Luis Carlos Corona Marquez y Otros.
Expediente 516/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 516/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 27/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Luis Carlos Corona Marquez y Otros.
- Luis Carlos Corona Marquez
- José María Corona Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el primer párrafo de la fracción III del invocado punto VIGÉSIMO PRIMERO, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de destrucción junto con el expediente, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******************, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil dieciocho, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada *****************, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte tercero interesada de la sentencia de treinta de noviembre de dos mil dieciocho que a la letra dice: SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 516/2018-III, promovido por ********************, contra actos del Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos y otras autoridades. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, turnado a este órgano jurisdiccional ese mismo día, ********************* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que a continuación se indican: III. - AUTORIDADES RESPONSABLES: A.- COMO AUTORIDADES ORDENADORAS.- C. Juez Segundo de lo Civil por Audiencias Distrito Bravos, *** B.- COMO AUTORIDADES EJECUTORAS.- Actuario y/o Oficial Notificador y/o Ministro Ejecutor perteneciente a la Oficina de Actuarios y Ministros Ejecutores del Poder del Estado de Chihuahua, en este Distrito Bravos **** IV. - ACTOS RECLAMADOS: Bajo protesta de decir verdad manifiesto: A.- De la autoridad ordenadora, reclamo: 1. Todos los autos y/o decretos y/o acuerdos y/o resoluciones y/u órdenes de confiscación y/o la sentencia y/o sentencias definitivas dictadas dentro del expediente 1428/2017 relativo a un juicio civil de naturaleza desconocida, promovido por el Tercero Perjudicado representado por **********************, así también la orden de ejecutar dichos actos procesales para materializarse sobre un bien inmueble que lo constituye un terreno de una superficie de 9,654 metros cuadrados y/o 0-93-15 hectáreas, seccionado a la fecha para uso particular en diversas superficies y subdivisiones integrado por diversas fincas y/o edificaciones en el construidas de diversas superficies, de las cuales dos partes del mismo se encuentran arrendadas por el suscrito quejoso ****************** asimismo como poseedor de dicho bien inmueble respectivamente al Sr. ********* representante legal de ************************ Lo antes señalado en mi calidad de poseedor de la totalidad de dicho bien e hijo de *****************, este último a su vez, heredero reconocido y albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de mis difuntos abuelos ***************** Y **************** de los cuales forma parte el acervo hereditario el bien inmueble de referencia; asimismo, dicho terreno que está ubicado, identificado y señalado en diversas documentales públicas con el número 2783 de la calle ************************** y, que a su vez se encuentra registrado bajo el NÚMERO 118, A FOLIO 10 DEL LIBRO 135, SECCIÓN PRIMERA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DISTRITO BRAVOS, en esta ciudad. Este multicitado bien inmueble que buscan sin el debido proceso desposeerme; y, a mi representado padre *********** despojarlo y/o confiscarle y/o desposeerlo de dicho bien inmueble incluyendo también el eventual embargo del mismo y que se deriva de un juicio en el que no fuimos, ni somos parte, ni resulta alguna obligación a nuestro cargo. 2.- El que, sin el debido proceso se haya llevado un juicio donde se omitió el haber sido llamado a juicio al suscrito quejoso ****************** tercero extraño a juicio por equiparación, poseedor del bien inmueble antes señalado en su totalidad; y así tampoco a mi representado padre ******************* Tercero extraño a juicio en estricto sentido, heredero reconocido y albacea de la sucesión a bienes de mis difuntos abuelos ****************** Y ****************** de los cuales forma parte el acervo hereditario el bien inmueble de referencia; lo antes mencionado, sin el conocimiento de ningún de los quejosos, pues no hubo emplazamiento ninguno al juicio señalado y, por ende no se estuvo en aptitud de apersonarse a juicio a defender el respectivo interés jurídico conforme a derecho, habiendo quedado indefensos y sin ser oídos en juicio, vulnerándose nuestra garantía de audiencia. B. De la autoridad ejecutora, Actuario y/o Oficial Notificador y/o Ministro Ejecutor respectivo, perteneciente a la Central de Actuarios y ministros Notificadores y Ejecutores del Poder Judicial del Estado de Chihuahua en esta ciudad, se le reclama el que, sin el debido proceso haya omitido llamarnos a juicio, pues no se hubo emplazado a ninguno de los quejosos, por lo que sin nuestro conocimiento, desconociendo la existencia del juicio señalado, se estuvo inapto para apersonarme a juicio a defender el respectivo interés jurídico, conforme a Derecho. Así también se reclama la pretendida desposesión, confiscación y/o despojo que eventual y respectivamente se realice en nuestro perjuicio sobre el inmueble mencionado, incluyendo también el eventual embargo del mismo, y que se deriva de un juicio en el que no fuimos, ni somos parte, ni resulta alguna obligación a nuestro cargo. Mediante escrito presentado ante este juzgado el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, *****************, amplió su demanda de amparo; sin embargo, mediante proveído de veintiuno de septiembre de este año, se le tuvo ampliándola solo en contra de la autoridad responsable Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos y de los actos que le atribuye consistentes en la ejecución de todos los actos que reclama de la autoridad ordenadora, en especial, la inminente desposesión y/o determinación de ejecutar la imposición del gravamen decretado sobre su derecho, posesiones y/o patrimonio con la servidumbre de paso decretada en el juicio; asimismo, se le tuvo ampliando los conceptos de violación en contra de los actos que reclama a las autoridades responsables que señaló en el escrito inicial de demanda. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó violadas. La parte quejosa considera que con la emisión de los actos reclamados se violaron en su perjuicio los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El veinte de agosto de dos mil dieciocho, se radicó la demanda como amparo indirecto 516/2018-III y se previno a la parte quejosa, desahogada la prevención, en proveído de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo, solo por lo que hace al quejoso ********************, se solicitó a las responsables su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional; asimismo, como se amplió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, Constitucionales, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de actos que son susceptibles de ejecutarse por autoridades que tienen su sede dentro del territorio en el que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizado en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: Del Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos: La falta de emplazamiento y todo lo actuado en el juicio oral ordinario 1428/2017, de su índice, promovido por *********************, en su carácter de apoderado general de *************************, en contra de *****************, incluyendo la sentencia definitiva en la que se declaró la constitución de una servidumbre de paso sobre el inmueble del cual refiere es poseedor, con una superficie de ******* hectáreas, ubicado en la *****************************, identificado con el número de inscripción ********************, de sección Primera, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Juárez, Chihuahua, incluyendo la sentencia definitiva. La orden de entrega de posesión de una parte del referido inmueble. De los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos: la falta de emplazamiento a juicio y la ejecución de todos los actos que reclama de la autoridad ordenadora, entre ellos, la entrega de la posesión de una parte del referido inmueble. De la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos: la ejecución de los actos que reclama de la autoridad ordenadora, entre ellos, la entrega de la posesión de una parte del referido inmueble. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes y de los cuales se procederá a su examen. Se cita, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, de Abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente a Abril de 2004, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Encargado de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, negó la existencia de los actos que se le atribuyeron, consistentes en la ejecución de los actos que se reclaman de la autoridad ordenadora, entre ellos, la entrega de la posesión de una parte del inmueble del cual refiere el quejoso es poseedor, con una superficie de 0-93-15 hectáreas, ubicado en la ************************************, identificado con el número de inscripción *****************************, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Juárez, Chihuahua. Al no existir dentro de los autos prueba que desvirtúe tal negativa, se impone sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: ***** IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad jurídica, la jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto estatuyen: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, el Juez Segundo Civil por Audiencias y los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, ambos del Distrito Judicial Bravos (en su denominación correcta), aceptaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, lo que se encuentra corroborado con las copias certificadas del juicio oral ordinario 1428/2017, del índice del Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, documentales a las que se les reconoce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones y de cuyo contenido se advierte la existencia de los actos que les fueron atribuidos en la demanda de amparo; de ahí que debe tenerse por cierta la existencia de los actos que les fueron reclamados a cada una de las referidas autoridades. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Quinta Época, Tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito advierte la actualización de una causa de improcedencia que debe ser analizada oficiosamente, ya que la procedencia del juicio de amparo es de orden público y su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre. En el caso, de oficio, se advierte que contra los actos reclamados consistentes en la falta de emplazamiento y todo lo actuado en el juicio oral ordinario 1428/2017, del índice del Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, promovido por *****************, en su carácter de apoderado general de ************************************, incluyendo la sentencia definitiva en la que se declaró la constitución de una servidumbre de paso sobre el inmueble del cual refiere el quejoso es poseedor, con una superficie de 0-93-15 hectáreas, ubicado en la ****************************, identificado con el número de inscripción 118, folio 105, libro 135, de sección Primera, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Juárez, Chihuahua, incluyendo la sentencia definitiva, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: ***** 61. El juicio de amparo es improcedente: ***** XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ***** En relación con el precepto invocado conviene señalar, también, lo que dispone el artículo 5°, fracción I, del mismo ordenamiento legal: ***** 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley. **** Del análisis de los preceptos transcritos tenemos que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva con el fin de restituirlo en el pleno goce de los mismos; sin embargo, cuando se reclama un acto proveniente de tribunales judiciales, el agraviado debe justificar que es titular de un derecho subjetivo que se ve afectado de manera personal y directa con el acto del que se duele. De ahí que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, para que sea procedente el juicio de amparo no basta que el quejoso funde sus pretensiones en un simple interés, sino se requiere que acredite la titularidad de un derecho subjetivo que se vea afectado con el acto que en la vía constitucional reclama, esto es, requiere que demuestre la afectación a su interés jurídico, lo cual debe comprobarse de manera fehaciente y no inferirse solamente con base en presunciones. Para sostener lo anterior, es necesario mencionar que el presupuesto jurídico que contiene el primero de los preceptos invocados -interés jurídico-, representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio, toda vez que si los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que tengan diverso carácter, entonces, no tendrá legitimación para instaurarlo; en consecuencia, cuando se acude en demanda de amparo debe acreditarse en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resultará improcedente. Así, es válido afirmar que el gobernado tendrá interés jurídico para acudir al juicio constitucional a combatir un acto de autoridad, en la medida que aquél sea titular de un derecho subjetivo que se vea afectado con la actuación del poder público; actuación que podría ocurrir de dos formas, a saber: I. Si se afecta en abstracto la esfera jurídica del demandante, porque se le imponga una obligación que antes no se tenía, o II. Si se afecta un derecho subjetivo en particular, ya sea eliminándolo o restringiéndolo. La causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando el acto de autoridad que se combate en el juicio de amparo no incide en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le imponga obligación o porque no se tenga un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto y, en todo caso, porque no queda demostrada de manera fehaciente tal afectación, ya que hay actos de autoridad de carácter general, abstracto e impersonal que crean hipótesis o supuestos jurídicos en los que puede o no adecuarse una conducta específica o determinada situación ya sea de hecho o de derecho. Resulta aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 168/2007 de la Novena Época, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, del siguiente tenor: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Luego, para que se pueda determinar que el acto o la ley reclamados causan un perjuicio o afectación en la esfera de derechos de los gobernados, deben afectar real y efectivamente sus bienes jurídicamente tutelados. Por otra parte, un acto de autoridad causa perjuicio a una persona física o moral cuando lesiona directamente sus intereses jurídicos, ya sea en su persona o patrimonio y es solo hasta ese momento, que nace la facultad de reclamar la violación a sus derechos constitucionales en el juicio de amparo, en la inteligencia que tal menoscabo debe probarse fehacientemente. De ese modo, el presupuesto que permite a las personas combatir actos u omisiones provenientes de tribunales judiciales, que estimen lesivos a los derechos humanos, será el que sean titulares de un derecho subjetivo y que, además, se afecte de manera personal y directa. Por tanto, es plausible estimar que el interés jurídico es el derecho subjetivo derivado de alguna norma en particular o sustentado en alguna figura jurídica, que concreta en forma individual y otorga a su titular la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Sobre el particular es aplicable, por las razones que la informan, la tesis IV.3o.A.6 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página 2606, en el Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido: INTERÉS JURÍDICO. SOBRE LA BASE CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL, SE TIENE PARA EXIGIR EL RESPETO Y CUMPLIMIENTO DE TODO DERECHO HUMANO FRENTE A UN ACTO DE AUTORIDAD. El concepto de interés jurídico ha sido desarrollado a través de la jurisprudencia; ha sido estático, no dinámico, aunque con ciertas precisiones, pero en lo esencial, sigue la línea de identificación con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derivado de la norma objetiva que se concreta en forma individual y otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Sin embargo, es necesario reconstruir dicho concepto para que, en la medida de lo permisible, pueda ser útil y eficaz para salvaguardar los derechos humanos y garantizar la vigencia de una Constitución Normativa que instituye a éstos como pilares en el Estado constitucional democrático de derecho; por ello, no puede afirmarse que un derecho esté tutelado o protegido sin establecer prerrogativa a favor de un sujeto o medio para garantizarlo de manera efectiva. De este modo, desde la perspectiva constitucional, si el interés jurídico tiene su origen en la norma jurídica que otorga al particular la facultad de exigencia y las normas constitucionales e internacionales que reconocen derechos humanos son eminentemente jurídicas, entonces, sobre la base constitucional e internacional (tratados sobre derechos humanos), se tiene un interés jurídico o facultad para exigir el respeto y cumplimiento de todo derecho humano frente a un acto de autoridad. En otras palabras, se está frente a la invocación de un derecho humano que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas. Sentadas las anteriores premisas, se concluye que en el presente juicio de amparo, los actos reclamados consistentes en la falta de emplazamiento al juicio oral ordinario 1428/2017 del índice del Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, promovido ******************, en su carácter de apoderado general de ****************************, en contra de **************, incluyendo la sentencia definitiva en la que se declaró la constitución de una servidumbre de paso sobre el inmueble del cual refiere el quejoso es poseedor, no lesionan el interés jurídico del quejoso *************, en razón de que no es parte demandada en el juicio de origen, motivo por el que el juez responsable no estaba obligado a emplazarlo al juicio. En esas condiciones, si las actuaciones que se combaten se pronunciaron en contra de personas distintas al aquí quejoso, es incuestionable que ésta no tiene un derecho legítimamente tutelado que le faculte a acudir en demanda de amparo. Cabe reiterar que existe interés jurídico, cuando una norma jurídica específica (constitucional o legal) confiere un derecho determinado a un individuo, quien además por esa misma norma tiene la protección frente a cualquier persona o autoridad del derecho conferido; así, para efectos del juicio de amparo, el acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica del gobernado; de ahí que, debe estar plenamente acreditado dicho presupuesto procesal y no inferirse con base en presunciones, tal y como lo establece la Jurisprudencia 2a./J. 16/94 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 17, Tomo 82, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a Octubre de 1994, Materia Común, del siguiente contenido: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. En ese contexto, al hacerse patente la causa de improcedencia analizada en el presente apartado, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados consistentes en la falta de emplazamiento al juicio natural y todo lo actuado en el juicio oral ordinario 1428/2017 del índice del juez responsable. Ahora, por lo que respecta al acto consistente en la orden de desposesión de una parte del bien inmueble del cual refiere el quejoso es poseedor, con una superficie de ******* hectáreas, ubicado en la calle *******************************, identificado con el número de inscripción ****************, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Juárez, Chihuahua, al haberse declarado la constitución de una servidumbre de paso, también se actualiza la referida causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ello, porque como ya se dijo la afectación al interés jurídico como condición para la procedencia del amparo tiene como sustento la titularidad de un derecho que puede ser de carácter subjetivo, o bien de carácter objetivo o erga omnes. Así, este último lo tiene cualquier eventual afectado que resienta un daño concreto por su situación frente al orden jurídico, cuando se vea afectado por el hecho de que las autoridades no se conduzcan dentro del margen de la ley, y pueda ser remediado a través de una medida individualizada por parte de las autoridades. Cabe señalar que esta hipótesis debe distinguirse claramente de aquella situación en que simplemente se aduzca la pérdida del beneficio o ventaja, ya sea fáctica o material, y no derive de una actuación irregular de la autoridad, pues tal supuesto equivale a un interés simple, que no faculta al particular para exigir una determinada prestación, de manera que no es susceptible de tutela judicial. Por ende, la comprobación del referido interés tiene que vincularse directamente con el bien jurídico que se aduce afectado, esto es, con el carácter con que acude el quejoso al juicio, por lo que debe acreditar fehacientemente ser el titular del derecho que se estima vulnerado, ya que de no ser de esa forma la acción constitucional resulta improcedente. En el caso, el peticionario de amparo formuló la demanda de amparo ostentándose como persona tercera extraña -natural- al proceso del que derivan los actos reclamados y, con tal carácter, reclamó, sustancialmente, la orden dictada por el Juez responsable de entregar la posesión de una parte del bien inmueble del cual refiere es poseedor, con una superficie de ****** hectáreas, ubicado en la calle **********************************, identificado con el número de inscripción 118, folio 105, libro 135, de sección Primera, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Juárez, Chihuahua, al haberse declarado la constitución de una servidumbre de paso sobre él. Para acreditar que goza de un derecho protegido constitucionalmente, la parte quejosa ofreció, los siguientes documentos: 1. Credencial para votar en la que aparece su nombre y fotografía, así como diverso domicilio al que dice posee y se le pretende desposeer. 2. Copia certificada del acta de nacimiento del quejoso, con la que se acreditan los datos ahí plasmados. 3. Copia certificada del acta de defunción de José Ma. Corona Bernal, con la que se acreditan los datos que de ahí se desprenden. 4. Certificado de ingresos A715909 expedido por la Tesorería del Municipio de Juárez, de diecinueve de febrero de dos mil diez, a nombre de ******************* relativo al pago del impuesto predial del domicilio sin número 3285 00 Reforma, que en modo alguno tiene relación con el quejoso ******************** ni con el inmueble materia de este amparo. 5. Copia simple del escrito dirigido al Juzgado Segundo de lo Civil Por Audiencias del Distrito Bravos signado por ****************, en su carácter de apoderado general de ************************, en el que aclara el domicilio correcto de la parte demandada en ese juicio de nombre *******************, el cual al ser copia simple carece de valor probatorio pleno; sin embargo, aun tomándolo en cuenta con él no se acredita interés legal alguno de la parte quejosa, ya que incluso se advierte que el juicio del que derivan los actos cuya suspensión solicita se sigue en contra de diversa persona. 6. Copia simple de los escritos de veinticinco de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro y dieciséis de octubre de mil novecientos ochenta y cinco, suscrito por *************, en el que se ostenta como heredero y como albacea de la sucesión a bienes de **************** Y ***************, dirigido al Juez Tercero de lo Civil dentro del expediente 1284/83, que carecen de valor probatorio al ser copias simples, y que aun tomándolos en cuenta con ellos no se acredita interés legal alguno de la parte quejosa. 7. Copia simple de plano catastral realizado por el ingeniero *****************, el cual carece de valor probatorio por ser copia simple. 8. Declaración para el pago del impuesto sobre nóminas a nombre del aquí quejoso ****************, de abril de dos mil siete, en el que se precisa como domicilio fiscal del contribuyente el ubicado en "***************************", documental que además de no ser de fecha actual, no resulta idónea para acreditar ni siquiera de manera indiciaria la posesión del bien inmueble materia de este juicio de amparo, sino solo el carácter de contribuyente del quejoso. 9. Propuestas de Cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones a nombre del quejoso, expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de las que únicamente se advierte que tenía el carácter de patrón en los periodos "***********************", aun cuando se haga referencia al domicilio del inmueble del que dice se le pretende desposeer, no resulta idóneo para acreditar la calidad de su posesión sobre el bien ya referido. 10. Acta de notificación realizada el uno de noviembre de dos mil nueve, al quejoso, por el notificador adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social y en el domicilio "*************", con la que solo se acredita la realización de esa diligencia y en la fecha que ahí se indica, por lo que no es idónea para acreditar la posesión del quejoso. 11. Copia simple del Contrato de Servicios expedido por la Comisión Federal de Electricidad, sin fecha, a nombre del quejoso en su calidad de proveedor con domicilio en "**********************************", que carece de valor probatorio al ser copia simple y del cual no se advierte la calidad de poseedor del bien materia del presente incidente. 12. Copia simple del contrato de compraventa de catorce de julio de mil novecientos ochenta y cuatro, celebrado entre *************** Y ***************** respecto de un terreno de Labor ubicado en el Partido Iglesias con una superficie de 0-93-15 hectáreas, el cual al ser copia simple carece de valor probatorio, aunado a que no es idóneo para acreditar la calidad de poseedor del hoy quejoso sobre el inmueble materia de este incidente, sino que en su caso se acreditaría la propiedad del bien inmueble materia de este amparo, pero a favor de otra persona. 13. Copias simples de la demanda civil signada por el ahora quejoso en contra de ****************** representante de la empresa International *************************; del contrato de arrendamiento signado por ********************* e ***************************; y del acuerdo de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, emitido en el expediente 527/18 del índice del Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, donde se admite la demanda presentada por el quejoso en contra de la empresa mencionada, las cuales carecen de valor probatorio por ser copias simples, sin que además resulten idóneas para demostrar la causa generadora de su posesión y, por ende, el interés jurídico que dice tener a fin de que se le otorgue la protección de la justicia de la unión. Por las particularidades del caso, tales documentales no confieren al ahora quejoso el interés jurídico necesario para defender su posesión en esta instancia constitucional. En principio, debe traerse a colación que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional ostentándose como tercero extraño en sentido estricto al no haber sido señalado como parte formal en el juicio natural, manifestando, bajo protesta de decir verdad, que tiene la posesión del inmueble ya precisado. Bajo esas premisas, del examen de los presentes autos se advierte que la parte quejosa no allegó al juicio prueba idónea para comprobar su derecho de posesión sobre el predio materia de desposesión por la constitución de una servidumbre de paso. Así se sostiene, pues se reitera que los documentos que aportó al juicio, no son aptos para acreditar la causa generadora de su posesión del inmueble de referencia, esto es, la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 1/2002, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XV, de Febrero de 2002, materia civil, página 5, del siguiente tenor: POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo cuerpo normativo, se impone sobreseer en el presente juicio. Atento el sentido que rige el presente fallo, existe un impedimento legal para abordar el estudio del fondo de la cuestión planteada por el solicitante del amparo. Es aplicable a esta consideración, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo 70, de octubre de 1993, página 57, que estatuye: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Sobreseimiento que se hace extensivo a la autoridad ejecutora Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, toda vez que los actos que les fueron atribuidos, no se combatieron por vicios propios, sino que su constitucionalidad se hizo depender del acto reclamado a la ordenadora. Al respecto se invoca, la jurisprudencia 516, emitida por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 339, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75 y 78 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 516/2018-III, promovido por **************************. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado ***********************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********************, hoy treinta de noviembre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, se desprende que el informe justificado rendido por el Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, no fue rendido con la anticipación a que alude el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para su desahogo, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe en mención y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen pertinentes para desvirtuarlo. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el informe justificado signado por el Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe y documental anexa, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por licencia del titular, autorizada por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con los artículos 229, 230, 231 y 241 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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