensión del término de la prescripción cuando se formula imputación en contra del individuo, sólo implica que una vez que desaparezca la causa de la suspensión, el plazo de la prescripción continuará su curso, en el momento en que se quedó antes de que se formulara la imputación. En el caso que nos ocupa, la Sala responsable determinó que se interrumpió el plazo de la prescripción, cuando el agente del Ministerio Público solicitó al Juez que señalara fecha para formularle imputación al ahora quejoso, lo que ocurrió el seis de diciembre de dos mil doce y se inició de nueva cuenta a partir del veinticinco de abril de dos mil trece, pues en esa data compareció el imputado ante el Juez de la causa, sin que se le vinculara a proceso por el delito de daños y, a partir de esa consideración, la sala responsable determinó que a la fecha en que el Juez de primer grado resolvió la solicitud de sobreseimiento, aún no habían transcurrido los tres años. Tal conclusión resulta esencialmente correcta, porque con independencia de determinar si la tesis en que se apoyó la autoridad responsable era o no aplicable al caso sometido a su potestad, resultaría ocioso emprender ese análisis, cuenta habida que el ejercicio de la acción penal no se encontraba prescrito al catorce de octubre de dos mil quince, como concluyó la Sala Penal responsable, que es lo que realmente constituye el tema central de la impugnación. En efecto, como en esencia consideró la responsable, el ejercicio de la acción penal no se encontraba prescrito, porque de conformidad con el artículo 114 transcrito, la prescripción de la pretensión punitiva se interrumpe con la comparecencia del imputado ante la autoridad judicial, siempre que esa comparecencia tenga por efecto quedar "a su disposición", lo cual sucede cuando, verbigracia, se resuelve la situación jurídica del imputado, ya sea para vincularlo a proceso o bien, para dictarle auto de no vinculación -como aconteció en la especie-. Así se sostiene, cuenta habida que del precepto de marras, en el aspecto que se analiza, se advierte no basta que la persona a la que se pretende vincular a proceso sea presentada ante la autoridad judicial para interrumpir la prescripción, pues la sola comparecencia no es apta para ese efecto procesal, verbigracia, aquella que se realiza en calidad de testigo o perito; antes bien, para que se interrumpa la prescripción, el indiciado debe quedar a disposición del Juez para que se logre tal interrupción. De esta manera, es necesario definir los alcances de la frase "quedar a disposición", para evidenciar que la comparecencia del quejoso ante el Juez penal, para la celebración de la audiencia de formulación de imputación, que culminó con un auto de no vinculación a proceso -por el delito de daños- es apta para interrumpir la prescripción alegada. En principio, la interpretación gramatical de la palabra comparecer implica el presentarse ante un órgano público, especialmente ante un juez o tribunal, como puede ser con el carácter de testigo, perito, agente policiaco, apoderado, incluso las partes procesales llegan a comparecer al Juzgador. La nota distintiva del aludido precepto se presenta, como se afirmó, cuando derivado de esa comparecencia, la persona queda a disposición del Juez; al respecto, la frase "quedar a disposición", implica que una persona o cosa, se coloque bajo la potestad de una autoridad -judicial o administrativa- para que resuelva su destino o situación jurídica. Al respecto, el verbo disponer implica, gramaticalmente, colocar, poner algo en orden y situación conveniente y, desde un aspecto jurídico, supone el ejercicio de una facultad legalmente otorgada, a una persona o autoridad. Así, cuando el ahora quejoso compareció ante el Juez de Garantía para que se resolviera su situación jurídica, jurídicamente quedó a disposición de esa autoridad, con independencia del sentido de la resolución que al efecto se le dictara. En efecto, de conformidad con los artículos 276, 277 y 278 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, cuando el Ministerio Público deseare formular imputación a una persona que no se encuentra detenida, debe solicitar al Juez la celebración de una audiencia -de formulación de imputación-, a la que se deber citar al indiciado, bajo apercibimiento de que, en caso de no comparecer, se ordenará su aprehensión. En la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, ofrecerá la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención que se le atribuye al imputado en el mismo, así como el nombre de su acusador. Una vez que fue formulada la imputación y, en su caso, rendida la declaración del imputado o manifestado su deseo de no declarar, el Juez abrirá debate sobre las demás peticiones que los intervinientes plantearen; enseguida, se señalará fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso (salvo que el imputado haya renunciado al plazo previsto en el artículo 19 de la Constitución Federal). En la audiencia respectiva, el Juez decretará la vinculación del imputado a proceso siempre que se reúnan los requisitos que establece el artículo 280 del citado ordenamiento procesal, a saber: I) que se haya formulado la imputación; II) que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar; III) de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, IV) no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, así como el señalamiento de el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de tales hechos. En caso de que no se reúna alguno de tales requisitos, el Juez negará la vinculación del imputado a proceso y, en su caso, revocará las medidas cautelares personales y reales que hubiese decretado, lo que no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y posteriormente formule de nueva cuenta la imputación. Esta breve reseña de las características tanto de la audiencia de formulación a proceso, como de la diversa de vinculación a proceso, revelan que la comparecencia ante el Juez en esa etapa, implican un sometimiento del imputado, para que la autoridad jurisdiccional determine su situación jurídica frente a los hechos que le son atribuidos, lo que jurídicamente implica quedar a su disposición, a lo que resuelva, a partir de lo sucedido en las audiencias indicadas. Por tanto, adversamente a lo que sostiene el quejoso, la resolución de no vinculación a proceso, sólo tiene por efecto que el quejoso no sea sometido a un proceso penal; sin embargo, tal evento no implica que no haya quedado a disposición de la autoridad jurisdiccional, porque para resolver su situación jurídica -frente al procedimiento- era necesario que el imputado quedara a disposición de la autoridad jurisdiccional, tan es así, que para emitir tal resolución es necesaria su comparecencia, so pena de librarle orden de aprehensión, y con motivo de tal incorporación formal al proceso penal, quedó jurídicamente sometido a la decisión del Juez de Garantía. En tal tesitura, contra lo que afirma la parte quejosa, su comparecencia a la audiencia en que se decretó la no vinculación a proceso, constituye una actuación jurídicamente apta para interrumpir el plazo de prescripción del ejercicio de la acción penal. En contraste, la solicitud de la audiencia formulación de imputación sólo implica una suspensión en el curso de la prescripción de la acción penal, pero no la interrupción -como incorrectamente lo indicó la Sala responsable-; tal como sucede con la propia audiencia formulación de imputación, dado que así lo establece expresamente el artículo 278, fracción I, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua; sin embargo, la imprecisión jurídica de la Sala responsable se torna irrelevante, porque con independencia de la fecha en que aquélla suspensión ocurrió, el ejercicio de la acción penal no se encontraba prescrito, porque la actuación que interrumpió la aludida prescripción fue aquella en que se dictó el auto de no vinculación a proceso, esto es, el veinticinco de abril de dos mil trece. A partir de esas bases, si se considera que la audiencia en que se resolvió la situación jurídica del quejoso y el Juez de Garantía determinó la no vinculación a proceso, se celebró el veinticinco de abril de dos mil trece -como se indicó en las resoluciones de primera y segunda instancias-, resulta evidente que el plazo prescriptivo establecido en el artículos 111, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, inició nuevamente al día siguiente de aquélla data y fenecerá el veinticinco de abril de dos mil dieciséis. Por tanto, al catorce de octubre de dos mil quince, en que el Juez de Garantía dictó la resolución de sobreseimiento total (por prescripción), no había prescrito el ejercicio de la acción penal; de ahí que resulte correcta la conclusión a que arribó la Sala responsable, aunque con las precisiones destacadas en este fallo. Sobre la base de las anteriores consideraciones, aun cuando resulta esencialmente fundado lo alegado en torno a que la jurisprudencia que citó la responsable es inaplicable en el presente caso, porque -a diferencia del Estado de Puebla- en la legislación estatal de Chihuahua el ejercicio de la acción penal suspende el término de la prescripción, mas no la interrumpe, lo que implica que el criterio que invocó no resulte aplicable al asunto sometido a su potestad; sin embargo, ningún fin práctico reportaría al quejoso que la responsable corrigiera la incorrecta fundamentación y motivación del acto reclamado, pues a partir de las bases legales analizadas, técnicamente no podría emitirse una resolución que concluyera favorablemente a los intereses del promovente del amparo, pues se itera, el ejercicio de la acción penal, en el presente caso, no se encuentra prescrito, de ahí que lo alegado se torna inoperante. Apoya el sentido de esta calificativa, la jurisprudencia I.3o.C. J/32, aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XX, de Julio de 2004, materia común, página 1396, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO INOPERANTES. DEBEN DECLARARSE ASÍ, CUANDO EXISTA SEGURIDAD ABSOLUTA EN CUANTO A LA IRRELEVANCIA DE LA OMISIÓN EN QUE INCURRIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y NO SEA NECESARIO SUSTITUIRSE EN SU ARBITRIO PARA DEFINIR CUESTIONES DE FONDO. Conforme a la jurisprudencia de la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.", cuando en un juicio de amparo se considere fundado un concepto de violación por razones de incongruencia por omisión, pero a la vez se advierta que tal cuestión no es apta para resolver el asunto en forma favorable a los intereses del quejoso, el concepto aducido, aun cuando sea fundado, debe declararse inoperante, por razones de economía procesal, atendiendo a que a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que se analizara una cuestión innecesaria, dado que el sentido del fondo del asunto seguiría siendo el mismo, en detrimento del principio de economía procesal y la pronta administración de justicia que establece el artículo 17 constitucional. Sobre esas bases, el tribunal de amparo debe pronunciarse respecto de los puntos que no fueron abordados por la autoridad de la instancia, porque de concederse la protección federal para que se subsanen no cambiaría el sentido del acto reclamado. Por tanto, es improcedente esa declaración de inoperancia cuando no existe la seguridad absoluta de la irrelevancia de la omisión en que haya incurrido la autoridad común al ser necesario el ejercicio de su arbitrio jurisdiccional para dilucidar aspectos de fondo, ya sea en valoración de pruebas, apreciación de hechos, interpretación y aplicación de normas o de contratos, porque en estos supuestos invariablemente corresponde a la autoridad ocuparse del análisis de las cuestiones omitidas, pues de lo contrario, la potestad de amparo podría dejar inaudita a una de las partes; de ahí que la determinación de que un concepto de violación es fundado pero inoperante, únicamente es adecuada ante una clara y evidente solución del asunto, pero no cuando se requiere de mayores reflexiones en ejercicio del aludido arbitrio jurisdiccional. Asimismo, es infundado lo alegado en torno a que la acción se encontraba prescrita porque entre el veintitrés de enero de dos mil doce (fecha en que se verificó la conducta) al catorce de octubre de dos mil quince (fecha en que se decretó el sobreseimiento), hayan transcurrido más de los tres años a que hace alusión el artículo 111, fracción I, del Código Penal; porque, como ya se destacó, el ese plazo prescriptivo se interrumpió el veinticinco de abril de dos mil trece e inició nuevamente su cómputo de tres años a partir del veintiséis de abril de dos mil trece; por ende, ya no podía tomarse como punto de partida para realizar el plazo de que se trata, a partir de la fecha en que se cometió el delito, como erróneamente lo indica el quejoso. En las relacionadas condiciones, ante lo parcialmente fundado de los conceptos de violación, pero inoperantes, se impone negar el amparo solicitado, sin que se advierta queja deficiente que suplir a favor de la parte quejosa, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *************** contra el acto del Magistrado de la Tercera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************, hoy, diecinueve de abril de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

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