Luis Alfonso Lopez Saille
Expediente 516/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 29 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 516/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 29/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Luis Alfonso Lopez Saille
- Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa
- LUIS ALFONSO LOPEZ SAILLE y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS QUE DICE; Los Mochis, Sinaloa, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, contra el proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en el cual se declaró cumplido el fallo protector; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que, que por resolución de treinta de marzo de dos mil veintiuno, dictada por este juzgado, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del Apartado Noveno, Capítulo Tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Por otra parte, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera provisional y definitiva se concedió la suspensión, en ese sentido, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo, el auto en el que se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados y la resolución en la que se concedió la suspensión definitiva y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia respectivas; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Finalmente, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, por tanto, resulta innecesario seguir conservando en depósito y a disposición de este juzgado el billete de depósito número N 862765 expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) que ********************, exhibió para que surtiera efectos la suspensión definitiva que le fue concedida por este Juzgado; por tanto, al no existir motivo alguno para hacer efectivo el importe que ampara dicho documento devuélvase y entréguese previa razón que por su recibo se deje en autos al quejoso de referencia, para que comparezca ante éste Órgano Jurisdiccional, debidamente identificado con credencial vigente, para la entrega del documento señalado, únicamente los días miércoles de cada semana, en horario de nueve a doce horas; en el entendido que a partir de la legal notificación de este proveído tiene el término de dos años para tal efecto, y en caso de no hacerlo en ese plazo, la suma que ampara el mismo se hará efectiva a favor del Fisco Federal, atento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, contra el proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en el cual se declaró cumplido el fallo protector; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que, que por resolución de treinta de marzo de dos mil veintiuno, dictada por este juzgado, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del Apartado Noveno, Capítulo Tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Por otra parte, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera provisional y definitiva se concedió la suspensión, en ese sentido, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo, el auto en el que se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados y la resolución en la que se concedió la suspensión definitiva y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia respectivas; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Finalmente, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, por tanto, resulta innecesario seguir conservando en depósito y a disposición de este juzgado el billete de depósito número N 862765 expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) que ********************, exhibió para que surtiera efectos la suspensión definitiva que le fue concedida por este Juzgado; por tanto, al no existir motivo alguno para hacer efectivo el importe que ampara dicho documento devuélvase y entréguese previa razón que por su recibo se deje en autos al quejoso de referencia, para que comparezca ante éste Órgano Jurisdiccional, debidamente identificado con credencial vigente, para la entrega del documento señalado, únicamente los días miércoles de cada semana, en horario de nueve a doce horas; en el entendido que a partir de la legal notificación de este proveído tiene el término de dos años para tal efecto, y en caso de no hacerlo en ese plazo, la suma que ampara el mismo se hará efectiva a favor del Fisco Federal, atento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación.
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SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDO A LA PARTE QUEJOSA LUIS ALFONSO LÓPEZ SAILLÉ, EL AUTO DE VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, CUYO CONTENIDO DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos, de lo que se advierte que la autoridad responsable Juez Segunda de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, con residencia en ésta ciudad, a través del oficio 43/2022, recibido en éste juzgado el siete de enero del año en curso, comunicó el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en el presente asunto; por tanto, éste Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, visto el estado procesal de los autos, de los cuales se advierte que ha trascurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa para que manifestara lo conducente respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, por lo que, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, corresponde a este Juzgador Federal asumir la responsabilidad de verificar el acatamiento que la autoridad responsable debe dar a la sentencia protectora. Lo anterior, porque el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es una cuestión de orden público; de modo tal que, con el desahogo de la vista o sin ella, debe determinar si la ejecutoria está cumplida o no, o si hubo exceso o defecto, de modo que se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin ningún vicio. El reclamo de la parte quejosa esencialmente lo hizo consistir en: La sentencia interlocutoria de fecha treinta de octubre de dos mil veinte, dictada dentro del expediente número 2001/2019, mediante la cual resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el auto de fecha once de septiembre de dos mil veinte, en el cual se realiza un cambio pecuniario respecto de la pensión alimenticia provisional que estaba otorgando a sus hijos de nombres L. A. L. B. y E. S. L. B., del 30% de los ingresos que desempeña con un determinado patrón, a la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/ moneda nacional), fuera del procedimiento señalado en el Código Familiar que rige este tipo de controversias y su ejecución. Por otra parte, visto el estado procesal de los autos se advierte en sentencia de treinta de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, con sede en esta ciudad, realizaran lo siguiente: "Deje insubsistente la resolución emitida el treinta de octubre de dos mil veinte, en el incidente de resolución de litigio dictado en el juicio 2001/2019; y, Emita otra con plenitud de jurisdicción, en la que analice cada uno de los planteamientos expuestos por el demandado incidentista Luis Alfonso López Saillé. Concesión de amparo que se extiende al acto de ejecución reclamado a la Actuaria Primera Adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, en razón de que el mismo, no se impugna por vicios propios, sino que se hace depender del reclamo a la autoridad ordenadora.". Sentencia que fue recurrida por el autorizado legal de la tercero interesada Lucina Báez Bringas, mismo que toco conocer al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa. Mediante proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se agregó a los autos el oficio suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal en mención, mediante el cual informó por resolución terminada de engrosar el once de octubre de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión 471/2021, por diversos motivos confirmó la sentencia recurrida, para el efecto de que la jueza responsable realizara lo siguiente: "Deje sin efectos la resolución la resolución reclamada y, Con libertad de jurisdicción, se pronuncie nuevamente sobre el tema de la pensión alimenticia provisional, motivando debidamente su decisión, con base en las circunstancias particulares del caso, ponderando en su justa medida las posibilidades del deudor y las necesidades de los acreedores, a la luz de lo que las partes hubieren acreditado con las probanzas aportadas; sin que deje sin efectos dicha medida cautelar". En esa misma fecha se requirió a las responsables por el cumplimiento a la ejecutoria. Ahora bien, en relación a lo anterior, la Jueza Segunda de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, remitió a éste Juzgado Federal oficio 43/2022 mismo que fue recibido el siete de enero del año en curso, registrándose en el libro de correspondencia bajo número 180, en el cual informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo copias en las cuales se advierte que dejó sin efectos la resolución de fecha treinta de octubre de dos mil veinte, dictada en el expediente 2001/2019 y se dictó otra con fecha seis de enero de dos mil veintidós. Con lo anterior se dio vista a la parte quejosa en acuerdo de once de enero del año en curso, por el término de tres días, con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto, este juzgado resolvería sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obren en el presente juicio y los datos aportados por las autoridades responsables; en cumplimiento a la vista otorgada el autorizado de la parte quejosa mediante escrito recibido en este juzgado de fecha veintiuno de enero de dos mil veintidós realizó manifestaciones en el sentido que se oponía al cumplimiento otorgado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, si el amparo se otorgó para el efecto de que la jueza responsable dejara sin efectos la resolución reclamada y, con libertad de jurisdicción, se pronunciara nuevamente sobre el tema de la pensión alimenticia provisional, motivando debidamente su decisión, con base en las circunstancias particulares del caso, en beneficio de los menores con reserva de identidad L. A. L. B. y E. S. L. B.; lo cual en la especie ya aconteció. En este contexto, el núcleo esencial de cumplimiento versa con relación a que la responsable dejara sin efectos la resolución reclamada y, con libertad de jurisdicción, se pronunciara nuevamente sobre el tema de la pensión alimenticia provisional, motivando debidamente su decisión, con base en las circunstancias particulares del caso; en beneficio de los menores con reserva de identidad L. A. L. B. y E. S. L. B.; y, de las constancias remitidas por la responsable se advierte que dejó sin efectos la resolución de treinta de octubre de dos mil veinte, dictada en el expediente 2001/2019 y con libertad de jurisdicción emitió otra de fecha seis de enero de dos mil veintidós, ajustando su determinación a las circunstancias de cada caso en particular, esto es, en: "La posibilidad del que tiene la obligación de darlos y la necesidad de quien deba recibirlos"; por tanto, el núcleo esencial de la concesión del amparo, se encuentra cumplido, dejándose expeditos los derechos de la parte demandante. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada.". Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido a los peticionarios del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; es evidente que el núcleo esencial de la sentencia constitucional ha quedado cumplido, restituyéndose a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo. Sin que obste que la parte quejosa refiera que la autoridad responsable con la nueva resolución emitida el seis de enero de dos mil veintidós, con la que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo, carece de nueva cuenta de la debida fundamentación y motivación. A lo anterior debe decirse, que contrario a lo que aduce el quejoso la autoridad responsable al emitir la resolución con libertad de jurisdicción fundó y motivo la resolución relacionando todas y cada una de las pruebas aportadas por las partes.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de lo que se advierte que la autoridad responsable Juez Segunda de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, con residencia en ésta ciudad, a través del oficio 43/2022, recibido en éste juzgado el siete de enero del año en curso, comunicó el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en el presente asunto; por tanto, éste Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, visto el estado procesal de los autos, de los cuales se advierte que ha trascurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa para que manifestara lo conducente respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, por lo que, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, corresponde a este Juzgador Federal asumir la responsabilidad de verificar el acatamiento que la autoridad responsable debe dar a la sentencia protectora. Lo anterior, porque el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es una cuestión de orden público; de modo tal que, con el desahogo de la vista o sin ella, debe determinar si la ejecutoria está cumplida o no, o si hubo exceso o defecto, de modo que se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin ningún vicio. El reclamo de la parte quejosa esencialmente lo hizo consistir en: La sentencia interlocutoria de fecha treinta de octubre de dos mil veinte, dictada dentro del expediente número 2001/2019, mediante la cual resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el auto de fecha once de septiembre de dos mil veinte, en el cual se realiza un cambio pecuniario respecto de la pensión alimenticia provisional que estaba otorgando a sus hijos de nombres L. A. L. B. y E. S. L. B., del 30% de los ingresos que desempeña con un determinado patrón, a la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/ moneda nacional), fuera del procedimiento señalado en el Código Familiar que rige este tipo de controversias y su ejecución. Por otra parte, visto el estado procesal de los autos se advierte en sentencia de treinta de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, con sede en esta ciudad, realizaran lo siguiente: "Deje insubsistente la resolución emitida el treinta de octubre de dos mil veinte, en el incidente de resolución de litigio dictado en el juicio 2001/2019; y, Emita otra con plenitud de jurisdicción, en la que analice cada uno de los planteamientos expuestos por el demandado incidentista Luis Alfonso López Saillé. Concesión de amparo que se extiende al acto de ejecución reclamado a la Actuaria Primera Adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, en razón de que el mismo, no se impugna por vicios propios, sino que se hace depender del reclamo a la autoridad ordenadora.". Sentencia que fue recurrida por el autorizado legal de la tercero interesada Lucina Báez Bringas, mismo que toco conocer al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa. Mediante proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se agregó a los autos el oficio suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal en mención, mediante el cual informó por resolución terminada de engrosar el once de octubre de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión 471/2021, por diversos motivos confirmó la sentencia recurrida, para el efecto de que la jueza responsable realizara lo siguiente: "Deje sin efectos la resolución la resolución reclamada y, Con libertad de jurisdicción, se pronuncie nuevamente sobre el tema de la pensión alimenticia provisional, motivando debidamente su decisión, con base en las circunstancias particulares del caso, ponderando en su justa medida las posibilidades del deudor y las necesidades de los acreedores, a la luz de lo que las partes hubieren acreditado con las probanzas aportadas; sin que deje sin efectos dicha medida cautelar". En esa misma fecha se requirió a las responsables por el cumplimiento a la ejecutoria. Ahora bien, en relación a lo anterior, la Jueza Segunda de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, remitió a éste Juzgado Federal oficio 43/2022 mismo que fue recibido el siete de enero del año en curso, registrándose en el libro de correspondencia bajo número 180, en el cual informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo copias en las cuales se advierte que dejó sin efectos la resolución de fecha treinta de octubre de dos mil veinte, dictada en el expediente 2001/2019 y se dictó otra con fecha seis de enero de dos mil veintidós. Con lo anterior se dio vista a la parte quejosa en acuerdo de once de enero del año en curso, por el término de tres días, con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto, este juzgado resolvería sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obren en el presente juicio y los datos aportados por las autoridades responsables; en cumplimiento a la vista otorgada el autorizado de la parte quejosa mediante escrito recibido en este juzgado de fecha veintiuno de enero de dos mil veintidós realizó manifestaciones en el sentido que se oponía al cumplimiento otorgado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, si el amparo se otorgó para el efecto de que la jueza responsable dejara sin efectos la resolución reclamada y, con libertad de jurisdicción, se pronunciara nuevamente sobre el tema de la pensión alimenticia provisional, motivando debidamente su decisión, con base en las circunstancias particulares del caso, en beneficio de los menores con reserva de identidad L. A. L. B. y E. S. L. B.; lo cual en la especie ya aconteció. En este contexto, el núcleo esencial de cumplimiento versa con relación a que la responsable dejara sin efectos la resolución reclamada y, con libertad de jurisdicción, se pronunciara nuevamente sobre el tema de la pensión alimenticia provisional, motivando debidamente su decisión, con base en las circunstancias particulares del caso; en beneficio de los menores con reserva de identidad L. A. L. B. y E. S. L. B.; y, de las constancias remitidas por la responsable se advierte que dejó sin efectos la resolución de treinta de octubre de dos mil veinte, dictada en el expediente 2001/2019 y con libertad de jurisdicción emitió otra de fecha seis de enero de dos mil veintidós, ajustando su determinación a las circunstancias de cada caso en particular, esto es, en: "La posibilidad del que tiene la obligación de darlos y la necesidad de quien deba recibirlos"; por tanto, el núcleo esencial de la concesión del amparo, se encuentra cumplido, dejándose expeditos los derechos de la parte demandante. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada.". Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido a los peticionarios del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; es evidente que el núcleo esencial de la sentencia constitucional ha quedado cumplido, restituyéndose a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo. Sin que obste que la parte quejosa refiera que la autoridad responsable con la nueva resolución emitida el seis de enero de dos mil veintidós, con la que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo, carece de nueva cuenta de la debida fundamentación y motivación. A lo anterior debe decirse, que contrario a lo que aduce el quejoso la autoridad responsable al emitir la resolución con libertad de jurisdicción fundó y motivo la resolución relacionando todas y cada una de las pruebas aportadas por las partes.
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