Luis Alfredo López Lugo
Expediente 272/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 272/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Luis Alfredo López Lugo
Actuaciones
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Acepta competencia. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica que dicho órgano colegiado aceptó la competencia declinada por este Juzgado de Distrito, para conocer del juicio de amparo 272/2021 del que deriva el presente cuaderno, el que quedó registrado bajo el juicio de amparo directo 505/2021 de su índice administrativo. II. Orden de archivo. En razón de lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en virtud de que no existe diligencia pendiente por desahogar remítase el presente cuadernillo al archivo definitivo. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Autorización de consulta electrónica. Se tiene por recibido el escrito firmado electrónicamente por Leobardo Alemán Ramírez, autorizado de la parte quejosa; en atención a lo solicitado, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del expediente electrónico relativo mediante el usuario "laleman". Al efecto, se comisiona a la secretaria actuante realice la autorización respectiva. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese en términos de ley y dentro del plazo legal.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, a dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, atento a lo manifestado en la razón anterior, publico por lista el acuerdo de diez de mayo de dos mil veintiuno, para conocimiento de la parte quejosa; como lo previene el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo vigente, que a en lo conducente dice: Mazatlán, Sinaloa, diez de mayo de dos mil veintiuno. I. Radicación y creación del expediente. Téngase por recibida la demanda presentada por ***********, por su propio derecho; fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno relativo; dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 272/2021 e intégrese expediente electrónico. II. Precisión del acto reclamado. Del escrito de demanda se obtiene que el impetrante de amparo reclama: La sentencia de quince de abril de dos mil veintiuno, específicamente en lo que respecta a la parte considerativa de alimentos, dentro del juicio de divorcio unilateral sin expresión de causa número 569/2021, del índice del Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia, de esta ciudad. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente pretende impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. Tiene aplicación, el criterio de rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." (Jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común) III. Incompetencia En ese sentido, es oportuno señalar que en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se establecen los supuestos de competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo. En efecto, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional." Por su parte, los artículos 34 y 47 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma. Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." Los preceptos transcritos contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo, la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de esos asuntos, previstos en la Ley Suprema y su legislación reglamentaria. Esto es, procede el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por estas últimas las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido. En el caso, como se adelantó la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la sentencia de quince de abril de dos mil veintiuno, específicamente en lo que respecta a la parte considerativa de alimentos, dentro del juicio de divorcio unilateral sin expresión de causa número *********, del índice del Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia, de esta ciudad. Ahora bien, no pasa inadvertido que si bien los conceptos de violación están dirigidos a combatir específicamente la parte considerativa de alimentos, lo cierto es que ese punto forma parte de la sentencia de quince de abril de dos mil veintiuno; de ahí que, como se observa se trata de una resolución definitiva dictada en el juicio de divorcio 569/2021. En tal virtud, con fundamento en los artículos 34, 47 y 170, fracción I, de la ley de la materia, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión, por lo que corresponde a un Tribunal Colegiado en Materia Civil, en vía de amparo uni-instancial. Resulta aplicable la siguiente jurisprudencia, que establece: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor.". (Jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 95, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época, con número de registro 2008791) En consecuencia, remítase la demanda de amparo con sus respectivos anexos, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, a efecto de que determine si acepta o no la competencia, en términos del artículo 47 de la Ley de Amparo. IV. Fórmese cuaderno de antecedentes. Solicítese a la superioridad el acuse de recibo correspondiente y fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. V. Remisión de oficios. Se instruye a la secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios relativos. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo del mismo recae en el actuario judicial de la adscripción que corresponda. VI. Domicilio y autorizado. Se tiene como su domicilio procesal para recibir notificaciones, el que indica en el escrito de cuenta, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Leobardo Alemán Ramírez, en razón de la certificación de cuenta. VII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VIII. Medida de mitigación de riesgos. En el entendido de que subsisten las medidas de mitigación del riesgo para el personal de este órgano jurisdiccional y de las partes, que en su caso, se hayan adoptado durante la contingencia, así como las medidas especiales de operatividad relativas a la habilitación actuarial de notificaciones por correo electrónico a las autoridades responsables y comunicación telefónica, siempre y cuando no depare perjuicios procesales. IX. Se exhorta a las partes a hacer uso del juicio en línea. Con fundamento en el artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que hagan uso del juicio en línea, por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea), para presentar futuras promociones, acceder al expediente electrónico y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio; lo anterior previa solicitud de autorización que se trate. Asimismo, se conmina a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones. X. Habilitación de notificaciones por correo electrónico. Mientras las autoridades responsables no atiendan la sugerencia de tramitación en línea, con fundamento en el artículo 23 del citado Acuerdo General 21/2020 y en el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus sars-cov2 (covid-19), aun cuando la Ley de Amparo no prevé la notificación a través de correo electrónico, dadas las medidas que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el virus SARS-CoV-2, se ordena notificar a la autoridad responsable las determinaciones que sean necesarias durante la contingencia sanitaria, mediante los correos electrónicos oficiales que obtenga la actuaria de la adscripción, a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de dichas dependencias, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. XI. Autorización uso de correo electrónico a autoridades responsables. En la misma línea, se autoriza a la autoridad responsable para que las remita las promociones relativas por correo electrónico oficial 10jdo12cto@correo.cjf.gob.mx. XII. Habilitación de comunicación telefónica a la actuaría. Además, en el caso de que se ordene una notificación personal, se autoriza al actuario que corresponda para entablar comunicación a través de los medios de comunicación que tenga a su alcance [correo electrónico o vía telefónica], con el fin de coordinar la diligencia de notificación personal en un día y hora específico. Diligencia que se atenderá con las medidas sanitarias que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia originada por el virus causante del COVID19. Lo anterior a fin de mitigar el riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de las partes y únicamente por el periodo que dure la citada contingencia. XIII. Reproducción electrónica. De conformidad con la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes, el uso de los medios electrónicos para obtener copia de las constancias que integran el presente, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial. XIV. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente asunto, se testará la información que de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita sea considerada como reservada o confidencial. Notifíquese en términos de ley y dentro del plazo legal
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