Luis Ariel López Gómez
Expediente 513/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 513/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Luis Ariel López Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, los efectos de la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, Luis Ariel López Gómez, son los siguientes*** En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, cumpla puntualmente con la ejecutoria de amparo e informe a este Juzgado Federal sobre ello, con la remisión de las constancias que así lo acredite. Se apercibe que de no cumplir con lo solicitado por este órgano jurisdiccional dentro del plazo concedido, en su caso, de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida de Actualización conforme a su valor diario, en términos de lo previsto por los artículos 237, fracción I, y 258, de la Ley de Amparo, en relación con el Decreto por el que se reformó el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123, y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 513/2023, promovido por*** contra un acto del Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, que consideró violatorio en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** CUARTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue promovida en tiempo, porque el acto reclamado se notificó por lista a la parte quejosa el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, 5 por lo que de conformidad con el artículo 78 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dicha notificación surtió sus efectos al día hábil siguiente, esto es, el uno de junio; y el lapso de quince días para promover la demanda previsto en el artículo 17, de la Ley Amparo, transcurrió del dos al veintidós de junio de este año, sin contar los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de ese mes, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la ley de la materia. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada el doce de junio de dos mil veintitrés; 6 entonces, resulta oportuna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para mejor comprensión del asunto, resulta pertinente reseñar algunos antecedentes relevantes del acto reclamado, que se desprenden de las constancias remitidas por el juez responsable en vía de informe, cuyo valor probatorio se precisó en el considerando tercero, a saber*** Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. SEXTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, en el caso no se hizo valer ni se advierte de oficio la actualización de causa de improcedencia alguna en relación con el acto reclamado. No obstante lo anterior, se considera pertinente precisar que si bien la determinación reclamada es impugnable en sede ordinaria a través del recurso de apelación previsto en el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad, en el caso opera una excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, ya que se encuentra involucrado un menor de edad y el referido medio de impugnación procedente es inadecuado e ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en el que podría encontrarse en caso de que se determine que la resolución reclamada es contraria a su interés superior. Se explica*** En primer término, debe decirse que la jurisprudencia en cita resulta aplicable al caso, pues si bien en ella se hace referencia al artículo 73, fracción XIII, de la anterior Ley de Amparo, que regulaba el principio de definitividad, la conclusión adoptada en tal criterio obligatorio esencialmente deriva del contenido del actual artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, es claro también que la jurisprudencia de mérito no se opone a lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, por lo que resulta aplicable, según lo dispone el artículo Sexto Transitorio de tal ley. Hecha la anterior precisión, basta la lectura del criterio obligatorio de trato para advertir que la excepción al principio de definitividad establecida en la misma se actualiza cuando*** El recurso ordinario que deba agotarse contra el acto reclamado, de acuerdo a la legislación ordinaria, no admita suspensión*** Se encuentren involucrados los derechos de menores de edad y cualquiera de las partes alegue un riesgo para éstos en caso de ejecutarse la resolución impugnada. En el asunto que nos ocupa se surten ambos requisitos, pues la resolución que se reclama modificó el régimen de convivencia provisional entre el menor de iniciales*** decretado en el sumario de origen, por lo que evidentemente involucra los derechos de ese menor. Asimismo, contra dicha resolución procede el recurso de apelación previsto en el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz; sin embargo, aun cuando tal medio ordinario de defensa puede ser admitido en ambos efectos en los supuestos que establece el artículo 517 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, lo que implica la suspensión del trámite del juicio; ello no opera en el caso de la resolución que constituye el acto reclamado en este controvertido constitucional, ya que la misma no encuadra en alguna de tales hipótesis. Por tanto, el recurso de apelación que se interpusiera contra la determinación reclamada no admitiría la suspensión de ésta, con lo que se surte el requisito precisado en el inciso a) *** Por su parte, el requisito indicado en el inciso b) se colma con el hecho de que de la lectura de la demanda se advierte, en lo que trasciende, que el presente juicio de amparo fue instado por Luis Ariel López Gómez, y que lo que esencialmente se alega es un riesgo a los derechos fundamentales del referido infante. En mérito de lo anterior, se concluye que, en el caso concreto, al surtirse la referida excepción al principio de definitividad, no existía obligación de la parte quejosa de agotar el recurso de apelación previamente a acudir a este juicio de amparo. En ese entendido, al no existir diversa causa de improcedencia hecha valer por las partes ni advertirse, de oficio, que se actualice alguna, lo procedente es efectuar el análisis de constitucionalidad del acto reclamado. SÉPTIMO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcriben los conceptos de violación formulados en obvio de repetición innecesaria y atento al contenido de la jurisprudencia*** OCTAVO. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Es fundado lo afirmado por la parte quejosa, en el sentido de que la resolución reclamada viola en su perjuicio el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunque para arribar a esa conclusión deba suplirse la queja deficiente en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado deriva de un procedimiento en el que está involucrado un menor de edad, cuyo interés superior debe prevalecer con independencia de quién promueva el juicio de amparo. En efecto, el acto reclamado carece de la motivación con la que debe cumplir todo acto de autoridad, lo que infringe en perjuicio de la parte quejosa la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El párrafo primero de dicho precepto constitucional establece*** El precepto transcrito contiene el principio de legalidad que se encuentran obligadas a observar todas las autoridades al emitir sus actos, según el cual, éstos deben ser emitidos por escrito por órgano competente, salvo el caso de los juicios y procedimientos orales; y ser fundados y motivados. En cuanto a los requisitos de fundamentación y motivación es pertinente precisar que por fundamentación se ha entendido el deber que tiene la autoridad de expresar los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con ese acto autoritario, mientras que la motivación es la obligación de expresar las razones por las cuales la autoridad considera que el hecho se encuentra probado y es precisamente el previsto en la disposición legal que invoca como fundamento de su acto. En la especie, como se narró en el apartado relativo a los antecedentes del acto reclamado, de las constancias que obran en el sumario de origen se advierte en lo que trasciende que el veinte de enero de dos mil veintitrés, el juez responsable decretó un régimen de convivencia provisional libre entre*** de las diez de la mañana a las dieciocho horas del día domingo*** de cada quince días. Asimismo, que mediante escrito recibido el diecinueve de marzo de dos mil veintitrés, el citado demandado solicitó el auxilio judicial para que se constatara la entrega-recepción del menor, por virtud de la convivencia decretada. Por lo anterior, como se anticipó, este órgano de control constitucional estima que el acto reclamado viola en perjuicio de la parte quejosa la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 de la Carta Magna, en la medida que carece de motivación. Es así, dado que de la lectura del acuerdo reclamado se desprende en lo que trasciende que el juez responsable determinó modificar el régimen de convivencia provisional decretado en el sumario natural de manera libre entre*** los días sábados, de cada quince días, para el efecto de que éste se lleve a cabo los días sábados, de cada semana, de las dieciséis a las dieciocho horas, pero en las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar de Córdoba, Veracruz. Sin embargo, omitió exponer los razonamientos lógicos y jurídicos, motivos o circunstancias especiales que le sirvieron de base para arribar a dicha determinación, pues no se advierte que haya emitido la razón o causa inmediata que tomó en cuenta para modificar la referida medida provisional en los términos ahí señalados; y no basta con que indique que ello obedece a que surgieron "ciertas circunstancias", o con la finalidad de no vulnerar los derechos del menor involucrado, sino que, se insiste, resultaba necesario que se expusieran los motivos que justificaran dicha decisión. Mayor aun si tampoco especificó o precisó en forma alguna cuáles eran esas "ciertas circunstancias", ni porqué tal particularidad resultaba suficiente para modificar el régimen de convivencia decretado. La omisión en que incurrió la juez responsable adquiere especial relevancia en un asunto como el que nos ocupa, pues la implementación del régimen de convivencia provisional entre un menor de edad y el progenitor no custodio busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre éstos, e incluso entre los abuelos y otros parientes allegados, por lo que el órgano jurisdiccional debe discernir, entre otras cosas, cuál es la modalidad y contenido del que debe dotarse a dicho régimen, de manera que sea el más benéfico a los intereses del menor involucrado. Así, al determinar la modalidad y dotar de contenido un régimen de esa naturaleza, el juez debe considerar primordialmente el interés superior del menor, por tratarse un derecho en favor de éstos, independiente a los intereses o derechos de cualquiera de sus padres. En ese sentido, el ejercicio de ese derecho a través de un régimen de convivencia provisional no está sujeto a la decisión de cualquiera de los padres, sino que su contenido debe determinarse con base en las circunstancias particulares de cada caso, por lo que puede limitarse de forma temporal, espacial e inclusive modal. Esto es, en caso de que el juez considere que procede establecer un régimen de convivencia entre el menor y el progenitor no custodio, por no ser éste perjudicial para aquél, para dotarlo de contenido debe tomar en consideración los elementos que tenga a su alcance al momento de decretarlo, como son: el menor de edad, sus necesidades y costumbres; el tipo de relación que mantiene con el progenitor no custodio; el origen del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad del padre no custodio y, en general, cualquier factor que le permita conocer qué régimen es el que más beneficia al menor. En el entendido de que, de no contar con la totalidad de los elementos indicados, el juez debe ponderar los que sí se desprendan de autos hasta el momento en que se decrete la convivencia provisional. De este modo, tomando en cuenta los elementos con los que cuente, el juez debe establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio del derecho de convivencia durante la tramitación del juicio y hasta en tanto se dicte sentencia firme en el asunto, o antes, si se demuestra que las circunstancias que la motivaron variaron objetivamente, velando siempre por el menor de edad involucrado*** Así, al haber incurrido en la omisión señalada, la autoridad dejó a la impetrante en estado de indefensión, al no poder conocer ésta las causas, razones o motivos en los que se sustentan el acto que se reclama. De ahí que se concluya que la determinación que se combate carece de motivación; y que, por tanto, debe concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Cabe señalar que en esta instancia no procede subsanar las irregularidades precisadas, pues hacerlo implicaría tratar de perfeccionar dicho acto, sustituyéndose en las facultades que son exclusivas de la autoridad responsable (que es la competente para hacer el pronunciamiento respectivo), en tanto que a los órganos de control constitucional sólo les compete determinar si el acto reclamado es inconstitucional o no, pero no subsanarlo, corregirlo o mejorarlo, ya que ello corresponde a la autoridad de instancia en ejercicio pleno de su jurisdicción. Por tanto, resulta innecesario emprender el análisis de los restantes conceptos de violación formulados, ya que por el momento no se advierte que el estudio de alguno de ellos reporte un mayor beneficio que el alcanzado con la ponderación del motivo de disenso que resulta fundado; además de que las transgresiones alegadas en ellos podrían quedar superadas con el dictado de la nueva determinación que deberá emitir la responsable en acatamiento a este sentencia, una vez que quede firme. En consecuencia, al encontrarse demostrada la inconstitucionalidad del acto reclamado, se impone conceder a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz: 1. Deje insubsistente el proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio ordinario civil número*** únicamente en la parte en la que se modificó el régimen de convivencia decretado en ese asunto, entre el aquí quejoso*** En su lugar, con libertad de jurisdicción, atendiendo a los lineamientos trazados en esta sentencia, emita una nueva determinación, en la que en caso de que reitere el sentido del acto reclamado, exponga los razonamientos lógicos y jurídicos, motivos o circunstancias especiales que le sirvan de base para arribar a esa conclusión, esto es, justifique su decisión de modificar la referida medida provisional. NOVENO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se*** ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA a AMPARA*** contra el acto reclamado del Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando octavo de la presente resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y tercero interesada.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA
- Incidental
Vistos los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 513/2023, promovido por*** contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Córdoba, Veracruz*** SEGUNDO. La autoridad responsable, Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Córdoba, Veracruz, al rendir su informe previo, reconoció la existencia del acto que se le reclama. Cabe destacar que el artículo 128 de la Ley de Amparo señala, en lo conducente, lo siguiente*** Disposición normativa que establece que la suspensión del acto reclamado procede cuando la solicite el quejoso y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el caso, de las manifestaciones formuladas por el impetrante, bajo protesta de decir verdad, se advierte que mediante auto de veinte de enero de dos mil veintitrés el juez del conocimiento decretó un régimen de convivencia con su menor hijo*** los días sábados de cada quince días de diez de la mañana a las dieciocho horas del domingo, cuya entrega recepción del niño se realizaría en el domicilio de la progenitora; la cual fue modificada en auto de treinta y uno de mayo del año en curso, acto reclamado, para quedar los días sábados de cada semana de las dieciséis a las dieciocho horas en el Centro de Convivencia Familiar, de esta ciudad; ello, en atención a que se hizo de conocimiento del Juez responsable que se inició la carpeta de investigación*** del índice de la Fiscalía Tercera Investigadora Especializada en Delitos Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en Córdoba, Veracruz, por los hechos señalados en la ley como violencia familiar, en la que se decretó una medida de restricción en contra del quejoso respecto de*** tercera interesada, y el diverso menor de iniciales*** En consecuencia, toda vez que la resolución reclamada no impide la convivencia del quejoso con su hijo de iniciales*** sino que se está modificando para llevarse a cabo en un lugar diverso, al existir la medida de restricción referida respecto de*** y el infante de iniciales*** decretada en una indagatoria por autoridad ministerial. Lo que el quejoso expuso bajo protesta de decir verdad. Por tanto, se niega la suspensión definitiva solicitada, dado que de decretarla se transgredería la medida de restricción existente, la cual, por su naturaleza, tiende a evitar poner en riesgo la seguridad tanto física como emocional y psicológica de los agraviados, lo que constituye una cuestión de orden público e interés social. Por lo expuesto, fundado y además con apoyo en los artículos 128, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve*** ÚNICO. Se NIEGA a*** la suspensión definitiva que solicitó, en contra de los actos que reclamó de la autoridad señalada como responsable precisada en el considerando tercero de esta resolución, y por los motivos expuestos en el mismo. Notifíquese
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