Luis Antonio Alvarez Andrade
Expediente 706/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 706/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luis Antonio Alvarez Andrade
- Luis Armando Alvarez Ochoa
- Isauro Alonso Molina
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de seis de marzo de dos mil dieciocho, en la que se negó la protección de la Justicia Federal solicitada, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo conjunto, en razón de que se negó la protección constitucional solicitada. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto al incidente de suspensión relativo a este juico, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Por lo que se refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 706/2017, promovido por Isauro Alonso Molina y Luis Antonio Álvarez Andrade, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiuno de julio de dos mil diecisiete (fojas 2-22), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, Isauro Alonso Molina y Luis Antonio Álvarez Andrade, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal, Acusatorio y Oral, con residencia en Zamora, Michoacán y de otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos violados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 19, 20, 22 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio. Mediante proveído de veinticinco de julio de dos mil diecisiete, este juzgado admitió la demanda; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, le dio al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; asimismo, se ordenó el emplazamiento del agente de la Dirección de la Coordinación de Agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con residencia en esta ciudad, así como del tercero interesado Luis Armando Álvarez Ochoa, seguido el juicio por sus trámites legales, celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado tiene ejecución material en el ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción este juzgado. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo que establece el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se entrará al estudio de la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio señalado con antelación, el acto reclamado por los quejosos Isauro Alonso Molina y Luis Antonio Álvarez Andrade, a la Juez de Control y Enjuiciamiento Penal Acusatorio y Oral, Región Zamora, Michoacán, consiste en: El auto de vinculación a proceso pronunciado contra los quejosos el siete de julio de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 163/2017, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por el artículo 9º, fracción I, inciso a), y 10, fracción I, incisos b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. La Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con residencia en Zamora, Michoacán y el Encargado de Dirección del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto Número 1, con sede en Charo, Michoacán, aceptaron la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con los discos magnéticos que remitió la juez responsable como complemento a su informe justificado, en los que obran algunas constancias en formato escrito "PDF", así como la audiencia inicial y continuación inicial celebradas el cuatro y siete de julio de dos mil diecisiete, respectivamente. Probanzas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Luego, se tienen por ciertos los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Procedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Estudio del acto reclamado. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que a su juicio le ocasiona el acto reclamado, los que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con la Jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Son infundados tales conceptos de violación, sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que, quien resuelve, considera que lejos de beneficiar a los quejosos les perjudica o no les es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo, habida cuenta que la resolución de siete de julio de dos mil diecisiete, a través de la cual se dictó auto de vinculación a proceso, no transgrede los derechos fundamentales de los amparistas, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." En la especie el acto reclamado se hizo consistir en el auto de vinculación a proceso pronunciado contra los quejosos el siete de julio de dos mil diecisiete, en la causa penal 163/2017, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por los artículos 9º, fracción I, inciso a), 10, fracción I, incisos b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en relación con los artículos 7, fracción II, 8, 9, párrafo primero y 13, fracción III, del Código Penal Federal. En principio, cabe señalar que tomando en consideración que el acto reclamado deriva de un proceso penal que se instruye contra los aquí quejosos por el delito de secuestro; con fundamento en el artículo 20 apartado C fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ofendido tiene derecho al resguardo de su identidad y otros datos personales, por lo que a juicio de este juzgador es necesaria la protección de sus datos como víctima del delito, por lo que se les tendrá en el presente juicio de amparo únicamente con sus iniciales L.A.A.O. Ahora, antes de efectuar el análisis correspondiente de los conceptos de violación, es preciso señalar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se reformaron, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se estableció un sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, que cumple con los principios del debido proceso legal, como el de inmediación, concentración, contradicción, publicidad y continuidad; ello, de acuerdo con lo señalado en la iniciativa respectiva, con el objetivo de garantizar la vigencia del debido proceso en materia penal, recuperar la confianza en la justicia penal y de sus instituciones y hacer más eficiente la persecución e investigación de los delitos y el trabajo de los tribunales penales, así como asegurar la protección, asistencia y participación de las víctimas en el proceso penal. En ese contexto, del artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal reformado, se advierte que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1. Existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho. 2. La ley señale como delito a ese hecho; y, 3. exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada; es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Así lo estableció la Primera Sala de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 35/2017 (10ª), que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Así como la tesis 1ª. CCXLIX/2011 (9ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 292, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SE SUSTENTA EN EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN. Del primer párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se advierte que el sistema procesal penal acusatorio y oral se sustenta en el principio de contradicción que contiene, en favor de las partes, el derecho a tener acceso directo a todos los datos que obran en el legajo o carpeta de la investigación llevada por el Ministerio Público (exceptuando los expresamente establecidos en la ley) y a los ofrecidos por el imputado y su defensor para controvertirlos; participar en la audiencia pública en que se incorporen y desahoguen, presentando, en su caso, versiones opuestas e interpretaciones de los resultados de dichas diligencias; y, controvertirlos, o bien, hacer las aclaraciones que estimen pertinentes, de manera que tanto el Ministerio Público como el imputado y su defensor, puedan participar activamente inclusive en el examen directo de las demás partes intervinientes en el proceso tales como peritos o testigos. Por ello, la presentación de los argumentos y contraargumentos de las partes procesales y de los datos en que sustenten sus respectivas teorías del caso (vinculación o no del imputado a proceso), debe ser inmediata, es decir, en la propia audiencia, a fin de someterlos al análisis directo de su contraparte, con el objeto de realzar y sostener el choque adversarial de las pruebas y tener la misma oportunidad de persuadir al juzgador; de tal suerte que ninguno de ellos tendrá mayores prerrogativas en su desahogo." Ahora, conviene traer a glosa el contenido del primer párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regulan los requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso, los cuales, en su orden, a la letra dicen: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". De lo transcrito, se obtiene que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, es necesario reunir los requisitos siguientes: Haberse formulado la imputación; Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo; Emitir el pronunciamiento dentro del plazo de setenta y dos horas, el cual puede ser duplicado a petición del implicado o su defensa; Expresar el delito que se impute; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; Dictarse, únicamente, por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación; y, Que de los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes para poder establecer la comisión de un hecho determinado por la ley como hecho delictuoso y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En el asunto que nos ocupa, los quejosos comparecen al amparo como imputados, quienes en términos del artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es aquel que es señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señala como delito; quienes fueron detenidos por su probable participación en el delito de secuestro agravado, y por ello fueron puestos a disposición de la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con residencia en Zamora, Michoacán. El cuatro de julio de dos mil diecisiete, se verificó la audiencia inicial para la formulación de la imputación, la cual fue desahogada en sus términos con los requisitos legales señalados en los artículos 309 al 313, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues los quejosos fueron detenidos en flagrancia y puestos a disposición de la juez competente, por lo que antes de resolver el auto de vinculación a proceso, la Juez responsable se pronunció sobre la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa por el término del plazo constitucional y ordenó reanudar la audiencia a las diez horas del siete de julio siguiente, en la que se precisó que el delito que se les imputaba era el de secuestro agravado, se expresaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar; los imputados rindieron su declaración -no obstante que se les dio a conocer el derecho que tenían para declarar o abstenerse de hacerlo- y a las quince horas con veinticinco minutos de la propia fecha -dentro del plazo de setenta y dos horas- vinculó a proceso a los imputados, al considerar su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado en términos de los artículos 9º, fracción I, inciso a), 10, fracción I, incisos b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en agravio de L.A.A.O., normativos que disponen lo siguiente: "Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio; [.]" "Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán: I. De cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: [.] b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas; c) Que se realice con violencia;" Ahora bien, los quejosos señalan que el auto de vinculación a proceso dictado por la autoridad responsable vulnera sus derechos de debido proceso y legalidad, en virtud de que no fueron detenidos en flagrancia del hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, pues aducen que al ser detenidos no los encontraron en poder de la persona secuestrada. Motivos de inconformidad que resultan infundados. Lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho. Es así, pues basta imponerse de la reproducción de la audiencia inicial celebrada el cuatro de julio de dos mil diecisiete, para advertir que la Agente del Ministerio Público, expuso medularmente, como hecho delictivo, que el uno de julio de dos mil diecisiete, aproximadamente a las dieciocho horas, los imputados en compañía de cinco sujetos más, llegaron a bordo de un vehículo marca Toyota color gris y una Jeep Patriot, color guinda, portando armas de fuego, se dirigieron al interior de una tienda de venta de vinos y licores denominada "La Plaza", que se ubica en las calles de Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas de la población de La Plaza, El Limón, municipio de Ixtlán de los Hervores, Michoacán, donde Luis Antonio portaba un arma larga y preguntó a los presentes de quién eran las camionetas que estaban afuera (una marca Sierra color negra y otra Chevrolet Silverado color gris). Que una persona le dijo que era de L.A.A.O., por lo que Luis Antonio se dirigió a él y lo amagó con el arma de fuego, le pidió las llaves y le dijo que lo acompañara, mientras Isauro estaba en la puerta amagando a las personas. Que entre todos obligaron a L.A.A.O. a subirse a la camioneta Toyota Tundra color gris, en la parte de atrás, la cual conducía Isauro, mientras que Luis Antonio se subió en la parte trasera con L.A.A.O. y era quien lo vigilaba; que le dijeron que se pusiera en el piso del vehículo y le preguntaron cuántos hermanos tenía, a lo que contestó que eran cinco en total, y entonces le dijeron que iba a tener que pagar un millón de pesos por cada uno, en total, cinco millones de pesos. Posterior a ello, circularon aproximadamente quince minutos en el cruce de La Higuera y Tecomatlán, llevando también la camioneta Silverado propiedad de la víctima, donde lo subieron a dicho vehículo y custodiado por tres personas lo trasladaron a un lugar contrario a donde se dirigían Isauro Alonso Molina y Luis Antonio Álvarez Andrade, por el lado de la población denominada La Cantera, y durante el trayecto le quitaron su celular y veinticinco mil pesos que llevaba consigo, trasladándolo hasta una aguacatera donde lo mantuvieron cautivo hasta aproximadamente las veintiuna horas con cuarenta minutos para luego llevarlo a un tramo entre Tangamandapio y Patamban, donde lo liberaron con la condición de entregar cinco millones, para lo cual le dieron un teléfono celular y un número a donde debía comunicarse para entregar el dinero. Que mientras tanto, Isauro Alonso Molina y Luis Antonio Álvarez Andrade se dirigían con rumbo a Chavinda, Luis Antonio a bordo de la camioneta Jeep, tipo Patriot color guinda, e Isauro conduciendo la camioneta Toyota tipo Tundra color blanca y después de una persecución que realizaron los elementos de la Policía Michoacán, tanto de Chavinda como de Ixtlán, fueron detenidos el primero de ellos en la esquina que forman las calles Rivera del Canal y Reforma, de la colonia Corpus Cristi, en la población de Chavinda, Michoacán, y el último nombrado en la esquina de las calles 16 de Septiembre y Rivera del Canal de la misma colonia, a quienes les encontraron dos armas de fuego que presuntivamente utilizaron para privar de la libertad a la víctima. Dicha información se corroboró con lo señalado por Álvaro Álvarez Ochoa en el sentido de que tan pronto vio que se llevaron a su hermano L.A. y el vehículo de éste, salió en su búsqueda, para lo cual abordó la camioneta de su propiedad marca GMC Sierra, color negra y empezó a seguirlos a la vez que pedía auxilio a la policía de Ixtlán e informaba a sus familiares lo que había acontecido, esto sin abandonar la persecución; que aproximadamente a las veinte horas con cuarenta y cinco minutos llegó a Chavinda y vio las dos camionetas en las que llegaron los sujetos que se llevaron a su hermano del mencionado establecimiento, pero éste no se encontraba ahí; que fue hasta más tarde cuando su hermano Diego le informó que habían liberado a L.A. Datos de prueba. La representación social expuso como antecedentes de la investigación, diversos datos respecto de los cuales dio a conocer la información que de cada uno de ellos derivaba, entre los que destacan: 1. Informe policial homologado de uno de julio de dos mil diecisiete, suscrito por los elementos de la policía Michoacán, Agustín Gómez Núñez, Arturo Ramírez Gallegos, Felipe de Jesús Sosa Ramírez, Juan Carlos Robledo Prado, Jesús Alberto Barajas Salcedo, Marcos García Hernández, Alejandro Verduzco Gómez, Héctor Daniel Balderas Rivera y Rogelio González Rodríguez (minuto 11:04:16 del registro de audio y video de la audiencia correspondiente). 2. Denuncia de L.A.A.O. de dos de julio de dos mil diecisiete, que realizó ante el agente del Ministerio Público (minuto 11:11:45 del registro de audio y video). 3. Entrevista de Alvaro Álvarez Ochoa de fecha dos de julio de dos mil diecisiete, que realizó la agente de investigación Dalila Martínez Bucio, en la que relató que es hermano de L.A.A.O. (minuto 11:19:49 del registro de audio y video). 4. Entrevista de lsauro Alonso Molina, asistido por Joaquín Leafar Reynoso Esparza, identificado ante la fiscalía con cédula profesional provisional expedida por el Departamento de Profesiones del Estado ante el Agente del Ministerio Público Juan Carlos Leyva Macías (minuto 11:54:27 del registro de audio y video). 5. Entrevista de Luis Antonio Álvarez Andrade, asistido el licenciado en Derecho Agustín Díaz Montejo identificado ante la Fiscalía con cédula profesional expedida por el Departamento de Profesiones de Profesiones del Estado número 5363384 ante el Agente del Ministerio Público Juan Carlos Leyva Macías (minuto 11:54:27 del registro de audio y video). 6. Dictamen en materia de descripción, identificación y avalúo de vehículo realizado por el perito Jesús Adrián Méndez Montejano de dos de julio de dos mil diecisiete. Describe una camioneta Toyota Tundra doble cabina modelo 2007 color gris con placas de circulación M1J2593A del Estado de Michoacán. Así como una camioneta marca Jeep Patriot modelo 2007 color guinda placas PFM135-Z del Estado de Michoacán (minuto 11:47:08 del registro de audio y video). 7. Dictamen en materia de química forense, realizado por el perito Jorge Galileo Ruiz Jiménez de data dos de julio de dos mil diecisiete, sobre prueba de walker respecto de las siguientes armas: Arma larga AK47 calibre 762X39 matricula 50377 marca Norinco y un cargador Arma de fuego larga con culata retráctil HKMP5 calibre 9 milímetros sin matrícula y un cargador abastecido con 15 cartuchos útiles. El resultado fue positivo ya que se identificaron nitritos en ambas armas (minuto 11:48:08 del registro de audio y video). 8. Dictamen en materia de química forense, realizado por el perito Jorge Galileo Ruiz Jiménez de data dos de julio de dos mil diecisiete, sobre prueba de rodizonato de sodio sobre muestras tomadas de ambas manos de Isauro Alonso Molina. Se obtuvo un resultado positivo ya que se identificaron elementos de plomo y vario en ambas manos (minuto 11:50:19 del registro de audio y video). 9. Dictamen en materia de química forense, realizado por el perito Jorge Galileo Ruiz Jiménez de data dos de julio de dos mil diecisiete, sobre prueba de rodizonato de sodio sobre muestras tomadas de la mano izquierda de Luis Antonio Álvarez Andrade (minuto 11:49:34 del registro de audio y video). 10. Dictamen en materia de balística forense, realizado por la perito Paulina García Torres, de dos de julio de dos mil diecisiete, para determinar identificación y descripción de armas. Describe dos armas de fuego largas, la primera AK47 calibre 7.62X39 matrícula 50377 marca Norinco y la segunda con culata retráctil HKMP5 calibre 9 milímetros (minuto 11:50:44 del registro de audio y video). 11. Dictamen en materia de criminalística realizado por el perito Jorge Luis García Juárez realizado en la calle Francisco I. Madero esquina con Lázaro Cárdenas sobre descripción del lugar, en el cual sustancialmente señala que se trata de un inmueble utilizado para la venta de vinos y licores (minuto 11:52:40 del registro de audio y video). 12. Dictamen en materia de criminalística realizado por el perito Jorge Luis García Juárez realizado en el tramo carretero Tangamandapio-Patamban, el cual describe como una brecha, lugar que dice fue identificado por la víctima como el lugar donde sus captares lo dejaron en libertad (minuto 11:53:45 del registro de audio y video). 13. Dictamen en materia de balística forense, realizado por la perito Paulina García Torres, de dos de julio de dos mil diecisiete, para determinar identificación de armas. Identifica una pistola calibre 9 milímetros Parabellum marca Pietro Beretta modelo 92F5 matrícula D644743 país de origen Italia (minuto 11:51:40 del registro de audio y video). 14. Acta de reconocimiento de personas realizado por la licenciada Tami Anguiano Zamudio, agente del Ministerio Público, que se realizó en la cámara de Gesell, en la cual Álvaro Álvarez Ochoa, reconoció a Isauro Alonso Molina hasta en dos ocasiones de entre tres personas que le fueron mostradas como una de las que participó en el secuestro (minuto 12:04:10 del registro de audio y video). 15. Acta de reconocimiento de personas realizado por la licenciada Tami Anguiano Zamudio, agente del Ministerio Público y que se realizó en la cámara de Gesell en la cual L.A.A.O. reconoció a lsauro Alonso Molina hasta en dos ocasiones de entre tres personas que le fueron mostradas como una de las que participó en su secuestro (minuto 12:02:52 del registro de audio y video). 16. Acta de reconocimiento de personas realizado por la licenciada Tami Anguiano Zamudio, agente del Ministerio Público, y que se realizó en la cámara de Gesell, en la cual L.A.A.O. reconoció a Luis Antonio Álvarez Andrade hasta en dos ocasiones de entre tres personas que le fueron mostradas como una de las que participó en su secuestro (minuto 12:05:05 del registro de audio y video). 17. Acta de reconocimiento de personas realizado por la licenciada Tami Anguiano Zamudio, agente del Ministerio Público, y que se realizó en la cámara de Gesell, en la cual Álvaro Álvarez Ochoa reconoció a Luis Antonio Álvarez Andrade hasta en dos ocasiones de entre tres personas que le fueron mostradas como una de las que participó en el secuestro (minuto 12:05:03 del registro de audio y video). 18. Fijación fotográfica del reconocimiento realizado por el perito en fotografía Jorge Luis García Juárez. (minuto 12:06:35 del registro de audio y video). 19. Dictamen Pericial en psicología realizado por el perito José Santos Medina Quintero a L.A.A.O. Determinó que la víctima presenta características de persona que sufrió un hecho violento y daño psicológico (minuto 12:07:01 del registro de audio y video). 20. Dictamen pericial de descripción y fijación de objetos por medio de placas fotográficas realizado por el perito Jesús Adrián Méndez Montejano. Describe dos papeles (post-it) color rosa que presentan numeraciones color negro, siendo un número telefónico y una cantidad de dinero (minuto 12:07:40 del registro de audio y video). Hecho que la ley señala como delito. En concordancia con lo anterior, la juez responsable determinó la existencia de un hecho que reviste el carácter de delito, el cual objetivamente pudo ser ejecutado por las personas a quienes se imputó, pues en forma acertada señaló que una persona fue privada de la libertad con el fin de obtener un rescate, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el hecho denunciado por la víctima L.A.A.O. en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que precisó en la entrevista que le realizó la Fiscalía, es congruente y coherente en sí mismo y además, guarda correspondencia con los datos de prueba que obran en el sumario, mismos que fueron obtenidos de manera lícita. Asimismo, la juez de control, estableció que el hecho señalado como delito constituía el de secuestro agravado, pues la víctima fue privada de su libertad el uno de julio de dos mil diecisiete, aproximadamente a las dieciocho horas, cuando un grupo de al menos siete personas, se presentaron al lugar en donde éste se encontraba acompañado de diversas personas entre ellas, de su hermano Álvaro Álvarez Ochoa, en un establecimiento comercial de vinos y licores ubicado en la Plaza del Limón, perteneciente al municipio de lxtlán de los Hervores, y amenazándole con armas de fuego, lo obligaron a subirse a una camioneta Toyota tipo Tundra y lo trasladaron a un lugar diverso para posteriormente en distinto vehículo, conducirlo a otro sitio, ello con el propósito de obtener cinco millones de pesos a cambio de su liberación. Esto es, el juez responsable correctamente tuvo por acreditado el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado en agravio de L.A.A.O. previsto y sancionado por los artículos 9º, fracción I, inciso a), 10, fracción I, incisos b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Probable participación. De igual forma, la juez responsable estimó con los datos de prueba, que quienes probablemente llevaron a cabo el delito de secuestro agravado, fueron -entre otros- Isauro Alonso Molina y Luis Antonio Álvarez Andrade, pues respecto de éste último se justificó su probable intervención con el contenido de la entrevista que realizó en presencia de su defensor particular, ante el Ministerio Publico; así como el reconocimiento que realizaron tanto la víctima L.A.A.O. como el testigo directo Alvaro Álvarez Ochoa, ante diversa agente del Ministerio Público, el cual fue realizado en la cámara de Gesell, de las cuales se advierte que hasta en dos ocasiones, Luis Antonio Álvarez Andrade fue reconocido por aquellos como una de las personas que participó en el secuestro de la citada víctima, quienes de manera coincidente lo ubican como la persona que preguntó de quién eran las camionetas que estaban afuera del establecimiento de venta de vinos y licores ubicado en la Plaza del Limón, perteneciente al Municipio de Ixtlán de los Hervores. Asimismo, al ser informado que una de ellas era precisamente L.A.A.O., lo obligó a salir del establecimiento comercial, entregarle las llaves y luego, abordar una camioneta Toyota tipo Tundra para llevarlo a un lugar distinto con el fin de pedir un rescate de cinco millones de pesos. Persona que resultó ser una de las que detuvieron los elementos de la policía Michoacán, cuando a bordo de un vehículo Jeep tipo Cherokee intentaba darse a la fuga junto con los tripulantes de una camioneta Toyota tipo Tundra y a los cuales interceptaron, porque precisamente unos vehículos de esas características fueron reportados como en los que se desplazaban las personas que acababan de secuestrar a una persona en lxtlán de los Hervores y quien al momento de su detención traía consigo una arma de fuego larga con características similares a las que reportaron L.A.A.O. y Álvaro Álvarez Ochoa, al momento de privar de la libertad al primero de ellos; incluso lo identifican como el sujeto que lo obligó a salir del establecimiento comercial, entregarle las llaves y luego, abordar una camioneta Toyota tipo Tundra para llevarlo a un lugar distinto con el fin de pedir un rescate de cinco millones de pesos. Y por lo que respecta a Isauro Alonso Molina. Se acreditó su probable participación pues también resulto ser otra de las personas que detuvieron los elementos de la Policía Michoacán, cuando a bordo de un vehículo Jeep tipo Cherokee intentaba darse a la fuga junto con los demás tripulantes de una camioneta Toyota tipo tundra y una Jeep tipo Cherokee a los cuales interceptaron, porque precisamente unos vehículos de esas características fueron reportados como aquellos en los que se desplazaban los sujetos que acababan de secuestrar a una persona en lxtlán de los hervores, y quien además al momento de su detención traía consigo un arma de fuego larga con características similares a las que reportó Álvaro Álvarez Ochoa, al momento de que privaron de la libertad a su hermano L.A.A.O. Incluso, el citado testigo lo identificó como el sujeto que cuidaba la puerta del establecimiento del que fue privado de la libertad su hermano L.A.A.O., cuando diverso sujeto lo obligó a salir del citado lugar, le quitó las llaves de su vehículo y luego lo hizo abordar una camioneta Toyota tipo Tundra a bordo de la cual se retiraron. Así también, el propio testigo al momento de ser entrevistado, indicó que ese día (uno de julio de dos mil diecisiete), cuando trataba de ubicar el paradero de su hermano después de haber dado aviso a la policía para pedir auxilio e informar a sus familiares de ese suceso, ya como a las veinte horas con cuarenta y cinco minutos, en la Población de Chavinda, se percató de la presencia de los dos vehículos en los que viajaban las personas que se llevaron a su hermano, los cuales ya tenían detenidos los elementos policiacos, y en ese momento identificó a lsauro Alonso Molina así como a Luis Antonio Álvarez Andrade, como los sujetos que entraron al establecimiento referido, ubicando al imputado nombrado en primer término como el sujeto que con una arma de fuego, amenazaba a los presentes, mientras que el segundo inculpado obligaba a la víctima a salir del lugar para llevárselo privado de su libertad; incluso, pudo dar cuenta de que éste era de aproximadamente un metro con cincuenta centímetros de estatura y vestía una playera negra con un pantalón de mezclilla, tenis tipo converse y playera negra. Aunado a lo anterior, el propio coimputado Luis Antonio Alvarez Andrade lo ubica como uno de los sujetos que se encontraba presente tanto cuando se planeó "levantar" al propietario de una camioneta negra GMC sierra como cuando se llevó a cabo el secuestro de la víctima. Asimismo, del reconocimiento de personas realizado por la agente del Ministerio Publico y que se realizó en la cámara de Gesell, la víctima reconoció a Luis Antonio Álvarez Andrade hasta en dos ocasiones de entre tres personas que le fueros mostradas como una de las que participó en su secuestro. De la misma manera, a través del acto de investigación consistente en el reconocimiento de personas realizado por la agente del Ministerio Público y que se realizó en la cámara de Gesell, Álvaro Álvarez Ochoa reconoció a Luis Antonio Álvarez Andrade hasta en dos ocasiones de entre tres personas que le fueros mostradas como una de las que participó en el secuestro. Reconocimiento que consideró creíble la juez responsable pues incluso, dichos atestes pudieron describir sus características y ropa que Ilevaba; aunado a que del dictamen pericial en psicología realizado por perito en la materia, se conoce que la víctima presentaba síntomas de persona que sufrió un hecho violento y daño psicológico; circunstancia que evidencia desde luego el hecho delictuoso que éste sufrió. Por lo antes expuesto, se estima que contrario a lo referido por los quejosos, existen datos de prueba idóneos pertinentes y suficientes para vincularlos a proceso, y que se acreditan los elementos constitutivos del hecho que la ley señala como secuestro agravado, así como su probable intervención en su comisión. Por otro lado, también es infundado el argumento relativo a que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, pues la juez responsable refirió que la conducta que se imputa a los peticionarios de amparo, encuadra con lo establecido en los artículos 9, fracción I, inciso a) y 10, fracción I, incisos b) y c), en relación con los numerales 7, fracción II, 8, 9 párrafo primero y 13, fracción III, del Código Penal Federal. Es así porque el derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a todas las autoridades a expresar las razones y los motivos de hecho que justifican la emisión de un acto de molestia que afecte la esfera jurídica de los gobernados; tiene como propósito fundamental dar a conocer las razones de la decisión de la autoridad, para que así la persona agraviada tenga oportunidad de controvertir dichos razonamientos jurídicos. Esta obligación se satisface (desde el punto de vista formal), cuando se citan los ordenamientos legales aplicables y los hechos que hacen que el caso actualice o sea subsumible en la hipótesis normativa, bastando que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse, formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que sustancialmente se comprenda el argumento expresado; esto es, que se den a conocer, en detalle y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron la voluntad del juzgador, de suerte que fuese clara y evidente para que el afectado pudiese cuestionar el mérito de la decisión y le permitiese una real y auténtica defensa, que es el propósito y la ratio del derecho humano de legalidad. Cabe señalar que tal derecho de legalidad previsto en el artículo 16 Constitucional, relativo a la fundamentación y motivación, tiene como propósito primordial que el justiciable conozca el porqué de la conducta de la autoridad; circunstancia que se traduce en darle a conocer, en detalle, la esencia y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto jurídico de decisión, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado, poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, si bien no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma, pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, tampoco es válido exigir a la autoridad una amplitud o abundancia superflua, pues basta la expresión de lo estrictamente necesario (explicar, justificar, posibilitar defensa y comunicar decisión), para que se considere debidamente fundada y motivada la actuación de la autoridad, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.4.A. J/43 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 1531, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción." En ese orden de ideas, se advierte que en el acto reclamado se señalaron las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del auto de vinculación a proceso, se justipreciaron los datos de prueba que fueron referidos respecto a su idoneidad, pertinencia y suficiencia; sin que se advierta que corresponda una justipreciación diversa a la establecida en el acto reclamado; además, existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Cobra especial relevancia el hecho que conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, para el dictado del auto de vinculación a proceso, solo se exige la comprobación de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, "sólo la probabilidad"; pues será en la etapa de juicio donde tendrá la oportunidad de probar las contradicciones que deriven de los hechos que se le imputan. Esto es, debe evitarse formalizar pruebas o exponer razonamientos sobre su valoración, que carguen de formalidad y valor irrefutable la información recabada en la carpeta de investigación. De tal forma que la valoración que realiza la juez de control se limita a la idoneidad, pertinencia y suficiencia de los datos que le son referidos, por ello, basta con que el juzgador estime que los datos de prueba citados por el Ministerio Público cumplen esas características, y que en conjunto resultan suficientes para presumir que los inculpados participaron en su comisión, para justificar el auto de vinculación. En otro aspecto, los quejosos señalan que la juez responsable, en forma indebida, otorgó valor a diversos datos de prueba, mismos que fueron recabados de manera ilícita, pues señalan que: No hubo una defensa adecuada pues se les designaron defensores particulares que no conocían, quienes no realizaron una labor defensiva y sin justificación renunciaron al cargo. Fueron objeto de tortura por parte de los aprehensores. Los actos de investigación que realizaron los elementos policiacos derivan de su detención ilícita. No se excluyeron los datos de prueba recabados con motivo de su ilegal detención, con lo que se convalidaron esos actos de investigación y se violó su derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, dichos motivos de inconformidad son infundados. En efecto, basta remitirse a la audiencia de vinculación a proceso para advertir que respecto del derecho a una defensa adecuada de Isauro Alonso Molina, sí expuso que el abogado defensor que lo asistió (Joaquín Leafar Reynoso) y de quien se asentó que contaba con una cédula provisional, era procedente la exclusión de los datos de prueba consistentes en la entrevista realizada al imputado por parte de la fiscalía, así como el reconocimiento que se hizo respecto del inculpado por parte de la víctima, los cuales se verificaron con la asistencia del citado defensor (minuto 2:47:11 del archivo de la audiencia correspondiente), en razón de que tal persona no reunía los requisitos que para ello establecen la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, y en esa virtud la defensa adecuada sólo puede ser garantizada cuando la ejerce un abogado con cédula de licenciado en derecho, pues en ese sentido existe pronunciamiento de la Corte y además porque se trata de una profesión reglamentada por la Ley General de Profesiones. Por lo anterior, puntualizó que no procedía considerar el contenido de esos datos de prueba (entrevista y reconocimiento por parte de la víctima), con independencia de que el imputado de referencia se hubiere negado a declarar, dada la ilicitud con la que fueron obtenidos. No obstante ello, también señaló que existen diversos datos de prueba relevates como lo son el reconocimiento del testigo Álvaro Álvarez Ochoa, pues señaló que cuando llegó al lugar en el que los policías tenían detenidas a las personas perseguidas, uno de ellos era precisamente Isauro Alonso Molina, incluso, así se los indicó dicho testigo a los elementos policiacos, y lo ubicó como la persona que con un arma de fuego se situó a la entrada del establecimiento donde se encontraba con su hermano y brindó seguridad en todo momento a Luis Antonio mientras éste privaba de su libertad a la víctima, aunado a que fue ubicado en uno de los vehículos detenidos y portaba un arma de fuego. (minuto 2:56:33 de la audiencia). Asimismo, respecto de la defensa adecuada a favor de Luis Antonio Álvarez Andrade, y no obstante que la defensa alegó que si éste admitió su intervención en el ilícito fue porque no estuvo debidamente representado, la juez responsable indicó que ante el Ministerio Público así como ante esa autoridad, el imputado señaló su deseo a declarar libremente, y al hacerlo reconoció que iba con las personas que privaron de la libertad a la víctima, por lo que aunque se retractó o expuso circunstancias diversas a las inicialmente narradas ante la fiscalía, su nueva versión de los hechos no se encuentra debidamente corroborada o justificada y en ese sentido no era procedente excluirlo de su responsabilidad penal a partir de los restantes datos de prueba analizados y valorados (2:59:38 de la audiencia). Elementos entre los que destacó el reconocimiento de la víctima L.A.A.O. y del testigo Álvaro Álvarez Ochoa, quienes señalaron al inculpado como una de las personas que privó de su libertad a la víctima, indicando que fue precisamente la persona quien se dirigió a él y lo obligó a entregarle las llaves de su camioneta Silverado, salir del establecimiento, así como a abordar el vehículo que llevaba junto con sus acompañantes y cuidarlo mientras era trasladado a diverso lugar; mismo vehículo que al ser interceptado por los elementos policiacos, el inculpado de referencia iba a bordo del mismo y aún llevaba consigo un arma de fuego cuyas características coincidían con las descritas por la víctima y su hermano (minuto 2:51:38 del archivo de la audiencia). De igual forma, respecto a la petición para que fueran excluidos los datos de prueba derivados de los actos de investigación realizados por los policías aprehensores (aseguramiento de indicios en los vehículos en los que fueron detenidos y posteriores dictámenes practicados a los mismos), la autoridad responsable la desestimó, atendiendo a que los vehículos inspeccionados se encontraban en poder de los imputados y por tanto, fue legal la recolección de indicios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, contrario a lo que afirman los inconformes, la juez responsable sí realizó la exclusión de los datos de prueba que fueron obtenidos en contravención a las normas legales aplicables, puntualizando respecto de los restantes el por qué sí resultaron idóneos, pertinentes y suficientes para ser tomados en consideración y por ende, no resultan aplicables los criterios que invocan. Por otro lado, respecto de la tortura de que dijeron ser objetos los inculpados, no obstante que la misma hasta este momento no está probada, y que los elementos aprehensores no precisaron en qué medida fue necesario el uso de la fuerza para someter a los detenidos, la juez responsable ordenó su investigación, ello en atención a que es obligación de las autoridades competentes (por un lado el propio juzgador y por el Ministerio Público) que investiguen los hechos y determinen la existencia de los actos de tortura, ya sea como violación de derechos fundamentales o inclusive como delito. Sin embargo, y tomando en consideración que la juez natural al emitir el auto de vinculación a proceso, ordenó dar vista al Procurador General de Justicia para que realizara una investigación eficiente, eficaz e imparcial a fin de determinar si en efecto se llevaron a cabo tales ilícitos, por ello es que este Órgano Constitucional no hace un nuevo pronunciamiento sobre tal aspecto. Es aplicable al respecto, la tesis 1ª.CCVI/2014 (10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 562, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, Penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "TORTURA. SU SENTIDO Y ALCANCE COMO PROHIBICIÓN CONSTITUYE UN DERECHO ABSOLUTO, MIENTRAS QUE SUS CONSECUENCIAS Y EFECTOS SE PRODUCEN TANTO EN SU IMPACTO DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS COMO DE DELITO. Conforme al marco constitucional y convencional, la prohibición de la tortura se reconoce y protege como derecho absoluto que pertenece al dominio del jus cogens internacional, mientras que sus consecuencias y efectos impactan en dos vertientes: tanto de violación de derechos humanos como de delito. En ese orden, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que: 1. Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; en ese sentido, las autoridades tienen la obligación de investigar la tortura para, en su caso, esclarecerla como delito, así como de realizar y proseguir de modo diligente las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades por su comisión. 2. La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso. 3. Atento al principio interpretativo pro persona, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. 4. Cuando una persona ha sido sometida a coacción para quebrantar la expresión espontánea de su voluntad, deben excluirse las pruebas obtenidas mediante la misma." Asimismo no asiste razón a los amparistas, en cuanto señalan en los conceptos de violación, que el auto de vinculación a proceso vulneró en su perjuicio el principio de presunción de inocencia. En efecto, en relación con este tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el principio de presunción de inocencia, da lugar a que el gobernado no esté obligado a probar la ilicitud de su conducta cuando se le imputa la comisión del delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia, puesto que el sistema previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al disponer expresamente que es al Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad del imputado. En apoyo a lo anterior, es de invocar la tesis, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, visible en la página 1186, 2ª.XXXV/2007, Materia Constitucional, Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. El principio de presunción de inocencia que en materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador, es un derecho fundamental que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza en general, cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con su aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares. En consecuencia, este principio opera también en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de "no autor o no partícipe" en un hecho de carácter delictivo o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que no se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos privativos vinculados a tales hechos, en cualquier materia. En el caso de que se trata y en atención al cúmulo de consideraciones expuestas, es inconcuso que la juez responsable tuteló en todo momento a favor de los quejosos el principio de presunción de inocencia, al constatar que los datos de prueba que aportó el Ministerio Público y la declaración del propio imputado Luis Antonio Álvarez Andrade ante la responsable, valorados en el estado procesal en que actuó, resultaban suficientes para demostrar que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; máxime que en la etapa procesal en que se dictó el acto reclamado, estos no han sido desvirtuados por otros medios de convicción; de ahí que su eficacia demostrativa subsiste para los efectos indicados. Por tanto, bajo aquél panorama, debe concluirse que contrario a lo considerado por la parte quejosa, los requisitos y las consecuencias jurídicas para el dictado de un auto de vinculación a proceso se encuentran legal y debidamente satisfechos en términos de los artículos 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales los cuales a excepción del primer numeral, mismo que ya fue transcrito con anterioridad, a la letra disponen lo siguiente: "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." "Artículo 318. Efectos del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento." Como puede advertirse, para el dictado del auto de vinculación a proceso, es suficiente que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, sin establecer con un grado de certeza la existencia de ese hecho y la participación del imputado, ya que dichos datos se obtendrán, en su caso, al concluir la investigación complementaria -se otorgó el plazo de cuatro meses-, e influirá para que el fiscal dentro de la etapa intermedia o de preparación a juicio formule o no su acusación. En consecuencia, al no estar demostrada la violación de derechos humanos, ni en suplencia de la queja, a que autoriza el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución reclamados al Director del Centro de Reinserción Social para Delito de Alto Impacto Número 1, con sede en Charo, Michoacán, por no reclamarse por vicios propios. Sirve de apoyo la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 357, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, rubro y texto: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Por las razones expuestas en el considerando sexto, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Isauro Alonso Molina y Luis Antonio Álvarez Andrade, contra los actos reclamados y autoridades que quedaron precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en la consideración quinta del propio fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy seis de marzo de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica al tercero interesado Luis Armando Alvarez Ochoa, por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado la sentencia de siete de marzo de dos mil dieciocho, en la que en su primer punto resolutivo se señala lo siguiente: primero.- por las razones expuestas en el considerando sexto, la justicia de la unión no ampara ni protege a Isauro Alonso Molina y Luis Antonio Alvarez Andrade, contra los actos reclamados y autoridades que quedaron precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por lo motivos expuestos en la consideración quinta del propio fallo.
- Incidental
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de seis de marzo de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo
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