Luis Alfonso Lopez Saille

Expediente 218/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
218/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
23/04/2021

Partes del expediente

  • Luis Alfonso Lopez Saille

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, emitido en el juicio de amparo 218/2021-3A, por el que se desechó la demanda de amparo interpuesta por ********************; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, párrafo segundo, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, emitido en el juicio de amparo 218/2021-3A, por el que se desechó la demanda de amparo interpuesta por ********************; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO: LUIS ALFONSO LOPEZ SAILLE, EL ACUERDO DE VEINTISEIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: Se tiene por recibido el escrito inicial de demanda, firmada por Luis Alfonso López Saillé, mediante el cual promueve demanda de amparo, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa. Registro e integración de expediente En consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 218/2021-3B y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Decisión sobre la instancia constitucional En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- C. JUEZ SEGUNDO, DE PRIMERA INSTANCIA, DEL RAMO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, SINALOA, con domicilio ampliamente conocido en calle Guillermo Prieto, número 824, norte, colonia centro, de esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, en su carácter de ORDENADORA. b) C. ACTUARIA PRIMERA, ADSCRITA AL H. JUZGADO SEGUNDO, DE PRIMERA INSTANCIA, DEL RAMO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, SINALOA, con domicilio ampliamente conocido en calle Guillermo Prieto, número 824, norte, colonia centro, de esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, en su carácter de EJECUTORA. IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: A la autoridad señalada como ORDENADORA en el inciso a), precedente, se le reclama la sentencia interlocutoria de fecha 01 de marzo de 2021, dictada dentro del expediente número 2001/2019, de su propio índice, mediante la cual resolvió el recurso de revocación presentado por el suscrito, con motivo del auto dictado en mi perjuicio, de fecha 04 de febrero de 2021, mediante el cual se tiene por admitida a la señora LUCINA BÁEZ BRINGAS, la prueba denominada "DECLARACIÓN DE PARTE", misma que anteriormente le había sido desechada a la oferente de la misma. A la autoridad señalada como EJECUTORA en el inciso b), precedente, se le reclama la ejecución física y material del acto reclamado a la ORDENADORA, consistente en la notificación de la misma". Por otro lado, del contenido de la demanda y anexos, se advierten como antecedentes sobresalientes del acto reclamado, los siguientes: El veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, el aquí quejoso solicitó el divorcio incausado tendente a la disolución del matrimonio que celebró con Lucina Báez Bringas. Seguidos los trámites inherentes, el veinticuatro de enero de dos mil veinte, se dictó la correspondiente sentencia de divorcio, Posteriormente, por escrito de catorce de febrero de dos mil veinte, la señora LUCINA BÁEZ BRINGAS, promovió el correspondiente incidente de resolución de litigio, habiendo ofrecido sus probanzas. Luego de emplazado, el hoy quejoso produjo contestación al incidente, y ofreció diversos medios de convicción. El uno de diciembre de dos mil veinte, fecha y hora señalados para la audiencia respectiva, al no comparecer la incidentista LUCINA BÁEZ BRINGAS, se le desecharon las probanzas consistentes en confesional -a cargo del contraincidentista aquí quejoso- y la testimonial. En virtud de que aún quedaban pruebas pendientes de desahogar, se señaló como nueva fecha para la continuación de la audiencia el veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Previamente a esa fecha fijada para continuar la audiencia, el aquí quejoso ofreció las pruebas denominadas confesional y declaración de parte, a cargo de la incidentista LUCINA BÁEZ BRINGAS, las cuales le fueron admitidas el siete de diciembre de dos mil veinte. El catorce de diciembre de dos mil veinte, la incidentista LUCINA BÁEZ BRINGAS, ofreció, como pruebas supervenientes, un recibo de dinero, y la declaración de parte a cargo del ahora peticionario. Mediante auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se ordenó correrle traslado al hoy quejoso con lo anterior, y asimismo se le desechó a la incidentista LUCINA BÁEZ BRINGAS, la prueba de declaración de parte, sin que la oferente se hubiese inconformado con esa determinación. El veintiséis de enero de dos mil veintiuno, día señalado para la proseguir la audiencia, minutos antes de iniciar la diligencia, el aquí quejoso presentó en el buzón judicial del juzgado del conocimiento, una promoción que contenía el pliego de posiciones para al desahogo de la confesional a cargo de LUCINA BÁEZ BRINGAS, que se le había admitido el siete de diciembre de dos mil veinte, sin que se hubiese verificado en virtud de que los menores hijos de los contendientes, no estuvieron representados por un tutor especial designado para representar sus intereses. En la actuación, entre otras cosas, la juez de los autos ordenó que se le devolviera al aquí peticionario el pliego de posiciones que presentó para la prueba confesional, al no habérsele admitido tal probanza y la declaración de parte a cargo de Lucina Báez Bringas, de conformidad con el auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Por lo que el dos de febrero de dos mil veintiuno, interpuso el ahora quejoso recurso de revocación contra la determinación de veintiséis de enero de este año, que esencialmente le desechó dichas pruebas a cargo de la señora LUCINA BÁEZ BRINGAS, mismo recurso que le fue desechado, mediante auto de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, el cual le fue notificado al recurrente, aquí quejoso, el día siguiente. De igual forma, dicha juez admitió a trámite la prueba denominada declaración de parte a cargo del ahora impetrante de este amparo, ofertada por su contraria LUCINA BÁEZ BRINGAS, la cual ya le había sido inadmitida a ésta última. Contra esa última decisión el aquí peticionario de amparo interpuso recurso de revocación ante la juez de los autos, quien mediante resolución de uno de marzo de dos mil veintiuno, determinó su improcedencia. Tal resolución recaída en ese recurso de revocación constituye el acto reclamado por el quejoso en esta instancia constitucional. Establecido lo anterior, este juzgador estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Carta Magna, y con el diverso numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la ley de la materia. Ciertamente, el precepto legal referido en primer término, en la fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". De la disposición legal transcrita, se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición legal. Por su parte, el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:??????????????? "(.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...)". Asimismo, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Al respecto, de una interpretación de los artículos citados anteriormente, se obtiene que tratándose de actos emitidos en juicio, sólo podrá promoverse el juicio de amparo contra actos que sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos, aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, situación que en el caso en concreto no acontece. El último de los numerales es claro en establecer lo que debe entenderse como un acto que causa una ejecución de imposible reparación, se reitera, los que materialmente afectan derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte (vida, libertad, propiedad, posesión e integridad personal), lo que se actualiza en la medida que sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que la persona que los sufre obtenga una resolución favorable, habida cuenta que el perjuicio se reciente de manera inmediata al producir una consecuencia de tal gravedad que impide el ejercicio actual de un derecho cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos que no son meramente adjetivos en cuyo supuesto la afectación se materializa en la medida que llegue a trascender al resultado del fallo. En ese orden de ideas, para determinar si el acto que la parte impetrante de amparo tilda de inconstitucional es reclamable por la presente vía, es menester primeramente estudiar si es de imposible reparación. Así, de acuerdo con el principio estatuido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos procesales de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte a través de los derechos humanos. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al impugnar la resolución definitiva. Ahora bien, desde la perspectiva jurisprudencial, sobre los actos de ejecución de imposible reparación la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas aun con la obtención de un fallo favorable queden irreparablemente consumadas. Asimismo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, debe precisarse el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Pues bien, el máximo órgano constitucional destacó que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que, a fin de ser calificados como tal, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, -precisando- que el concepto "imposible reparación" rebasa lo puramente procesal, por lo que, debía lesionar bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Lo anterior, deriva de la interpretación jurisprudencial realizada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual concluyó que no era dable continuar sosteniendo el criterio - personalidad- de imposible reparación, dada que dicha interpretación fue realizada de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad, en cuanto al concepto de imposible reparación. Sin embargo, -puntualizó- a la fecha no ocurre lo mismo, puesto que la vigente Ley de Amparo establece que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos" y otro su naturaleza "material" de la lesión producida. Así, debe precisarse que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de los derechos humanos, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al impugnar la resolución definitiva. En este sentido, de la redacción actual del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, se obtiene que el juicio de amparo indirecto es improcedente en contra de las resoluciones que constituyan una violación procesal cuya afectación se estime de grado predominante o superior, en virtud de que esas violaciones no afectan materialmente derechos sustantivos, sino solo adjetivos o formales, es decir, sus consecuencias no tienen tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, sino que únicamente producen una lesión jurídica de naturaleza adjetiva que no llega a trascender al resultado del fallo. De lo anterior se reitera, que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se promueva contra actos emitidos en juicio que no tengan efectos de imposible reparación, esto es, que no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación al tema de actos de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia por unificación de criterios número P./J.37/2014 (10a.), publicada el seis de junio de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que versa al tenor literal siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J.4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Al respecto, la Corte Suprema determinó que no podía seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J.4/2001 que en su momento emitió el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que constituía el motivo para estimar procedente el amparo indirecto que se promovía contra de la resolución que en el juicio laboral por la que se desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, a pesar de tratarse de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Asimismo, en cuanto a la temática abordada el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, emitió un criterio jurisprudencial que abarca de manera general el tema de los actos de imposible reparación y lo que se debe entender por ellos, en atención al nuevo texto del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el dispositivo 107, constitucional. La jurisprudencia en comento se puede localizar con el número IV.2o.C J/2 (10a.), visible en la página 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, con número de registro 2006338, que versa al tenor siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera.". En el asunto que nos ocupa, el amparista reclama la resolución de uno de marzo de dos mil veintiuno, a través de la cual la juez responsable determinó la improcedencia del recurso de revocación que interpuso contra el acuerdo de ocho de enero de dos mil veintiuno, en lo relativo a la admisión de la prueba de declaración de parte a su cargo ofrecida por su contraria, dentro del incidente de resolución de litigio, que se tramita en el juicio de divorcio incausado 2001/2019 de origen; lo cual evidentemente constituye una violación procesal porque sólo produce efectos formales o intraprocesales al versar sobre una cuestión probatoria; por tanto, no es de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por medio de las garantías individuales o derechos humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Luego, si el procedimiento de un proceso como el de un incidente, en su generalidad son similares, sobre todo, respecto de la etapa probatoria, entonces, si para el proceso se considera como una violación procesal el tópico de las pruebas, porque es susceptible de repararse en la sentencia definitiva, igual razón rige para el procedimiento en el incidente, porque con esa violación únicamente se afectan derechos adjetivos o procesales, sólo que dentro del incidente mismo, en atención a que de igual forma es susceptible de ser subsanada si la interlocutoria que resuelve la cuestión incidental le resulta favorable a los intereses de quien promueve el amparo. En el mismo campo de la similitud existente entre el procedimiento del juicio y el procedimiento de un incidente, el momento para reclamar las violaciones procesales cometidas en uno y otro, debe ser el mismo, es decir, en el momento en que se combate la resolución respectiva que pone fin al proceso o al incidente (sentencia definitiva o resolución interlocutoria) a través del juicio de amparo. En esa medida, la determinación de uno de marzo de dos mil veintiuno, en la que la Juez Segunda de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, declaró infundado el recurso de revocación que interpuso el ahora quejoso contra el auto de veintiséis de enero de este mismo año, referente a la admisión de la citada prueba de declaración de parte a su cargo, ofertada por la incidentista, aquí tercero interesada, en los autos del juicio incidental de resolución de litigio, derivado del expediente relativo al juicio de divorcio incausado 2001/2019, no es un acto de imposible reparación, dado que no causa un perjuicio irreparable al impetrante, pues incluso ello pudiera no trascender a su esfera jurídica, en caso de que le resulte favorable a la parte accionante lo que se determine finalmente en dicho procedimiento incidental; por versar la materia del acto reclamado en una cuestión probatoria en el juicio, que podría no trascender en su perjuicio al emitirse la resolución incidental definitiva. En efecto, como en el incidente de origen no se ha dictado resolución que decida sobre la pretensión del accionante, por tanto, no se ven afectados en forma directa e inmediata los derechos fundamentales del gobernado, asegurados en la Constitución, como pueden ser, verbigracia, la vida, la libertad, la integridad personal o la propiedad; en la medida de que la afectación que producen esos actos con los que se ejemplifica, no pueden destruirse fácticamente, aun cuando quien los sufra se vea favorecido con el sentido de la resolución definitiva que se llegare a dictar en el procedimiento incidental correspondiente y el quejoso no podría ser restituido de las consecuencias que se produjeran con la violación intraprocesal de que se duele. En cambio, cuando se trata de una resolución interlocutoria que decide un incidente susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo indirecto, lo relacionado con pruebas, deberá invocarse como violación al procedimiento incidental en la demanda de amparo que se interponga en contra de la referida interlocutoria. De manera que en aras de que siempre se observen los altos fines del juicio de amparo, es válido concluir que tratándose de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, que emanen a su vez dentro de un procedimiento incidental, el amparo indirecto deberá promoverse contra la resolución que decida dicho incidente, si es que es susceptible de combatirse por esa vía biinstancial, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento y que hubieren dejado sin defensas al quejoso. Por lo anterior, el acto reclamado no se ubica en los supuestos de procedencia del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, es decir, no es un acto que se considere de imposible reparación, pues con ello, no se transgrede de manera directa un derecho sustantivo protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales ratificados. Sobre el tema se cita la jurisprudencia P./J. 38/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible página 5, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, de registro digital: 190037, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA. De una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de dicha interlocutoria. Ello es así, porque las fracciones II y III del precepto citado admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento, sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción últimamente señalada, hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y a los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio.". Igualmente, la tesis IV.2o.C.53 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible página 2372, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, Novena Época, de Registro digital: 168666, que a la letra dice: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE COSTAS. SI DURANTE SU TRAMITACIÓN SE COMETEN VIOLACIONES PROCESALES, TALES COMO EL DESECHAMIENTO DE UN RECURSO INNOMINADO, PUEDEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO INDIRECTO QUE, EN SU CASO, SE PROMUEVA CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE CULMINE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. El artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo prevé, entre otras cuestiones, que para impugnar los actos emitidos en la fase de ejecución de sentencia, es necesario que se reclamen al promover el amparo en la vía indirecta, contra la última resolución dictada en dicho procedimiento. Por otro lado, el artículo 159, fracción IX, de la ley en cita, consigna como violación procesal, el desechamiento de los recursos a que el quejoso tuviere derecho conforme a la ley, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento, que produzcan un estado de indefensión. Por su parte, el diverso artículo 161 de la ley en comento, dispone que las violaciones al procedimiento enumeradas en los artículos 159 y 160 de la ley de la materia, sólo podrán reclamarse al promoverse el amparo contra la sentencia definitiva. En ese contexto, si durante la tramitación de un incidente de liquidación de costas, se cometen violaciones a las normas del procedimiento, como sería el desechamiento de un recurso innominado, es evidente que dicha situación es semejante a la hipótesis prevista en el citado artículo 159, fracción IX, y aplicando por analogía los principios que informan las reglas de procedencia del amparo directo, respecto de infracciones al procedimiento, contenidas en los artículos del 158 al 161 de la propia ley (que también recoge lo preceptuado en el artículo 114, fracción III) no procede de inmediato el juicio de amparo indirecto contra tales infracciones procesales cometidas en la secuela del aludido incidente de liquidación de gastos y costas, pues éste necesariamente culminará con una resolución, la cual puede combatirse en amparo indirecto, en el que, se reitera, podrán reclamarse las violaciones procesales cometidas en ese procedimiento, tales como el desechamiento de un medio de impugnación innominado.". En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser el acto que reclama el quejoso un acto que afecte materialmente derechos sustantivos ni que constituya el supuesto de excepción previsto por la norma, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Luego entonces, al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia aludida con antelación a nada práctico conduciría admitir una demanda de amparo notoria e indudablemente improcedente, pues aun cuando se admitiera la demanda y se ventilara el procedimiento no es factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción V de la Ley de Amparo, en concordancia con los arábigos 170 y 172, fracción III, se desecha de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Lo anterior es así, pues de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Es aplicable, la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Además, la particular circunstancia de que se deseche la presente demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda) a la cual debe darse el tramite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia puesto que el Acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis identificada con el número CCLXXV/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 525, publicada en el Semanario de la Federación y su gaceta Libro, XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, de la Décima Época, de registro 2002286, que a la letra: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. Con esta determinación no se contravienen los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce, pendiente de publicarse que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.". Habilitación de días y horas inhábiles Por último, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a la actuaria de la adscripción para que practique cualquier diligencia o notificación personal relacionada con el presente asunto. Domicilio y autorizados Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio del impetrante de garantías, para oír y recibir notificaciones, en Avenida Alfonso Cano número 180, casi esquina con Ignacio Allende, Colonia Centro, de esta Ciudad. Como su autorizado para tales efectos, en su nombre y en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, a los licenciados Guilfrido Silba Parra y Pedro Alberto Valenzuela Juárez. Exhortación a las partes. Por otra parte, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea ''juicio en línea'', quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, a través de promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020. Protección de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento de las promoventes que tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se niega a la publicación de éstos.

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