Luis Benitez Villarreal y Otros.

Expediente 422/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 1 actuación registrada, la última del 2 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
422/2017
Año
2017
Actuaciones
1
Última actuación
02/05/2017

Partes del expediente

  • Luis Benitez Villarreal y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, dos de mayo de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta, se advierte que el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, remitió los autos del juicio de amparo *******, promovido por ***************, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, pues mediante auto de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, decretó de oficio la separación de juicio, toda vez que determinó que dicho órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad de las hipótesis normativas relativas a la Ley de impuesto Especial sobre Producción y Servicios; siendo este Juzgado al que le correspondió dicha demanda, por razón de turno. Consecuentemente, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado, la cual quedó registrada bajo el consecutivo *******. En términos del primer párrafo del artículo 13, de la Ley de Amparo, se tiene como representante en común de los quejosos a *******, en virtud de que los promoventes realizaron dicha designación. Ahora bien, con fundamento en la facultad derivada del artículo 48 de la Ley de Amparo, y luego de examinar en su integridad el escrito de demanda, se considera que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de este asunto. En principio, es de señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Las reglas de competencia de los Jueces de Distrito se encuentran establecidas en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es menester señalar, en relación con la competencia por materia, que es aquella que determina que en el juzgado o tribunal especializado se radiquen asuntos de una misma rama del derecho, lo que permite que los juzgadores que lo integran tengan un mayor conocimiento sobre la materia correspondiente y, en consecuencia, puedan resolver mejor y con mayor prontitud los asuntos que son sometidos a su conocimiento, a efecto de cumplir con la garantía de justicia pronta, completa e imparcial establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por regla general, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos Tribunales o Juzgados, lo que da origen a la existencia de órganos jurisdiccionales administrativos, civiles, penales y de trabajo, entre otros, y a cada uno de ellos le corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si bien la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación precisa que se podrán establecer órganos especializados por materia, no señala qué tipo de asuntos serán competencia de cada uno; sin embargo, en los artículos 48 a 55 de ese ordenamiento, se establece la competencia por materia de los Juzgados de Distrito y constan los lineamientos que el legislador tomó en consideración para determinarla. Asimismo, es menester precisar que nuestro Máximo Tribunal ha determinado que para resolver los conflictos de competencia por razón de la materia, se debe atender a la naturaleza del acto reclamado y a la autoridad responsable, como se advierte de la jurisprudencia 2ª./J. 24/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 412, registro 167761, de rubro y contenido siguiente: COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSBLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado. En ese sentido, procede analizar la naturaleza del acto reclamado, con el fin de sustentar que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer del juicio de amparo, por razón de materia. En el presente asunto, mismo que fue separado por la autoridad oficiante, se ejercita la acción constitucional de amparo contra: a) La aprobación del Decreto en el que se reformó la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, específicamente el artículo 1, incisos 3.01, 3.02.01 y 3.02.10 y el artículo Décimo Segundo Transitorio, que determinan y establecen las bases sobre las cuales se determinará el precio al público de las gasolinas y diésel a partir del uno de enero del año en curso, y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho; Para mejor compresión del asunto, se estima necesario citar el contenido del artículo 1, incisos 3.01, 3.02.01 y 3.02.10 y el artículo Décimo Segundo Transito, ambos de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete: Artículo 1o. En el ejercicio fiscal de 2017, la Federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran: 3. Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones: 1,240,254.3 01. Impuesto al valor agregado. 797,653.9 02. Impuesto especial sobre producción y servicios: 433,890.4 01. Combustibles automotrices: 284,432.3 01. Artículo 2o., fracción I, inciso D). 257,466.0 02. Artículo 2o.-A. (.) 26,966.3 10. Combustibles fósiles. 7,405.0 TRANSITORIOS DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 Décimo Segundo. Durante 2017 y 2018 los precios al público de las gasolinas y el diésel se determinarán de conformidad con lo siguiente: I. La Comisión Reguladora de Energía, tomando en cuenta la opinión que emita la Comisión Federal de Competencia Económica, emitirá los acuerdos o el cronograma de flexibilización para que durante los años de 2017 y 2018 los precios al público se determinen bajo condiciones de mercado. Los acuerdos o el cronograma se establecerán por regiones del país. La Comisión Reguladora de Energía podrá modificar dichos acuerdos o cronograma, con base en la evolución de las condiciones de mercado y el desarrollo de la infraestructura de suministro en el país, entre otros factores. La Comisión Reguladora de Energía deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos o el cronograma actualizados. Las modificaciones únicamente podrán llevarse a cabo para adelantar el momento a partir del cual los precios al público se determinarán bajo condiciones de mercado. II. En las regiones del país, durante el tiempo en donde los precios al público de las gasolinas y el diésel no se determinen bajo condiciones de mercado conforme a lo establecido en la fracción anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel con base en lo siguiente: a) Considerará el precio de la referencia internacional de los combustibles y, en su caso, las diferencias en la calidad de los mismos, las diferencias relativas por los costos de logística, incluyendo los costos de transporte entre regiones, los costos de distribución y comercialización en los centros de consumo y las diversas modalidades de distribucióny expendio al público, procurando generar las condiciones para el abasto oportuno de dichos combustibles. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará la metodología para determinar los precios máximos al público antes mencionados y el periodo de vigencia de los mismos a más tardar el 31 de diciembre de 2016. La fijación de estos precios máximos tendrá como objetivo final la liberalización de los precios en la región que corresponda. Adicionalmente, en aquellas regiones con precio máximo, se deberá aplicar la regulación asimétrica para el acceso a la infraestructura, cuando así lo haya determinado la Comisión Reguladora de Energía y sin perjuicio de que dicha regulación pueda ser aplicada en el resto del territorio nacional. b) Emitirá un acuerdo en el que se especifique la región, los combustibles y el periodo de aplicación de los precios, mismo que se publicará en el Diario Oficial de la Federación con anticipación al periodo durante el cual se aplicarán. En las regiones del país que al 1 de enero de 2017 no se apliquen los precios al público de las gasolinas y el diésel bajo condiciones de mercado, se deberán publicar los precios máximos al público de los combustibles mencionados, a más tardar el 31 de diciembre de 2016. III. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción I de este artículo, cuando la Comisión Reguladora de Energía, previa opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, comunique a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en las regiones en las que se haya determinado que los precios de las gasolinas y el diésel se apliquen bajo condiciones de mercado se han presentado aumentos en los precios al público de dichos combustibles que no correspondan a la evolución de los precios internacionales de los combustibles y de los costos de suministro, dicha Secretaría podrá establecer por regiones o subregiones, precios máximos al público de conformidad con lo dispuesto en la fracción II de este artículo. Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Reguladora de Energía podrá ejercer la facultad establecida en la fracción IV del artículo 26 de esta Ley. Lo establecido en este artículo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018. De lo anterior, se desprende que contrario a lo que refiere el Juez de Distrito del Juzgado segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el acuerdo de veinticinco de abril de este año, la parte quejosa en modo alguno impugna preceptos de la Ley de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, sino que se observa de la transcripción , dichos preceptos "Artículo primero, incisos 3.02.01 y 3.02.10", corresponden a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete. En ese sentido, la norma que aquí se reclamada, tiene como finalidad establecer a partir del uno de enero del año en curso, y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, bajo las condiciones de mercado existentes, atendiendo a los precios internacionales de los combustibles, el costo de suministro, entre otros factores; siendo su objetivo final la flexibilización de los precios al público bajo condiciones de mercado, así como la fijación de los precios máximos al público dependiendo de la región que corresponda, dentro de la República Mexicana. Con base en la fracción I, del citado artículo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2017, la Comisión Reguladora de Energía, dentro del ámbito de su competencia, y tomando en cuenta la opinión que al efecto emitió la Comisión Federal de Competencia Económica, con fecha veinte de diciembre de dos mil dieciséis, emitió un Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precio de gasolinas y diésel, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de diciembre siguiente, con el objetivo de desregular los precios al público de gasolinas y diésel, de manera ordenada y gradual, permitiendo que empiecen a revelarse los costos reales de suministro y se detone la entrada de nuevos agentes económicos en el mercado y en el desarrollo de infraestructura. En relación a lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fecha veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis emitió el Acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, en donde la Comisión Reguladora de Energía no haya determinado que dichos precios se establezcan bajo condiciones de mercado; estableciéndose de igual forma la metodología para su determinación. Siendo que en la fracción IV de dicho acuerdo, se estableció que la Comisión Reguladora de Energía, será la encargada de publicar en su página de internet, previo a su entrada en vigor, los precios máximos al público de esos energéticos, así como su periodo de aplicación. Así, el objeto de la norma tildada de inconstitucional, es esencialmente de competencia económica, pues pretende en términos de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecer las bases a través de las cuales se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, en el caso particular, los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel bajo condiciones de mercado, tomando como referente el precio internacional de esos combustibles, y en su caso, las diferencias en la calidad de los mismos, las diferencias relativas por los costos de logística, incluyendo los cotos de transporte entre regiones, los costos de distribución y comercialización en los centros de consumo, así como las diversas modalidades de distribución y expendio al público, procurando generar las condiciones para el abasto oportuno de dichos combustibles. Por tanto, la intervención y atribuciones que la norma reclamada otorga a la Comisión Reguladora de Energía, y a la Comisión Federal de Competencia Económica, constituye materialmente un acto propios de la rama del derecho administrativo normado por el artículo 28 Constitucional y por la Ley Federal de Competencia Económica, al versar precisamente sobre esa materia, competencia económica. En ese orden de ideas y no obstante la determinación que fue tomada por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, al decretar la separación del juicio 98/2017, de su índice, se estima que corresponde su estudio a dicho Juzgador, y no así al que suscribe, acorde a las consideraciones que a continuación se exponen. El artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo preceptuado por los artículos 81, fracciones IV, V, VI y XXIV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo 94. [.] El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Artículo 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal: [.] IV. Determinar el número y los límites territoriales de los circuitos en que se divida el territorio de la República; V. Determinar el número y, en su caso, especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios en cada uno de los circuitos a que se refiere la fracción IV de este artículo; VI. Determinar el número, límites territoriales y, en su caso, especialización por materia, de los juzgados de distrito en cada uno de los circuitos; [.] XXIV. Dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los tribunales de circuito o de los juzgados de distrito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos. Artículo 144. Para los efectos de esta ley, el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal. En cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá mediante acuerdos generales, el número de Plenos de Circuito, tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. Conviene precisar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. El artículo transitorio Décimo Segundo del Decreto en cita, establece lo siguiente: El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. El Consejo de la Judicatura Federal emitirá acuerdos de carácter general en los que se preverán la forma de asignación de los asuntos y la rotación de jueces y magistrados especializados que conocerán de los mismos, así como las medidas pertinentes para garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad de los juzgados y tribunales a que se refiere el párrafo anterior. Con base en tales obligaciones legales, el Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de fecha siete de agosto de dos mil trece aprobó el "ACUERDO GENERAL 22/2013, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS JUZGADOS CUARTO Y QUINTO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, Y SU TRANSFORMACIÓN COMO JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA. A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN Y SU TRANSFORMACIÓN COMO PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA. ASÍ COMO SU DOMICILIO, FECHA DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO Y A LAS REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS ENTRE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES INDICADOS. Y AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN". Asimismo, el nueve de agosto de dos mil trece, se publicó el Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la ciudad de México, en el que en los puntos sexto y octavo señala: SEXTO.- Los órganos judiciales que inician funciones tendrán jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 38 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, serán especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. OCTAVO.- A partir de la fecha señalada en los puntos SEGUNDO y CUARTO del presente acuerdo, la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región se denominará Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, y del Centro Auxiliar de la Primera Región; y prestará servicio a los órganos jurisdiccionales motivo del presente acuerdo además del que brinda a los juzgados y tribunales auxiliares de su adscripción. Todos los asuntos nuevos que se presenten en la mencionada oficina de correspondencia común en días y horas hábiles a partir del diez de agosto de dos mil trece que correspondan a la materia administrativa en los temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, se remitirán conforme al sistema computarizado que se utiliza para esos efectos, a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito especializados de que se trata, así como entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo de la especialización de mérito según corresponda, en términos de los acuerdos generales que regulan el turno de los asuntos. Cuando el escrito inicial de demanda sea presentado utilizando el sistema de firma electrónica, la oficina de correspondencia común turnará el asunto inmediatamente al órgano jurisdiccional correspondiente. La Dirección General de Estadística Judicial en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información realizarán la adición de los rubros necesarios en el sistema de cómputo de la oficina de correspondencia común de que se trata, a fin de adecuarlos a sus nuevas funciones. Se faculta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos para emitir las reglas y dictar las disposiciones que permitan una forma eficiente y proporcional de asignación y turno de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales en términos del punto sexto del presente acuerdo (.). Finalmente, el ocho de febrero de dos mil diecisiete, se publicó el Acuerdo General 2/2017, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el que en el punto uno señala: PRIMERO. Los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, conocerán del trámite, resolución y cumplimiento de las sentencias de los juicios de amparo en los que se señale como acto reclamado, entre otros, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017; la Ley de Hidrocarburos; el Acuerdo que establece el precio máximo de la gasolina, y el Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel, previsto en el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos en mención. Lo anterior, permite colegir que tratándose de los actos vinculados con los temas comprendidos en el marco normativo anteriormente transcrito, se actualiza la competencia material de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. No es óbice a lo anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia de rubro LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPAROS CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS., pues la jurisdicción de los juzgados especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, es en toda la república. De modo que, al reclamarse normas autoaplicativas en las que tiene injerencia tanto la Comisión Federal de Competencia Económica, como la diversa Comisión Reguladora de Energía; su análisis se vincula con la subespecialidad del derecho administrativo en materia de competencia económica. Por ello, con fundamento en los artículos 94, párrafo primero, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley de Amparo; 52 a 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; primero, fracción VI, segundo, fracción VI, punto 3, y cuarto, fracción VI, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y el Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; este Juzgado Federal resuelve que carece de competencia, por razón de la materia, para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto; y, por ende, se ordena remitir nuevamente los autos al Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, a quien se estima competente, conforme a los motivos y los fundamentos expuestos. En esa medida, se solicita atentamente al juez declinado acuse recibo, precisando si acepta o no la competencia, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo. Asimismo, con una copia certificada del escrito de demanda relativo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión que señala el artículo 48, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, ya que no se advierte que se esté dentro de los supuestos establecidos en el diverso 15 de la propia ley en cita. En otro orden, con fundamento en el numeral 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa y a los terceros interesados, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, quien actúa ante la secretaria que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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