Luis Eduardo Méndez Ortiz
Expediente 274/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 274/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 27/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Luis Eduardo Méndez Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veintidós de junio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2o de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado acuerdo, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se negó, y por otra se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otro lado, se requiere a la parte quejosa para la devolución del billete de depósito número N932838, expedido a favor de Luis Eduardo Méndez Ortiz, por el Banco del Bienestar S.N.C., por la cantidad de $3,100.00 (tres mil cien pesos 00/100 moneda nacional), el cual exhibió a efecto de garantizar la suspensión provisional que le fuera concedida en los autos del incidente de suspensión derivado de este juicio; lo que deberá realizar dentro del término de dos años que establece para ello el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, contado a partir de la fecha en que quede legalmente notificado del presente proveído; apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con el precepto legal en cita. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veintidós de junio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2o de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado acuerdo, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se negó, y por otra se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otro lado, se requiere a la parte quejosa para la devolución del billete de depósito número N932838, expedido a favor de Luis Eduardo Méndez Ortiz, por el Banco del Bienestar S.N.C., por la cantidad de $3,100.00 (tres mil cien pesos 00/100 moneda nacional), el cual exhibió a efecto de garantizar la suspensión provisional que le fuera concedida en los autos del incidente de suspensión derivado de este juicio; lo que deberá realizar dentro del término de dos años que establece para ello el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, contado a partir de la fecha en que quede legalmente notificado del presente proveído; apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con el precepto legal en cita. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...Vistos, para dictar sentencia...TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables 1., 2., 3., 4. licenciado Marco Antonio Rodríguez Lobato, por sí y en representación de la licenciada María Andrea García Zavaleta, licenciada Janeth Ramírez Grajales y Licenciado Marcelo Alfredo Campos Scougall, Jueces de control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Congregación la Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, 5., 8. Comandante actualmente Encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial de Córdoba, Veracruz, 6., 7. Delegado Regional de la Policía Ministerial Zona Centro- Córdoba y 9. Director General de la Fuerza Civil, con sede en Xalapa, Veracruz; así lo manifestaron expresamente al rendir sus respectivos informes justificados, sin que el quejoso desvirtuara tales negativas. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto los actos y autoridades de que se trata en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 181, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia: Común, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". También es aplicable la jurisprudencia número I.2o. J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 77, tomo 80, agosto de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Lo anterior, no obstante que el Licenciado Marco Antonio Rodríguez Lobato, Juez de control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Congregación la Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, al rendir su informe justificado manifestó que se encuentra radicado el proceso penal 123/2022, iniciado con motivo del oficio signado por el Fiscal Sexto Investigador de Delitos Diversos, adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XIV Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz; que se celebró la audiencia inicial el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, en la cual no se calificó de legal la detención de los ciudadanos Eduardo Méndez Ortiz, Luis Eduardo Méndez Ortiz y otro, por el delito contra la salud en su modalidad de posesión simple de narcótico metanfetamina, en agravio de la salud pública, delitos contra las instituciones de seguridad pública, y delitos contra la seguridad de la comunidad, por lo que quedaron expeditas las facultades de la fiscalía para integrar su carpeta de investigación; empero, de lo expuesto no se advierte la existencia de una orden de aprehensión girada en contra del aquí quejoso. ... Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el considerando tercero de esta sentencia, y por los motivos ahí expuestos
- Incidental
Córdoba, Veracruz, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el telegrama remitido por el 9. Director General de la Fuerza Civil, con sede en Xalapa, Veracruz, en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 12935/2022, por el que se le notificó la interlocutoria de dieciséis de mayo del presente año. Cúmplase.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
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