Luis Amrnado Sandoval Gutiérrez

Expediente 1024/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1024/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
13/12/2022

Partes del expediente

  • Luis Amrnado Sandoval Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 11063, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite la ejecutoria pronunciada el uno de diciembre de dos mil veintidós, en el conflicto competencial 14/2022 de su índice, en el que resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Existe conflicto competencial para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por ********, en cuanto Tesorero Municipal de Sahuayo, Michoacán. SEGUNDO. La Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Michoacan, con residencia en Uruapan, es legalmente competente, por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo promovido por *******, en cuanto Tesorero Municipal de Sahuayo, Michoacán; a quien deberán remitirse la constancias que conforman el expediente para los efectos legales procedentes." Acúsese recibo y háganse las anotaciones en el libro que corresponda. Ahora bien, tomando en consideración que el cuaderno juicio de garantías en que se actúa a la fecha se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente auto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo octavo, artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 9663/2022, signado por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 24267/2022, por el que este Juzgado le envió el juicio de amparo número 1024/2022, a fin de resolver sobre el conflicto competencial suscitado por este órgano jurisdiccional y el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan; informando además que se admitió el mismo; lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 20059/2022, signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en la Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual devuelve el juicio de amparo número 1024/2022, en atención a que no aceptó la competencia declinada en su favor por este órgano jurisdiccional, respecto de la demanda de amparo promovida por ****, en cuanto Tesorero Municipal de Sahuayo, Michoacán, contra actos del Juez Segundo Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por las razones que indica. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, este Juzgador insiste en declinar la competencia, sosteniendo desde luego los argumentos y consideraciones que motivaron el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, que se dictó al respecto; dado que los actos reclamados tienen ejecución en la ciudad de Sahuayo, Michoacán, por ser este el lugar donde se materializaran las consecuencias de la nulidad declarada en el procedimiento de origen, del cual se reclama todo lo actuado, incluida la sentencia y ejecución de la misma, derivado de la falta de emplazamiento del que se duele la parte quejosa, esto es, en dicho lugar se llevará a cabo la devolución de la cantidad derivada de la multa que resultó nula, por haberse impuesto en esa localidad por la demandada aquí quejosa. En tal virtud, debe insistirse que el artículo 37 de la Ley de Amparo en su primer párrafo señala que: ".Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado...". Así, las reglas que fijan la competencia por territorio en materia de amparo, obedecen a la naturaleza del acto, es decir, debe determinarse si el acto reclamado posee ejecución material, o bien, si se trata de actos de naturaleza meramente declarativa u omisiva, que no tengan efectos positivos. En el caso concreto, los actos reclamados en esta instancia constitucional, se hacen consistir en: "Acto Reclamado: La falta de emplazamiento al Juicio en línea registrado bajo el número JA-1132/2021-II, del índice del Juzgado Segundo Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, así como todo lo actuado en dicho expediente y los actos de ejecución que pudieran derivarse del mismo. Acto respecto del cual tuve conocimiento el pasado día 26 veintiséis de agosto de 2022 dos mil veintidós, en virtud de la notificación que llego a mi oficina, donde se me conceden 15 quince días para devolver una multa, esto sin que previamente se me haya oído y vencido, lo cual, vulnera mi derecho humano al debido proceso, pues sin ser oído y vencido, tal y como previamente lo ordenan los artículos 14 y 16 constitucionales, se me pretende obligar a ejecutar un acto, Sin permitir ejercer algún tipo de defensa, por la falta de emplazamiento al juicio administrativo, del cual, nace el acto que aquí se reclama.". Así las cosas, se estima competente para conocer de la demanda en trato al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con sede Uruapan, pues si bien en principio el ámbito competencial de las autoridades señaladas como responsables corresponde a la jurisdicción de este juzgado, no sería suficiente para considerar la competencia a favor de este órgano jurisdiccional, dado que los actos reclamados tuvieron o tendrán ejecución (materialización) en Sahuayo, Michoacán, por ser ese el lugar donde se materializaran las consecuencias de la nulidad declarada en el procedimiento de origen, del cual se reclama todo lo actuado, incluida la sentencia y ejecución de la misma, esto es, en dicho lugar se llevará a cabo la devolución de la cantidad derivada de la multa que resultó nula, por haberse impuesto en esa localidad por la demandada aquí quejosa. Sin que sea obstáculo a lo anterior, como señala el juez similar quien no aceptó la competencia declinada a su favor, que todos los actos son derivado de la falta de emplazamiento del que se duele la parte quejosa y que el mismo no tiene ejecución material al ser omisivo, así como que la pluralidad otros actos no puede ser válido para fincar la ejecución de los actos reclamados a su favor; sin embargo, ello no puede considerarse válido y suficiente para determinar que en el caso los actos reclamados no tienen ejecución en la ciudad de Sahuayo, Michoacán, puesto que en primer lugar, existen excepciones en las cuales un acto omisivo si tiene ejecución sobre los derechos fundamentales de los quejosos, derivado de los efectos positivos que conlleva esa omisión y, en segundo lugar, atendiendo a la pluralidad de actos, aun cuando se pueda tener como destacado un acto reclamado, dentro del conjunto de actos que se señalen en una demanda de amparo, ello no quiere decir que para fijar la competencia pueda verse en forma aislada a uno de los actos reclamados, destacando uno y calificando a los demás como su consecuencia, pues aun cuando puedan ser consecuencia de uno de los actos, no por ello dejan de ser reclamados, ya sea por vicios de origen o también por vicios propios. Lo anterior, tiene apoyo en las consideraciones de la ejecutoria que dio origen a la Jurisprudencia 2a./J. 110/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicho sea de paso no se desatiende, al no resultar aplicable, en virtud de que interpretó la Ley de Amparo abrogada y de la lectura de su contenido se advierte claramente que es aplicable únicamente cuando se reclama el indebido emplazamiento y no cuando, como en el caso que nos ocupa, se reclama la falta de emplazamiento (ausencia). Consideraciones que para mayor comprensión se transcriben: 57. Ahora, como se anunció en líneas precedentes, además de la interpretación a que se ha hecho referencia del artículo 36 de la Ley de Amparo (vigente hasta el dos de abril de dos mil trece), esta Suprema Corte de Justicia ha emitido criterios orientadores para el supuesto en que se deba determinar la competencia para conocer respecto de una demanda de amparo en que se reclame el emplazamiento a juicio, por su indebida práctica (no por su ausencia) y, adicionalmente, todas las actuaciones del juicio de origen, incluida la sentencia o laudo que pone fin a la contienda y su ejecución. Se trata de las siguientes tesis: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA.-El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución, y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución pero sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes. Por tanto del juicio de amparo en que los actos reclamados deben ejecutarse en diversos distritos, corresponde conocer al Juez ante el que se presenta la demanda, pues la expresión 'a prevención' que utiliza la segunda regla competencial se entiende en función del conocimiento anticipado del asunto." (Octava Época. Núm. Registro IUS: 206707. Instancia: Tercera Sala. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, septiembre de 1993, materia común, tesis 3a. XLIX/93, página 13) "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN QUE SE RECLAMA NO EN FORMA AISLADA EL EMPLAZAMIENTO. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO SI LOS ACTOS RECLAMADOS CONTINUARON EJECUTÁNDOSE EN SU JURISDICCIÓN.-Si de una demanda de garantías se infiere que primordialmente se promueve el amparo indirecto por violaciones de un procedimiento, en tanto que en concepto de la parte quejosa no se le concedió la oportunidad de defensa, pero de la propia demanda se desprende que el emplazamiento se reclama no como un acto aislado sino en relación con una serie de actos procesales que se produjeron dentro de un procedimiento que culminó con sentencia condenatoria que causó ejecutoria, debe estimarse que resulta competente para conocer del juicio, el juez de Distrito que previno, si los actos reclamados continuaron ejecutándose en su jurisdicción no obstante que el emplazamiento se hubiere practicado en otra distinta, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece: '... Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente'." (Octava Época. Núm. Registro IUS: 207079. Instancia: Tercera Sala. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, julio-diciembre de 1990, materia común, tesis CXXXVII/90, página 148) 58. Conforme a lo que se ha expuesto, aun cuando se pueda tener como destacado un acto reclamado, dentro del conjunto de actos que se señalen en una demanda de amparo, ello no quiere decir que para fijar la competencia pueda verse en forma aislada a uno de los actos reclamados, destacando uno y calificando a los demás como su consecuencia, pues aun cuando puedan ser consecuencia de uno de los actos, no por ello dejan de ser reclamados, ya sea por vicios de origen o también por vicios propios. 59. Esto es así, en razón de que las reglas básicas de competencia a que se ha hecho referencia no admiten esa diferenciación o excepción, de ahí que si los actos reclamados comenzaron a ejecutarse en un circuito y siguen ejecutándose en otro, no se puede considerar aisladamente la emisión ni ejecución de uno de los actos, pues de hacerlo se generaría una diversa regla de competencia o bien una excepción a la propia regla establecida en el segundo párrafo del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, sin que haya justificación para ello. 60. Además, cabe agregar que al definir la competencia tampoco se puede prejuzgar respecto del resultado que habrá de tener un juicio de amparo en cuya tramitación puede haber muchas variantes que incidan en la litis constitucional que eventualmente deba abordarse." Asimismo, tiene apoyo por identidad jurídica sustancial la Jurisprudencia Tesis: I.1o.P. J/6 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común y Penal, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, página 764, que señala: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEVOLVER UN INMUEBLE LIBERADO DE ASEGURAMIENTO MINISTERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN EL QUE SE UBIQUE DICHO BIEN, POR SER EL SITIO DONDE SE ESTÁ EJECUTANDO LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO. Cuando el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de devolver un bien inmueble que fue objeto de aseguramiento ministerial y a la postre liberado de dicha medida cautelar, tiene la naturaleza jurídica de un acto negativo con efectos positivos, ya que si bien esa omisión, en apariencia, es un acto puramente de carácter negativo, lo cierto es que tal "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad continúe con la abstención que se le impugna, provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos del quejoso, como lo es la restricción en su derecho de propiedad, pues éste no tiene el disfrute de sus pertenencias -ya que la autoridad ministerial liberó al inmueble del aseguramiento que le constreñía-, en tanto la autoridad no haga lo que las leyes le ordenan; motivo por el cual el acto reclamado conlleva un principio de ejecución, ya que de esa manera se materializan los "efectos positivos" que tiene la omisión apuntada. En consecuencia, de conformidad con las reglas de competencia por territorio establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda respectiva, es aquel en donde se está ejecutando la afectación a los derechos fundamentales del quejoso con motivo de la omisión impugnada, lo cual acontece en el lugar en donde respectivamente se ubica el inmueble afectado y, en su caso, sin prejuzgar el fondo del asunto, en el lugar donde se efectuaría la eventual devolución del bien, mas no en diverso sitio. Así también, por las razones que informa la jurisprudencia 1a./J. 64/2019 (10a.), de la aludida Primera Sala, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 899, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará." Igualmente tiene apoyo, por analogía y por las razones que informa la jurisprudencia 1a./J. 16/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materias Penal y Común, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 154, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL QUE DETERMINA IMPROCEDENTE UNA SOLICITUD DE INDULTO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al determinar cuál Juzgado de Distrito es competente para conocer del amparo indirecto promovido contra el oficio dictado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en el que se determinó improcedente el indulto solicitado por una persona recluida en un Centro de Readaptación Social, ya que para uno el competente es el Juzgado de Distrito con jurisdicción en el lugar de residencia de la autoridad responsable, mientras que para el otro lo es el que ejerce jurisdicción en el lugar donde se ubique el Centro de Readaptación Social. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el Juzgado de Distrito con jurisdicción en el lugar donde se ubica el centro penitenciario en el que se encuentra recluido el quejoso es el legalmente competente para conocer del amparo indirecto contra el oficio emitido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal por el que determinó improcedente el indulto, ya que el acto reclamado tiene una ejecución material al incidir en la permanencia del quejoso en el centro de readaptación en el que compurga la pena. Justificación: El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas distintas de tracto sucesivo para determinar la competencia en amparo indirecto atendiendo a si el acto reclamado tiene ejecución unívoca, plural o carece de ejecución material. Ahora bien, en el caso es aplicable la primera regla, a saber, la relativa a que es competente el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Lo anterior es así, porque esta Primera Sala ha sostenido que los actos que determinen la permanencia de la persona en su lugar de reclusión generan una consecuencia material, es decir, una ejecución material. Ante ello, si una persona presentó una solicitud de indulto cuya concesión favorable implicaría, inter alia, la cesación de la privación de la libertad personal ante la extinción de la pena, la resolución que la determina improcedente tiene por consecuencia que permanezca en su situación actual y, por ello, tiene una ejecución material. Dicha ejecución material ocurrirá en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, porque allí se seguirá ejecutando la pena cuya extinción se solicitó. De igual manera, la tesis sustentada por la entonces Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 15, Volumen 65 Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se transcribe: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." Y la tesis, visible en la página 73, Tomo 217-228, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado.". En ese contexto, se considera que no se surte la competencia, de este órgano jurisdiccional para resolver el presente asunto, por consiguiente, en todo caso quien debe conocer del mismo es el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, quien ejerce jurisdicción en Sahuayo, Michoacán, según lo establece el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados Distrito, publicado en el Diario Oficial el quince de febrero de dos mil trece, en vigor al día siguiente de su aprobación. Es así, porque como se dijo, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo y tratándose de actos que tienen ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos, esto fue, en Sahuayo, Michoacán. En consecuencia, con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo y 38, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítanse las presentes actuaciones al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para que a bien tenga resolver, sobre el conflicto competencial planteado; asimismo, comuníquese esta determinación al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito presentado vía electrónica por..., apoderada de la parte quejosa, a través del portal de servicios en línea del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la utilización de la firma electrónica certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL) con número de serie 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01. 51.ab, a nombre de la citada promovente, atento a su contenido, se le tiene hechas las manifestaciones que realiza en relación a las gestiones que está realizando la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo emitida por este juzgado federal dentro del juicio en que se actúa por lo que solicita se le requiera para que cumpla con la misma. En ese contexto, como se estableció al momento de requerir el cumplimiento a la ejecutoria, el amparo se concedió para los efectos siguientes: Deberán realizar todas las gestiones necesarias a fin de que el oficio dirigido al Subdirección Médica del Hospital Regional Doctor, adscrita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Zapopan, Jalisco, así como el exhorto girado al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, sean recepcionadas por las autoridades auxiliares en cita; asimismo, deberán dar seguimiento a las comunicaciones a que se hace referencia, a fin de que se logre el desahogo de las probanzas admitidas en el contradictorio de marras, materia de análisis en el presente sumario constitucional. En caso de que efectivamente las comunicaciones a que se hace referencia en el párrafo precedente hayan sido recibidas por la Subdirección Médica del Hospital Regional Doctor..., adscrita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Zapopan, Jalisco y Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, deberán dictar y ejecutar las medidas que estimen necesarias a fin de que las autoridades de referencia desahoguen las probanzas de mérito. En consecuencia, requiérase nuevamente a la autoridad responsable a efecto de que conforme a las manifestaciones que la parte quejosa realiza en su ocurso de cuenta, y que en copia simple se le remite, a efecto de que se pronuncien sobre las mismas, o bien, manifieste su imposibilidad, como se indicó en la sentencia ejecutoriada. Bajo apercibimiento que de no hacerlo se hará efectiva la multa con que fue apercibido en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Notifíquese.

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