Luis Alfonso Ramírez Arenales
Expediente 174/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 174/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Luis Alfonso Ramírez Arenales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
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Cuernavaca, Morelos, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que la responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no obstante los diversos requerimientos que se le han formulado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Congreso del Estado de Morelos, para que en el término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Informe y acredite el estado que guarda el proceso Legislativo correspondiente, así como las gestiones que realiza la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del citado Congreso, ello con la finalidad de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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Cuernavaca, Morelos, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Idania Iveth Lara Rosales, Delegada del Congreso del Estado de Morelos y de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, mediante el cual informa que la Citada comisión legislativa ha remitido el proyecto del dictamen a favor de la quejosa a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios de dicho Congreso, por lo que solicita se tenga a esas autoridades en vías de cumplimiento, y remite un oficio para acreditar su dicho. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Congreso del Estado de Morelos, para que en el término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Informe y acredite el estado que guarda el proceso Legislativo correspondiente, así como las gestiones que realiza la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del citado Congreso, ello con la finalidad de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Se apercibe a las autoridades responsables que en el caso de ser omisas y de actualizarse dicho supuesto, se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del once al veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, autorizado por acuerdo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiséis de junio del presente año, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/3682/2023, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de julio de dos mil veintitrés Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de donde se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia, para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, para lo cual deberá informar en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así en el término que se le concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se le hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia cuyos datos de identificación y rubro, son los siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Notifíquese Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el siete de febrero de dos mil veintitrés, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal,******************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades Congreso del estado de Morelos y Titular de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos y por el acto siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS Congreso del estado de Morelos. Titular de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos "La omisión de dar contestación al escrito de fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintidós." "Lo constituye la omisión en que incurre el Titular de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, en dar respuesta a mi escrito de petición de fecha 29 de noviembre de 2022." SEGUNDO. El nueve de febrero de dos mil veintitrés, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 174/2023, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; la competencia de un Juzgado proviene de la ejecución del acto, no de la residencia de las autoridades. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: La omisión de dar contestación al escrito de fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados al Congreso del Estado de Morelos, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, sin que la quejosa haya desvirtuado dicha negativa. Lo anterior es así, pues la parte quejosa no exhibió medio de convicción alguno para acreditar la solicitud elevada a la autoridad responsable antes precisada, lo cual es relevante pues en el presente juicio se reclama una violación directa al artículo 8º Constitucional. En ese orden de ideas, al no acreditarse la solicitud efectuada a esa autoridad, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio, respecto al acto atribuido a la referida responsable. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, del Congreso del Estado de Morelos, ya que así se desprende del contenido de su informe y de las documentales obran en el presente asunto, a las que se les otorga plena eficacia probatoria en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en virtud de haber sido expedidas por autoridad pública en ejercicio de sus funciones. QUINTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En el presente asunto, las partes no invocaron causas de improcedencia, tampoco este Juzgado advierte de oficio la actualización de alguna de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, o bien alguna derivada de la propia legislación o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual, se analiza la constitucionalidad del acto reclamado. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". El quejoso formula como motivo de desacuerdo, el consistente en la omisión de la Presidenta de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de emitir pronunciamiento respecto de la solicitud del decreto de pensión de jubilación, solicitada con fecha veintinueve de noviembre del dos mil veintidós. El motivo de desacuerdo resulta esencialmente fundado y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada, en atención a las siguientes consideraciones. Para evidenciarlo, se precisa que el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho de petición y establece la obligatoriedad de que a toda petición formulada por algún gobernado de manera correcta y respetuosa ante los funcionarios y empleados públicos, debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se dirige, fundado, motivado y congruente, la que además deberá comunicarse al interesado en breve término su respuesta conforme a las disposiciones de la ley aplicable que rige el acto. "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el derecho de petición es la potestad que tiene el individuo de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstas intervengan en su favor para hacer cumplir la ley en su beneficio o para constreñir a su coobligado a cumplir con los compromisos contraídos válidamente. En tal sentido, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir a cualquier autoridad, formulando una solicitud o instancia escritas que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o de cualquier índole; y ante ese escrito que el gobernado presente, el Estado y sus autoridades, en virtud de la relación jurídica prevista en el referido artículo 8° Constitucional, tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud y darlo a conocer en breve término al peticionario. Así la obligación se limita a emitir una respuesta por escrito, fundada, motivada y congruente, además de hacerla saber al peticionario; lo cual no implica necesariamente que deba resolverse de conformidad con lo pedido por el interesado. Circunstancia que ha sido corroborada, por la jurisprudencia 2a./J. 1/2001 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con folio electrónico 190356 y de rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO." Además, la obligación impuesta a la autoridad de dictar el acuerdo correspondiente a esa petición, el artículo 8° Constitucional también le impone la obligación de hacerlo conocer en breve término a la parte peticionaria, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla. El mencionado derecho ejercido por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de responder, se caracterizan por los siguientes elementos: 1. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. 2. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, congruente con la petición, el cual atienda a todo lo solicitado; notificarse el acuerdo recaído al gobernado; resolver en sentido congruente, esto es, que al proveer no necesariamente debe ser de acuerdo con lo solicitado por la promovente, sino de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso. En el caso, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que la responsable fue omisa en remitir la documental con la que se tenga la certeza jurídica de que efectivamente se emitió pronunciamiento respecto de lo peticionado mediante escrito de veintinueve de noviembre del dos mil veintidós. De lo que se concluye, que no se ha dado respuesta a lo solicitado por la parte quejosa, pues para respetar el derecho de petición de la solicitante debe responder la petición que se le haga, de manera completa, congruente fundada y motivada, para que el gobernado pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por tanto, si la respuesta no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta. Así, la omisión de dar respuesta a la solicitud realizada, incide desfavorablemente y de forma unilateral en la situación jurídica de la parte quejosa, con independencia de lo que se llegue a responder. De lo que se tiene que es patente la violación en su perjuicio el artículo 8º Constitucional, al no haber dado respuesta en breve término a la petición que elevó mediante escrito presentado ante la responsable, como lo exige la norma constitucional, ya desde su presentación y a la fecha ha transcurrido más de siete meses, sin que se haya hecho pronunciamiento en relación al escrito de veintinueve de noviembre del dos mil veintidós, por el que solicitó su pensión. Máxime, que conforme al artículo 54 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, la autoridad responsable Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social debió emitir el dictamen correspondiente a la solicitud relativa a la tramitación de la pensión por jubilación en un plazo no mayor a sesenta días naturales; lo que no ocurrió en el presente asunto, porque no hay constancia con la que se acredite que a la fecha en que se emite la presente sentencia se haya elaborado dicho dictamen; máxime que de autos se advierte, en específico del informe rendido con justificación, que el expediente interno conformado con motivo de la solicitud de veintinueve de noviembre del dos mil veintidós, se encuentra en etapa de investigación e integración. Por lo anterior, se reproduce el siguiente numeral: "ARTÍCULO *54.- Las Comisiones tendrán las siguientes atribuciones: I. Conocer, estudiar y dictaminar en un plazo no mayor a sesenta días naturales, los asuntos que le sean turnados por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso o por la Diputación Permanente en su caso y someterlos a consideración del Pleno; En iniciativas preferentes, a más tardar dentro de los cuarenta días naturales la iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno, por lo que la comisión o comisiones competentes deberán llevar a cabo el respectivo proceso de dictaminación dentro de dicho plazo, tomando las previsiones necesarias para remitir el dictamen a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, en tiempo y forma, a efecto de que pueda ser listado en el orden del día de la sesión que corresponda o que al efecto se convoque, y cuidando en todo momento no rebasar el término establecido en el artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. II. Valorar las iniciativas que la legislatura anterior haya dejado pendientes por dictaminar, en un término no mayor a sesenta días hábiles; (.)". Lo determinado en este fallo, no implica que se resuelva en determinado sentido, pues el derecho que tutela el artículo 8 Constitucional, no condiciona en forma alguna a recibir la respuesta pretendida por la inconforme sino simplemente a que le sea contestada su petición en forma congruente, exhaustiva, fundada y motivada. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección de la justicia federal a la parte quejosa********************, a efecto de restituirla en el goce de su derecho vulnerado. SÉPTIMO. Efectos del amparo. En tales circunstancias, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa para que la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho, efectúe lo siguiente: a) Emita una respuesta completa, congruente, fundada y motivada respecto del escrito presentado por la parte quejosa, el veintinueve de noviembre veintidós, mediante el cual solicitó le fuera otorgada su pensión. b) Hecho lo cual, notifique personalmente la respuesta correspondiente a la parte quejosa. c) Lo anterior, lo acredite ante este órgano jurisdiccional. En el entendido de que todas la autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento del presente fallo, con independencia de que hayan sido señaladas o no como responsables, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia, ello con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por********************, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a********************, en términos de lo expuesto en el considerando sexto y para los efectos determinados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Jaime César Pereyra Román. Doy fe.
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