LUIS ANDRES BRITO FLORES y Otros.
Expediente 96/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 96/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- LUIS ANDRES BRITO FLORES y Otros.
- Emmanuel Alejandro Moises Vazquez Viera
- Luis Andres Brito Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, signado por el Subdirectora de Área en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, respecto de las autoridades Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Director General de Ejecución de Sanciones y Coordinador General de Prevención y Readaptación Social, mediante el cual rinde informe respecto de la suspensión de plano concedida decretada en el presente juicio de amparo; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, signado por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", en El Salto, Jalisco, mediante el cual comunica que se tiene conocimiento de la suspensión de plano decretada en el presente juicio de amparo; agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda, toda vez que el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, con residencia en Ciudad Judicial Federal, Zapopan, Jalisco, aceptó la competencia planteada, y el cinco de este mes, se ordenó el archivo.
- Principal
Visto el oficio número 16313/2019, signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, con residencia en Ciudad Judicial Federal, Zapopan, Jalisco, mediante el cual comunica que se aceptó la competencia declinada por este juzgado en los autos del juicio de amparo 96/2019-5B; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales. Asimismo, intégrese el oficio número 13429/2019-III, que remite la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, Jalisco, con el que devuelve parcialmente diligenciado el exhorto 56/2019, en virtud de que los quejosos Luis Andrés Brito Flores, Yovany Castro Urbano, Emmanuel Alejandro Moisés Vázquez Viera, Erick Rivera Aviña, Christian Alan Martínez Lozano, Juan Enrique Vazconez Hernández, Esteban Ríos Castillo, David Llanos Vergara, Sergio Mora Cortés, Carlos Alberto Acevedo Ramírez, Emmanuel Martínez Montiel y Miguel Ángel Botello Rodríguez, quedaron notificados del proveído de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. Se tiene a los quejosos por notificados del proveído de referencia, en términos de la diligencia practicada el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, por la actuario adscrita al juzgado de referencia. Por otra parte, de la razón levantada por el actuario judicial adscrito a dicho juzgado, se advierte que no fue posible notificar personalmente a quejoso Gonzalo Arturo Soveranes Aguar del proveído de veintiuno de febrero del año en curso, toda vez que dicho quejoso no forma parte de la población de dicho centro de reclusión; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, notifíquese ese acuerdo, este auto y los subsecuentes al citado impetrante de garantías por medio de lista así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación hasta en tanto proporcione domicilio para tal efecto, toda vez que no señaló domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones. Toda vez que los quejosos Luis Andrés Brito Flores, Yovany Castro Urbano, Emmanuel Alejandro Moisés Vázquez Viera, Christian Alan Martínez Lozano, Juan Enrique Vazconez Hernández, Esteban Ríos Castillo, David Llanos Vergara, Sergio Mora Cortez, Emmanuel Martínez Montiel y Miguel Ángel Botello Rodríguez, al ser notificados del proveído de veintiuno de febrero del presente año, en el que se les notificó que se remitió por incompetencia la demanda de garantías a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en turno, con sede en Zapopan, solicitaron copias de la demanda; por tanto, con copia certificada de la citada diligencia de notificación contenida en el exhorto 56/2019, envíese al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Ciudad Judicial Federal, Zapopan, a quien tocó conocer del juicio de amparo para su conocimiento y efectos legales correspondientes, el cual registró bajo número 184/2019-III, de su índice. Asimismo, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales, el telegrama a nombre de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación social Número Dos "Occidente", en El Salto Jalisco, con el cual comunica que se tiene conocimiento de la suspensión de plano decretada en el presente juicio de amparo. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 214 de la Ley de Amparo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en la fracción I, del ordinal Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción; dado que Juzgados de Distrito, que es susceptible de destrucción, dado que el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, con residencia en Ciudad Judicial Federal, Zapopan, Jalisco, aceptó la competencia planteada en el juicio de amparo número 96/2018-5B; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de un cuaderno de antecedentes con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente cuaderno de antecedentes, con apoyo en los dispositivos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS AL QUEJOSO GONZALO ARTURO SOVERANES AGUAR, EL AUTO DE VEINTIUNO DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE: Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Luis Andres Brito Flores, Yovany Castro Urbano, Emmanuel Alejandro Moisés Vázquez Viera, Erick Rivera Aviña, Christian Alan Martínez Lozano, Juan Enrique Vazconez Hernández, Esteban Ríos Castillo, David Llanos Vergara, Sergio Mora Cortez, Gonzalo Arturo Soveranes Aguar, Carlos Alberto Acevedo Ramírez, Emmanuel Martínez Montiel, Miguel Ángel Botello Rodríguez, quienes se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con sede en El Salto, Jalisco, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con sede en El Salto, Jalisco, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 96/2019-5B. Pues bien, dado que la competencia legal es de orden público y, por tanto, no puede quedar sujeta a la voluntad de las partes, se procede a analizar si en el caso se surte la competencia legal de este juzgado federal, para conocer de la demanda de amparo presentada por los quejosos Luis Andres Brito Flores, Yovany Castro Urbano, Emmanuel Alejandro Moisés Vázquez Viera, Erick Rivera Aviña, Christian Alan Martínez Lozano, Juan Enrique Vazconez Hernández, Esteban Ríos Castillo, David Llanos Vergara, Sergio Mora Cortez, Gonzalo Arturo Soveranes Aguar, Carlos Alberto Acevedo Ramírez, Emmanuel Martínez Montiel, Miguel Ángel Botello Rodríguez. En ese contexto, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que los quejosos se encuentran recluidos actualmente en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", ubicado en el Salto, Jalisco. Ante tales consideraciones, el Titular carece de competencia para conocer del presente juicio de amparo. En efecto, para llegar a dicha conclusión es necesario considerar la previsión del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Con relación a la interpretación del precepto transcrito y retomando por similitud al artículo 36 de la Ley de Amparo de mil novecientos treinta y seis, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció tres reglas para fijar la competencia, a saber: a) La establecida en el último párrafo consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido la resolución, en este supuesto, basta que quede debidamente acreditado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (mismo que no requiere de ejecución material) radica dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo. b) La segunda regla, contenida en el primer párrafo, se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que requieren de ejecución; y, c) La tercera regla, constituye un matiz de la segunda, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces el competente será ante el que se presente la demanda. Como se aprecia, las reglas de competencia por razón de territorio contenidas en el trascrito artículo 37 tienen como eje rector la ejecución material del acto reclamado, empero, tratándose de aquellos actos que no la tienen, lo que se considera para determinar la competencia del juez de distrito, es el lugar donde resida la autoridad que emitió el acto. Ahora bien, la palabra ejecutar significa, literalmente, "poner por obra algo" (conforme al Diccionario de la Lengua Española); la palabra ejecución es tanto su acción como su efecto. Por tanto, ejecutar, tiene el sentido ordinario de realizar acciones que implican o producen un cambio en el mundo físico. El artículo 37 de la Ley de Amparo, al emplear la voz ejecución, reafirma ese entendimiento, al calificar la palabra ejecución con la característica de "material", esto es, opuesto a lo que sólo tiene impacto en el mundo formal, la ejecución material implica un cambio en la situación jurídica del quejoso, ya sea que le impone una carga o le priva o limita algún derecho. Así, para determinar si el acto reclamado tiene o no ejecución atendiendo a su naturaleza intrínseca y no a su forma de expresión, se considera conveniente distinguir la naturaleza positiva y negativa de los actos, de conformidad con lo señalado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 176/2009, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J.152/2009. ".En este sentido, un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer. A su vez, estos actos se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea; b) actos de ejecución continuada o inacabada; y, c) actos de ejecución de tracto sucesivo." "Por su parte, el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. Estos actos negativos se subclasifican en: a) abstenciones; b) negativas simples; y, c) actos prohibitivos." "Es importante poner de relieve que aunque los actos administrativos puedan expresarse en forma negativa, su naturaleza es positiva cuando entrañan la privación del ejercicio de un derecho o cuando en virtud de esa negativa la autoridad pueda actuar en forma positiva afectando la esfera jurídica del quejoso." "Los actos negativos omisivos son abstenciones por parte de la autoridad no expresadas materialmente pero apreciables por la conducta apática o negligente de aquélla. Los actos negativos simples son los que se expresan mediante el rechazo de la autoridad acerca de lo pedido. Finalmente, los actos prohibitivos son aquellos que implican una orden o conducta positiva de la autoridad tendiente a impedir una conducta del particular afectado." "Entonces, cualquiera que sea la forma de expresión que emplee la autoridad, sea concediendo o negando lo que se le pidió, sea ordenando o prohibiendo, para definir la naturaleza negativa del acto habrá que analizar en cada caso si el mismo redunda en una abstención de otorgar o reconocer al quejoso el derecho que le corresponde; o para definir su carácter positivo, habrá que advertir si impone al quejoso una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico.". Conforme a las precisiones que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la naturaleza intrínseca de los actos de autoridad, el suscrito Titular estima que el acto reclamado en este juicio de amparo, consistente en la orden de traslado y de acuerdo a las manifestaciones expresadas en la demanda de amparo, constituye un acto que lleva implícita una ejecución, pero hasta el momento de presentación de la demanda, no se habían modificado ni alterado el estado de cosas existentes, ya que los quejosos Luis Andres Brito Flores, Yovany Castro Urbano, Emmanuel Alejandro Moisés Vázquez Viera, Erick Rivera Aviña, Christian Alan Martínez Lozano, Juan Enrique Vazconez Hernández, Esteban Ríos Castillo, David Llanos Vergara, Sergio Mora Cortez, Gonzalo Arturo Soveranes Aguar, Carlos Alberto Acevedo Ramírez, Emmanuel Martínez Montiel, Miguel Ángel Botello Rodríguez, están privados de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", ubicado en El Salto, Jalisco, así como tampoco tienen certeza de si existirá la orden de traslado y, en su caso, a qué centro penitenciario se realizará. En ese sentido, si bien puede considerarse que el acto reclamado implica per se, una ejecución material, pero de las constancias que obran hasta este momento, sólo se desprende que materialmente tendría ejecución en el Estado de Jalisco, es decir, dentro de la jurisdicción que ejercen los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. Cierto, la premisa en cuanto a que al realizarse el traslado éste tendría ejecución en el Estado de Jalisco donde se encuentran recluidos los quejosos, es correcta porque en el caso se trata de definir la competencia del juez de distrito y no debe confundirse la naturaleza del acto con el perjuicio, dado que la naturaleza del acto se determina conforme a éste, es decir, si introduce o no un cambio a la realidad (positivo); si no afecta la realidad existente (negativo); si implica un no hacer de la autoridad o la inacción de la autoridad (omisivo), pero no puede hacerse depender de que el acto por ser de naturaleza de tracto sucesiva, necesariamente tenga que ejecutarse en el Estado de Sinaloa -dado que pudiera presentarse que la orden es inexistente o a diverso Estado-; entonces, en este momento procesal, la certeza radica en que los quejosos se encuentran recluidos en un centro federal con residencia en el Estado de Jalisco, por ende, en caso de existir la orden de traslado, la primera ejecución material, sería precisamente en el Estado de Jalisco. En consecuencia, aun cuando se trata la orden de traslado de un acto de tracto sucesivo como así lo ha sostenido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 1a./J.35/2008, lo cierto es que en el caso, en este momento procesal no podría tener una ejecución material en el Estado de Sinaloa, si se parte de la base que no existe actualmente un traslado como tal, por tanto, el único dato objetivo que se tiene hasta el momento es, que los quejosos están privados de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", ubicado en El Salto, Jalisco y reclaman el traslado a un CEFERESO, sin tener certeza a cuál, lo que implica determinar de que ese traslado puede ejecutarse en un distrito judicial diverso a Sinaloa, por tal razón, se actualiza la regla de competencia prevista por el primer párrafo, del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece la competencia en favor del juez de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se trate de ejecutar o se esté ejecutando el acto reclamado, y que es que necesariamente tendrá ejecución en Jalisco y, por tanto, se actualizará el supuesto de competencia previsto en el párrafo segundo del artículo 37, de la Ley de Amparo. En esa tesitura, en virtud de que, la ejecución del acto que en esta vía se impugna es de tracto sucesivo; sin embargo, se tiene la certeza de que solo tendrá ejecución en el Estado de Jalisco, es incuestionable que la competencia para conocer de la presente demanda de amparo, por razón de territorio, corresponde al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno; por tanto, el suscrito Titular declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto y ordena remitir la demanda de amparo al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno, a quien se estima competente, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. En diverso orden de ideas, los quejosos reclaman la orden de traslado, que para efectos de la suspensión debe ser de plano y de oficio, del contenido de la demanda de amparo se desprende que los quejosos señalaron como autoridades responsables a las siguientes: Secretario Técnico de Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. Director General de Ejecución de Sanciones del Órgano Administrativo Desconcentrado. Comisionado de la Policía Federal. Titular de la Función Pública de la Secretaria. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Secretario de Gobernación. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado. H. Comité Técnico del Cefereso Federal de Readaptación Social #2 "Occidente". Tercer visitador dela Comisión Nacional de Derechos Humanos. Director Administrativo del Centro Federal de Readaptación Social #2 "Occidente". Coordinador del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Director General del Centro Federal de Readaptación Social Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México. Director General del Centro Federal de Readaptación Social #2 "Occidente", El Salto, Jalisco, Guadalajara, Jalisco. Director General de los Centros Federales de Readaptación Social en número 3. Director General de los Centros Federales de Readaptación Social en número 4. Director General de los Centros Federales de Readaptación Social en número 5. Director General de los Centros Federales de Readaptación Social en número 6. Director General de los Centros Federales de Readaptación Social en número 7. Director General de los Centros Federales de Readaptación Social en número 8. Director General de los Centros Federales de Readaptación Social en número 9. Director General de los Centros Federales de Readaptación Social en número 10. Director General de los Centros Federales de Readaptación Social en número 11. Director General de los Centros Federales de Readaptación Social en número 12. Director General de los Centros Federales de Readaptación Social en número 13. Director General de los Centros Federales de Readaptación Social en número 14. Director General de los Centros Federales de Readaptación Social en número 15. Director General de los Centros Federales de Readaptación Social en número 17. En ese sentido, conforme a los principios de expeditez y celeridad en la administración de justicia consagrados en el artículo 17 de la Carta Magna, el suscrito debe analizar si resulta lógico y pertinente notificar a todas las autoridades citadas al presente juicio de amparo, atento a los conceptos de violación, acto reclamado y a los antecedentes del caso, para desprender su participación o no, con lo que se evita notificar innecesariamente a un sinfín de autoridades que no tendrían ese carácter, sin perjuicio de que su participación pudiera acreditarse durante el trámite del juicio y emplazarlas. Entonces, el suscrito determina que en el presente juicio de amparo se notificará únicamente a las autoridades ordenadoras Comisionado, Director General de Ejecución de Sanciones y Coordinador, todos del Órgano Administrativo Prevención y Readaptación Social, en razón de que son quienes, en su caso, pudieran ser las responsables de la orden de traslado a un diverso centro penitenciario que combaten los justiciables y al Director General del Centro de Readaptación Social Número 2 "Occidente". El Salto, Jalisco. Lo anterior a efecto de no retrasar injustificadamente el procedimiento en razón de que dicha circunstancia desobedece a los fines del juicio de amparo y perjudica los intereses de la sociedad, a quien le interesa que los medios económicos y humanos invertidos para la pronta y expedita administración e impartición de justicia, no se vean mermados con pretensiones infundadas e improcedentes de los particulares, quienes acceden a ella sabedores de esta situación. Tiene aplicación por analogía jurídica, la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 1705, Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA ORDEN DE TRASLADO DE UN SENTENCIADO. SI ÉSTE SEÑALA COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODAS LAS DEPENDENCIAS PENITENCIARIAS FEDERALES Y LOCALES Y JUECES DE EJECUCIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR, BAJO EL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, SI RESULTA LÓGICO Y PERTINENTE EMPLAZAR A TODAS ESAS AUTORIDADES AL JUICIO. Conforme al artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades encargadas de administrar justicia, estarán expeditas para impartirla de manera pronta, completa e imparcial; por ello, para efectos del juicio de amparo, el Juez de Distrito, tutor y garante de la correcta sustanciación de este medio de control constitucional, debe velar por que las pretensiones de las partes sean afines con los principios de expeditez, prontitud y economía procesal que lo rigen. Por tanto, ante las pretensiones y/o peticiones de las partes, expuestas en la demanda, está facultado para analizarlas y determinar si: 1) resultan procedentes a los fines del juicio; 2) debe prevenir al interesado ante alguna deficiencia o irregularidad en su petición; 3) procede desechar de plano la pretensión, por notoriamente frívola o improcedente; o, 4) reservar su decisión en relación con alguna petición, y/o pretensión de alguna de las partes, para el momento procesal oportuno. En ese sentido, cuando la demanda de amparo es promovida por un sentenciado que compurga una pena de prisión en la Ciudad de México, y reclama una orden de traslado, señalando como autoridades responsables a todas las dependencias penitenciarias federales y locales del país, incluyendo a los Jueces de ejecución, el Juez de Distrito, bajo el principio de instancia de parte agraviada, debe analizar si resulta lógico y pertinente emplazar a todas esas autoridades al juicio, atento a los conceptos de violación, acto reclamado y a los antecedentes del caso, para desprender su participación o no, con lo que se evita emplazar innecesariamente a un sinfín de autoridades que no tendrían ese carácter, sin perjuicio de que su participación pudiera acreditarse durante el trámite del juicio y emplazarlas. Sin que lo anterior implique que el quejoso no pueda ejercer sus derechos ante los Juzgados de Distrito, ya que ese ejercicio no es ilimitado, pues debe atender a los principios de expeditez, prontitud y prosecución judicial y, por ello, el juzgador, como garante del procedimiento, debe velar por que no se retrase injustificadamente, con el único fin de prolongar los beneficios cautelares que la suspensión del acto reclamado apareja a su esfera jurídica, durante su vigencia, ya que esa conducta desnaturaliza los fines del juicio de amparo y perjudica los intereses de la sociedad, a quien le interesa que los medios económicos y humanos invertidos para la pronta y expedita administración e impartición de justicia, no se vean mermados con pretensiones infundadas e improcedentes de los particulares, quienes acceden a ella sabedores de esta situación.". Por otro lado, de la demanda de amparo se advierte que los quejosos solicitan la suspensión del acto reclamado. Bajo este contexto, la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal de los reclusos de manera indirecta. Por tanto, considerando que los quejosos reclaman la orden de traslado a autoridades administrativas se concede la suspensión de oficio y de plano, para el efecto de que los quejosos no sean trasladados del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", ubicado en El Salto, Jalisco, donde se encuentran recluidos, a cualquier otro diverso. Es aplicable, la tesis número VIII.1o.16 P, del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable en la página 557 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 1997, Novena Época, Materia Penal, cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN, INCIDENTE DE. PROCEDE CONTRA EL TRASLADO DE REOS.". En el supuesto de que la orden de traslado provenga de un Juez del Ramo Penal o alguna autoridad judicial, o, bien, fuera autorizada por un juez debido a un acto urgente, de conformidad con el artículo 18 Constitucional, se concede la suspensión de plano y de oficio para el único efecto de que los quejosos queden a disposición del Juez de Amparo competente, en cuanto a su libertad personal se refiere en el lugar donde actualmente se encuentran recluidos o en el que ordene la autoridad judicial; de efectuarse el traslado correspondiente o el que ordene la autoridad judicial, se tomen todas y cada una de las medidas necesarias para que los quejosos no sean objeto de incomunicación, azotes, palos y tormento de cualquier especie o de cualquier otra pena inusitada y trascendental prohibida por el artículo 22 Constitucional. Sirve de apoyo lo anterior, la tesis I.9o.P.129 P (10a.), emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2321, libro 39, febrero 2017, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. DEBE RESTRINGIRSE LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, SI AQUÉLLA ESTÁ RELACIONADA CON EL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA O SI EL QUEJOSO REQUIERE MEDIDAS ESPECIALES DE SEGURIDAD, SIEMPRE QUE SE EMITA POR AUTORIDAD JUDICIAL. La citada medida cautelar contra la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, debe restringirse en cuanto a su concesión, si dicha orden se encuentra relacionada con el delito de delincuencia organizada o si el quejoso requiere medidas especiales de seguridad, siempre que se emita por autoridad judicial, porque vulnera el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que el diverso 128, fracción II, de la Ley de Amparo, así lo condiciona, en el sentido de que esa medida no surtirá efectos si contraviene disposiciones de orden público. En efecto, el precepto citado de la Carta Magna establece que para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales, y los que revisten este carácter son los centros de reclusión de máxima seguridad, por contar con las medidas de seguridad e instalaciones necesarias para la protección integral de los procesados o sentenciados y la disminución de riesgo de fuga. Incluso, dispone que podrán imponerse medidas de vigilancia especial de seguridad a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley. Lo que se traduce en que ningún derecho fundamental es absoluto y, en esa medida, todos admiten restricciones, con la salvedad de que no se realicen a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros derechos constitucionalmente protegidos.". Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 58/2016, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 865, libro 36, Noviembre de 2016, tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que a la letra establece: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta.". Por otra parte, considerando que los quejosos Luis Andres Brito Flores, Yovany Castro Urbano, Emmanuel Alejandro Moisés Vázquez Viera, Erick Rivera Aviña, Christian Alan Martínez Lozano, Juan Enrique Vazconez Hernández, Esteban Ríos Castillo, David Llanos Vergara, Sergio Mora Cortez, Gonzalo Arturo Soveranes Aguar, Carlos Alberto Acevedo Ramírez, Emmanuel Martínez Montiel, Miguel Ángel Botello Rodríguez, se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con sede en El Salto, Jalisco, notifíquese en el mismo, el presente acuerdo. Bajo ese contexto, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal, así como los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 y 299, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al citado cuerpo de leyes, en términos del artículo 2, gírese atento exhorto vía Sise al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno, para que en auxilio de la Justicia Federal y por comisión de las labores de este juzgado, se sirva ordenar, a quien corresponda, la notificación personal de este auto a los quejosos Luis Andres Brito Flores, Yovany Castro Urbano, Emmanuel Alejandro Moisés Vázquez Viera, Erick Rivera Aviña, Christian Alan Martínez Lozano, Juan Enrique Vazconez Hernández, Esteban Ríos Castillo, David Llanos Vergara, Sergio Mora Cortez, Gonzalo Arturo Soveranes Aguar, Carlos Alberto Acevedo Ramírez, Emmanuel Martínez Montiel, Miguel Ángel Botello Rodríguez, quienes se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con sede en El Salto, Jalisco, así como notificar por oficio que se anexe a dicha comunicación oficial, al Director de dicho Centro Penitenciario. Por último, el suscrito Juzgador tiene conocimiento del criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE REO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR EN DONDE SE MATERIALIZÓ ESE ACTO.". En dicha tesis, el Tribunal sostiene que debe seguirse la regla prevista en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, esto es, actos ejecutados; sin embargo, por ejecutoria de dieciocho de enero de dos mil doce, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró improcedente la contradicción 465/2011 derivado de la denuncia de que fue objeto la citada tesis, al resolver que la jurisprudencia 35/2008 resolvió la problemática, en el sentido de establecer que se trataba de actos de tractos sucesivo, por lo que sería competente el Juez que previno, atendiendo a los lugares en que se ejecutó o sigue ejecutando el acto. Por lo que, se reitera en este Décimo Segundo Circuito, el acto no ha tenido ejecución.
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