Luis Armando Tirado Gomez

Expediente 530/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
530/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
05/04/2021

Partes del expediente

  • Luis Armando Tirado Gomez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    Córdoba, Veracruz, cinco de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el diez de marzo de dos mil veintiuno, en la que se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de esperar que las autoridades responsables se encuentren debidamente notificadas o que les transcurra el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo; en razón de que carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no les causa agravio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que no se considera de relevancia histórica. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Tomando en consideración que se encuentra glosado a este expediente un documento original exhibido por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirlo dentro del término de NOVENTA DÍAS legalmente computado; apercibido que de no hacerlo, será destruido.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, cinco de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el diez de marzo de dos mil veintiuno, en la que se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de esperar que las autoridades responsables se encuentren debidamente notificadas o que les transcurra el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo; en razón de que carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no les causa agravio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que no se considera de relevancia histórica. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Tomando en consideración que se encuentra glosado a este expediente un documento original exhibido por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirlo dentro del término de NOVENTA DÍAS legalmente computado; apercibido que de no hacerlo, será destruido.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Córdoba, Veracruz, a las diez horas con treinta minutos del diez de marzo de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 530/2020 promovido por ....Acto continuo, la Secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente: Escrito de demanda de amparo formulado por . e informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como las constancias que remitió la Coordinadora de Licencias de Construcción del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz. Acto seguido, la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que antecede. Abierto el período probatorio, la Secretaria da cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y las constancias exhibidas por la Coordinadora de Licencias de Construcción del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, las que fueron relacionadas, admitidas y desahogadas en los proveídos de tres de noviembre y tres de diciembre de dos mil veinte. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas las pruebas, dada su propia y especial naturaleza; luego, al no haber más pruebas que relacionar, se da por concluida esta etapa. Abierto el período de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció alegatos en el juicio de amparo en que se actúa, ni el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, realizó pedimento alguno, por lo que no hicieron uso del derecho concedido por el artículo 124 de la Ley de Amparo. A lo anterior la Jueza acuerda: Al no existir alegatos formulados por las partes, ni pedimento planteado por el Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, se da por concluido este periodo procesal. Con lo anterior concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional, y se procede a dictar la sentencia respectiva. Vistos, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 530/2020, promovido por . contra actos del 1. Presidente Municipal de Orizaba, Veracruz, y otras autoridades, que consideró violatorio en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil veinte, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, y turnado el treinta de octubre siguiente a la Oficialía de Partes de este Juzgado, . acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1. Presidente Municipal de Orizaba, Veracruz, y otras autoridades, señalando como acto reclamado el siguiente: "[.] IV.- ACTO RECLAMADO.- La omisión de las autoridades antes señaladas, de dar contestación al escrito signado por el suscrito de fecha 27 de Julio del presente año, presentado en esa misma fecha, tal y como se acredita con el sello de recibido que obra en la parte inferior derecha del mencionado escrito [.]". SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda de amparo. Mediante auto dictado el tres de noviembre de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, admitió la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Prevención a la parte quejosa para ampliar su demanda de amparo por lo que respecta a nuevos actos reclamados. La Coordinadora de Licencias de Construcción del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, al rendir su informe justificado manifestó que dio contestación al escrito presentado por el quejoso el veintisiete de julio de dos mil veinte, ante el departamento de licencias de construcción de dicho Ayuntamiento de Orizaba; por tanto, el tres de diciembre de dos mil veinte, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de quince días legalmente computado, ampliara su demanda de amparo por cuanto hace a la contestación emitida el diez de septiembre de ese año, mediante oficio . por la Coordinadora de licencias de construcción del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, con el apercibimiento que de no hacerlo se continuaría con el trámite de la presente vía constitucional, únicamente respecto del acto reclamado en su escrito inicial de demanda. La parte quejosa no desahogó el requerimiento formulado, y el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se hizo efectivo el apercibimiento referido, y se tuvo únicamente como acto reclamado el inicialmente señalado en su escrito de demanda. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclama un acto que no tiene ejecución material, al ser un acto omisivo en términos del numeral 37 de la ley de la materia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Así, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: - La omisión de dar contestación al escrito presentado el veintisiete de julio de dos mil veinte, ante el departamento de licencias de construcción del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Presidente Municipal y Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, al rendir su informe previo, negaron la existencia del acto que se les reclama. La parte quejosa aportó como prueba el acuse de recibo del escrito presentado el veintisiete de julio de dos mil veinte, ante el departamento de licencias de construcción del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz; sin embargo, de este se advierte que dicho ocurso únicamente va dirigido al departamento de licencias de construcción del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz. En ese entendido, si el peticionario de amparo no aportó medio de convicción que acreditara que presentó su petición ante el Presidente Municipal y Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz; entonces, estos no estaban en posibilidad de atender su solicitud; en consecuencia, con apoyo en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio respecto de dichas autoridades. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La Coordinadora de Licencias de Construcción del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, manifestó que mediante oficio .. dio contestación al escrito presentado por el quejoso el veintisiete de julio de dos mil veinte, ante el departamento de licencias de construcción de dicho Ayuntamiento, pero no acreditó haberlo notificado, pues si bien manifestó que la respuesta se hizo llegar al impetrante a través del oficio .., signado por el Titular de la Unidad de Transparencia, del cual remitió copia certificada, lo cierto es que fue emitido con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo y no se advierte que haya sido entregado al quejoso, al no contar con el acuse o notificación respectiva. Por tanto, se tiene por cierto el acto que se le reclama. QUINTO. Improcedencia del juicio. Por razón de técnica, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las partes hagan valer o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este Juzgado de Distrito, de oficio, advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" De tal disposición deriva que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; hipótesis que para su actualización requiere que todos los efectos del acto reclamado hayan desaparecido o se hayan destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí huella alguna. Se dice que cesan los efectos del acto reclamado cuando la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido que implica no sólo la detención definitiva del actuar de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo (fracción I); y, cuando sea de carácter negativo (fracción II), el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. En el caso, de autos se advierte que el acto que por esta vía se reclama, consistente en la omisión de dar contestación al escrito presentado el veintisiete de julio de dos mil veinte, ante el departamento de licencias de construcción del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, cesó sus efectos, toda vez que el diez de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio ., la Coordinadora de licencias de construcción del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, dio contestación al escrito presentado por el quejoso. Luego, el tres de diciembre de dos mil veinte se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de quince días, legalmente computado, ampliara su demanda de amparo por cuanto hace a la contestación emitida el diez de septiembre de ese año, mediante oficio .. por la Coordinadora de licencias de construcción del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, con el apercibimiento que de no hacerlo se continuaría con el trámite de la presente vía constitucional, únicamente respecto del acto reclamado en su escrito inicial de demanda. Sin embargo, el quejoso no desahogó el requerimiento formulado, por lo que el veinticinco de enero de dos mil veintiuno se hizo efectivo el apercibimiento y se ordenó analizar la constitucionalidad del acto reclamado inicialmente. En ese entendido, con la contestación emitida por la Coordinadora de licencias de construcción del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, el diez de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio ., cesaron los efectos de la omisión reclamada, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación a los derechos humanos del peticionario de amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece publicada en la página número 38, Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en mención, con fundamento en lo que establece el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se impone sobreseer en el presente juicio. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por acuerdo de tres de noviembre de dos mil veinte se hizo del conocimiento de las partes que para permitir el acceso a la información confidencial, se requería de su consentimiento, y que de no realizar manifestación alguna, hasta antes de dictarse sentencia, se tendrían por inconformes con la divulgación de dicha información. Ahora, toda vez que de autos se advierte que ninguna de las partes realizó manifestación en relación con el acceso a la información confidencial; por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se tienen por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 73 a 79 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por .., contra actos del 1. Presidente Municipal del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, y otras autoridades, y por los motivos expuestos en el considerando tercero y quinto. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que de conformidad con la circular CAP/3/2020, se suspendieron plazos y términos procesales del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en términos de lo previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al esquema trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid- 19; mismo que estableció que sólo se daría trámite y seguimiento oficioso a los asuntos calificados como urgentes; así como aquéllos tramitados mediante juicio en línea. Por tanto, dado que el acto reclamado en el presente juicio de amparo no se ubica dentro de los asuntos calificados como urgentes de conformidad con el artículo 4 del citado Acuerdo General 13/2020, se suspendió su tramitación, por lo que el termino de quince días otorgado al quejoso fue interrumpido. Luego, mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se informó que el ordenamiento aplicable a partir del doce de enero del año en curso, para la operación de los órganos jurisdiccionales, ??????A???????? con excepción de la Ciudad de México (Primer Circuito), el Estado de México (Segundo Circuito), Morelos (Decimoctavo Circuito), Guanajuato (Decimosexto Circuito) y Baja California (Decimoquinto Circuito), es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; por lo que a partir de esa fecha se ordenó el levantamiento de la suspensión y la reanudación de los plazos y términos procesales. En ese entendido, visto el estado procesal de los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que el quejoso, Luis Armando Tirado Gómez, no dio cumplimiento al requerimiento formulado en el proveído de tres de diciembre de dos mil veinte, en el que se le requirió para que ampliara su demanda de amparo respecto de la contestación emitida el diez de septiembre del año en curso, mediante oficio CLC Nº 1286/2020, por la Coordinadora de licencias de construcción del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de referencia, por lo que el trámite del presente expediente se continuará únicamente respecto del acto reclamado señalado en su escrito inicial de demanda.

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