Luis Alberto Rodríguez Bejarano

Expediente 803/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
803/2015
Año
2015
Actuaciones
12
Última actuación
21/01/2016

Partes del expediente

  • Luis Alberto Rodríguez Bejarano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de enero de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de garantías en que se actúa; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de destrucción. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *************** Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de dieciséis de diciembre de dos mil quince, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada ***************, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de enero de dos mil dieciséis. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil quince, ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Juárez, remitido a este juzgado por razón de turno el día siguiente, *************** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el Juez Tercero de lo Civil y el Encargado de la Oficina de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, ambos del distrito judicial Bravos, de quienes reclamó: IV.- ACTO RECLAMADO.- EL DESPOJO al suscrito de la posesión del inmueble sujeto a controversia, realizado por las responsables, acto con el cual violentaron mi esfera de derechos y me dejaron en total estado de indefensión. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman vulnerados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramite del asunto. Mediante auto de veintiséis de noviembre de dos mil quince, se ordenó formar expediente y registrar el asunto con el número 803/2015-I-2; se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita se le dio la intervención legal que le compete, quien no formuló pedimento; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo de acuerdo al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los demás que lo reforman y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este es un asunto en materia civil, que tiene ejecución dentro del territorio sobre el cual este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa de los actos reclamados de las autoridades responsables. Del análisis de la demanda de garantías y de los presentes autos se desprende que la impetrante reclama: 1. El despojo de la posesión del inmueble ubicado en ***************, que dice tener en arrendamiento. Por ende, se tiene tal acto como el reclamado en esta instancia constitucional. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Jefe de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores para los Juzgados Civiles y Familiares de este distrito judicial Bravos, al rendir su informe justificado, negó el acto que se le atribuye, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar tal negativa, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria, que textualmente establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. [.] Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por su parte, el Juez Tercero de lo Civil del distrito judicial Bravos, manifestó que son ciertos los actos que se le endilgan. Además, dichas afirmaciones se encuentran robustecidas con las copias certificadas del juicio especial hipotecario 356/2007, que remitió el juez citado, a las cuales se les confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. En apoyo a lo anterior es aplicable la Jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Quinta Época, tomo VI, Materia Común, registro 917812, visible en la página 231, que en su rubro y texto establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del último párrafo del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad de los restantes actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el caso, el que suscribe determina que respecto de los actos que reclama el quejoso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] Antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del dos mil once, con entrada en vigor a los ciento veinte días de su publicación (cuatro de octubre de dicha anualidad), el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, preveía que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que se sigue siempre a instancia de parte agraviada. Esto es, únicamente podía promoverse por la parte a quien perjudicara directamente la ley, el tratado internacional o cualquier otro acto que se reclamara. En esos términos, para que un gobernado se encontrara legitimado para solicitar el amparo de la Justicia Federal, con base en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal antes de las reformas, era presupuesto indispensable que contara con un derecho subjetivo que hubiera sido infringido directamente por actos de la autoridad. De tal afirmación se desprende que para promover el juicio de garantías era necesario contar con interés jurídico, que consta de dos supuestos, siendo el primero la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento directo de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Esto es, el interés jurídico que regía para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad resultaba del perjuicio que ocasionara en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que facultaba a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico. Lo anterior, según lo expuesto en la tesis I.1o.A.18 K del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, marzo del dos mil siete, página mil seiscientos noventa y cinco, registro 173000, que a la letra dice: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SUPUESTOS QUE LO GENERAN. Son dos los supuestos que generan el interés jurídico: el primero de ellos es la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho proveniente de un acto de autoridad. No obstante, a partir de la reforma constitucional mencionada, se advierte que el artículo 107, fracción I, prevé que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada que aduzca: a) ser titular de un derecho, o; b) contar con un interés legítimo individual o colectivo, dichos supuestos fueron recogidos por la actual Ley de Amparo. De tal suerte que, ya no es presupuesto único para promover el juicio de garantías que el quejoso cuente con interés jurídico sino que, con la reforma constitucional, se amplió la procedencia del juicio de garantías para los gobernados que aduzcan tener un interés legítimo individual o colectivo para reclamar el acto de autoridad. Por su parte, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, en la monografía intitulada Juicio de amparo e interés legítimo: la tutela de los derechos difusos y colectivos, de la serie breviarios jurídicos, número 9, Editorial Porrúa, puntualiza lo siguiente: Para los efectos del presente estudio, resulta importante distinguir entre las calidades o tipos de interés: simple, jurídico y legítimo. El interés simple corresponde a su concepción más amplia y se identifica con las acciones populares. En ellas se reconoce legitimación a cualquier ciudadano quivis ex populo, por el mero hecho de ser miembro de una sociedad, sin necesidad de que el sujeto invoque un interés legítimo y mucho menos un derecho subjetivo [.] El interés de hecho constituye un mero interés humano que no penetra en el orbe de lo jurídico. En cambio el simple sí que tiene esa nota de juridicidad [.] La acción popular requiere expresamente el reconocimiento del ordenamiento legal para ejercer la acción, pero sin necesidad de apoyo en un derecho subjetivo o en un interés legítimo [.] El interés jurídico es aquel que se suele identificar con el derecho subjetivo en su concepción clásica. Se constituye como la posición a cuyo favor la norma jurídica contiene alguna prescripción configurándolo como la posición de prevalencia o ventaja que el Derecho objetivo asigna al sujeto frente a otros. Tradicionalmente la doctrina le otorga al derecho subjetivo dos elementos constitutivos, a saber, la posibilidad de hacer o querer (elemento interno) y la posibilidad de exigir de otros el respeto (elemento externo), esto es, la imposibilidad de todo impedimento ajeno y la posibilidad correspondiente de reaccionar contra éste. Sin embargo, esta concepción de interés jurídico como identidad del derecho subjetivo tradicional se encuentra en crisis, al aparecer otros intereses que merecen de protección jurisdiccional, no obstante no estar formalizados como derechos subjetivos existentes, como lo es el interés legítimo. Así, el interés legítimo adquiere relevancia en lo jurídico a pesar de no descansar en un derecho subjetivo conforme a su concepción tradicional. Pero tampoco se trata de un mero interés en la legalidad (interés simple). Es en realidad una situación intermedia entre ambas situaciones [.] Desde un punto de vista más estricto, como concepto técnico y operativo, el interés legítimo es una situación jurídica activa que se ostenta por relación a la actuación de un tercero y que no supone, a diferencia del derecho subjetivo, una obligación correlativa de dar, hacer o no hacer exigible de otra persona, pero sí comporta la facultad del interesado de exigir el respeto del ordenamiento jurídico y, en su caso, de exigir una reparación de los perjuicios antijurídicos que de esa actuación le deriven. En otras palabras, existe interés legítimo, en concreto en el derecho administrativo, cuando una conducta administrativa determinada es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica del interesado, tutelada por el Derecho, siendo así que éste no tiene un derecho subjetivo a impedir esa conducta o a imponer otra distinta, pero sí a exigir de la administración y a reclamar de los tribunales la observancia de las normas jurídicas cuya infracción pueda perjudicarle. En tal caso, el titular del interés está legitimado para intervenir en el procedimiento administrativo correspondiente y para recurrir o actuar como parte en los procesos judiciales relacionados con el mismo, al objeto de defender esa situación de interés [.] Partiendo precisamente de esta noción de interés legítimo, la doctrina y la jurisprudencia de algunos países suelen reconducir dentro de éste a los derechos o intereses de incidencia colectiva. En otras palabras, el problema que plantean los intereses difusos y colectivos se ha resuelto (inicialmente en Italia y luego en varios países europeos) al incluirlos en la noción de interés legítimo para encontrar su protección jurisdiccional [.] El interés legítimo reconducido en su aspecto de protección de derechos o intereses difusos y colectivos normalmente se refiere a círculos de interés más reducidos, intereses de determinados grupos o colectividades (médicos, abogados, trabajadores de una empresa, usuarios de un servicio prestado por determinada empresa, etc.), que sólo en supuestos excepcionales llega a coincidir con la totalidad de la comunidad, convirtiéndose, con ello, en interés general [.] Se puntualiza que resulta válido el apoyo de una sentencia en el punto de vista expresado por los estudiosos del derecho, a condición de que la misma esté sustentada en razonamientos suficientes y lógicos que permitan estimar su viabilidad, como resulta en el caso, de acuerdo con la tesis 2a. LXIII/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, mayo de dos mil uno, página 448, registro 189723, de rubro: DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURÍDICAS. Conviene tener presente el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 69/2002, donde determinó que las características que identifican al interés legítimo son: 1. El éxito de la acción se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante. 2. Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. 3. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular. 4. El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho. 5. Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo que se le considera como un interés jurídicamente relevante. 6. La anulación del acto de autoridad produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. En la jurisprudencia de referencia, la Segunda Sala concluyó que la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o se llegue a dictar. En ese orden de ideas, a partir del cuatro de octubre del dos mil once, los gobernados que aduzcan contar con un interés legítimo, individual o colectivo estarán facultados para promover el juicio de garantías. Es necesario señalar que el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del interés legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 141/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, diciembre del dos mil dos, página doscientos cuarenta y uno, con registro 185377, que dice: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De los diversos procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y del que dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que el legislador ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las discusiones correspondientes a los procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con este último, fue precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran accesar al procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Precisado lo anterior, procede analizar si en el presente juicio la parte quejosa se ubica en alguna de las hipótesis señaladas para promover el presente juicio, es decir, si la conducta de la autoridad responsable es susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio al gobernado sea de manera directa o indirecta, generando así su interés jurídico (la afectación a un derecho subjetivo) o interés legítimo (la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico). Se reitera, la parte impetrante reclama el despojo del bien inmueble ubicado en ***************, de esta ciudad, decretado en el juicio especial hipotecario ***************. Los actos que reclama son de aquellos que pueden engendrar una situación jurídica concreta en perjuicio de los gobernados, al ser de esos que con su emisión afectan a la persona o su patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, por ello, se estima que el juicio de amparo es procedente respecto de este tipo de actos, puesto que la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte que acredita le perjudica el acto, en términos del artículo 5º de la ley de la materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 170500, publicada en la página doscientos veinticinco, tomo XXVII, enero de dos mil ocho, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. También la jurisprudencia 854, emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página quinientos ochenta y dos, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación a mil novecientos noventa y cinco, con registro 394810, que preceptúa: INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. Por las razones expuestas, se infiere que para la promoción del presente juicio, la parte solicitante debió demostrar la afectación a su interés jurídico durante el transcurso del presente asunto, pues en el caso, no aplica la promoción del juicio por interés legítimo. Ahora, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente, no inferirse con base en presunciones y la carga de demostrarlo fehacientemente corresponde a la quejosa; por ello, corresponde al tribunal de amparo analizar las probanzas con las que se pretenda demostrarlo por ser una cuestión de orden público la procedencia del juicio de garantías. Cobra vigencia, la jurisprudencia 293, formulada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de País, publicada en la página doscientos cuarenta y dos, tomo VI, Octava Época, del citado apéndice, compilación al dos mil, con registro 917827, que señala: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Asimismo, la jurisprudencia diversa 1/2002, pronunciada por la aludida Primera Sala, visible en la página 15, tomo XV, Novena Época, febrero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 187777, que dispone: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Además, ilustra a lo sostenido la tesis 2a. LII/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos treinta y tres, tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 198744, que refiere: INTERÉS JURÍDICO. ES NECESARIO ANALIZAR EL DOCUMENTO CON EL QUE SE PRETENDE ACREDITARLO, AUN CUANDO EL RESULTADO SÓLO SEA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. No obstante que no sea el caso de pronunciarse sobre la validez, existencia o nulidad que pudiera resultar respecto del contrato de comodato, exhibido por la quejosa como instrumento demostrativo de su interés jurídico, sí se hace necesario el análisis de dicho contrato, sólo para los efectos de determinar la procedencia del juicio de garantías, lo cual es una cuestión de orden público. Cabe precisar que a fin de acreditar de manera fehaciente el interés jurídico, resulta fundamental justificar la identidad entre el derecho que aduce tener el quejoso y la afectación causada por el acto de autoridad. Es aplicable, por las razones jurídicas que contiene, la jurisprudencia del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 53, número 84, diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 209637, de rubro y texto siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA LA DESPOSESIÓN DE UN PREDIO DEBE ACREDITARSE SU IDENTIDAD, PARA QUE SE DEMUESTRE EL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados en su caso, en un juicio de garantías, causen un perjuicio al quejoso; por lo que si en autos no está demostrada la identidad entre el predio a que se refiere la quejosa cuya propiedad y posesión dice ostentar con el que se va a ejecutar la orden desposesoria reclamada, surge en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, la que se refiere a la titularidad que a la quejosa corresponde en relación con los derechos o posesiones que alega les son conculcadas por la autoridad responsable. Ahora, la parte quejosa omite acreditar que se le afecta su esfera jurídica, debido a que únicamente ofreció y le fueron admitidos durante el transcurso del presente juicio los documentos siguientes: Contrato privado de arrendamiento de uno de octubre de dos mil catorce firmado por *************** y *************** (fojas 6 y 7). Con la documental aludida la parte agraviada pretende demostrar la posesión que ostenta respecto de la casa habitación ubicada en ***************, de esta ciudad, lugar que se ordenó poner en posesión del adjudicatario el ocho de septiembre de dos mil catorce. Los documentos que presenta son insuficientes para probar, como lo pretende, que es poseedor del inmueble ubicado en calle Acequia Aranda número siete mil doscientos diecisiete, fraccionamiento Las Acequias, de esta ciudad y la afectación a su interés jurídico, porque la documental que exhibe no es idónea para tal efecto, al tratarse de un documento privado que no es de fecha cierta. Bajo esas premisas, del examen de los presentes autos se advierte que la parte quejosa no allegó a este juicio, prueba idónea para comprobar el origen de su derecho a poseer; no obstante que, como se dijo, a ella corresponde la carga de acreditar fehacientemente esa circunstancia; es inconcuso que en la presente instancia constitucional no acreditó su interés jurídico para acudir a solicitar el amparo en contra de la orden de desocupación reclamada. No se pasa por alto que exhibió en este contradictorio contrato privado de arrendamiento celebrado el uno de octubre de dos mil catorce, respecto del bien inmueble a que se ha hecho referencia (fojas 6 y 7); sin embargo, tal medio de convicción no es apto para acreditar el interés jurídico del quejoso en el presente juicio de garantías. En primer término, debe decirse que el referido contrato de arrendamiento carece de valor probatorio, porque no se tiene certeza de la fecha en que se suscribió; por lo que, es insuficiente para acreditar el interés jurídico del quejoso, quien se ostenta con la calidad de tercero extraño al juicio. En efecto, ese documento sólo acredita la existencia de un acuerdo de voluntades entre dos particulares respecto de un inmueble, pero no así que la suscripción del mismo haya sido desde el uno de octubre de dos mil catorce, como se asentó, pues no fue ratificado ante un fedatario público, lo que sirve para garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitar que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. Sirve de apoyo a esa consideración, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página once, tomo XXVII, abril de dos mil ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito. Se apoya lo anterior, por mayoría de razón, con la tesis aislada VI.2o.C.570 C con número de registro 171148, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil del Sexto Circuito publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el tomo XXVI de octubre de 2007, página 3201, Novena Época, que textualmente establece: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR TERCERO EXTRAÑO. CUANDO SE RECLAMA EL EMBARGO, REMATE, ADJUDICACIÓN O DESPOSESIÓN ORDENADOS EN UN JUICIO RESPECTO DE UN INMUEBLE ES INDISPENSABLE QUE AQUÉL DEMUESTRE QUE DICHO BIEN ES DE SU PROPIEDAD Y QUE ÉSTE ES EL QUE RESULTÓ AFECTADO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Por tanto, es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción constitucional que el acto o ley reclamados causen perjuicio o afecten la esfera jurídica del quejoso; de ahí que si éste, ostentándose como tercero extraño, reclama el embargo, remate, adjudicación o desposesión de un bien inmueble afectado en un procedimiento, el cual alega es de su propiedad, resulta indispensable para justificar esa afectación o perjuicio que el impetrante demuestre que dicho inmueble efectivamente es de su propiedad y que éste es el mismo que resultó afectado como consecuencia del procedimiento natural al que dice ser extraño, pues sólo de esta manera se justifica su interés jurídico para ser oído en defensa de sus derechos. Así como también con la diversa jurisprudencia VIII.2o. J/43, registrada con el número 174691, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito y visible en la página 983 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, de Julio de 2006, Novena Época, que versa: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR TERCERO EXTRAÑO. BASTA PARA ACREDITARLO LA CORRESPONDENCIA DE LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN PRECISADOS EN EL ACTA DE EMBARGO CON LOS DOCUMENTOS QUE PRESENTE EL QUEJOSO. No es lógico que el Juez de amparo solicite al quejoso que se dice tercero extraño a juicio, mayores datos que los que estimó el Juez responsable para decretar el gravamen; lo anterior, para tener por acreditado su interés jurídico en el juicio de garantías, pues si la descripción deficiente de los bienes fue idónea para la autoridad judicial y el actuario responsables al decretar el embargo, deben ser suficientes, los datos de identificación de aquéllos precisados en el acta de embargo para que el Juez de amparo tenga por acreditado el interés jurídico. Por ende, la prueba de la parte quejosa son insuficientes para demostrar el interés jurídico que ostenta como persona extraña al juicio especial hipotecario ***************, en el que se ordenó poner en posesión material el bien inmueble que asegura le pertenece a ***************, pues no exhibió algún documento público que ampare la posesión que ostenta, ni documento fehaciente alguno que coincidiera con el nombre contra quien se instauró dicho procedimiento; ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2o. de la Ley de Amparo. Así las cosas, como correspondía al accionante del amparo allegar a este juicio constitucional medios de prueba que acreditaran fehacientemente la propiedad, posesión, así como la identidad de la casa habitación en la que se ordenó el embargo y remate, y sólo acompañó la referida documental no apta para tal efecto, como quedó plasmado con antelación; es inconcuso que la parte quejosa no acreditó que el acto reclamado le deparara algún agravio. En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia examinada en cuanto los actos reclamados al Juez Tercero de lo Civil del distrito judicial Bravos, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, en términos del diverso numeral 63, fracción V, de la legislación reglamentaria en consulta. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracción V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 803/2015-I-2 promovido por ***************, contra los actos y autoridades que precisados quedaron en el considerando tercero de la presente resolución, por los motivos expuestos en los considerativos último de la misma. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de diciembre de dos mil quince. Agréguese a los autos el escrito del apoderado de la tercero moral, en el que hace manifestaciones en vía de alegatos y ofrece pruebas a fin de que sean tomados en consideración en la audiencia constitucional. Asimismo, aduce que **** y **** deberían ser llamados a juicio, sin embargo, a juicio de quien esto resuelve no ha lugar a proveer de conformidad, en virtud de lo establecido por el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, que a la letra establece: 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: [...] b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso [.] Es decir, quien tiene un interés contrario al del quejoso es el ****, quien fue llamado a éste juicio el cuatro de diciembre de dos mil quince. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ****, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ****. Doy fe.ahn

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de diciembre de dos mil quince. Visto el escrito y anexo presentado por el licenciado ***************, en su carácter de representante de la persona moral tercero interesada ***************, agréguese a sus autos para que conste como legalmente corresponda, en atención a su contenido, se tiene al ocursante apersonándose al juicio constitucional con el carácter con que se ostenta, de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. En términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, se le reconoce al promovente el carácter de representante de la tercero interesada, pues lo acredita con copia simple del testimonio en el que consta el poder conferido al promovente pasado ante la fe del Notario Público Número Treinta en la ciudad de Torreón, Coahuila. Por otra parte, téngase autorizadas para oír y recibir notificaciones a las personas señaladas en su escrito, esto de conformidad con el artículo 24 del ordenamiento legal en cita. Asimismo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito, de conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción I del mismo cuerpo legal. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.elsr

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