Luis Angel Morales Hernández
Expediente 779/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 779/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 30/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luis Angel Morales Hernández
- Subdirector de la Unidad Jurídica de la Coordinación del Sistema Penitenciario en Morelia, Michoacán
- No Existe
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de agosto de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos, por la que se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que lo hayan hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cuarenta minutos del trece de agosto de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 779/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta al Juez con seis piezas postales devueltas. El Juez provee: Téngase por recibidas las piezas postales devueltas por el Servicio Postal Mexicano, de las cuales se advierte que no fue posible hacer la entrega de los oficios, dirigidos a las autoridades siguientes: 1. Comisionado del Servicio de Protección Federal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, con residencia en la Ciudad de México; 2. Director General de Política y Desarrollo Penitenciario Dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, con residencia en la Ciudad de México; y, 3. Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaria de Gobernación dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, con residencia en la Ciudad de México. Lo anterior, en virtud de que en las instalaciones correspondientes a las autoridades señaladas en los números 1 y 2 se informó que dichas autoridades no existen, no así por lo que respecta a la autoridad señalada en el numeral 3, ya que la misma rindió el informe justificado requerido en autos. Atento lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto admisorio y con fundamento en los artículos 5°, fracción II y 108 fracción III de la Ley de Amparo, interpretados en sentido contrario, se tienen por no señaladas como responsables a las referidas autoridades por lo que se ordena suspender toda comunicación con las mismas. Enseguida, el secretario da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció medios de convicción. El juez provee: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista de del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado por Amelia Salas Zaragoza el cinco de julio de dos mil diecinueve, recibido en este Juzgado por la Secretaria de Guardia, ocurso que fue ratificado el seis de julio del presente año, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridades responsables: Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, con residencia en esta ciudad; Coordinadora del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; Subdirector de la Unidad Jurídica de la Coordinación del Sistema Penitenciario, con residencia en esta ciudad; Director del Centro de Reinserción Social de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto, con residencia en esta ciudad; Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México (en su denominación correcta); y, Comandante de la Guardia Nacional, con residencia en la Ciudad de México. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de ocho de julio de dos mil diecinueve se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete; se pidió los informes justificados a las autoridades responsables, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional y ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues los actos reclamados se pretenden ejecutar donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, en la especie los actos reclamados consistes en: - La orden de traslado del lugar en que guarda reclusión a diverso complejo penitenciario, así como su ejecución. Lo anterior, en virtud de que los actos relativos a la incomunicación, malos tratos y segregación fueron materia de la suspensión de plano, los cuales resultaron inexistentes. Tercera. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables ya referidas, con excepción del Comandante de la Guardia Nacional, con residencia en la Ciudad de México, al momento de rendir sus informes justificados manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, pues la emisión de la orden de traslado girada en contra del quejoso, así como su ejecución, es un acto positivo en tanto que implica una actividad desplegada por las citadas autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que la hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. Determinación que se hace extensiva respecto del Comandante de la Guardia Nacional, con residencia en la Ciudad de México, pues pese a que no obre su informe justificado, se advierte que la misma tiene el carácter de autoridad ejecutora, calidad con la cual no puede materializar actos inexistentes; sin que los actos se hayan reclamado por vicios propios. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables mencionadas se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, se sobresee en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Por las razones expresadas en el considerando tercero de la presente resolución se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Luis Ángel Morales Hernández, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el cuerpo de la presente sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del la licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, en su denominación correcta de la autoridad responsable que lo es Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. Hágase nueva relación de dicho informe en la audiencia constitucional. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de julio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el informe que rinde el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual informa sobre la suspensión de plano decretada en el presente juicio. Atento lo anterior, se tiene satisfecho el requerimiento decretado al respecto y con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/2557/2019 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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