Luis Alonso Estrada Ayala

Expediente 14/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
14/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
09/03/2023

Partes del expediente

  • Luis Alonso Estrada Ayala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada en este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, este expediente es susceptible de destrucción, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte¸ al haberse sobreseído este juicio de amparo. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente expediente, lo cual, deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Finalmente, se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable; por lista electrónica a las demás partes. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de febrero de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 14/2023-II, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el cinco de enero de dos mil veintitrés, turnado a este juzgado el día hábil posterior, nueve de enero de dos mil veintitrés (pues el seis de los mismos, en oficio 2/2023 signado por el Coordinador de Magistrados y el Coordinador de Jueces del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, se decretó la suspensión de términos y actividades presenciales en esa fecha, de conformidad con lo establecido en los artículos 9, fracción XIII y 10, ambos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de los sucesos violentos acontecidos en la ciudad), *******, promovió demanda de amparo en favor del directo quejoso, en contra de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Segundo. Derechos fundamentales que la parte quejosa estimó vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 8 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Aclaración de la demanda y posterior admisión. En proveído de diez de enero de dos mil veintitrés, se mandó aclarar la demanda de amparo en los siguientes términos: (.) En el caso, del análisis íntegro de la demanda constitucional, quien suscribe advierte que la promovente acude al juicio de amparo ostentándose como apoderada *******; sin embargo, de la prueba que adjunta para acreditar su personalidad, consistente en la documental con firmas autógrafas de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, celebrada el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, en el expediente *******, se desprende que la Junta Laboral le reconoce el carácter de representante legal de *******, no así de *******, en favor de quien promueve la demanda de amparo de cuenta. Por lo que, la demanda de amparo deviene oscura, al no existir identidad entre el nombre de la persona que aparece en el escrito de demanda y el que aparece en la constancia relativa a la audiencia citada, con que la promovente pretende acreditar la personalidad que ostentó. Por tanto, con fundamento en el artículo 108, fracción I, así como 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente del amparo, a fin de que dentro del término de cinco días, computados legalmente, realice lo siguiente: a) Manifieste -bajo protesta de decir verdad- el nombre correcto del quejoso. b) En caso de que, el nombre correcto del quejoso sea *******, no así *******, exhiba el documento correspondiente que acredite que le asiste el carácter de representante legal del mismo. (.) Luego, el veinte de los mismos se tuvo a la promovente cumpliendo la prevención que le fue formulada, pues acotó que el nombre correcto del directo quejoso es *******; se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron como hora y fecha para la audiencia constitucional, misma que fue celebrada al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación al Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo1 , de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la parte quejosa reclamó lo siguiente, de la siguiente autoridad, a la que señaló como responsable: De la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad: La omisión de acordar la promoción que le presentó desde el veintinueve de junio de dos mil veintidós en el juicio laboral *******, a través del cual le instó la ejecución del laudo. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado por la parte quejosa a la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje (foja 30), con sede en esta ciudad, pues al rendir su informe justificado, así lo aceptó. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Para corroborar lo anterior, dicha autoridad remitió copia certificada de diversas constancias que integran el juicio de origen, de las que se desprende: - La existencia del juicio laboral *******; - Que la parte actora, aquí parte quejosa, presentó promoción desde el veintinueve de junio de dos mil veintidós, a través del cual le instó la ejecución del laudo ahí dictado. - Finalmente, que la Junta responsable, hasta el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, esto es, una vez que tuvo conocimiento de este asunto, emitió el pronunciamiento al respecto, pues dictó auto de requerimiento de pago y embargo con motivo de ese ocurso. Las constancias remitidas por la Junta responsable, adjuntas a su informe con justificación, poseen valor probatorio pleno, de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles2 , de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es el Secretario de Acuerdos de su adscripción. De modo que, se tiene por cierto el acto reclamado a la Junta señalada como responsable. Cuarto. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo3 . En el caso, se estima la actualización, de forma manifiesta e indudable, de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo, en que se establece: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.) De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, este juicio de amparo, la parte quejosa se dolió, de la Junta responsable, de la omisión de acordar la promoción que le presentó desde el veintinueve de junio de dos mil veintidós en el juicio laboral *******, a través del cual le instó la ejecución del laudo. Empero, el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, esto es, una vez que tuvo conocimiento de este asunto (del que estuvo al tanto el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, como se desprende de la constancia visible agregada a foja 26), emitió el pronunciamiento al respecto y dictó auto de requerimiento de pago y embargo con motivo del escrito que le presentó desde el veintinueve de junio de dos mil veintidós la aquí parte quejosa. Así, se estima que las cosas han vuelto al estado que guardaban antes de la violación constitucional alegada por la parte quejosa, tal como si se le hubiese otorgado el amparo instado, pues la Junta responsable proveyó en torno al ocurso que le presentó la parte actora, aquí quejosa. Por lo tanto, como se anunció, durante la tramitación de este juicio de amparo, cesó el acto omisivo reclamado y es pertinente sobreseer este juicio, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de la legislación de la materia. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Así como la diversa tesis aislada P.CL/97, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con registro 197367, que es del tenor literal: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, respecto de los actos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia, por los motivos ahí esgrimidos. Notifíquese; mediante oficio a la responsable y por lista electrónica a las demás partes. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de febrero de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos con el informe justificado rendido por la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de enero de dos mil veintitrés. Aclara la demanda de amparo Agréguese a los autos el escrito presentado por *******, mediante el cual desahoga la prevención efectuada el diez de enero de dos mil veintitrés, pues indica que la persona a la que representa en el presente juicio de amparo es *******, no a *******. Personalidad En términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, se reconoce a la promovente el carácter de representante de *******, pues lo acredita con copia con firmas autógrafas de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, celebrada el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, dentro del juicio laboral *******. Documental en la que consta que tal carácter le fue reconocido por los integrantes de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje. Por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 3º, 5º, 6, 21, 33, fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. Incidente de suspensión Toda vez que la parte quejosa no lo solicitó, ni se está en presencia de algún supuesto que amerite una apertura oficiosa, es innecesario ordenar que se abra expediente incidental, para proveer sobre la suspensión de los actos reclamados. Audiencia constitucional Con fundamento en el artículo 115 de la legislación de la materia, se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del veinte de febrero de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De la audiencia constitucional se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por el juez y la secretaria en forma autógrafa, electrónica o ambas, según las circunstancias; por tanto, al no ser indispensable la concurrencia personal de las partes a dicha audiencia, se les indica que, en caso de tener la intención de comparecer a la misma, están en posibilidad de hacerlo mediante escrito que presenten ante la Oficialía de Partes Común o en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, expresando los alegatos que a su interés convengan, los cuales serán tomados en consideración en la fase procesal correspondiente. Solicitud de informe justificado De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, pídase a la autoridad responsable que rinda informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copia autorizada, legible y completa de las constancias que la justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio; según lo establecido en el párrafo quinto del artículo 117 de la legislación de la materia. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si deja de rendirlo o bien lo hace sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le sancionará con multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad ($9,622.00), nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional. Información reservada o confidencial En caso de que las partes exhiban remitan físicamente información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, si se remite documento digitalizado o electrónico, de estimarse que respecto de alguna promoción o constancia deba guardarse sigilo, entonces se ordenará que se restrinja el acceso a esa porción del expediente electrónico, en términos del artículo 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Obligación de recibir oficios Se informa a la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en relación con este expediente se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto por el numeral 245 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de ($9,622.00), nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional. Deber de informar sobre las causas de improcedencia Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá como sanción una multa de treinta unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100 moneda nacional ($2,886.60). Vista al agente del MP adscrito Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. Tercero interesado De los artículos 5o, fracción III y 115 de la Ley de Amparo, se advierten las partes en el juicio constitucional, entre ellas, el tercero interesado y los elementos que debe contener el auto admisorio de la demanda, entre ellos, la orden de correr traslado a éste, con la finalidad de que sea oído en el juicio y le sea respetado su derecho de audiencia. De ahí que, aun cuando el quejoso señale a quién o quiénes considera parte tercero interesada, es facultad del juez de control constitucional determinar si efectivamente tiene o no el carácter de tercero interesado o, en su caso, advertir la existencia de diversos. Por tanto, se estima que, no tiene calidad de tercero interesado la persona a que hace alusión la parte promovente del amparo, pues la ley de la materia establece que el tercero interesado será quien tenga algún interés contrario al quejoso, lo que en este asunto no ocurre, pues ambos están interesados en la continuación del juicio en los términos y plazos que marca la ley. Pruebas En relación con las pruebas documentales que exhibió la parte quejosa acompañadas a su escrito de demanda, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ésta en la audiencia constitucional, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese pos lista electrónica; personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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