Luis Andres Anguiano
Expediente 237/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 237/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 14/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Luis Andres Anguiano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, catorce de agosto de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio 1242/2015, firmado por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita copia de la sentencia de ocho de julio del año en curso, dictada en presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, remítase a la autoridad oficiante las constancias que solicita. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintinueve de julio de dos mil quince. Vista la certificación secretarial de cuenta, en la que aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido la sentencia de ocho de julio de dos mil quince. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia que sobresee en el presente juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. DEPURAR el cuaderno original del incidente de suspensión, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo. 3. DESTRUIR el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. TRANSFERIR el cuaderno original del incidente de suspensión junto con el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
A lo que el Juez acuerda: Vista la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo vigente, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales de cuenta. Así, al no existir otras pruebas que desahogar, se cierra este período. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar y certifica que mediante escrito de cuatro de mayo del año en curso, el apoderado legal del tercero interesado Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, formuló alegatos; asimismo, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, no presentó alegato ministerial. A lo que el Juez acuerda: Vista la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en el numeral inicialmente invocado, se tienen por reproducidos los alegatos formulados por el apoderado legal del tercero interesado, las demás partes no expusieron alegatos por tanto, se cierra dicho período. En vista de lo anterior, se procede a dictar la siguiente resolución: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 237/2015, promovido por Luis Andrés Anguiano, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el treinta y uno de marzo de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, remitido por cuestión de turno a este órgano jurisdiccional, Luis Andrés Anguiano acudió en demanda del amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades responsables 1) Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil y 2) Coordinador de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, ambos con residencia en esta localidad, de quienes reclama: "IV.- ACTO RECLAMADO.- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA RECLAMO EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO A JUICIO DEL SUSCRITO QUEJOSO, YA QUE NO TUVE LA OPORTUNIDAD DE SER OÍDO NI VENCIDO EN JUICIO; RECLAMANDO ADEMÁS TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTUACIONES Y CONSECUENCIAS JURÍDICAS DERIVADAS DEL JUICIO SUMARIO CIVIL NÚMERO 174/2013, HASTA EL AUTO DE FECHA 13 DE MARZO DE 2015, EN EL QUE SE ORDENA SACAR A REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA EL INMUEBLE DE MI PROPIEDAD UBICADO EN CALLE RINCÓN DE LAS MARGARITAS NÚMERO 4 DEL FRACCIONAMIENTO RINCÓN DE LAS PLAZAS DE ESTA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA, TODO ELLO EN FRANCA VIOLACIÓN A LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y DE SEGURIDAD JURÍDICA ESTABLECIDAS A MI FAVOR POR LA CONSTITUCIÓN. DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA COORDINACIÓN DE ACTUARIOS DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE LOS RAMOS CIVIL Y FAMILIAR RECLAMO EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO A JUICIO DEL SUSCRITO, debido a que no fueron observados los requisitos legales procesales previstos para tal diligencia, ya que como puede observarse del acta que obra en autos, dicho diligenciario no cumplió con los requisitos previstos por los artículos 113, 114, 118 fracción I, y demás del Código de Procedimientos Civiles en vigor para el estado de Sinaloa, tomando de base las siguientes cuestiones: Que el Actuario asignado a la Coordinación de Actuarios de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, no entendió directamente la diligencia de emplazamiento con el suscrito, y en forma por demás violatoria de mis garantías, el actuario asentó que se constituyó en el domicilio ubicado en Calle Rincón de las Margaritas número 4 del Fraccionamiento Rincón de las Plazas de esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa, señalando que le entendí personalmente y que me identificó plenamente, y llevó a cabo la notificación de la demanda de la parte actora Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores había entablado en mi contra, procedimiento a notificar la demanda, haciéndome entrega de "las copias simples de la demanda con sus respectivos anexos, consistentes en copias fotostáticas de los documentos base de la acción, y que me señalo el término para dar contestación a la demanda, además de que se me previene para señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, sin firmarle la acta levantada bajo la razón de que ya le había firmado el instructivo de notificación, todo lo anterior denota una irregularidad, pues resulta violatorio de lo dispuesto en los artículos 113,114 ,118 fracción I, y demás del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, pues dichos numerales establecen una serie de requisitos los cuales se deben cumplir de manera cabal para que dicho llamado a juicio se considere como legal, y al no haberse realizado la diligencia con las formalidades establecidas, se me deja en total estado de indefensión. Lo anterior denota irregularidad de conformidad al númeral 113 citado que supone que el diligenciario recogerá la firma de la persona con quien entiende la notificación, refiriéndose a que la firma de ser plasmada en la acta que levanta y no en el instructivo, siendo el caso de que también se omite asentar de parte del actuario que al negarse a firmar la persona con quien supone haber entendido la diligencia, asiente razón que el lo haya hecho, mas es el caso que la razón levantada, ni siquiera supone que él como notificador haya firmado dicha acta, lo que se traduce en una violación del procedimiento, que hace dudar de la autenticidad del acto, y al no haberse realizado la diligencia con las formalidades establecidas, se me deja en total estado de indefensión. En ese sentido, se dice que el actuario no realizó la notificación con las formalidades a que debe sujetarse toda diligencia de emplazamiento de conformidad con la legislación procesal local aplicable." SEGUNDO. Admisión y trámite. En proveído de siete de abril de dos mil quince, se registró la demanda con el número 237/2015, y se admitió a trámite (fojas 8 a 10), se pidió a las autoridades responsables que rindieran su informe justificado; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se dio la intervención legal que le compete; se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; y, se ordenó emplazar mediante oficio al tercero interesado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, quien compareció a juicio por escrito de cuatro de mayo del año en curso (foja 25). Finalmente, previo diferimiento, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. El suscrito Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales, 48, 49 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35, y 37 de la Ley de Amparo, y Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que los actos reclamados tienen ejecución material dentro del ámbito de competencia territorial que corresponde a la jurisdicción de este Juzgado. Cabe destacar que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para la resolución de la presente sentencia, es aplicable la jurisprudencia integrada conforme a la legislación de la materia abrogada y que no se contrapone a lo previsto en la ley vigente. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el o los actos reclamados que se desprendan del estudio y análisis integral de la demanda de amparo, así como de las constancias del presente sumario, atendiendo a la jurisprudencia número 55/98, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, agosto de 1998, página 227, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." En principio, debe decirse que para la fijación de los actos reclamados no se tomarán en consideración las apreciaciones, calificativos y conceptos de violación que la peticionaria del amparo expuso en dicho apartado, con apoyo en la jurisprudencia número 132, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, tomo II, submateria 1, primera parte, segunda sección, página 156, que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos." En la especie, del análisis integral de la demanda de amparo, se obtiene que el solicitante de la tutela constitucional reclama lo siguiente: El emplazamiento al juicio sumario civil hipotecario 174/2013, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, promovido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en contra del quejoso. En vía de consecuencia, las demás actuaciones hasta el auto de trece de marzo del año en curso, en el que se ordena sacar a remate en segunda almoneda el bien inmueble hipotecado. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional procede al análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto en el citado numeral 74, fracción I, del cuerpo de leyes en consulta, y con apego a la jurisprudencia número 10, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, publicada en la página 68, del Tomo 76, abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". Las autoridades responsables 1) Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil y 2) Coordinador de Actuarios adscritos a los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, ambos con residencia en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados manifestaron que son ciertos los actos reclamados (fojas 14 y 19); manifestaciones que resultan suficientes para acreditar la existencia de los referidos actos atribuidos a dichas autoridades, con apoyo en la jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, tomo II, submateria 1, primera parte, sexta sección, página 830, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, lo anterior se corrobora con las documentales que exhibió con su informe justificado el Juez responsable, relativas a copia certificada de juicio sumario civil hipotecario 174/2013 de su índice, las cuales constituyen documentos públicos y se les otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, de las que se advierte el emplazamiento reclamado. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 226, del Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, del rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, o bien, que de oficio la advierta quien esto resuelve e impida abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, que se conforma del acto cuya certeza quedó acreditada según lo determinado en el considerando precedente. Previamente a su análisis, es menester puntualizar los antecedentes del acto reclamado que se desprenden de las documentales allegadas por el juez natural, valoradas con antelación, de la manera siguiente: I. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado (ahora tercero interesado), promovió demanda en la vía sumaria civil hipotecaria en contra del aquí quejoso Luis Andrés Anguiano, la cual se radicó bajo el número 174/2013 del índice interno del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, y se admitió a trámite el once de marzo de dos mil trece, ordenándose emplazar a juicio a la parte demandada aquí quejoso (fojas 73 y 74). II. En diligencia de veintiuno de marzo de dos mil trece, la Actuaria adscrita a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar de este Distrito Judicial, llevó a cabo el emplazamiento de la quejosa al juicio de origen (fojas 75 a 79). III. Por escrito recibido ante el juzgado de origen, el veintidós de marzo de dos mil trece, el promovente del amparo se apersonó al juicio de origen, exhibiendo junto con la parte actora en ese juicio, un convenio de transacción judicial para dar fin a la controversia planteada en el juicio 174/2013, el cual fue ratificado ante el Notario Público número ciento ochenta y cinco en el Estado de Sinaloa con ejercicio en esta ciudad (fojas 80 a 92). IV. En proveído de cinco de abril de dos mil quince, el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil con residencia en Mazatlán, Sinaloa, tuvo por recibido el citado convenio y lo aprobó en sus términos, por lo que las partes quedaron obligadas a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar como si se tratase de sentencia ejecutoriada, elevándolo a categoría de cosa juzgada (foja 95). V. Mediante escrito fechado el seis de septiembre de dos mil trece, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (tercero interesado), informó al juez responsable que la parte demandada (aquí quejoso) incumplió con el convenio judicial, por lo que solicitó la ejecución del mismo (fojas 102 a 104). VI. En acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil trece, el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil con residencia en Mazatlán, Sinaloa ordenó requerir a la aquí quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés conviniera respecto de las manifestaciones relativas al incumplimiento del convenio; el cual fue notificado a Luis Andrés Anguiano, el veintisiete de noviembre de dos mil trece (fojas 106 y 107). VII. Seguido el juicio, el trece de marzo de dos mil quince, el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil con residencia en Mazatlán, Sinaloa, aprobó sacar a remate en segunda almoneda el bien inmueble hipotecado (foja 168). Sentado lo anterior, quien esto resuelve considera que en el caso, respecto al acto reclamado consistente en a) el ilegal emplazamiento, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Dispositivos indicados que resultan del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo se pedirá ante juez de distrito: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." Debe precisarse que el accionante de la instancia constitucional, se ostenta como tercero extraño al juicio sumario civil hipotecario 174/2013, entablado en su contra por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (parte tercera interesada), ante la autoridad responsable ordenadora, al precisar que fue ilegalmente emplazada al juicio natural, por lo que no tuvo la oportunidad de ser oído ni vencido en el citado juicio. Al respecto, nuestro Máximo Tribunal ha interpretado que cuando el quejoso siendo parte formal en un juicio y no fue emplazado a éste, o bien, fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, se le equiparará a una persona extraña a juicio. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia 195, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en 158, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, se le equiparará a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en estos supuestos, compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados, de conformidad con la disposición expresa contenida en la fracción VII del artículo 107 constitucional, y el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo; pero, además de que el texto de las disposiciones constitucional y legal indicadas, bastaría para sostener lo anterior, dada la primacía que establece el artículo 133 de la propia Constitución, existen otras razones accesorias, pero no por ello menos importantes, que fundan la misma conclusión, y que son las que enseguida se citan: El quejoso, por medio del amparo indirecto, tiene la posibilidad de aportar ante el Juez de Distrito, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que el llamamiento que se le hizo al juicio, se realizó en forma distinta de la prevenida por la ley. En cambio, en el amparo directo, el quejoso se encontraría en la imposibilidad de rendir tales pruebas, pues le estaría vedado, por disposición expresa del artículo 190 de la Ley de Amparo que establece que las sentencias sólo comprenderán las cuestiones legales propuestas en la demanda de garantías, lo que significa que, dada la naturaleza del juicio de amparo directo, las pruebas que se rindan en el mismo, únicamente pueden consistir en las constancias del expediente formado por la autoridad responsable, por lo que si la cuestión planteada se tramitara a través del expresado juicio de amparo directo, el quejoso no tendría oportunidad de aportar pruebas para acreditar la irregularidad del emplazamiento. Si bien es cierto que la fracción I del artículo 159 de la Ley de Amparo establece como violación reclamable en amparo directo, el hecho de que al quejoso no se le cite a juicio o se le cite en forma distinta a la prevista por la ley, también es verdad que tal disposición no es posible aplicarla cuando el quejoso es persona extraña a juicio, por equiparación, ya que de aplicarse ese dispositivo legal se dejaría al peticionario de garantías en estado de indefensión porque no se le daría oportunidad de comprobar la violación alegada. Además, cuando el quejoso ocurre como persona extraña al juicio, a pesar de que él sea el demandado, se da la procedencia del juicio de amparo indirecto, supuesto que la violación principal cometida en su contra, la constituye precisamente esa falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su contra, y de prosperar la acción constitucional se invalidarían todas las actuaciones posteriores. A mayor abundamiento, si lo reclamado es la falta de emplazamiento, ya sea porque materialmente no existió esa actuación o porque la efectuada presente defectos tales que impidieron a la parte demandada el conocimiento del juicio seguido en su contra, hace suponer que en estos casos no se llegó a formar la relación procesal y, por ende, no se ataca intrínsecamente la sentencia o el laudo, sino el no haber sido oído y vencido en juicio. Consecuentemente, de conformidad con lo antes expuesto es el amparo indirecto el procedente contra actos reclamados consistentes en todo lo actuado en un juicio, en el que el quejoso asegura que no fue emplazado, por equipararse a una persona extraña al juicio, y prevenirlo así los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo." De lo anotado, se colige que, si bien, el quejoso se ostenta en la presente instancia constitucional como tercero extraño por equiparación (al ser parte dentro del juicio de origen), debe tenerse presente que tal figura, como se anotó, se entiende como aquella persona que al ser parte formal y material en la controversia, no fue emplazada o lo fue pero en forma distinta a lo prevenido por la ley, ocasionando el desconocimiento total del juicio, supuesto en el que procede la promoción del juicio de amparo en vía indirecta, para reclamar la ausencia del llamado a juicio o en su caso, los vicios en que se incurrió al realizar dicho acto jurídico; y sólo acorde con esa posición, se le podrá equiparar a un tercero y evidentemente será extraño a todo lo actuado en el pleito. Ahora bien, como se destacó de manera previa en la narrativa de antecedentes del acto reclamado, el solicitante de la tutela constitucional compareció el veintidós de marzo de dos mil trece, al juicio sumario civil hipotecario 174/2013, mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil trece, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia del ramo Civil con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en el cual, junto con la parte actora, sometió a la consideración del juez de origen un convenio de transacción judicial a efecto de poner fin a la controversia planteada en el juicio sumario civil hipotecario de antecedentes, el cual fue aprobado y se obligó a las partes a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar como si se tratase de una sentencia ejecutoriada, elevada a categoría de cosa juzgada, en auto de cinco de abril de dos mil trece. De lo anterior, es dable concluir que no asiste al reclamante de la protección constitucional, la calidad de persona extraña por equiparación, dado que se encuentra debidamente incorporada a la relación procesal en el juicio natural, donde tiene el carácter de demandado, por lo que se patentiza que fue sabedor del contenido del procedimiento seguido en su contra, cuando menos desde el veintidós de marzo de dos mil trece, fecha en que presentó ante el juez natural, el convenio de transacción judicial de referencia que ratificó el diecinueve de marzo de ese año, ante el Notario Público número ciento ochenta y cinco en el Estado, con ejercicio en esta ciudad, Licenciado José Joel Boucieguez Lizárraga; fecha que debe considerarse como aquella en la que conoció el procedimiento del que deriva el acto que en esta vía se reclama; desvirtuándose plenamente el carácter de persona extraña al procedimiento, al no ser jurídicamente válido que alegue indefensión cuando acudió al juicio natural. En esa tesitura, si el quejoso reclama que no fue legalmente emplazado al juicio sumario civil hipotecario 174/2013, y si de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra, es evidente que por ese sólo hecho perdió el carácter de persona extraña a juicio, pues tal conocimiento le permitió, en su momento, imponerse de los autos y hacer valer, a través de los mecanismos de impugnación ordinarios, la defensa a sus intereses dentro del propio procedimiento. Además, si el quejoso pretendía reclamar la ilegalidad de su emplazamiento a juicio, debió haber impugnado tal diligencia en la siguiente intervención que tuvo en dicho juicio, empero al no haberlo hecho así, el juicio de amparo no constituye la vía para impugnar los vicios que dice se contienen en dicho acto, ya que de permitírselo, se desconocerían los medios de defensa que el legislador estableció para invalidar actos de esa naturaleza. Apoya lo considerado, la jurisprudencia 39/2001, aprobada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, página 93, que dispone: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." Así como, en lo conducente, la diversa número 9/2012, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro VII, abril de 2012, tomo 1, página 681, del rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que el promovente del amparo tenga conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria para que pierda el carácter de extraño al juicio, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." En ese tenor, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer el presente juicio constitucional respecto de los actos reclamados al a) Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil y b) Coordinador de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, ambos con residencia en esta localidad, consistentes en el ilegal emplazamiento al juicio sumario civil hipotecario 174/2013, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Ahora bien, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en b) todas las actuaciones subsecuentes hasta el auto de trece de marzo de dos mil quince, donde se ordena sacar a remate en segunda almoneda el inmueble objeto de la hipoteca, se actualiza la improcedencia del juicio de amparo, con base en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo tercero a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Al respecto, los preceptos legales invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. (.) En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; "(.)" De la interpretación de ese precepto, se llega a la conclusión de que tratándose de actos realizados en el procedimiento de remate, sólo podrá promoverse el juicio contra la última resolución, que es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Por lo que es necesario precisar que conforme a la jurisprudencia que más adelante se cita, para que se actualice la última resolución en el procedimiento de remate, es necesario que exista tanto el auto que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación así como el auto que ordena la entrega de los bienes rematados; es decir, que existan los dos autos, ya sea que se hayan dictado por separado o al mismo tiempo -coetáneo-. Lo anterior pues de esa manera se evita el abuso de la institución del amparo y se evita el incumplimiento de sentencias. En el particular no se satisfacen los requisitos para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra el auto de trece de marzo de dos mil quince, donde se ordena sacar a remate en segunda almoneda el bien inmueble objeto de la hipoteca en el juicio natural. Esto es así pues de las copias certificadas que fueron remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el acto reclamado no ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación ni ordena la entrega de los bienes rematados; es decir, no se advierte la existencia de los dos autos, ya sea que se hayan dictado por separado o al mismo tiempo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.I.C. J/2 K (10a.) sustentada por el Pleno en materia civil de Primer Circuito, visible en la página mil setecientos treinta y ocho de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro diez, septiembre de dos mil catorce, tomo dos, décima época, cuyo rubro y texto dice: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla." Cabe señalar, que dicho sobreseimiento impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre los actos reclamados, sin que ello genere agravio a la parte quejosa, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia aprobada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 70, octubre de 1993, página 57, del epígrafe y contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." QUINTO. Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En otro aspecto, toda vez que en el presente juicio no existe oposición expresa por las partes en cuanto a la publicación de esta resolución, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley antes mencionada vigente en la época de inicio de la demanda, esta resolución estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; sin supresión de datos, salvo aquellos datos sensibles que pudiera contener. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/561/2015, de fecha veintisiete de mayo de dos mil quince, la Comisión de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal determinó la adscripción del suscrito Juez Jesús Rodolfo Cristerna Iribe a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, a partir del dieciséis del mismo mes y año; en consecuencia, se les da vista con tal circunstancia para que puedan hacer valer las manifestaciones que estimen pertinentes, para los efectos a que se refiere el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73 al 75 y 124 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Luis Andrés Anguiano, en contra de los actos consistentes en el emplazamiento al juicio sumario civil hipotecario 174/2013, y actuaciones subsecuentes hasta la actuación de trece de marzo de dos mil quince, atribuidos a las autoridades responsables 1) Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil y 2) Coordinador de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, ambos con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicada en términos de lo establecido en su último considerando. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, nueve de junio de dos mil quince. Vistos los autos, se advierte que no existe constancia de que se hubiere notificado el oficio 17787/2015, de siete de abril del año en curso, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, por el cual se le notificó la presentación de la demanda de amparo. En consecuencia, reexpídase el citado oficio al representante social adscrito, a fin que tenga la intervención legal que le compete, de conformidad con lo establecido en el artículo 5° fracción IV de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para hoy, SE DIFIERE para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL OCHO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE NOTIFÍQUESE.
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