Luis Antonio Medina Peniche
Expediente 1024/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1024/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 08/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Luis Antonio Medina Peniche
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, a ocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Cuarto de Primero Instancia Especializado en Materia Familiar del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en Orizaba, Veracruz; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio por el que se le hizo del conocimiento la sentencia dictada en este juicio. Por otra parte, glósese a sus autos para que obre como corresponda, el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la promoción presentada con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que en el presente asunto ya se dictó la sentencia correspondiente. En otro orden, vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veintiuno de junio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser DESTRUIDO, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en al artículo 17, fracción III, incisos b), del citado Acuerdo General, se establece que el original del incidente de suspensión es conservable y deberá transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, se ordena devolver al Juez Cuarto de Primero Instancia Especializado en Materia Familiar del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en Orizaba, Veracruz, los originales del juicio ejecutivo mercantil*** al resultar innecesaria su conservación; solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a ocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Cuarto de Primero Instancia Especializado en Materia Familiar del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en Orizaba, Veracruz; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio por el que se le hizo del conocimiento la sentencia dictada en este juicio. Por otra parte, glósese a sus autos para que obre como corresponda, el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la promoción presentada con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que en el presente asunto ya se dictó la sentencia correspondiente. En otro orden, vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veintiuno de junio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser DESTRUIDO, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en al artículo 17, fracción III, incisos b), del citado Acuerdo General, se establece que el original del incidente de suspensión es conservable y deberá transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, se ordena devolver al Juez Cuarto de Primero Instancia Especializado en Materia Familiar del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en Orizaba, Veracruz, los originales del juicio ejecutivo mercantil*** al resultar innecesaria su conservación; solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Vistos, para dictar sentencia...CUARTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Como puede advertirse, el señalado motivo legal de improcedencia tutela el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues al ser el amparo un medio extraordinario de defensa, resulta evidente que a éste sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, pues en esto estriba precisamente el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual debió agotarse previamente por la accionante del amparo. Ahora, para que se acredite tal causal de improcedencia deben actualizarse las siguientes hipótesis: 1. Que se trate de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo. 2. Que respecto de las mismas la ley conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. 3. Se exceptúa de agotar los recursos: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En ese entendido, resulta pertinente reseñar los antecedentes de los actos reclamados que se desprenden de las constancias del juicio ejecutivo mercantil 124/2022, remitidas por la autoridad responsable en vía de informe, cuyo valor probatorio se precisó en el considerando tercero, a saber: 1. Mediante escrito presentado el quince de febrero de dos mil veintidós, el actor, aquí quejoso, Alejandro López Sosa, demandó en la vía ejecutiva mercantil el pago de la cantidad de ciento veinte mil pesos, a Nancy del Rayo Pérez Hernández, intereses moratorios, gastos y costas (foja 1 del tomo). 2. El quince de marzo de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, en la cual se embargó el treinta por ciento del excedente del salario de la demandada quien se indicó es empleada de la secretaría de educación pública (foja 17 del tomo). 3. En auto de dos de junio de dos mil veintidós, se declaró que la demandada Nancy del Rayo Pérez Hernández, no contestó la demanda; y se declaró su rebeldía (foja 28 del tomo). 4. En auto de uno de septiembre de dos mil veintidós, el juez responsable turnó el asunto para dictar la sentencia correspondiente (foja 42 del tomo). 5. El cuatro de noviembre de dos mil veintidós, el Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, declaró ilegal el emplazamiento y ordenó reponer el procedimiento para efecto de turnar el asunto con el actuario adscrito a ese juzgado para los efectos legales procedentes (foja 43 del tomo). Esta última resolución corresponde al acto reclamado. De lo expuesto deriva que el acto reclamado debió combatirse a través del recurso de revocación previsto en el artículo 1334, en relación con los diversos 1339, 1340 y 1341, todos del Código de Comercio, los cuales disponen: "Artículo 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." "Artículo 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $757,365.46 (Setecientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y cinco pesos 46/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. [.] Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. ." "Artículo 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $757,365.46 (Setecientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y cinco pesos 46/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." "Artículo 1,341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, o si la ley expresamente lo dispone." De los anteriores preceptos se obtiene que los autos sólo serán apelables cuando lo disponga el código y la sentencia definitiva sea recurrible, porque el negocio sea mayor a setecientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y cinco pesos, con cuarenta y seis centavos, por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente; y que los autos que no fueren apelables pueden ser revocados por el juez que los dictó. En el caso, la resolución reclamada que declaró ilegal el emplazamiento y ordenó la reposición del procedimiento, no es apelable, de conformidad con el artículo 1339 del Código de Comercio, ya que el monto de la suerte principal no excede la cantidad de setecientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y cinco pesos, con cuarenta y seis centavos, pues asciende a ciento veinte mil pesos. En ese entendido, es pertinente destacar que el artículo 220 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 1054 del Código de Comercio, establece: "Artículo 220. Las resoluciones judiciales son decretos, autos o sentencias; decretos, si se refieren a simples determinaciones de trámite; autos cuando decidan cualquier punto dentro del negocio, y sentencias, cuando decidan el fondo del negocio." De ello se obtiene lo que se debe entender por autos, sentencias o decretos. Son decretos las simples determinaciones de trámite; autos los que decidan cualquier punto dentro del negocio; y sentencias cuando decidan el fondo del negocio. No pasa inadvertido que también existen las sentencias que sin decidir el fondo del juicio en lo principal lo dan por concluido; sin embargo, en el caso no se actualiza este supuesto, pues la resolución reclamada no dio por concluido el juicio, sino que ordenó su reposición para turnar el asunto al actuario adscrito a ese juzgado, a efecto de realizar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. Así, por su naturaleza, el acto reclamado es un auto, porque decidió un punto dentro del negocio, no una mera determinación de trámite, ni decidió el fondo del asunto. En consecuencia, el quejoso, Alejandro López Sosa, debió combatirlo a través del recurso de revocación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1,334 del Código de Comercio, antes de acudir al juicio de amparo, pues se encontraba obligado a ello, al ser parte en el juicio natural; y al no hacerlo, inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Cabe señalar que se actualiza esta causal de improcedencia, dado que el auto fue emitido por una autoridad judicial, como lo es el Juez Cuarto de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz; y no se está en alguno de los casos de excepción. En efecto, el acto reclamado se vincula con un asunto mercantil en el que se dictó una resolución en la que se declaró ilegal el emplazamiento, esto es, el acto no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa. Además, al ser el quejoso parte en el juicio natural, no se está en el supuesto de que el amparo se promueva por persona extraña al procedimiento; y la procedencia del recurso de revocación antes aludido, no está sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarlo, pues es claro y patente al encontrarse regulado en el artículo 1334 del Código de Comercio. De modo tal que, si el quejoso no agotó el recurso de revocación en contra del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Al respecto, se invoca como apoyo la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo de 2002, página 902, cuyo contenido es el siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Al actualizarse la causal de improcedencia en mención, se impone sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. En consecuencia, dado el sentido de la presente resolución, resulta improcedente analizar los conceptos de violación que se dirigen a combatir la constitucionalidad del acto reclamado. Cobra aplicación la jurisprudencia 1028 del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 708, Tomo VI, ParteTCC, Octava Época, publicada en el Apéndice de 1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en los artículos 61, 63, 73, 74, 75 de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ************ contra el acto atribuido a la autoridad responsable precisada en el resultando primero, por los motivos expuestos en el considerando cuarto, de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, electrónicamente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; por lista de acuerdos a la parte quejosa y tercero interesada y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Córdoba, Veracruz, catorce de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en el presente juicio de amparo 1024/2022, el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se celebraron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional. En consecuencia, fórmese cuadernillo y glósese el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, con un anexo, a través del cual en alcance al diverso oficio 357/2022 de treinta de diciembre de dos mil veintidós, remite el original del pagaré de uno de mayo de dos mil diecinueve por la cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos). Acúsese recibo. Realícense las anotaciones en el libro correspondiente y guárdese el pagaré en la caja de valores de este Juzgado.
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