Luis Alejandro Radilla Hernandez
Expediente 452/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 452/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 05/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Luis Alejandro Radilla Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase desapercibido el hecho de que no se cuenta con la totalidad de los acuses de recibo de los oficios dirigidos a las autoridades responsables, mediante los cuales se les comunicó la sentencia dictada en los presentes autos, ya que lo anterior no es obstáculo para que la resolución cause estado en términos del artículo 87, fracción II, de la Ley de Amparo; no obstante lo anterior, remítase a las autoridades responsables copia de la sentencia dictada en autos, para los efectos legales correspondientes. Lo anterior tiene apoyo, por su sentido e idea jurídica, en la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que textualmente se lee: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ." Al respecto también tiene aplicación, la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." Asimismo, sirve de apoyo la tesis aislada sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN. SI LA RESOLUCIÓN QUE RECLAMA LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO LE PERJUDICA, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL." En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Del cuaderno principal. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 18, fracción I, inciso a) y el diverso 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general, una vez que transcurra la temporalidad establecida en dichos numerales, misma que será computada a partir de esta fecha, depúrese el original del cuaderno incidental, y procédase a la destrucción únicamente del duplicado, ello en razón de que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo de ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Luis Alejandro Radilla Hernández, por conducto de Isui Garibay Baeza, atento a las razones y fundamentos legales plasmados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de julio de dos mil veinte, ante el secretario de guardia de este Juzgado, Luis Alejandro Radilla Hernández solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos, Fiscalía Especial de Delitos Diversos adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos y Juez de Control del Segundo Distrito Judicial en el Estado, Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal, Director de la Policía de Investigación Criminal Zona Sur-Poniente, todos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos. Acto reclamado. "La ilegal orden de detención y/o aprehensión dictada en mi contra" SEGUNDO. El veintidós de julio de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 452/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La orden de aprehensión y/o detención dictada en su contra. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a las responsables, pues así lo manifestaron las ordenadoras al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que remitieron como soporte de su informe justificado, consistente en copia certificada de la causa penal JCJ/341, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del presente asunto, se procede a analizar las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Este juzgado federal advierte que, en el presente juicio, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, en el que se establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona." Del artículo anterior se advierte que para la actualización de esa causa de sobreseimiento deben actualizarse los siguientes elementos: 1. La muerte del quejoso durante la tramitación del juicio de amparo, y 2. Que el acto reclamado sólo afecte a su persona. En el caso, de las constancias allegadas al presente juicio de amparo, se desprende que el quejoso solicitó el amparo contra los actos y autoridades a que se ha ahecho referencia en líneas anteriores; y mediante oficio recibido el tres de marzo del presente año, el Director General del registro Civil del Estado, remitió el acta de defunción del quejoso. Por lo que se tuvo por recibida copia certificada del acta de defunción, con número de certificado de defunción 1026021, a nombre de Luis Alejandro Radilla Hernández, en la que se hace constar que el mismo falleció el veintiuno de agosto de dos mil veinte. Documentales, que por tener el carácter de públicas, cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del párrafo segundo del ordinal 2° de esta y que ponen de manifiesto que, durante la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, sobrevino la muerte del quejoso Silvia Lazcano Arroyo. Lo que sin duda actualiza el supuesto establecido en el citado artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, esto es, el sobreseimiento en el juicio con motivo del fallecimiento de la parte quejosa. Esto, porque las acciones que se hicieron valer en esta instancia constitucional, sólo afectan al quejoso en su persona, por lo que no es posible que, en su caso, subsista algún interés en la continuación del juicio de amparo, porque se trata de una violación de derechos humanos, no de garantías. En efecto, el juicio de amparo se constituyó como una garantía constitucional, entendida como un instrumento de naturaleza procesal, dirigido a la reintegración del orden constitucional, que conforme al artículo 107 constitucional y 1 de la Ley de Amparo, tiene como objeto resolver controversias por normas, actos y omisiones que violen los derechos humanos, entre otras. Así, al estar conformado como un proceso, se rige por determinadas reglas atendiendo a su estructura, materia y alcances como garantía constitucional, que lo distinguen de otras como las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. En este orden de ideas, desde sus inicios, se conformó como un juicio que se sigue a instancia de parte, lo que implica que se promueve a petición de quien se considere afectado en su esfera jurídica, lo que se traduce en la regulación específica respecto al interés jurídico y legítimo para su promoción, de tal forma que el juicio de amparo puede promoverse para la defensa de derechos individuales y colectivos, personales y reales. Así, el acceso a dicho proceso no se encuentra abierto a cualquier persona, ni para la defensa de cualquier derecho, sino que se encuentra limitado a controversias de derechos humanos, entre personas y quienes puedan representar la función de una autoridad, conforme a lo establecido en la propia ley. Además, debe atenderse a la naturaleza de los derechos fundamentales materia de la controversia, como aquéllos que tengan una significación patrimonial, como en el caso de actos privativos sobre propiedad y otros derechos, que puedan transmitirse a otras personas. Sin embargo, existen otros derechos de carácter personal que no pueden transmitirse y que son inherentes a la persona del quejoso, como la vida, la salud, derecho de petición, igualdad en sentido general, entre otros. Ello se explica porque el efecto de la posible reparación a esos derechos debe estar dirigido a sus titulares, que son los afectados y a quienes únicamente se les podrá restituir en el goce del derecho violado, pues sólo a aquél que fue afectado se le puede reparar esa violación. En la especie, el juicio de amparo se promovió precisamente alegando la existencia de una orden privativa de libertad en su contra, por lo cual, al haber fallecido el quejoso, resulta imposible la restitución del derecho violado, pues la sentencia de amparo no podrá tener el alcance de restituirlo en el goce del derecho fundamental que en su momento estimó violentado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CLXXI/2006, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XXIV, Noviembre de 2006, Página: 190 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CUANDO DURANTE SU TRAMITACIÓN FALLECE EL QUEJOSO, SI LA MATERIA DEL MISMO VERSA RESPECTO DE SUS DERECHOS PATRIMONIALES Y NO SOBRE LOS ESTRICTAMENTE PERSONALES. Conforme al artículo 15 de la Ley de Amparo, no procede sobreseer en el juicio de garantías por la sola circunstancia de que el quejoso fallezca durante su tramitación, si los actos reclamados no son de índole meramente personal y, por consiguiente, existe la posibilidad de que se afecten sus intereses económicos. Lo anterior es así, porque si bien el artículo 74, fracción II de la referida Ley sostiene que procede el sobreseimiento cuando el agraviado muera durante el juicio si la garantía reclamada sólo afecta a su persona, dicha disposición coincide con el citado artículo 15, al señalar con claridad que esto sólo es posible cuando se afecten derechos estrictamente personales. En consecuencia, cuando el acto reclamado proviene de un juicio en el que se vean afectados derechos patrimoniales del quejoso, es incuestionable que la garantía reclamada no sólo afecta a su persona y, por tanto, en la referida hipótesis no procede sobreseer en el juicio de amparo". Lo anterior no implica que, la pérdida de esa vida carezca de significado, que las autoridades puedan impunemente seguir violando derechos fundamentales, ni que no existan afectaciones a sus familiares o derechos a ser indemnizados. Por el contrario, el deceso del quejoso sí tiene múltiples implicaciones que no deben ser ignoradas ni pasadas por alto, empero el juicio de amparo ya no es el instrumento procesal para hacerlas valer, sino que esos derechos, de ser el caso, deberán deducirse mediante los juicios y procedimientos expresamente establecidos en materias de responsabilidad administrativa, civil y penal, en los que se ofrezcan y desahoguen las pruebas con las que se pueda establecer la causa del fallecimiento del quejoso como consecuencia de actos irregulares o ilícitos. Sobre el tema en comento, al resolver la contradicción de tesis 328/2018 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que el sobreseimiento del juicio de amparo por fallecimiento del quejoso opera cuando el acto reclamado solo afecta sus derechos personales, aunque hubiere generado daños y perjuicios a sus familiares susceptibles de reparación mediante el pago de una compensación económica o cualquier otra medida resarcitoria. Señaló que, las razones de ello, derivan de lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria, de los que se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano, protegiendo a las personas contra tales actos, y se rige, entre otros, por los principios de instancia de parte agraviada y de relatividad, en cuya atención, la inconstitucionalidad de los actos reclamados no puede tener por efecto conceder la protección de la Justicia Federal a personas que no lo solicitaron, aun cuando pudiesen haber sufrido un daño o perjuicio económico, psicológico o emocional por virtud de su cercanía con el quejoso, habida cuenta que ello implicaría prejuzgar sobre la responsabilidad civil, penal o administrativa de las autoridades responsables, pues no debe soslayarse que para ser reparado mediante el pago de una compensación económica, el daño o perjuicio alegado precisa ser demostrado a través de los medios legales previstos para ello. Agregó que por efecto del amparo no se puede vincular a las responsables a indemnizar al quejoso por los daños y perjuicios que los actos declarados inconstitucionales le hayan ocasionado, a menos de que se determine el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo, ante la inconveniencia o imposibilidad de restituirlo en el goce de los derechos vulnerados. Lo que se explica y justifica, dijo, al tener en cuenta que para garantizar el derecho a una reparación integral que deriva de lo previsto en artículo 1 tercer párrafo de la Constitución General de la República y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, nuestro sistema jurídico prevé otros mecanismos para solicitar el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por actos ilícitos o violatorios de los derechos fundamentales, mediante el pago de una compensación económica o alguna otra medida resarcitoria. Y concluyó que si bien es cierto que el derecho a la reparación integral comprende, entre otras medidas, la restitución del agraviado a la situación que prevalecía antes de cometerse la violación a sus derechos humanos, la rehabilitación y, en su caso, la compensación económica por los daños sufridos como consecuencia de ello, también es verdad que el juicio de amparo no es el único mecanismo para garantizar ese derecho, en tanto su objeto se constriñe a restituir al quejoso en el goce del derecho vulnerado, y por ende, la posible afectación económica, psicológica o emocional que el acto reclamado haya producido a sus familiares, no puede ser materia de la litis constitucional, dado que no sería jurídicamente posible concederles el amparo y protección de la Justicia Federal para que les sean reparados los daños y perjuicios que hubiesen sufrido, en tanto ello implicaría transgredir los principios constitucionales que lo rigen, específicamente el de instancia de parte agraviada y de relatividad. De lo anterior, derivó la jurisprudencia publicada en el Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 1086, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO POR FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO. PROCEDE DECRETARLO SI LOS ACTOS RECLAMADOS SÓLO AFECTAN SUS DERECHOS PERSONALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE HUBIESEN OCASIONADO DAÑOS Y PERJUICIOS A SUS FAMILIARES, SUSCEPTIBLES DE REPARACIÓN. En atención a los principios constitucionales de instancia de parte agraviada y de relatividad que rigen el juicio de amparo, la sentencia sólo puede ocuparse del quejoso, esto es, de quien lo promovió, limitándose a protegerlo contra los actos declarados inconstitucionales a efecto de que se le restituya en el goce del derecho fundamental violado; por tanto, el supuesto de sobreseimiento previsto en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando aquél fallece durante el trámite del juicio y los actos que reclamó sólo afectan sus derechos personales, aunque pudiesen trascender a la estabilidad económica, psicológica o emocional de sus familiares, en tanto carecería de lógica y sentido práctico analizarlos, si anticipadamente se advierte que su eventual declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, al no ser jurídicamente posible conceder el amparo a personas que no lo solicitaron, aun cuando por su cercanía con el quejoso, dichos actos les hayan ocasionado daños y perjuicios susceptibles de reparación mediante una compensación económica o cualquier otra medida resarcitoria, habida cuenta que existen otros mecanismos legales para garantizar su derecho a una reparación integral. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio, en términos de lo dispuesto por la fracción III, del artículo 63 de dicho ordenamiento legal. Al decretarse el sobreseimiento en esta instancia constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte inconforme en su escrito inicial de demanda, toda vez que, el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, por lo que la actualización de alguna causa que lo haga improcedente, impide el análisis de la cuestión planteada. Es aplicable el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, sustentado en la jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Máxime que de las constancias remitidas por la responsable, informa que declaró extinguida la pretensión punitiva y la potestad ejecutiva que se ejercitara en contra del quejoso Luis Alejandro Radilla Hernández. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en el artículo 63 fracción III, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Luis Alejandro Radilla Hernández, por conducto de Isui Garibay Baeza, atento a las razones y fundamentos legales plasmados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa MANUEL ALEJANDRO PEÑAFIEL SALAZAR, hasta hoy veintiocho de julio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de abril de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, glósese a los autos el oficio suscrito por Juez de Primera Instancia, Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial en el Estado de Morelos, adscrito a la segunda sede, con residencia en Jojutla, Morelos, mediante el cual hace del conocimiento que en la audiencia celebrada el día nueve de abril del año en curso, se declaró extinguida la pretensión punitiva y la potestad ejecutiva que se ejercitara contra del aquí quejoso Luis Alejandro Radilla Hernández, por su probable responsabilidad en la comisión del delito tortura, decretando el sobreseimiento de la causa penal JCJ/341/2020, por lo que hace al referido imputado; al respecto, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de dicha determinación, la cual se tomará en cuenta en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.
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