Luis Antonio Maldonado González
Expediente 84/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 84/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luis Antonio Maldonado González
- El Pleno de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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Morelia, Michoacán, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de once de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, transcurrió del veinticuatro de febrero al dos de marzo del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Finalmente, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso i), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.
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Morelia, Michoacán, once de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese el primero de los escritos signado por el quejoso Luis Antonio Maldonado González, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le formuló en auto de veintinueve de enero del año en curso; ahora bien, del contenido del escrito inicial de demanda, así como de su escrito aclaratorio, se advierte que resulta notoriamente improcedente la demanda en trato, que promueve en contra del Pleno de la Cámara de Senadores, con sede en Ciudad de México y otras autoridades, pues en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley, en relación con el diverso 107, primer párrafo de la Constitución Federal, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". ".Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes (.)" Antes, se precisa establecer que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en trato es operante en el caso concreto, de modo tal que, aún en el supuesto de admitirse la demanda y substanciarse el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Noviembre de 1991, página 198, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". En el caso, la parte quejosa hace valer como acto reclamado la omisión de llamar al senador suplente para conservar la debida integración del senado de acuerdo a lo establecido por los artículos 56 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 2 de la ley orgánica del Congreso general de los Estados Unidos mexicanos y articulo 14 en relación con el 13, punto 2 ambos del reglamento del senado de la república, toda vez que de acuerdo al artículo 14 del citado reglamento, una vez aprobada la licencia, el presidente de la mesa llama al suplente para que asuma el ejercicio del cargo de senador. Lo anterior, pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia invocada, porque el acto que reclama la parte quejosa constituye una afectación en los derechos político-electorales del quejoso, que deben hacerse valer ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque el juicio de amparo sólo procede contra actos que violen derechos humanos, y no así contra los que vulneren derechos político-electorales. En efecto, este juzgador estima actualizada la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que los actos atribuidos a las autoridades responsables, derivan de la omisión de llamar al suplente del senador en cuestión, a efecto de que se integre debidamente la presente legislatura; lo que implica una controversia en materia de derechos político- electoral respecto de la cual no procede el juicio de amparo. En primer término, el análisis de la hipótesis de improcedencia atiende al contenido de la jurisprudencia 2ª/ J. 61/2011, cuya actualidad deriva del artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo en vigor y, la razón deriva de la existencia de un sistema procesal constitucional en materia electoral para la protección de los derechos políticos de los ciudadanos. Asimismo, lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1043/2007, emitió la tesis P. LX/2008, publicada en la página cinco, del Tomo XXVIII, septiembre de dos mil ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de cuyo rubro y texto se desprende lo siguiente: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables." Del estudio efectuado por parte de nuestro Máximo Tribunal, en relación con la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, partió del supuesto de que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Al resolverse el amparo en revisión 1043/2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que del análisis sistemático de los artículos 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Federal, se tiene un sistema integral de defensa que permite, por un lado, impugnar vía acción de inconstitucionalidad leyes electorales, en cuanto se refiere precisamente a lo que atañe exclusivamente a dicha materia; por otro, combatir los actos o resoluciones en materia electoral, entre ellos, los que vulneren el derecho político de los ciudadanos de ser votado; pero también existe en armonía con aquellos medios de control constitucional, el juicio de amparo, a fin de combatir cualquier ley que aun cuando su denominación o contenido sea esencialmente electoral, una de sus disposiciones pudiera vulnerar alguna garantía individual y, por ende, el objeto de examen sea sólo ese aspecto. Así, explica el Alto Tribunal, que a la luz de las normas constitucionales que contienen, por un lado, el sistema de justicia en materia electoral, y por el otro, el juicio de amparo como garantía constitucional procesal cuyo objeto primordial es la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes. La Suprema Corte explica que la improcedencia del juicio de amparo no surgirá, entonces, por el solo hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo que se argumente en los conceptos de violación de la demanda, sino que es el contenido material de la norma, acto o resolución lo que determinará la improcedencia del juicio de garantías, esto es, resulta necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en estos supuestos la norma, acto o resolución están sujetas al control constitucional previsto por la propia Ley Suprema, esto es, la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral en el caso de actos o resoluciones. Así, la Corte estableció que la materia electoral comprende las cuestiones propias de los derechos políticos, tales como las bases generales que instituyen los procesos de elección previstos directamente en la Constitución, a saber, la de los titulares del Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Legislativo (en ambos tanto federales como locales), así como los integrantes de los Ayuntamientos (presidente municipal, regidores y síndicos). Determinó que también forman parte de la materia electoral otros aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una u otra manera, tales como las cuestiones propiamente organizativas, administrativas y de otra índole, esto es, las funciones de las autoridades electorales y la creación de órganos administrativos para fines electorales, la organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites a las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos, faltas administrativas y sus sanciones, distritación o redistritación, etcétera. En el caso, como se anticipó, el quejoso acude a esta instancia constitucional con el propósito de reclamar la omisión por parte de las autoridades legislativas señaladas como responsable de llamar al senador suplente, para la debida integración de la legislatura, ocasionando con ello la indebida representación en su conjunto, dado que como ciudadano tiene el derecho de ser representado, como parte del ejercicio democrático que es permanente, y con esa omisión le afecta sus esfera de derechos. Al respecto cabe señalar que del artículo 1º de la Ley de Amparo y el diverso 103, fracción I, de la Constitución Federal, se advierte que el juicio de garantías tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados; y por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal. Luego, el juicio de amparo es una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos, frente a los actos de autoridad o las leyes. Ahora, como se expuso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que tratándose de leyes, actos o resoluciones que se vinculen con derechos políticos o materia electoral, es improcedente el juicio de amparo, y sólo de manera excepcional podrán combatirse a través de éste, siempre y cuando se vinculen en sentido estricto con la posible violación a los derechos fundamentales, ya que -expuso- en la Constitución se encuentran previstas con precisión los medios de control de la constitucionalidad de ese tipo de normas, actos o resoluciones. De igual forma, ha referido que a la luz de las normas constitucionales que contienen, por un lado, el sistema de justicia en materia electoral, y por el otro, el juicio de amparo como garantía constitucional procesal cuyo objeto primordial es la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se debe atender a que la improcedencia del juicio de amparo no surgirá, por el solo hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo que se argumente en los conceptos de violación de la demanda, sino que es el contenido material de la norma, acto o resolución lo que determinará la improcedencia del juicio de garantías, esto es, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en estos supuestos la norma, acto o resolución estarán sujetas al control constitucional previsto por la propia Ley Suprema, esto es, la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral en el caso de actos o resoluciones. En ese sentido, las omisiones de que se duele el quejoso como ciudadano las hace derivar de sus derechos político-electoral, en su vertiente de ser representado en el ámbito de la democracia; sin embargo; es inconcuso que los actos son de contenido electoral, motivo por el que se actualiza la causa de inviabilidad prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la ley de la materia, en relación con el diverso 107, primer párrafo de la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 61/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 323, Tomo XXXIII, Abril de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal". Se afirma lo anterior, porque el juicio de amparo sólo procede contra actos que violen derechos humanos, y no así contra los que vulneren derechos político-electorales. Lo anterior encuentra sustento en las tesis sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables, respectivamente, en el tomo XXVIII, página trescientos veintisiete y tomo LXXI, página cinco mil trescientos uno, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que disponen: "DERECHOS POLÍTICOS. En los términos del artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, el juicio de amparo sólo procede por violación de garantías individuales, debiendo entenderse por tales, aquellas que conciernen al hombre y no las que se refieren al ciudadano. De aquí que la infracción de un derecho político no pueda remediarse por medio del juicio de garantías, puesto que no constituye violación de una garantía individual". "DERECHOS POLÍTICOS. El amparo tiene por objeto reparar las violaciones que las autoridades cometan contra las garantías individuales, pero no contra derechos políticos, como son los de desempeñar cargos públicos y gozar las prerrogativas inherentes a esas funciones, entre las cuales se encuentra la de percibir los emolumentos respectivos al cargo que se sirve". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Finalmente, glósese el segundo de los escritos signado por el quejoso Luis Antonio Maldonado González, atento su contenido, como lo solicita, se autoriza la consulta del expediente electrónico, para lo cual proporciona como nombre de usuario "ULISES SALINAS CURIEL", en términos de lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, téngasele autorizando con todas las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ulises Salinas Curiel, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, se advierte que se encontraron los datos inherentes a la cédula profesional número 5934659, que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho. Hágase del conocimiento del referido ocursante, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo adviertan una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Por otro lado, dígasele al promovente que por lo que respecta al correo electrónico salinas.curiel@gmail.com, se le tendrá únicamente como un medio de contacto, en los casos en que este órgano jurisdiccional lo llegue a considerar necesario en el momento oportuno, en términos del artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así mismo, dígasele que se deja a salvo su derecho, de solicitar se le realicen las notificaciones de manera electrónica a través del Portal de Servicio en línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente.
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En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha once de febrero dos mil veintiuno, el cual en lo conducente señala:Morelia, Michoacán, once de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese el primero de los escritos signado por el quejoso Luis Antonio Maldonado González, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le formuló en auto de veintinueve de enero del año en curso; ahora bien, del contenido del escrito inicial de demanda, así como de su escrito aclaratorio, se advierte que resulta notoriamente improcedente la demanda en trato, que promueve en contra del Pleno de la Cámara de Senadores, con sede en Ciudad de México y otras autoridades, pues en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley, en relación con el diverso 107, primer párrafo de la Constitución Federal, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". ".Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes (.)" Antes, se precisa establecer que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en trato es operante en el caso concreto, de modo tal que, aún en el supuesto de admitirse la demanda y substanciarse el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Noviembre de 1991, página 198, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". En el caso, la parte quejosa hace valer como acto reclamado la omisión de llamar al senador suplente para conservar la debida integración del senado de acuerdo a lo establecido por los artículos 56 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 2 de la ley orgánica del Congreso general de los Estados Unidos mexicanos y articulo 14 en relación con el 13, punto 2 ambos del reglamento del senado de la república, toda vez que de acuerdo al artículo 14 del citado reglamento, una vez aprobada la licencia, el presidente de la mesa llama al suplente para que asuma el ejercicio del cargo de senador. Lo anterior, pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia invocada, porque el acto que reclama la parte quejosa constituye una afectación en los derechos político-electorales del quejoso, que deben hacerse valer ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque el juicio de amparo sólo procede contra actos que violen derechos humanos, y no así contra los que vulneren derechos político-electorales. En efecto, este juzgador estima actualizada la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que los actos atribuidos a las autoridades responsables, derivan de la omisión de llamar al suplente del senador en cuestión, a efecto de que se integre debidamente la presente legislatura; lo que implica una controversia en materia de derechos político- electoral respecto de la cual no procede el juicio de amparo. En primer término, el análisis de la hipótesis de improcedencia atiende al contenido de la jurisprudencia 2ª/ J. 61/2011, cuya actualidad deriva del artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo en vigor y, la razón deriva de la existencia de un sistema procesal constitucional en materia electoral para la protección de los derechos políticos de los ciudadanos. Asimismo, lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1043/2007, emitió la tesis P. LX/2008, publicada en la página cinco, del Tomo XXVIII, septiembre de dos mil ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de cuyo rubro y texto se desprende lo siguiente: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables." Del estudio efectuado por parte de nuestro Máximo Tribunal, en relación con la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, partió del supuesto de que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Al resolverse el amparo en revisión 1043/2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que del análisis sistemático de los artículos 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Federal, se tiene un sistema integral de defensa que permite, por un lado, impugnar vía acción de inconstitucionalidad leyes electorales, en cuanto se refiere precisamente a lo que atañe exclusivamente a dicha materia; por otro, combatir los actos o resoluciones en materia electoral, entre ellos, los que vulneren el derecho político de los ciudadanos de ser votado; pero también existe en armonía con aquellos medios de control constitucional, el juicio de amparo, a fin de combatir cualquier ley que aun cuando su denominación o contenido sea esencialmente electoral, una de sus disposiciones pudiera vulnerar alguna garantía individual y, por ende, el objeto de examen sea sólo ese aspecto. Así, explica el Alto Tribunal, que a la luz de las normas constitucionales que contienen, por un lado, el sistema de justicia en materia electoral, y por el otro, el juicio de amparo como garantía constitucional procesal cuyo objeto primordial es la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes. La Suprema Corte explica que la improcedencia del juicio de amparo no surgirá, entonces, por el solo hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo que se argumente en los conceptos de violación de la demanda, sino que es el contenido material de la norma, acto o resolución lo que determinará la improcedencia del juicio de garantías, esto es, resulta necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en estos supuestos la norma, acto o resolución están sujetas al control constitucional previsto por la propia Ley Suprema, esto es, la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral en el caso de actos o resoluciones. Así, la Corte estableció que la materia electoral comprende las cuestiones propias de los derechos políticos, tales como las bases generales que instituyen los procesos de elección previstos directamente en la Constitución, a saber, la de los titulares del Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Legislativo (en ambos tanto federales como locales), así como los integrantes de los Ayuntamientos (presidente municipal, regidores y síndicos). Determinó que también forman parte de la materia electoral otros aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una u otra manera, tales como las cuestiones propiamente organizativas, administrativas y de otra índole, esto es, las funciones de las autoridades electorales y la creación de órganos administrativos para fines electorales, la organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites a las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos, faltas administrativas y sus sanciones, distritación o redistritación, etcétera. En el caso, como se anticipó, el quejoso acude a esta instancia constitucional con el propósito de reclamar la omisión por parte de las autoridades legislativas señaladas como responsable de llamar al senador suplente, para la debida integración de la legislatura, ocasionando con ello la indebida representación en su conjunto, dado que como ciudadano tiene el derecho de ser representado, como parte del ejercicio democrático que es permanente, y con esa omisión le afecta sus esfera de derechos. Al respecto cabe señalar que del artículo 1º de la Ley de Amparo y el diverso 103, fracción I, de la Constitución Federal, se advierte que el juicio de garantías tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados; y por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal. Luego, el juicio de amparo es una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos, frente a los actos de autoridad o las leyes. Ahora, como se expuso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que tratándose de leyes, actos o resoluciones que se vinculen con derechos políticos o materia electoral, es improcedente el juicio de amparo, y sólo de manera excepcional podrán combatirse a través de éste, siempre y cuando se vinculen en sentido estricto con la posible violación a los derechos fundamentales, ya que -expuso- en la Constitución se encuentran previstas con precisión los medios de control de la constitucionalidad de ese tipo de normas, actos o resoluciones. De igual forma, ha referido que a la luz de las normas constitucionales que contienen, por un lado, el sistema de justicia en materia electoral, y por el otro, el juicio de amparo como garantía constitucional procesal cuyo objeto primordial es la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se debe atender a que la improcedencia del juicio de amparo no surgirá, por el solo hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo que se argumente en los conceptos de violación de la demanda, sino que es el contenido material de la norma, acto o resolución lo que determinará la improcedencia del juicio de garantías, esto es, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en estos supuestos la norma, acto o resolución estarán sujetas al control constitucional previsto por la propia Ley Suprema, esto es, la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral en el caso de actos o resoluciones. En ese sentido, las omisiones de que se duele el quejoso como ciudadano las hace derivar de sus derechos político-electoral, en su vertiente de ser representado en el ámbito de la democracia; sin embargo; es inconcuso que los actos son de contenido electoral, motivo por el que se actualiza la causa de inviabilidad prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la ley de la materia, en relación con el diverso 107, primer párrafo de la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 61/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 323, Tomo XXXIII, Abril de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal". Se afirma lo anterior, porque el juicio de amparo sólo procede contra actos que violen derechos humanos, y no así contra los que vulneren derechos político-electorales. Lo anterior encuentra sustento en las tesis sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables, respectivamente, en el tomo XXVIII, página trescientos veintisiete y tomo LXXI, página cinco mil trescientos uno, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que disponen: "DERECHOS POLÍTICOS. En los términos del artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, el juicio de amparo sólo procede por violación de garantías individuales, debiendo entenderse por tales, aquellas que conciernen al hombre y no las que se refieren al ciudadano. De aquí que la infracción de un derecho político no pueda remediarse por medio del juicio de garantías, puesto que no constituye violación de una garantía individual". "DERECHOS POLÍTICOS. El amparo tiene por objeto reparar las violaciones que las autoridades cometan contra las garantías individuales, pero no contra derechos políticos, como son los de desempeñar cargos públicos y gozar las prerrogativas inherentes a esas funciones, entre las cuales se encuentra la de percibir los emolumentos respectivos al cargo que se sirve". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Finalmente, glósese el segundo de los escritos signado por el quejoso Luis Antonio Maldonado González, atento su contenido, como lo solicita, se autoriza la consulta del expediente electrónico, para lo cual proporciona como nombre de usuario "ULISES SALINAS CURIEL", en términos de lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, téngasele autorizando con todas las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ulises Salinas Curiel, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, se advierte que se encontraron los datos inherentes a la cédula profesional número 5934659, que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho. Hágase del conocimiento del referido ocursante, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo adviertan una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Por otro lado, dígasele al promovente que por lo que respecta al correo electrónico salinas.curiel@gmail.com, se le tendrá únicamente como un medio de contacto, en los casos en que este órgano jurisdiccional lo llegue a considerar necesario en el momento oportuno, en términos del artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así mismo, dígasele que se deja a salvo su derecho, de solicitar se le realicen las notificaciones de manera electrónica a través del Portal de Servicio en línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente.
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