Luis Alfonso Sosa
Expediente 496/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 496/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 10/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Luis Alfonso Sosa
- Congreso del Estado de Chihuahua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada en este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, expediente es susceptible de destrucción, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte¸ al haberse sobreseído este juicio de amparo. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente expediente principal y el original del incidental, lo cual, deberá constar en el acuerdo de desincorporación. De igual manera, según lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General Conjunto en cita, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses. Una vez cumplido el término de seis meses a que se refiere el primer párrafo del citado artículo, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir dicho incidente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de abril de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo 496/2020-II, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Chihuahua, capital, el veintidós de septiembre de dos mil veinte, turnado al juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, el día hábil posterior, ******* promovió demanda de amparo contra actos del Gobernador Constitucional y del Congreso, ambos del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, de quienes reclamó lo siguiente: IV.ACTO RECLAMADO.- A. Del H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA reclamo: 1. Los artículos 77, 78, 83, 86, 91, 93, 95, 107, 108 fracción IX, 109, 120, 150 fracción II, de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua por ser de carácter privativo y retroactivo, al regular aspectos de concesiones otorgadas con anterioridad a su entrada en vigor en perjuicio de los concesionarios de transporte OMITIENDO un régimen transitorio de aplicación de la Ley abrogada. Ley que fue aprobada mediante decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua numero 24 el 21 de marzo de 2020, artículos que establecen en el mismo orden lo siguiente: (.) B. DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, reclamo lo siguiente: 1. La publicación del decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua numero 24 el 21 de marzo de 2020, relativo a la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua y su aplicación. Segundo. Derechos fundamentales que la parte quejosa estimó vulnerados. La parte accionante del amparo señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 13, 14, 16, 22, 39, 40 y 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Declaración de incompetencia de juzgado declinante. En auto de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda en cuestión; por lo cual ordenó su remisión a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, a efecto de que lo hiciera llegar al juzgado de turno, en esta localidad, que resultó ser este órgano jurisdiccional. Cuarto. Admisión de la competencia legal planteada, aclaración y admisión de la demanda de amparo. En proveído de cinco de octubre de dos mil veinte (foja 42), se aceptó la competencia legal planteada y se mandó aclarar la demanda de amparo. Una vez cumplida la prevención, en acuerdo de veinte de octubre de tal anualidad (foja 64), se admitió la demanda de amparo, se solicitaron informes justificados a las autoridades responsables; se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, misma que se verificó conforme al acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107 fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, se desprende que la quejosa reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: I. Del Congreso del Estado de Chihuahua, se reclama: a) La aprobación del Decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II.P.O que contiene la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el veintiuno de marzo de dos mil veinte; particularmente, los artículos 77, 78, 83, 86, 91, 93, 95, 107, 108 fracción IX, 109, 120, 150 fracción II, así como el diverso quinto transitorio de tal legislación. II. Del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, se reclama: a) La publicación del Decreto de referencia. Lo previo, aduciendo el carácter autoaplicativo de la normatividad en cuestión. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados por el quejoso al Congreso y al Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, pues así lo aceptaron al rendir sus informes con justificación. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Además, porque la existencia de los preceptos que se reclaman no está sujeta a prueba, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, ya que basta con que estén publicados en un medio de difusión oficial -como lo es el Periódico Oficial del Estado-, para que el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo lo tenga en cuenta al momento de resolver, sin necesidad de que se exhiba un ejemplar donde se contengan las leyes, reglamentos o disposiciones de observancia general reclamados. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2ª./J. 65/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 260, del tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, registro 191452, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Así como la tesis V.2º.214 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable a página 205, del tomo XV- I, Febrero de 1995, Octava Época, registro 209107, del Semanario Judicial de la Federación, con el contenido siguiente: LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas. Cuarto. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo, es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para que el juzgador constitucional determine si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional, o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que no se dirima la controversia constitucional planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman tal figura; hipótesis normativas debidamente descritas en la Ley de Amparo, que deben analizarse de acuerdo con el texto del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5 fracción I, de la Ley de Amparo, conforme a la cual resulta improcedente el juicio de amparo contra actos que no afecten el interés jurídico del quejoso; artículos que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Con relación a la causal de improcedencia de referencia, es preciso dejar asentado que por imperativo del artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, posterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, y los diversos numerales 5º, fracción I, penúltimo párrafo, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio de derechos fundamentales debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada. Este requisito, a su vez, guarda íntima relación con el principio de afectación personal y directa que rige en el juicio de amparo y que, vistos en su conjunto, permiten afirmar que, cuando se tilda un acto de inconstitucional, su procedencia está sujeta a que cause un agravio personal y directo a la persona que solicita la protección constitucional, por estimar que es titular de un derecho subjetivo, lo que deberá así acreditar. Así, la noción de interés jurídico ha sido ampliamente abordada por el Alto Tribunal, lo que ha dado origen a una diversidad de tesis jurisprudenciales, de las que deriva que tal figura se vincule estrechamente con el concepto de perjuicio, pues supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión se concede a su titular la facultad de acudir ante un órgano jurisdiccional federal, para demandar su cese. El perjuicio, entonces, debe entenderse como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de amparo, que afecta de manera inmediata sus derechos sustantivos en forma tal, que el daño irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior. Loa anteriores argumentos que dieron origen a la jurisprudencia 1ª/J.168/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225, tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de texto y rubro siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Por tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional a defender sus derechos humanos. Así, la afectación y por ende, el interés jurídico, concierne exclusivamente al quejoso demostrarlos, a través de medios de convicción fehacientes, ya que no puede suponerse en base en presunciones; pues, en los términos antes expuestos, el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde a aquél y no de forma alguna al Juez Constitucional. Lo que se colige de la jurisprudencia 2a./J. 16/94 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 82, Octubre de 1994, página 17, de rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Sirve de apoyo además a lo antes expuesto, lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, correspondiente al mes de febrero de 2002, página 15, cuyo rubro y texto dicen: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. También encuentra orientación y apoyo en la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XVIII, octubre de 2003, página 1030, que se transcribe a continuación: INTERÉS JURÍDICO, CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL QUEJOSO ACOMPAÑAR LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN RELATIVOS Y NO AL JUEZ RECABARLOS DE OFICIO. Si bien en la parte in fine del artículo 78 de la Ley de Amparo, se confiere al Juez de Distrito la prerrogativa para recabar las pruebas que habiendo sido rendidas ante la autoridad responsable no obren en autos y se estimen necesarias para la resolución del asunto, lo cierto es que tal dispositivo no obliga al resolutor federal a requerir de esa autoridad los medios de convicción que justifiquen el interés jurídico del promovente del juicio de garantías; esto, por la sencilla razón de que de conformidad con el artículo 4o. y la fracción V del artículo 73, interpretada en sentido contrario, ambos de la ley de la materia, el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde al quejoso y no al Juez de garantías. Entonces, en suma, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona. Sentado lo anterior, como se precisó, el quejoso acude al juicio constitucional doliéndose de la aprobación y publicación del decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 por el cual se aprobó la Ley de Transportes del Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintiuno de marzo de dos mil veinte, bajo el argumento de ser concesionario para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros. Para acreditar lo previo, exhibió anexas a su demanda de amparo, las siguientes documentales: Copia certificada de la revalidación de concesión para prestar el servicio público de transporte número *******, para el servicio público de transporte colectivo urbano de pasajeros en Ciudad Juárez, Chihuahua, dentro de la ruta *******, con el número económico *******, con vigencia al quince de diciembre de dos mil veintisiete; emitida en favor de la persona de nombre *******. Documental a la que se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°. Copia simple de la póliza número ******* (*******), emitida (aparentemente) por la Corredora Pública número ******* en el Estado de Chihuahua, de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, por virtud del cual la persona de nombre ******* y ******* aquí quejoso, comparecieron a celebrar contrato de cesión de derechos y otorgamiento de facultades, respecto de la concesión número *******, para la prestación del servicio de transporte público; el primero de ellos, como cedente y el segundo, como cesionario. Sin embargo, lo anterior, aun adminiculado, resulta insuficiente para demostrar el interés jurídico de que adujo gozar el quejoso. Ello es así, pues lo único que demostró es que fue emitida revalidación de la concesión para prestar el servicio público de transporte número *******, en favor de la persona de nombre *******, quien no es parte en este juicio de amparo. Enseguida, el contrato de cesión de derechos y otorgamiento de facultades aparentemente celebrado mediante póliza ante Correduría Pública, entre tal persona y el aquí quejoso, como se refirió, fue exhibido únicamente en copia simple, de tal suerte que, en primer término, quien suscribe no puede cerciorarse de su veracidad; y en segundo, suponiendo su legitimidad, el mismo carece de fecha cierta, precisamente al ser exhibido en copia fotostática simple, sin certificarse el testimonio de dicha póliza. De tal manera que, tales documentales son insuficientes para acreditar el extremo que pretende el quejoso, ya que la copia fotostática carece de valor probatorio para demostrar la calidad de cesionario para la prestación del referido servicio, que adujo tener el accionante del amparo; mientras que con la copia certificada de la revalidación de concesión para prestar el servicio público de transporte número *******, se itera, únicamente acreditó que se otorgó en favor de la persona de nombre *******, respecto de dicho servicio. Lo anterior, encuentra sustento, por las razones que informa la tesis I.7o.A.93 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, página 1424, que dice: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LA COPIA SIMPLE DE LA ESCRITURA PÚBLICA RELATIVA AL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE, ADMINICULADA CON EL ORIGINAL DE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR FEHACIENTEMENTE EL CARÁCTER DE PROPIETARIO CON EL QUE SE OSTENTA EL AGRAVIADO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente debe promoverse por la parte agraviada, esto es, por aquel gobernado que con motivo de un acto de autoridad resiente una afectación en su interés jurídico, el cual debe comprobarse plenamente, y no inferirse a base de presunciones. De esta manera, si el quejoso ocurre al juicio de garantías para defender un bien inmueble, del cual se ostenta como propietario, y para probar tal carácter ofrece la copia fotostática simple o sin certificar del testimonio notarial de la compraventa respectiva, además de un contrato de arrendamiento donde aquél aparece con el carácter de arrendador, tales documentales son insuficientes para acreditar el extremo que pretende, ya que la copia fotostática por sí sola carece de valor probatorio, mientras que el contrato aludido sólo demuestra que el quejoso se ostentó como dueño del bien raíz en cuestión, mas no así que efectivamente tenga esa calidad, de conformidad con el artículo 203, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles; de esta manera, la exhibición de las pruebas invocadas es insuficiente para acreditar el interés jurídico del quejoso, y debe decretarse el sobreseimiento respectivo, en términos de los artículos 73, fracción V, y 74, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución. En consecuencia, es evidente que el quejoso no acreditó gozar de interés jurídico para acudir a instar la protección constitucional; mismo que, como ya se puntualizó, correspondía únicamente a él probarlo -de forma plena y fehaciente- al tener la carga probatoria de ello, y no este órgano jurisdiccional; además, como también ya se acotó, tal elemento no puede inferirse de forma alguna, con base en presunciones. Aunado a lo anterior, no es inadvertido para esta Juzgadora Federal, que en la abrogada Ley de Transporte, vigente en la época en que se otorgó la aparente cesión de derechos, alude a que, para ceder, transmitir o transferir de alguna forma una concesión de transporte otorgada, debe mediar autorización de la dependencia Estatal respectiva; y que, incluso, la ausencia de tal permiso traerá como consecuencia la cancelación de la concesión. En efecto, el artículo 47 de la Ley de Transporte del Estado, abrogada, en lo que interesa, es del siguiente contenido: ARTÍCULO 47. Las concesiones y permisos se cancelarán por la Secretaría cuando: (.) F) Se grave o se transmita la concesión o permiso sin autorización de la Dirección de Transporte; (.) Sin que el accionante del amparo, hubiera acreditado en forma alguna, que la autoridad respectiva, esto es, la Dirección de Transporte del Estado de Chihuahua, otorgó autorización para la aparente cesión de la concesión de transporte. De esta manera, las pruebas invocadas son insuficientes para acreditar el interés jurídico del quejoso, y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el citado artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, debe decretarse el sobreseimiento respectivo, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la propia Ley. No es óbice para arribar a tal conclusión, que en su escrito de demanda, el peticionario del amparo haya narrado -bajo protesta de decir verdad- los antecedentes del acto reclamado, pues con ello no acredita su interés jurídico, en la medida en que era necesario que aportara pruebas fehacientes en ese sentido, según así fue razonado. Lo que encuentra sustento jurídico, en la jurisprudencia 3a./J. 27/90, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 207221, inscrita a foja 229, tomo V, Primera Parte, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés. Resta decir que es innecesario analizar alguna otra causa de improcedencia, así como los conceptos de violación formulados en la demanda; lo primero porque aun de resultar fundadas, el sentido de esta determinación en nada variaría máxime cuando se estima que la estudiada, por prelación, es la que debe prevalecer; y, lo segundo, porque la declaración de sobreseimiento impide analizarlos. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, página 414, que dice: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Así como la jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, página 708, que establece: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******* con relación a los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero, por las razones esgrimidas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de abril de dos mil veintiuno. Vistos los autos, se colige que, al día de hoy, no se ha dado vista a las partes en este asunto, con el oficio ******* de veintiuno de octubre de dos mil veinte signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que fue acordada la readscripción de la Juez *******, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veinte. En consecuencia, se ordena hacer lo previo del conocimiento de las partes en este juicio, con la finalidad de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Con relación a la forma en que se debe notificar el presente acuerdo se cita, por igualdad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, de julio de 2010, materia común, página 312, misma que es del siguiente contenido: SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Énfasis añadido.) De tal forma que se ordena notificar este acuerdo por lista a las partes, entre ellas las autoridades responsables, de conformidad con el criterio referido supra líneas, así como con sustento en lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio enviado por la Secretaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, al cual adjunta testimonio de la resolución emitida en los autos del Impedimento Administrativo 15/2020, de su índice, así como los autos originales del juicio de amparo 496/2020-II, de este juzgado; de cuyos puntos resolutivos se advierte que determinó lo siguiente: ÚNICO. No se califica de legal el impedimento planteado por la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, para resolver el juicio de amparo indirecto 496/2020, presentado por *******. Acúsese recibo y háganse las anotaciones pertinentes, tanto en el libro de gobierno, como en el expediente electrónico, respectivos. En consecuencia, a efecto de proveer lo conducente para la continuación del trámite del presente juicio y su debida integración, es importante precisar lo siguiente: Del estado de autos, se advierte que en acuerdos de cuatro y diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se reservó a proveer respecto a los informes justificados rendidos por el Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua y Congreso del Estado de Chihuahua, respectivamente, los cuales fueron recibidos en el correo electrónico oficial de este Juzgado. En cuanto al valor probatorio de tales informes, se les reconoce como pleno, por identidad de las razones que informa la tesis I.3o.P.41 P (10a.), publicada en el Seminario de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil dieciséis, del rubro: CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO. En ese sentido, como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido de los informes en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Ello, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a ambas autoridades oficiantes, designando como delegados a las personas que indican y, sólo al Congreso del Estado, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, se desecha la inspección judicial que se propone respecto "sobre todos los links" que el Congreso del Estado de Chihuahua detalla en el informe indicado, toda vez no cumple con el requisito establecido en quinto párrafo del artículo 119 de la Ley de Amparo, consistente en el señalamiento de los puntos sobre los que debería versar la inspección. Sobre este tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, al resolver la contradicción de tesis 428/2016, que esos puntos delimitan el objeto de la prueba y su contenido constituiría, en su caso, la materia sobre la cual versaría la inspección ofertada, por tanto, es su elemento medular, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento; por tanto, la falta del señalamiento de los puntos específicos sobre los que debía desahogarse la prueba de inspección de referencia da lugar a su desechamiento. Corrobora lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J. 17/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, publicada el ocho de junio de dos mil dieciocho, cuyo tenor es el siguiente: PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL INTERROGATORIO ORIGINAL AL OFRECERLA, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, el plazo para ofrecer la prueba testimonial en el juicio de amparo indirecto corre desde la presentación de la demanda hasta cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Asimismo, dispone que para su ofrecimiento, deberán exhibirse el original y copias del interrogatorio para cada una de las partes, al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando sus nombres y, en caso de que el oferente no pueda presentarlos, sus domicilios; y que a falta total o parcial de las copias, el Juez del conocimiento lo requerirá para que las presente dentro del plazo de tres días, apercibiéndolo que de no hacerlo la prueba se tendrá por no ofrecida. En ese tenor, no basta con que la prueba se ofrezca para ser admitida, pues las condiciones de eficacia del ofrecimiento de la prueba testimonial son su oportunidad, la exhibición del interrogatorio original y la presentación de las copias respectivas. De ahí que, si la prueba se ofrece desatendiendo cualquiera de los dos primeros requisitos, el Juez del conocimiento debe desecharla, pero si se omite exhibir las copias, la consecuencia es prevenir al oferente. Esto es así, porque si bien, tanto la exhibición del interrogatorio original como la de sus copias son elementos esenciales para el perfeccionamiento del ofrecimiento de la prueba, lo cierto es que, por un lado, existe disposición expresa del legislador para subsanar la falta de las segundas, lo que no ocurre con el interrogatorio original. Además, sus finalidades son diferentes, toda vez que el interrogatorio delimita el objeto de la prueba y su contenido constituye la materia sobre la cual versará, por tanto, es su elemento medular, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento, mientras que sus copias sólo son un instrumento formal, necesario para permitir a las partes restantes formular su contradicción. Así, dadas sus diversas finalidades, la facultad de requerir las copias de traslado, ante su falta total o parcial, no puede extenderse al interrogatorio original, ya que de lo contrario, se haría nugatorio el plazo previsto en el artículo 119 citado, pues sólo bastaría con que la prueba se ofreciera dentro del plazo previsto para ello y que se perfeccionara fuera de él, en franca violación a los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes que rigen el juicio de amparo indirecto, además de que el mismo precepto no dispone que el juzgador deba actuar de manera excepcional, como sí lo precisó cuando se trata de la falta de copias, en términos del principio general del derecho previsto en el artículo 11 del Código Civil Federal, acorde con el cual, las leyes que establecen una excepción a las reglas generales, no son aplicables a algún caso que no esté expresamente especificado en aquéllas. Asimismo, es aplicable la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, de julio de 1994, materia común, página 744, del siguiente tenor: PRUEBAS DE INSPECCION JUDICIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, OFRECIMIENTO DE. El juez de Distrito obra correctamente al desechar la inspección judicial y la pericial, por no haberse precisado los puntos sobre los que deben versar, pues las pruebas en el juicio de garantías deben ofrecerse con todos los elementos necesarios para su recepción y dentro de estos elementos figuran tales requisitos, conforme a los artículos 146 y 161 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Finalmente, para dar margen a lo anterior se señalan las nueve horas del quince de abril de dos mil veintiuno, a fin de que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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