Luis Antonio Benítez Alonso

Expediente 535/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
535/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
06/07/2021

Partes del expediente

  • Luis Antonio Benítez Alonso
  • Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra el auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, mismo que transcurrió del veintiocho de junio al dos de julio de dos mil veintiuno; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. En consecuencia hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este juzgado, a recoger las copias de la demanda que exhibió dentro del plazo de tres días, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Vista la constancia practicada el veinticuatro de los actuales, por la Actuaria de la adscripción, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al quejoso LUIS ANTONIO BENÍTEZ ALONSO, así como a sus autorizados, el proveído de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio de amparo en que se actúa, por los motivos que en la misma se indican; consecuentemente, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificarles dicho auto, por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional. En el entendido que, en proveído de dieciocho de los actuales se ordenó notificar por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, las subsecuentes notificaciones que sean de carácter personal a la parte quejosa, hasta en tanto señalara nuevo domicilio para ese efecto. Notifíquese. EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR SE NOTIFICA EL AUTO DE FECHA DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, EL CUAL DICE: Morelia, Michoacán, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito signado por el quejoso LUIS ANTONIO BENITEZ ALONSO, mediante el cual cumple con la prevención realizada en auto de ocho de junio de dos mil veintiuno; por tanto, se le tiene en tiempo y forma desahogando la prevención. Ahora bien, vistos los escritos de demanda y aclaratorios, de los que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el dispositivo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". En la especie, la parte quejosa, en sus escritos aclaratorios, hace consistir los actos reclamados en: "Del MAGISTRADO DE LA SEPTIMA SALA CIVIL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, se le reclama UNICAMENTE la sentencia de apelación dictada con fecha 31 treinta y uno de mayo del 2021 dos mil veintiuno, dentro del toca de apelación número I-119/2021, relativo al recurso de apelación interpuesto por Gustavo Adolfo Jasso Villicaña, en contra de la diligencia de desalojo realizada con fecha 16 de abril del 2021, por el Juez Séptimo de lo civil; en cuya sentencia ahora el Magistrado, declaró insubsistente la diligencia de desalojo recurrida y ordenó reponer el procedimiento para que el Juez señale fecha y hora para poner en posesión real y material al apelante. Del JUEZ SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, se reclama el pretender cumplir con la resolución del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de fecha 31 de mayo de 2021, en el sentido de señalar fecha para la diligencia de desalojo y llevar a cabo materialmente el desalojo. Y de igual manera, se reclama del JUEZ SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, todo lo actuado dentro del Juicio ejecutivo mercantil número 1021/2017, pues se considera que dentro de dicho procedimiento violó en mi perjuicio mi derecho de audiencia dado que nunca fui notificado debidamente y de manera personal de los actos realizados dentro de dicho procedimiento. Esto es así, toda vez que por tratarse de actos de ejecución de sentencia, se pueden reclamar en la presente demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al suscrito quejoso y trascendieron al resultado de la resolución, como acontece en la especie, atento a lo dispuesto por el artículo 107 fracción IV de la ley de Amparo". "Ahora bien, atento a su requerimiento señalo que en relación al acto reclamado del Juez Séptimo de lo Civil, consistente en todo lo actuado dentro del Juicio ejecutivo mercantil número 1021/2017, por CRISPIN ERNESTO GAMBOA MENDOZA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.4a.bf 30/10/23 22:16:51 Amparo indirecto 535/2021 ??????????????? haber violado mi derecho de audiencia, preciso que lo que reclamo es TODO LO ACTUADO DESDE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO elevado a la categoría de cosa Juzgada; y haciendo la precisión que las violaciones se refieren a las cometidas UNICAMENTE durante el procedimiento de ejecución, porque NO fui notificado de los acuerdos que ordenan el otorgamiento de la escritura, la entrega voluntaria del inmueble y la que ordena el desalojo del inmueble. En Cuanto a la aclaración, qué me hace ver su Señoría en el sentido de aclare a que resolución me refiero cuando manifiesto en mi demanda que "dichas violación a mi derecho de audiencia trascendió en el resultado de la resolución, preciso que la resolución a que me refiero es la resolución emitida por el Magistrado de la Séptima Sala civil, de fecha 31 de mayo del 2021. Quede claro y corrijo que NO reclamó actuaciones desde la presentación de la demanda y emplazamiento, esto no lo reclamo". Previo al estudio de la causal señalada, es preciso destacar que por regla general, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues éstas deben ser alegadas y, en su caso, reparadas en el juicio que se interponga en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la sentencia. Sin embargo, existen excepciones a dicho supuesto, entre las cuales se encuentran aquellas resoluciones que tienen una autonomía propia y destacada en relación con la ejecución de sentencia, debiéndose entender por tales, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. Así, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por tribunales CRISPIN ERNESTO GAMBOA MENDOZA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.4a.bf 30/10/23 22:16:51 judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido, a saber: a) Actos que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución y, b) Actos en ejecución de sentencia, sólo que se trate de la última resolución dictada en esa etapa de ejecución. Por lo que hace al inciso a), son actos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, esos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto del inciso b), el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Aunado a lo anterior, de manera excepcional, el amparo procede contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado, a la luz de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior, conforme a lo señalado en la jurisprudencia 1a./J. 19/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, que dice: CRISPIN ERNESTO GAMBOA MENDOZA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.4a.bf 30/10/23 22:16:51 Amparo indirecto 535/2021 ??????????????? "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación". Dicho criterio ha sido emitido bajo la justificación de que su objeto es evitar abusos en la interposición del juicio de garantías, así como la obstaculización del procedimiento en la etapa de ejecución de la sentencia, la cual, por razón de interés público, no puede entorpecerse o dilatarse por mandato expreso y categórico del artículo 17 constitucional. Precisado lo anterior, en la especie la parte quejosa hace valer como actos reclamados la sentencia de apelación dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca de apelación número I-119/2021, relativo al recurso de apelación interpuesto por Gustavo Adolfo Jasso Villicaña, en contra de la diligencia de desalojo practicada, el dieciséis de abril del mismo año, en ejecución de convenio, dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 1021/2017, del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este CRISPIN ERNESTO GAMBOA MENDOZA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.4a.bf 30/10/23 22:16:51 Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, así como su ejecución y todo lo actuado dentro del procedimiento de ejecución de convenio elevado a la categoría de cosa juzgada, dentro del citado juicio ejecutivo mercantil; de lo que se sigue que dichos actos no son la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, según lo previsto en el último párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, dado que, en su caso, viene a ser aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, siendo hasta ese momento cuando el inconforme esté en aptitud legal de impugnar los actos que ahora reclama. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa la tesis número XXI.1o.32 K, aplicada por identidad de visible en la página 565, Tomo IV, Octubre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "LANZAMIENTO, SUSPENSION DE LA DILIGENCIA DE. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTIAS POR NO SER EL ULTIMO ACTO DE EJECUCION. Si el acto reclamado se hace consistir en la suspensión de la diligencia de lanzamiento, realizada por el actuario adscrito al juzgado responsable, con motivo de la ejecución provisional de la sentencia emitida en el juicio natural; en tal circunstancia, aquélla no es la última resolución dictada en ejecución de la sentencia, la cual tampoco se puede considerar como la última en el procedimiento de ejecución; luego, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, y por ende, con fundamento en el diverso 73, fracción XVIII, de la ley de la materia, sobreseer el juicio de amparo.". Así mismo, es de invocar la tesis número I.3º.C.J/21, aplicada por identidad de razón, publicada en la página 511, Tomo XI, Junio de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es: "ORDEN DE LANZAMIENTO CONTRA DEMANDADO QUE FUÉ OIDO EN JUICIO, NO ES LA ULTIMA RESOLUCION DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.- La orden de lanzamiento constituye una consecuencia directa e inmediata de la sentencia que es cosa juzgada y que emana de un juicio donde el quejoso ya fue oído y vencido en respeto a la garantía de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia que tiene esa calidad. Conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, por última resolución se entiende en forma genérica la declara cumplida la sentencia o convenio que tiene la calidad de cosa juzgada como CRISPIN ERNESTO GAMBOA MENDOZA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.4a.bf 30/10/23 22:16:51 Amparo indirecto 535/2021 ??????????????? culminación de un juicio en que ya se cumplió la garantía de audiencia previa, con las formalidades esenciales del procedimiento; o en su caso, que establece la imposibilidad para cumplirla, y acorde con la naturaleza propia de las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales del orden civil, pueden distinguirse en forma específica, resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena realizada en la sentencia que es cosa juzgada; resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan la ejecución; interlocutoria que resuelve una nulidad de actuaciones o que resuelven una cuestión que guarda autonomía de la ejecución, y otros actos que se traducen en medidas de apremio que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto, o una determinación judicial tendiente a preparar o a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia o convenio que es cosa juzgada. De ahí que por la naturaleza propia de cada una de esas resoluciones o autos que pueden dictarse en el período de ejecución, distintos al de remate, y también por la afectación a la libertad que puede darse en el caso del arresto, o a un derecho sustantivo, porque la resolución o auto modifique, extinga un derecho o constituya una obligación sustantiva que sea distinta a la que fue objeto de controversia y tenga la calidad de cosa juzgada, como son las medidas de apremio, entre otras, es posible diferenciar cuando se está ante una resolución que es la última dictada en el procedimiento de ejecución o bien que por su naturaleza autónoma a lo que ya es cosa juzgada, que crea, o modifica o extingue un derecho en ese procedimiento, deba ser analizada en el juicio de garantías.". Y la tesis, aplicada por identidad de razón, publicada en la página 1262, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, correspondiente al mes de Octubre de 1999, Materia Común, Novena Época, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Procede el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, pues sólo podrá promoverse el juicio de garantías contra la resolución definitiva en que se apruebe o se desapruebe aquél, contra la cual será procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como pudiera ser el citado señalamiento de audiencia.". De igual forma, los actos aquí reclamados tampoco se ubican dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafo precedentes, relativo a los actos de imposible reparación ejecutados dentro de la etapa de ese procedimiento, que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos del quejoso, toda vez que no afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural y, que por ello, se deba excepcionalmente aplicar por analogía la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo; es así, si se toma en consideración que dichos actos son consecuencia jurídica de la sentencia que se emitió dentro del juicio natural. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia citadas, resulta improcedente la demanda de garantías y por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado LUIS FERNANDO ARREOLA VILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Crispín Ernesto Gamboa Mendoza, Secretario con quien actúa y da fe.-

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la constancia de fecha veintiocho de los actuales practicada por la Actuaria de la adscripción, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al quejoso ----, así como a sus autorizados, el proveído de once de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio de amparo en que se actúa, por los motivos que en la misma se indican; consecuentemente, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificarles dicho auto, por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como las subsecuentes que sean de carácter personal hasta en tanto señalen nuevo domicilio para ese efecto. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito signado por el quejoso ---, mediante el cual cumple con la prevención realizada en auto de ocho de junio de dos mil veintiuno; por tanto, se le tiene en tiempo y forma desahogando la prevención. Ahora bien, vistos los escritos de demanda y aclaratorios, de los que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el dispositivo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". En la especie, la parte quejosa, en sus escritos aclaratorios, hace consistir los actos reclamados en: "Del MAGISTRADO DE LA SEPTIMA SALA CIVIL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, se le reclama ---. Del JUEZ SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, se reclama ---. Y de igual manera, se reclama del JUEZ SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, ---. ---". "Ahora bien, atento a su requerimiento señalo que en relación al acto reclamado -----". Previo al estudio de la causal señalada, es preciso destacar que por regla general, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues éstas deben ser alegadas y, en su caso, reparadas en el juicio que se interponga en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la sentencia. Sin embargo, existen excepciones a dicho supuesto, entre las cuales se encuentran aquellas resoluciones que tienen una autonomía propia y destacada en relación con la ejecución de sentencia, debiéndose entender por tales, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. Así, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido, a saber: a) Actos que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución y, b) Actos en ejecución de sentencia, sólo que se trate de la última resolución dictada en esa etapa de ejecución. Por lo que hace al inciso a), son actos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, esos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto del inciso b), el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Aunado a lo anterior, de manera excepcional, el amparo procede contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado, a la luz de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior, conforme a lo señalado en la jurisprudencia 1a./J. 19/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. -". Dicho criterio ha sido emitido bajo la justificación de que su objeto es evitar abusos en la interposición del juicio de garantías, así como la obstaculización del procedimiento en la etapa de ejecución de la sentencia, la cual, por razón de interés público, no puede entorpecerse o dilatarse por mandato expreso y categórico del artículo 17 constitucional. Precisado lo anterior, en la especie la parte quejosa hace valer como actos reclamados la sentencia de apelación ----. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa la tesis número XXI.1o.32 K, aplicada por identidad de visible en la página 565, Tomo IV, Octubre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "LANZAMIENTO, SUSPENSION DE LA DILIGENCIA DE. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTIAS POR NO SER EL ULTIMO ACTO DE EJECUCION. -.". Así mismo, es de invocar la tesis número I.3º.C.J/21, aplicada por identidad de razón, publicada en la página 511, Tomo XI, Junio de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es: "ORDEN DE LANZAMIENTO CONTRA DEMANDADO QUE FUÉ OIDO EN JUICIO, NO ES LA ULTIMA RESOLUCION DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.- -.". Y la tesis, aplicada por identidad de razón, publicada en la página 1262, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, correspondiente al mes de Octubre de 1999, Materia Común, Novena Época, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. -.". De igual forma, los actos aquí reclamados tampoco se ubican dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafo precedentes, relativo a los actos de imposible reparación ejecutados dentro de la etapa de ese procedimiento, que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos del quejoso, toda vez que no afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural y, que por ello, se deba excepcionalmente aplicar por analogía la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo; es así, si se toma en consideración que dichos actos son consecuencia jurídica de la sentencia que se emitió dentro del juicio natural. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia citadas, resulta improcedente la demanda de garantías y por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

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