Luis Alfredo Tapia Chaman

Expediente 183/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
183/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
20/04/2022

Partes del expediente

  • Luis Alfredo Tapia Chaman
  • Todas las Partes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 183/2022, con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal que guardan los autos. Conste.Morelia, Michoacán, veinte de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, que prevé el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio y dentro de los noventa días siguientes, depúrese el original del incidente y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del mismo Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, que prevé el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio y dentro de los noventa días siguientes, depúrese el original del incidente y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del mismo Acuerdo General.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 183/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta al Juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció medios de convicción. El juez provee: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos se hace constar que ninguna de las partes los formulo, por lo que precluye su derecho para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Luis Alfredo Tapia Chaman, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos siguientes: Autoridades responsables: 1. Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia. Lic. Amalia Herrera Arroyo; 2. Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia. Lic. Ana Lilia García Cardona; 3. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia. Lic. Ariel Montoya Romero; 4. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia. Lic. Cristobal Luviano Tena; 5. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia. Lic. Félix Francisco Cortés Sánchez; 6. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia. Lic. Fernando Fernández Hernández; 7. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia. Lic. Fernando Sánchez Martínez; 8. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia. Lic. Jesús Alejandro Sosa Maya; 9. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia. Lic. Manuel Padilla Tejez; 10. Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia. Lic. María Consuelo López Ramírez; 11. Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia. Lic. María de la Soledad López Ortiz; 12. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia. Lic. Mauricio Wilfrido Cruz Navarrete; 13. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia. Lic. Noé Reyes Millán; 14. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia. Lic. Ramón Sánchez Magaña; 15. Fiscal General del Estado de Michoacán; 16. Fiscal Regional de Justicia del Estado; 17. Directora de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia; 18. Directora de Litigación de la Fiscalía Regional de Morelia; 19. Director de la Policía de Investigación Región Morelia; y, 20. Coordinador General de la Policía de Investigación. Actos reclamados: -La orden de aprehensión y/o detención, así como su ejecución. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la presente demanda de amparo, registrándose en el libro de gobierno con el número 183/2022, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete, se pidió los informes justificados a las autoridades responsables, y se fijó fecha para la audiencia constitucional. Asimismo, una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues la parte quejosa reclama actos positivos atribuidos a autoridades que residen en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En cumplimiento al precepto y la jurisprudencia referidos, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en lo siguiente: -La orden de aprehensión y/o detención, así como su ejecución. Tercera. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables al momento de rendir su informe justificado las autoridades responsables referidas, manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atentos al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión de los actos reclamados es de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por las autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que los hacía susceptibles de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables mencionadas se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, se sobresee en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 73, 74, 75, 76, 124 y 217, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Luis Alfredo Tapia Chaman, en términos de la consideración tercera de esta resolución. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa en auto de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, para el efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con la denominación de las autoridades responsables señaladas como Director Regional de Investigación y Análisis de Morelia, Fiscal de Atención Personalizada a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado, Director de Aprehensiones de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado y Director de Investigación y Análisis de la Procuraduría de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado, todos ellos con residencia en esta ciudad, sin que haya hecho la aclaración correspondiente. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto admisorio y con fundamento en los artículos 5°, fracción II y 108 fracción III de la Ley de Amparo, interpretados en sentido contrario, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que dada la inexistencia de las referidas autoridades, se ordena suspender toda comunicación con las mismas y en la audiencia constitucional que se celebre no se harán referencia a éstas. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las trece horas del catorce de marzo de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 183/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta y hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. El juez acuerda: Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto a la denominación de las autoridades responsables Director Regional de Investigación y Análisis de Morelia, Fiscal de Atención Personalizada a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado, Director de Aprehensiones de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado y Director de Investigación y Análisis de la Procuraduría de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado, todos ellos con residencia en esta ciudad. En ese sentido, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto por el que se proveyó sobre la suspensión provisional y con fundamento en los artículos 5°, fracción II y 108 fracción III de la Ley de Amparo, interpretados en sentido contrario, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que dada la inexistencia de las referidas autoridades, se ordena suspender toda comunicación con las mismas y en la presente audiencia incidental no se hará referencia a ellas. Dentro del periodo probatorio el secretario hace constar que no obran medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar. El juez acuerda: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con los formulados por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado. En relación con lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la representante social de referencia y se tiene por precluído el derecho de las demás partes para formular alegatos. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez quien resolverá en definitiva este incidente. C O N S I D E R A C I O N E S: PRIMERA. La parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables: 1. Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia. Lic. Amalia Herrera Arroyo; 2. Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia. Lic. Ana Lilia García Cardona; 3. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia. Lic. Ariel Montoya Romero; 4. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia. Lic. Cristobal Luviano Tena; 5. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia. Lic. Félix Francisco Cortés Sánchez; 6. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia. Lic. Fernando Fernández Hernández; 7. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia. Lic. Fernando Sánchez Martínez; 8. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia. Lic. Jesús Alejandro Sosa Maya; 9. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia. Lic. Manuel Padilla Tejez; 10. Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia. Lic. María Consuelo López Ramírez; 11. Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia. Lic. María de la Soledad López Ortiz; 12. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia. Lic. Mauricio Wilfrido Cruz Navarrete; 13. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia. Lic. Noé Reyes Millán; 14. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia. Lic. Ramón Sánchez Magaña; 15. Fiscal General del Estado de Michoacán; 16. Fiscal Regional de Justicia del Estado; 17. Directora de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia; 18. Directora de Litigación de la Fiscalía Regional de Morelia; 19. Director de la Policía de Investigación Región Morelia; y, 20. Coordinador General de la Policía de Investigación. Actos reclamados: -La orden de aprehensión y/o detención, así como su ejecución. SEGUNDA. La totalidad de las autoridades responsables señaladas con antelación, manifestaron que no es cierto el acto que se les reclama. Lo anterior, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa, por lo que con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada por falta de materia sobre la cual decretarla. En consecuencia, se niega la medida cautelar solicitada toda vez que no existe materia sobre la cual decretarla. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia VI.2o. J/19 publicada en la página ciento treinta y tres, tomo II, novena época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados, Julio mil novecientos noventa y cinco, número de registro 204855 de rubro: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO". Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por lo expuesto en la presente interlocutoria, se niega a Luis Alfredo Tapia Chaman, la suspensión definitiva, en atención a lo expuesto en la consideración segunda de la presente interlocutoria. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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