Luis Alfredo Miramontes Lizárraga
Expediente 608/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 608/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Luis Alfredo Miramontes Lizárraga
Actuaciones
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, diez de febrero de dos mil veintiuno. I. Estado procesal. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió en queja el auto de trece de enero de dos mil veintiuno, por medio del cual se desechó la demanda de amparo, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. II. Orden de destrucción. De acuerdo a lo establecido en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, destrúyase el presente asunto, una vez transcurridos tres años de su fecha de archivo, toda vez que se desechó de plano la demanda. III. Información reservada. Hágase saber, para los efectos establecidos en el citado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, ni es considerado de relevancia documental. IV. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. V. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, párrafo segundo, del Acuerdo General en comento, se precisa en el presente expediente no existe ningún documento original por devolver a las partes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante Carolina Isabel Tirado Jiménez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, trece de enero de dos mil veintiuno. I. Recibe escrito. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Luis Alfredo Miramontes Lizárraga, por medio del cual desahoga la prevención de ocho de diciembre del año en curso. II. Decisión sobre la instancia constitucional -desechamiento-. Del examen de la demanda de amparo, escrito aclaratorio y anexo, se advierte de manera manifiesta e indudable la improcedencia del juicio constitucional. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; mientras que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. A partir de lo anterior, se desecha de plano la demanda, conforme al artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, al reclamarse un acto en ejecución de sentencia, que no constituye la última resolución. Las citadas disposiciones son del tenor literal siguiente: Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente. . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; La disposición señalada en primer término se refiere a la posibilidad de advertir algún motivo de improcedencia, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de diverso numeral al 61 de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el diverso artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia, dispone que la procedencia del juicio de amparo indirecto, en fase de ejecución de sentencia, se encuentra reservada sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Así, por última resolución, hay que entender lo que expresamente señaló el legislador, es decir, que basta con la interpretación literal para establecer que se entiende: a) La que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; b) La que ordena el archivo definitivo del expediente; y c) En los procedimientos de remate, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Pudiendo reclamarse hasta ese momento, las violaciones cometidas durante el procedimiento ejecución, que hubieren dejado sin defensa al justiciable y trascendido al resultado de la resolución. Considerar lo contrario, es decir, estimar procedente la vía constitucional contra cada uno de los actos procesales de ejecución de modo aislado, obstaculizaría injustificadamente lo resuelto en el juicio respectivo, lo que no es permisible, ya que la intención del legislador fue que los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas que constituyen la verdad legal y cosa juzgada, no se entorpezcan mediante la promoción del amparo. Ello no significa que no se puedan impugnar en forma destacada actos intermedios en la fase ejecutiva de sentencia, al acontecer por excepción cuando sean actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución, o bien, que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. P./J. 108/2010, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 6, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Criterio que se invoca, no obstante aluda a la Ley de Amparo abrogada, en la medida en que los principios contenidos en dicha legislación permanecen en la vigente, incluso, se delimitan en el propio texto legal. En el caso, se reclama la resolución de apelación que confirmó la declaración de causahabiencia emitida por el juzgador de primera instancia y, por ello, obligó al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de origen. En efecto, el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, la Sala de Circuito Zona Sur del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, en el toca 1362020, resolvió confirmar la diversa interlocutoria de cuatro de septiembre del mismo año, que declaró procedente el incidente de causahabiencia dictado por el Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Elota, Sinaloa, relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio 1302017, en el que se ordenó la ejecución de la orden de lanzamiento dictada el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. En ese sentido, lo expuesto por el promovente en el escrito de cuenta, así como de la prueba documental que se acompaña, se desprende que en la determinación reclamada se declaró procedente el incidente de causahabiencia promovido por la parte actora y se ordenó la inmediata cumplimentación del acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, para que se lleve a cabo la desocupación y entrega del bien objeto de la litis, en contra del demandado aquí quejoso Luis Alfredo Miramontes Lizárraga y de sus causahabientes Clara Sarabia Salazar y Juan José Miramontes Sarabia, así como de cualquier persona que se encuentre en la finca por anuencia de estos, por ser igualmente causahabientes del demandado. De lo expuesto, se obtiene que el acto aquí reclamado se emitió en etapa de ejecución de sentencia; sin embargo, no se trata de la última determinación en el procedimiento respectivo, ya que solo se confirmó la declaración de causahabiencia y, por ende, ordenó cumplir la ejecutoria del juicio de origen. En otras palabras, lo reclamado no reúne los elementos de la definición de última resolución en la fase ejecutiva de la sentencia despachada contra la parte demandada en el juicio de origen y su causahabiente; con independencia de los vicios legales que pudiera tener la misma. Puesto que no se trata de la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente; que es únicamente contra la que procede el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, con la finalidad de evitar la obstaculización del cumplimiento de las resoluciones que constituyen cosa juzgada. Luego, las violaciones que se estimen cometidas durante el procedimiento de ejecución, como las que esboza en su demanda, deberán, en su caso, invocarse como conceptos de inconformidad en el juicio de amparo que se promueva contra el auto definitivo que determine el cumplimiento total de la sentencia, o la imposibilidad jurídica y material para ello, u ordena el archivo definitivo del expediente, que es, como se dijo, la resolución con la que culmina tal procedimiento y en contra de la cual se prevé la procedencia del juicio de amparo biinstancial. Sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro y texto siguiente: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. 1a./J. 28/2010, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 60, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. En adición a lo anterior, no se actualizan las excepciones para la procedencia del juicio constitucional contra actos intermedios en fase de ejecución, toda vez que la resolución que se reclama no es autónoma a la ejecución de la sentencia; por el contrario, obedece a ello, lo que a su vez encuentra relación con la existencia de cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. Además, el acto reclamado no conculca de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, porque el detrimento patrimonial que el inconforme pudiera sufrir con motivo de ello es atendiendo a la firmeza de lo condenado. Consecuentemente, se desecha de plano la demanda, ante la actualización de la hipótesis prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 107 fracción IV, ambos de la Ley de Amparo de que se trata, en virtud de que el acto reclamado no es la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia. Notifíquese en términos de ley y dentro de los plazos legales. Así lo acuerda y firma Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante Carolina Isabel Tirado Jiménez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
AL NO ATENDER EL AVISO DE FECHA DIECINUEVE DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TRECE DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, QUE EN SÍNESIS DISPONE: Mazatlán, Sinaloa, trece de enero de dos mil veintiuno. I. Recibe escrito. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Luis Alfredo Miramontes Lizárraga, por medio del cual desahoga la prevención de ocho de diciembre del año en curso. II. Decisión sobre la instancia constitucional -desechamiento-. Del examen de la demanda de amparo, escrito aclaratorio y anexo, se advierte de manera manifiesta e indudable la improcedencia del juicio constitucional. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; mientras que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. A partir de lo anterior, se desecha de plano la demanda, conforme al artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, al reclamarse un acto en ejecución de sentencia, que no constituye la última resolución. Las citadas disposiciones son del tenor literal siguiente: Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente. . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; La disposición señalada en primer término se refiere a la posibilidad de advertir algún motivo de improcedencia, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de diverso numeral al 61 de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el diverso artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia, dispone que la procedencia del juicio de amparo indirecto, en fase de ejecución de sentencia, se encuentra reservada sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Así, por última resolución, hay que entender lo que expresamente señaló el legislador, es decir, que basta con la interpretación literal para establecer que se entiende: a) La que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; b) La que ordena el archivo definitivo del expediente; y c) En los procedimientos de remate, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Pudiendo reclamarse hasta ese momento, las violaciones cometidas durante el procedimiento ejecución, que hubieren dejado sin defensa al justiciable y trascendido al resultado de la resolución. Considerar lo contrario, es decir, estimar procedente la vía constitucional contra cada uno de los actos procesales de ejecución de modo aislado, obstaculizaría injustificadamente lo resuelto en el juicio respectivo, lo que no es permisible, ya que la intención del legislador fue que los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas que constituyen la verdad legal y cosa juzgada, no se entorpezcan mediante la promoción del amparo. Ello no significa que no se puedan impugnar en forma destacada actos intermedios en la fase ejecutiva de sentencia, al acontecer por excepción cuando sean actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución, o bien, que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. P./J. 108/2010, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 6, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Criterio que se invoca, no obstante aluda a la Ley de Amparo abrogada, en la medida en que los principios contenidos en dicha legislación permanecen en la vigente, incluso, se delimitan en el propio texto legal. En el caso, se reclama la resolución de apelación que confirmó la declaración de causahabiencia emitida por el juzgador de primera instancia y, por ello, obligó al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de origen. En efecto, el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, la Sala de Circuito Zona Sur del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, en el toca 1362020, resolvió confirmar la diversa interlocutoria de cuatro de septiembre del mismo año, que declaró procedente el incidente de causahabiencia dictado por el Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Elota, Sinaloa, relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio 1302017, en el que se ordenó la ejecución de la orden de lanzamiento dictada el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. En ese sentido, lo expuesto por el promovente en el escrito de cuenta, así como de la prueba documental que se acompaña, se desprende que en la determinación reclamada se declaró procedente el incidente de causahabiencia promovido por la parte actora y se ordenó la inmediata cumplimentación del acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, para que se lleve a cabo la desocupación y entrega del bien objeto de la litis, en contra del demandado aquí quejoso Luis Alfredo Miramontes Lizárraga y de sus causahabientes Clara Sarabia Salazar y Juan José Miramontes Sarabia, así como de cualquier persona que se encuentre en la finca por anuencia de estos, por ser igualmente causahabientes del demandado. De lo expuesto, se obtiene que el acto aquí reclamado se emitió en etapa de ejecución de sentencia; sin embargo, no se trata de la última determinación en el procedimiento respectivo, ya que solo se confirmó la declaración de causahabiencia y, por ende, ordenó cumplir la ejecutoria del juicio de origen. En otras palabras, lo reclamado no reúne los elementos de la definición de última resolución en la fase ejecutiva de la sentencia despachada contra la parte demandada en el juicio de origen y su causahabiente; con independencia de los vicios legales que pudiera tener la misma. Puesto que no se trata de la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente; que es únicamente contra la que procede el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, con la finalidad de evitar la obstaculización del cumplimiento de las resoluciones que constituyen cosa juzgada. Luego, las violaciones que se estimen cometidas durante el procedimiento de ejecución, como las que esboza en su demanda, deberán, en su caso, invocarse como conceptos de inconformidad en el juicio de amparo que se promueva contra el auto definitivo que determine el cumplimiento total de la sentencia, o la imposibilidad jurídica y material para ello, u ordena el archivo definitivo del expediente, que es, como se dijo, la resolución con la que culmina tal procedimiento y en contra de la cual se prevé la procedencia del juicio de amparo biinstancial. Sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro y texto siguiente: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. 1a./J. 28/2010, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 60, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. En adición a lo anterior, no se actualizan las excepciones para la procedencia del juicio constitucional contra actos intermedios en fase de ejecución, toda vez que la resolución que se reclama no es autónoma a la ejecución de la sentencia; por el contrario, obedece a ello, lo que a su vez encuentra relación con la existencia de cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. Además, el acto reclamado no conculca de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, porque el detrimento patrimonial que el inconforme pudiera sufrir con motivo de ello es atendiendo a la firmeza de lo condenado. Consecuentemente, se desecha de plano la demanda, ante la actualización de la hipótesis prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 107 fracción IV, ambos de la Ley de Amparo de que se trata, en virtud de que el acto reclamado no es la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia. Notifíquese en términos de ley y dentro de los plazos legales. Así lo acuerda y firma Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante Carolina Isabel Tirado Jiménez, secretaria que autoriza y da fe.
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Notifíquese en términos de ley y dentro del plazo legal.
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