Luis Alonso Guzmán Villegas

Expediente 90/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
90/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
04/04/2019

Partes del expediente

  • Luis Alonso Guzmán Villegas

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de once de marzo de dos mil diecinueve, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *****************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **************. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, once de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la Presidenta en representación de la Junta Especial Número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegada a la persona que indica en su informe. Por otro lado, del contenido del informe, se advierte que respecto a la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral ******* del índice de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, se actualiza, de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que textualmente establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.] Del numeral transcrito, se pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos en uno de la misma naturaleza, como son los dictados en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Lo anterior, a fin de evitar una cadena de juicios de orden constitucional interminable, partiendo principalmente de que el actuar de la autoridad de control constitucional se encuentra sujeto a la interposición de los medios de impugnación que la propia Ley de Amparo prevé y no mediante uno nuevo y autónomo. Apoya a lo anterior, la tesis con número de registro 815891, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Informe 1944, Página 27, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Quinta Época, cuyo rubro y texto refieren: AMPARO IMPROCEDENTE. Lo es conforme a la fracción II del artículo 73 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, el que se dirige contra resoluciones judiciales encaminadas a cumplir o ejecutar resoluciones dictadas en los juicios de amparo. Así como, la diversa tesis con número de registro 356978, sustentada por el Tercera Sala del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, Tomo LV, Página 111, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Quinta Época, cuyo rubro y texto dicen: AMPARO IMPROCEDENTE. El artículo 73, fracción II, de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 constitucionales, terminantemente previenen que el juicio de garantías es improcedente cuando la acción constitucional se endereza contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, sin que esa disposición legal distinga los casos en que la ejecución sea adecuada o inadecuada, ni aquéllos en que pueda haber exceso o defecto de la propia ejecución, y en concordancia con las prevenciones del precepto indicado, el artículo 95, fracciones IV, VIII y IX, de la propia ley orgánica, establece el recurso de queja para reclamar el exceso o defecto mencionados, el cual, de acuerdo con el artículo 96 de la repetida ley, puede ser interpuesto no sólo por los que son parte en el juicio de amparo, en donde se trata de cumplir con la ejecutoria respectiva, sino aun por cualquiera persona que justifique legalmente que le agravia la ejecución o cumplimiento de la ejecutoria, disposiciones legales que tienen por objeto evitar que con la interposición de nuevas demandas de garantías, se opongan continuados obstáculos y dilaciones a la ejecución de las sentencias de amparo. Además, la citada causal de improcedencia deriva del hecho de que las resoluciones o actos dictados por las autoridades responsables en cumplimiento a los lineamientos vertidos en una ejecutoria, son producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta. En conclusión, dicha causal de improcedencia se actualiza cuando en una nueva demanda de derechos fundamentales se reclaman actos o resoluciones emitidos por una autoridad en cumplimiento a una ejecutoria dictada en un diverso juicio constitucional, de tal manera que este nuevo juicio de derechos generaría inseguridad jurídica para el justiciable. Ahora, contra actos de tal naturaleza, la Ley de Amparo prevé diversos medios de impugnación entre los que por regla general no se encuentra la promoción de un nuevo juicio de amparo; en efecto, en caso de que alguna de las partes no esté de acuerdo con el cumplimiento por parte de las autoridades responsables o bien con la determinación que tiene por cumplida la sentencia de amparo, están en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa de los previstos en los capítulos I a VI de la Ley de Amparo. Al interpretar la fracción II del precepto legal 73 de la Ley de Amparo abrogada, análogo al numeral 61, fracción IX, de la nueva Ley de la materia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en cumplimiento de una sentencia de amparo, siempre que el órgano constitucional haya vinculado totalmente a la autoridad responsable; es decir, cuando el juzgador constitucional le da a la autoridad común lineamientos precisos para que cumpla el fallo protector, de modo tal que ésta no tenga alguna libertad de decisión. En esas condiciones, si la autoridad responsable emite resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, el nuevo juicio de amparo que se promueva será improcedente, pues el acto reclamado habrá derivado de una resolución definitiva que ya fue materia de un análisis anterior. Es así, porque la admisión de un nuevo amparo generaría inseguridad jurídica. Las consideraciones precedentes se encuentran sustentadas en la jurisprudencia 2a./J. 140/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 539 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, agosto de 2007, Novena Época, cuyo rubro y texto, dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR, O EN EJECUCIÓN DE ÉSTE. NO SE ACTUALIZA CUANDO EN LA SENTENCIA DE GARANTÍAS NO HUBO COSA JUZGADA EN RELACIÓN CON EL TEMA DE FONDO Y SE DEJÓ PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo al establecer que el juicio de garantías es improcedente 'contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas' se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, de manera que al actuar la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de ésta, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior, pues admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Sin embargo, esta causal de improcedencia no se actualiza cuando el fallo concesorio deja plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, porque ello significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la nueva resolución que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos del órgano federal y, en consecuencia, en este supuesto procede el nuevo juicio de garantías." (énfasis añadido) En resumen, la causa de improcedencia prevista en la fracción IX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando el acto que se reclama ha sido dictado en cumplimiento a una sentencia de amparo que vincula totalmente a la autoridad responsable. Esto ocurre cuando la potestad común no se encuentra en posibilidad de decidir libremente ninguno de los puntos sobre los cuales ha de pronunciarse, al estar totalmente comprometida su resolución por la sentencia constitucional que debe acatar, tanto por los lineamientos precisos que se le hayan impuesto como por las cuestiones firmes que obligatoriamente debe reiterar. Motivo por el cual, al derivar el acto reclamado de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior, el enderezado en su contra resulta improcedente. Sin que esa circunstancia deje al quejoso en estado de indefensión, toda vez que tiene expedito su derecho para recurrir, dentro de aquél juicio contra la resolución que reclama. Robustece a lo anterior, la tesis con número de registro 813901, sustentada por el Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Informe 1942, Página 16, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Quinta Época, cuyo rubro y texto dicen: AMPARO IMPROCEDENTE. Lo es el que se endereza contra resoluciones dictadas en ejecución de sentencias pronunciadas en los juicios de amparo, aun cuando tales resoluciones afectan a terceros, que no fueron parte en la controversia constitucional, sin perjuicio del derecho que en favor de ellos establece el artículo 96 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. En este juicio, tal como se advierte del escrito de demanda de doce de febrero de dos mil diecinueve, el peticionario de amparo reclamó de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral *******. Para comprender adecuadamente porqué el que suscribe estima que en el caso concreto se actualizan los anteriores requisitos exigidos por el numeral 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, es importante en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, traer a la vista como hecho notorio, el juicio de amparo directo laboral *******, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, y del cual se infieren los datos siguientes:  Figura como parte quejosa, Luis Alonso Guzmán Villegas.  Como acto reclamado el laudo dictado por la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en fecha 10 de enero del 2018.  Tal demanda se admitió en auto de dos de abril de dos mil dieciocho, seguido el trámite el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho se concedió el amparo y protección de la justicia, para el efecto de que la autoridad responsable: 1. Deje insubsistente el laudo reclamado de diez de enero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente *******. 2. Dicte otro en el que reitere lo que no fue motivo de la concesión de amparo. 2.1. Determine que la carga de probar la fecha de inicio y la antigüedad del trabajador, así como la duración de la relación laboral en los periodos temporales e interrumpidos, corresponde al patrón, en términos del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo; excluyendo de sus razonamientos que es obligación de la parte actora demostrar que laboró de manera continua. 2.2. Establezca que los medios de prueba ofrecidos por la parte patronal son insuficientes para demostrar plenamente los periodos temporales e interrumpidos en que, a decir de la parte patronal, laboró el actor antes de que le fuera otorgado el nombramiento definitivo, con efectos a partir del uno de julio de dos mil ocho; considerando los razonamientos expuestos en la presente ejecutoria. 2.3. Con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, resuelva lo que en derecho corresponda en relación con la acción de reconocimiento de antigüedad y sus accesorias. En ese orden, resulta incuestionable que se actualiza plenamente la causa de improcedencia arriba transcrita, pues existe el diverso juicio de amparo directo laboral ******* del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, promovido con antelación al presente amparo; juicio en el que existe una evidente identidad respecto del quejoso, autoridad responsable y si bien, el acto reclamado en este juicio difiere del de aquel, lo cierto es que éste derivó del hecho de que en el amparo directo mencionado se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a fin de que la junta responsable dejara sin efectos el laudo de diez de enero de dos mil dieciocho y se dictara uno nuevo. Lo anterior, se obtuvo de la consulta que se realizó al juicio de amparo directo laboral *******, a la que se le concede valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, por identidad de razón la Jurisprudencia XP./J. 16/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, libro 55, junio de 2018, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 2017123, de rubro y texto siguiente: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. Entonces, el hecho de que no se haya dictado un nuevo laudo en el juicio laboral del que deriva este juicio no faculta al quejoso a promover un nuevo juicio, sino que puede acudir al órgano pluripersonal a requerir el cumplimiento y aún en caso, de que se declare cumplido el fallo protector o se declare que no fue cumplido, el accionante del amparo deberá agotar los recursos previstos en la Ley de Amparo. Es decir, admitir un nuevo amparo generaría inseguridad jurídica, sin que pase inadvertido el hecho de que el laudo aún no se ha dictado, pues esté debe hacerse con base en los lineamientos señalados por el órgano colegiado mencionado, sin que lo anterior transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues la autorización de combatir las consideraciones de la autoridad responsable que no emitirá en ejercicio de su libre arbitrio judicial sino del propio Tribunal Colegiado de Circuito que conoció previamente del juicio de amparo que se cumplimenta, resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo. Ilustra lo anterior la tesis 2a. XLIX/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página mil trescientos noventa y uno del Tomo II, marzo de dos mil diecisiete, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 2014019, que dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ LA CAUSAL RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A UN RECURSO EFICAZ. El artículo citado, al señalar que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, no viola ese derecho humano reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en las resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, aquellas en las que les da lineamientos para cumplir con el fallo protector, no tienen libertad de decisión; de ahí que emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta, provoca que el nuevo amparo intentado resulte improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, sin que lo anterior transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues la autorización de combatir las consideraciones de la autoridad responsable que no emite en ejercicio de su libre arbitrio judicial sino del propio Tribunal Colegiado de Circuito que conoció previamente del juicio de amparo que se cumplimenta, resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo. En ese orden, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio de manera notoria, manifiesta e indudable procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, pues con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y con esta determinación se evita el retardo en la impartición de justicia, al tenor de lo dispuesto por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Esto, conforme al criterio 10/2003, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese orden, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional que se programó a las nueve horas con cuarenta minutos del trece de marzo de dos mil diecinueve, por actualizarse la causal de anotada en líneas precedentes. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA A LA QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE ONCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua, once de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la Presidenta en representación de la Junta Especial Número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegada a la persona que indica en su informe. Por otro lado, del contenido del informe, se advierte que respecto a la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral ******* del índice de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, se actualiza, de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que textualmente establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.] Del numeral transcrito, se pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos en uno de la misma naturaleza, como son los dictados en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Lo anterior, a fin de evitar una cadena de juicios de orden constitucional interminable, partiendo principalmente de que el actuar de la autoridad de control constitucional se encuentra sujeto a la interposición de los medios de impugnación que la propia Ley de Amparo prevé y no mediante uno nuevo y autónomo. Apoya a lo anterior, la tesis con número de registro 815891, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Informe 1944, Página 27, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Quinta Época, cuyo rubro y texto refieren: AMPARO IMPROCEDENTE. Lo es conforme a la fracción II del artículo 73 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, el que se dirige contra resoluciones judiciales encaminadas a cumplir o ejecutar resoluciones dictadas en los juicios de amparo. Así como, la diversa tesis con número de registro 356978, sustentada por el Tercera Sala del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, Tomo LV, Página 111, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Quinta Época, cuyo rubro y texto dicen: AMPARO IMPROCEDENTE. El artículo 73, fracción II, de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 constitucionales, terminantemente previenen que el juicio de garantías es improcedente cuando la acción constitucional se endereza contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, sin que esa disposición legal distinga los casos en que la ejecución sea adecuada o inadecuada, ni aquéllos en que pueda haber exceso o defecto de la propia ejecución, y en concordancia con las prevenciones del precepto indicado, el artículo 95, fracciones IV, VIII y IX, de la propia ley orgánica, establece el recurso de queja para reclamar el exceso o defecto mencionados, el cual, de acuerdo con el artículo 96 de la repetida ley, puede ser interpuesto no sólo por los que son parte en el juicio de amparo, en donde se trata de cumplir con la ejecutoria respectiva, sino aun por cualquiera persona que justifique legalmente que le agravia la ejecución o cumplimiento de la ejecutoria, disposiciones legales que tienen por objeto evitar que con la interposición de nuevas demandas de garantías, se opongan continuados obstáculos y dilaciones a la ejecución de las sentencias de amparo. Además, la citada causal de improcedencia deriva del hecho de que las resoluciones o actos dictados por las autoridades responsables en cumplimiento a los lineamientos vertidos en una ejecutoria, son producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta. En conclusión, dicha causal de improcedencia se actualiza cuando en una nueva demanda de derechos fundamentales se reclaman actos o resoluciones emitidos por una autoridad en cumplimiento a una ejecutoria dictada en un diverso juicio constitucional, de tal manera que este nuevo juicio de derechos generaría inseguridad jurídica para el justiciable. Ahora, contra actos de tal naturaleza, la Ley de Amparo prevé diversos medios de impugnación entre los que por regla general no se encuentra la promoción de un nuevo juicio de amparo; en efecto, en caso de que alguna de las partes no esté de acuerdo con el cumplimiento por parte de las autoridades responsables o bien con la determinación que tiene por cumplida la sentencia de amparo, están en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa de los previstos en los capítulos I a VI de la Ley de Amparo. Al interpretar la fracción II del precepto legal 73 de la Ley de Amparo abrogada, análogo al numeral 61, fracción IX, de la nueva Ley de la materia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en cumplimiento de una sentencia de amparo, siempre que el órgano constitucional haya vinculado totalmente a la autoridad responsable; es decir, cuando el juzgador constitucional le da a la autoridad común lineamientos precisos para que cumpla el fallo protector, de modo tal que ésta no tenga alguna libertad de decisión. En esas condiciones, si la autoridad responsable emite resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, el nuevo juicio de amparo que se promueva será improcedente, pues el acto reclamado habrá derivado de una resolución definitiva que ya fue materia de un análisis anterior. Es así, porque la admisión de un nuevo amparo generaría inseguridad jurídica. Las consideraciones precedentes se encuentran sustentadas en la jurisprudencia 2a./J. 140/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 539 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, agosto de 2007, Novena Época, cuyo rubro y texto, dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR, O EN EJECUCIÓN DE ÉSTE. NO SE ACTUALIZA CUANDO EN LA SENTENCIA DE GARANTÍAS NO HUBO COSA JUZGADA EN RELACIÓN CON EL TEMA DE FONDO Y SE DEJÓ PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo al establecer que el juicio de garantías es improcedente 'contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas' se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, de manera que al actuar la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de ésta, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior, pues admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Sin embargo, esta causal de improcedencia no se actualiza cuando el fallo concesorio deja plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, porque ello significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la nueva resolución que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos del órgano federal y, en consecuencia, en este supuesto procede el nuevo juicio de garantías." (énfasis añadido) En resumen, la causa de improcedencia prevista en la fracción IX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando el acto que se reclama ha sido dictado en cumplimiento a una sentencia de amparo que vincula totalmente a la autoridad responsable. Esto ocurre cuando la potestad común no se encuentra en posibilidad de decidir libremente ninguno de los puntos sobre los cuales ha de pronunciarse, al estar totalmente comprometida su resolución por la sentencia constitucional que debe acatar, tanto por los lineamientos precisos que se le hayan impuesto como por las cuestiones firmes que obligatoriamente debe reiterar. Motivo por el cual, al derivar el acto reclamado de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior, el enderezado en su contra resulta improcedente. Sin que esa circunstancia deje al quejoso en estado de indefensión, toda vez que tiene expedito su derecho para recurrir, dentro de aquél juicio contra la resolución que reclama. Robustece a lo anterior, la tesis con número de registro 813901, sustentada por el Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Informe 1942, Página 16, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Quinta Época, cuyo rubro y texto dicen: AMPARO IMPROCEDENTE. Lo es el que se endereza contra resoluciones dictadas en ejecución de sentencias pronunciadas en los juicios de amparo, aun cuando tales resoluciones afectan a terceros, que no fueron parte en la controversia constitucional, sin perjuicio del derecho que en favor de ellos establece el artículo 96 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. En este juicio, tal como se advierte del escrito de demanda de doce de febrero de dos mil diecinueve, el peticionario de amparo reclamó de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral *******. Para comprender adecuadamente porqué el que suscribe estima que en el caso concreto se actualizan los anteriores requisitos exigidos por el numeral 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, es importante en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, traer a la vista como hecho notorio, el juicio de amparo directo laboral *******, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, y del cual se infieren los datos siguientes: Figura como parte quejosa, Luis Alonso Guzmán Villegas. Como acto reclamado el laudo dictado por la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en fecha 10 de enero del 2018. Tal demanda se admitió en auto de dos de abril de dos mil dieciocho, seguido el trámite el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho se concedió el amparo y protección de la justicia, para el efecto de que la autoridad responsable: 1. Deje insubsistente el laudo reclamado de diez de enero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente *******. 2. Dicte otro en el que reitere lo que no fue motivo de la concesión de amparo. 2.1. Determine que la carga de probar la fecha de inicio y la antigüedad del trabajador, así como la duración de la relación laboral en los periodos temporales e interrumpidos, corresponde al patrón, en términos del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo; excluyendo de sus razonamientos que es obligación de la parte actora demostrar que laboró de manera continua. 2.2. Establezca que los medios de prueba ofrecidos por la parte patronal son insuficientes para demostrar plenamente los periodos temporales e interrumpidos en que, a decir de la parte patronal, laboró el actor antes de que le fuera otorgado el nombramiento definitivo, con efectos a partir del uno de julio de dos mil ocho; considerando los razonamientos expuestos en la presente ejecutoria. 2.3. Con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, resuelva lo que en derecho corresponda en relación con la acción de reconocimiento de antigüedad y sus accesorias. En ese orden, resulta incuestionable que se actualiza plenamente la causa de improcedencia arriba transcrita, pues existe el diverso juicio de amparo directo laboral ******* del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, promovido con antelación al presente amparo; juicio en el que existe una evidente identidad respecto del quejoso, autoridad responsable y si bien, el acto reclamado en este juicio difiere del de aquel, lo cierto es que éste derivó del hecho de que en el amparo directo mencionado se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a fin de que la junta responsable dejara sin efectos el laudo de diez de enero de dos mil dieciocho y se dictara uno nuevo. Lo anterior, se obtuvo de la consulta que se realizó al juicio de amparo directo laboral *******, a la que se le concede valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, por identidad de razón la Jurisprudencia XP./J. 16/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, libro 55, junio de 2018, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 2017123, de rubro y texto siguiente: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. Entonces, el hecho de que no se haya dictado un nuevo laudo en el juicio laboral del que deriva este juicio no faculta al quejoso a promover un nuevo juicio, sino que puede acudir al órgano pluripersonal a requerir el cumplimiento y aún en caso, de que se declare cumplido el fallo protector o se declare que no fue cumplido, el accionante del amparo deberá agotar los recursos previstos en la Ley de Amparo. Es decir, admitir un nuevo amparo generaría inseguridad jurídica, sin que pase inadvertido el hecho de que el laudo aún no se ha dictado, pues esté debe hacerse con base en los lineamientos señalados por el órgano colegiado mencionado, sin que lo anterior transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues la autorización de combatir las consideraciones de la autoridad responsable que no emitirá en ejercicio de su libre arbitrio judicial sino del propio Tribunal Colegiado de Circuito que conoció previamente del juicio de amparo que se cumplimenta, resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo. Ilustra lo anterior la tesis 2a. XLIX/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página mil trescientos noventa y uno del Tomo II, marzo de dos mil diecisiete, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 2014019, que dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ LA CAUSAL RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A UN RECURSO EFICAZ. El artículo citado, al señalar que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, no viola ese derecho humano reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en las resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, aquellas en las que les da lineamientos para cumplir con el fallo protector, no tienen libertad de decisión; de ahí que emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta, provoca que el nuevo amparo intentado resulte improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, sin que lo anterior transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues la autorización de combatir las consideraciones de la autoridad responsable que no emite en ejercicio de su libre arbitrio judicial sino del propio Tribunal Colegiado de Circuito que conoció previamente del juicio de amparo que se cumplimenta, resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo. En ese orden, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio de manera notoria, manifiesta e indudable procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, pues con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y con esta determinación se evita el retardo en la impartición de justicia, al tenor de lo dispuesto por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Esto, conforme al criterio 10/2003, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese orden, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional que se programó a las nueve horas con cuarenta minutos del trece de marzo de dos mil diecinueve, por actualizarse la causal de anotada en líneas precedentes. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de febrero de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda promovida por *******, contra actos de la Junta Especial Número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1, fracción I, 6, 33, 35, 37, primer párrafo, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda bajo el consecutivo 90/2019-I-1. Sin que se ordene tramitar el incidente de suspensión, toda vez que la parte quejosa no lo solicitó. Con fundamento en el artículo 115 de la ley en cita, se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del trece de marzo de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe con justificación el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copia autorizada, legible y completa de las constancias que la justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio. Se informa a la autoridad responsable que está obligada a recibir el oficio que en relación con este expediente se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional) a razón de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si deja de rendirlo o bien lo hacen sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, se le sancionará con una multa de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional) equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización antes citadas, en términos de los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá como sanción una multa equivalente a $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos 70/100 moneda nacional) a razón de treinta Unidades de Medida y Actualización mencionadas en líneas precedentes, en términos del referido artículo 251 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. En relación con la presuncional legal y humana que ofrece, así como la instrumental de actuaciones y el informe justificado que rinda la responsable, se tienen por admitidas, toda vez que la primera es la consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos y probados al momento de hacer la deducción respectiva, y los últimos se constituyen con las constancias que obran en el sumario probanzas que de cualquier forma el juzgador tomará en consideración, al emitir la resolución correspondiente, pues no tienen entidad propia, al ser medios de convicción que se obtienen del seguimiento del juicio respectivo. Ello, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por conducto del Actuario de la adscripción, emplácese por medio de oficio al tercero interesado *******. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Con fundamento en los numerales 12 y 27, fracción I, de la ley de la materia, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y autorizando para tales efectos a ******* y *******, toda vez que se encontraron inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que refiere en su escrito. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa y a los terceros interesados, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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