Luis Alberto Rosas Gonzalez
Expediente 988/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 988/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Luis Alberto Rosas Gonzalez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal y sobreseer este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido, comuníquese a las partes este auto y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se Negó la Protección de la Justicia de la Unión y se sobreseyó en el presente juicio, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad para el caso de que las haya, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del diecisiete al treinta y uno de enero de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre del año pasado, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/4431/2021, asistido de la Licenciada María del Rosario García Jiménez, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 988/2020, promovido por Luis Alberto Rosas González, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el diez de noviembre de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Luis Alberto Rosas González solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca. Acto reclamado: ".La omisión de aplicar las medidas de apremio tendientes al cumplimiento del laudo sin la paralización del procedimiento de ejecución tomando en cuenta lo establecido por el artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como pudiera ser el arresto.". SEGUNDO. El once de noviembre de dos mil veinte, esta autoridad radicó el asunto con el número de expediente 988/2020, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable la omisión de aplicar las medidas de apremio tendientes al cumplimiento del laudo sin paralizar el procedimiento de ejecución tomando en cuenta lo establecido por el artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como pudiera ser el arresto, en el juicio laboral 01/227/2016, de su índice. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en el Estado de Morelos, por conducto de su presidente, con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado negó el acto reclamado, señalando que tiene a su cargo el juicio laboral 01/227/2016, incoado contra el Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos. Sin embargo, a criterio de este juzgado, el acto sí existe al momento de la presentación de la demanda de amparo, en atención que de las constancias que adjuntó a su informe justificado se desprende su certeza. En efecto de las constancias allegadas que, por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se desprende que la responsable acepta la existencia del juicio laboral 01/227/2016, de donde deriva la ejecución del laudo, por lo tanto, hace cierto el acto atribuido a la responsable. Inexistencia del acto reclamado. Por otra parte, en cuanto al acto reclamado consistente en la omisión de apercibir a la parte demandada con aplicar un arresto de conformidad con el artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, debe decirse que no existe el mismo. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." Así, dicho numeral prevé dos situaciones, la primera, la clara demostración de la inexistencia del acto reclamado y, la segunda, la falta de prueba de su existencia en la audiencia del juicio (cuando la responsable lo niega). Respecto de la primera, la "inexistencia" propiamente dicha, implica una prueba directa de que no existe el acto reclamado. En este sentido, la existencia del acto reclamado debe analizarse en relación con la fecha de presentación la demanda de amparo (lo que marca el inicio del juicio de amparo), por ello, si el acto es posterior a ese evento, debe concluirse que, al incoarse la acción constitucional, el acto reclamado era inexistente, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Apoya la Jurisprudencia 1a./J. 36/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, junio de 1998, página 5, titulada: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN". Así como la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de rubro "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA." Tocante al segundo supuesto la "falta de prueba de la existencia del acto", aunque es un principio generalmente reconocido en el derecho, en materia de cargas probatorias, que las negativas no son susceptibles de demostrarse; sin embargo, cuando en el juicio de amparo la autoridad responsable niega el acto reclamado, tal negativa puede ser desvirtuada por una prueba directa de la existencia de dicho acto. Luego, si no se aporta alguna prueba para demostrar que el acto reclamado existe, no cabe otra cosa que dar por concluido el juicio con el sobreseimiento por falta de materia. Se cita la Tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, tomo Primera Parte, XLIII, página 181, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES". En el caso, el disconforme reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, la omisión de apercibir a la demandada con un arresto, en el expediente 01/227/2016, con lo que se contraviene lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores del Estado de aplicación supletoria. De las constancias del expediente laboral remitido por la responsable como justificación a su informe, no se desprende constancia alguna donde haya solicitado la aplicación del arresto como apercibimiento en caso de no cumplir con la ejecución del laudo. En este sentido, de la interpretación sistemática de los artículos 939 al numeral 946 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, se obtiene, para lo que al caso interesa, que la ejecución de los laudos, lato sensu (artículo 939), corresponde al Presidente de la Junta responsable, en dos momentos y modalidades diferentes. En primer término el Presidente, para el logro de tal fin y cumplimiento inmediato de la obligación que le impone la Ley Federal del Trabajo, debe dictar, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación del laudo, las medidas necesarias para que la ejecución de éste sea pronta y expedita, lo que debe hacer de manera oficiosa pues, en esta etapa, la indicada legislación no dispone que deba mediar previa petición, solicitud o impulso de la parte interesada en la ejecución. Ahora bien, esa primera etapa oficiosa se agota -con independencia de que el Presidente haya efectuado actuación alguna tendente al cumplimiento del laudo o no- una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945; así se infiere de la interpretación concatenada del indicado numeral, con el contenido del diverso 950, pues éste dispone tajantemente que transcurrido el término señalado en el artículo 945 (setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación del laudo a cumplir), el Presidente, a petición del ejecutante, dictará auto de requerimiento de pago y/o embargo, lo que significa que agotadas las medidas que hubiere adoptado el presidente de la Junta laboral para obtener el cumplimiento del laudo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la notificación de éste, o bien simplemente una vez transcurrido ese término, si el laudo no se encuentra cumplido, debe mediar petición expresa del interesado para la continuación del procedimiento de ejecución, lo que no acontece en la especie. En ese contexto, y ya propiamente dentro de la etapa de ejecución forzosa, el artículo 954 al regular el embargo dispone que el actuario debe tomar en consideración lo que le expongan las partes, para determinar qué bienes deben ser objeto de la traba. Asimismo, el numeral 955 prevé la intervención de quien obtuvo el laudo a su favor para el logro de tal fin y el diverso 957 dispone que, si los bienes embargados son muebles, se pondrán en depósito de la persona que bajo su responsabilidad designe el ejecutante, quien también tiene la facultad de solicitar el cambio de depositario, así como pedir ampliación de embargo (artículo 965). Las reseñadas disposiciones llevan a concluir que para llevar a cabo la segunda etapa del procedimiento de ejecución de un laudo (lato sensu), sí es indispensable la solicitud expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor. Atento lo anterior, se afirma que la continuación de la ejecución del laudo es siempre a petición de la parte titular del derecho, y que dicha solicitud debe hacerse cada vez que sea necesario. Si bien, es cierto que en esa etapa el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, sin embargo, la ejecución de laudo (una vez transcurrido el término a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo) requiere no solamente la forzosa solicitud del que obtuvo laudo a favor para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente a la aplicación de los apercibimientos que correspondan a fin de que la parte demandada cumpla con la ejecución del laudo al solicitar auto de requerimiento de pago, de ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa. Por ello, si el quejoso reclama que la autoridad responsable no lleva a cabo las diligencias de requerimiento de pago y en su caso de embargo, que imputa en forma genérica, el juicio de amparo es improcedente porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente y de realización incierta, en razón de que las actuaciones en el procedimiento respectivo de ejecución están sujetas a la solicitud previa e impulso procesal del que obtuvo laudo a favor, lo que no se advierte de las constancias remitidas cuando menos desde el dictado del laudo. Al respecto se cita la jurisprudencia 2a./J. 15/2011, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Décima Época, página 2771, de rubro y texto: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Así, al no allegar la parte quejosa medio convictivo alguno al sumario, con el que probara que solicitó a la responsable aplicar la medida de apremio consistente en arresto para cumplir con la ejecución del laudo, ni existir prueba de la que se desprenda dicha circunstancia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo contra el acto en estudio, por virtud de su inexistencia. Apoya lo anterior la tesis VII.1º.C.4 K, visible en la página 433, del Tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis". Así como la Jurisprudencia número XVII. 2o. J/10, visible en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Epoca, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En consecuencia, como se ha señalado lo procedente es sobreseer en el juicio respecto del acto que se reclama a la autoridad previamente citada, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia infundada. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. La autoridad responsable aduce que se actualiza la causal de improcedencia por falta de interés jurídico y legítimo, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I y 6, ambos de la Ley de Amparo , porque la quejosa no tiene interés jurídico para reclamar el acto reclamado ni agravio personal y directo. Lo anterior es infundado porque resolver en cuanto a si la quejosa tiene derecho o no a reclamar la determinación del presidente ejecutor y tercer árbitro del Tribunal responsable, implica el estudio del fondo del asunto en el que se resuelva precisamente si tiene o no derecho a ello. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 135/2001 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 187973 y rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE". A lo anterior hay que agregar que la quejosa sí cuenta con interés jurídico para pedir amparo, tan es así que reclama la omisión de aplicar las medidas de apremio a la demandada a fin de que cumpla con el laudo dictado en su favor, por ende, tiene interés jurídico para impugnar ese acto. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. El impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". El quejoso considera que se violaron en su perjuicio los artículos 1°, 14, 16, 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aduce que la responsable ha violado en su perjuicio lo establecido en el artículo 17 constitucional, por cuanto hace a los plazos y términos en los que los tribunales deben administrar justicia, en virtud de que ha omitido proveer y aplicar medidas eficaces para ejecutar el laudo en el expediente burocrático 01/227/2016. Sin embargo, no le asiste razón al peticionario, pues de la documental que remitió el Tribunal responsable se desprende que el laudo fue emitido el quince de agosto de dos mil dieciocho, mismo que fue notificado a la parte actora y al Ayuntamiento demandado el treinta de agosto. Por escrito de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el apoderado legal de la parte actora, aquí quejosa, solicitó se requiriera de pago a la parte demandada, por lo que el tres de octubre del mismo año, el Tribunal responsable decretó auto de requerimiento de pago y/o ejecución, comisionado al actuario de su adscripción para llevar a cargo dicha diligencia en compañía de la parte actora; acuerdo en el que apercibió al Presidente Municipal del Ayuntamiento demandado que de no cumplir con el requerimiento, se impondrá una multa de conformidad con el artículo 124 fracción I, de la Ley del Servicio civil del Estado de Morelos, y se daría cuenta al Pleno de dicho Tribunal, para que hacer efectiva la sanción consistente en multa de quince unidades de medida y actualización; proveído que fue notificado a la parte actora el ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Mediante ocurso presentado el veintidós de enero de dos mil diecinueve, el apoderado de la parte actora solicitó al Tribunal responsable requerir nuevamente de cumplimiento al demandado, con apercibimiento de multa y en su caso con la destitución del contumaz, a ello el veintisiete de febrero de ese año, la responsable dictó auto de requerimiento de pago, con apercibimiento en caso de incumplimiento con aplicar una medida de apremio en términos del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, multa, determinación que el actuario de la responsable notificó al demandado en esa fecha. El veintidós de febrero de dos mil diecinueve, el fedatario adscrito al Tribunal responsable, llevó a cabo la diligencia encomendada -asociado del apoderado legal de la parte actora-, de la que se desprende que el Ayuntamiento demandado por conducto de la persona que atendió la diligencia refirió que debido a la precaria situación por la que atraviesa dicho ayuntamiento, no es posible dar cumplimiento al requerimiento efectuado. Por escrito de seis de marzo de dos mil diecinueve, el actor, nuevamente solicitó la ejecución del laudo, así como aplicar las medidas de apremio consistentes en multa y destitución del demandado en caso de incumplimiento, así el quince de marzo siguiente, la responsable emitió auto de requerimiento de pago, apercibiendo a la demandada con hacer efectiva una multa de conformidad con el numeral 124 fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, acuerdo que fue notificado al demandado el catorce de octubre de dos mil diecinueve y veintinueve de abril de dos mil diecinueve al actor. El diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, el actor solicita la ejecución del laudo a la demandada y haga efectivo los apercibimientos ya solicitados, que le recayó acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, donde requiere de cumplimiento al demandado, con apercibimiento que de no hacerlo con dar cuenta al Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, a fin de hacer efectivo el apercibimiento de multa comisionado al actuario de su adscripción para llevar a cargo dicha diligencia en compañía de la parte actora. El treinta de octubre de dos mil diecinueve, el Pleno del Tribunal en cita, declaró procedente la aplicación de la sanción decretada en acuerdo de tres de octubre de dos mil dieciocho, así como el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, la sanción decretada en acuerdo de quince de marzo de dos mil diecinueve, ambas, consistente en multa de quince unidades de medida y actualización, por lo que ordenó girar oficio a la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, para que haga efectiva la multa al Presidente del Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos. El diecisiete de febrero de dos mil veinte, el actor solicito nuevamente la ejecución del laudo, solicitando apercibir a la demandad con la destitución del cargo, que le recayó el acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veinte, donde libra auto de requerimiento de pago, con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, asociado del apoderado de la parte actora; sin embargo, el Ayuntamiento demandado no cumplió con lo requerido. Como se ve, la autoridad responsable ha proveído respecto de las solicitudes del apoderado del aquí quejoso, encaminadas a que el demandado dé cumplimiento al laudo emitido en el juicio burocrático de origen, tan es así que el treinta de octubre y cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, resolvió procedente aplicarle las sanciones consistente en una multa de quince unidades de medida y actualización, ante el incumplimiento a los requerimientos hechos por el fedatario de su adscripción. Máxime que el dieciocho de febrero del presente año, a petición del actor, el Tribunal nuevamente despacho auto de requerimiento de pago y/o embargo, con apercibimiento de multa en caso omiso por parte del Presidente del Ayuntamiento demandado, acuerdo que se hizo del conocimiento de la parte actora, aquí quejosa, el veinte de noviembre último, a fin de que realice las gestiones correspondientes para que se lleve a cabo la citada diligencia. En consecuencia, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, en los términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Luis Alberto Rosas González, contra el acto que reclamó del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por los motivos expuestos en la última parte considerativa de este fallo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Julián Pantaleón Suárez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del siete al veintiuno de diciembre de dos mil veinte, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de noviembre de este año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/2636/2020, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas. Doy fe.
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Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la autoridad responsable; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Se tienen por designadas como delegadas de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone y con fundamento en el ordinal 28 de la ley de la materia, por señalado el domicilio que indica, por ser el oficial en el que reside. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que remite, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Ténganse por autorizada a la autoridad responsable de cuenta, el uso de aparatos electrónicos que señala, previo aviso al personal de este Órgano Jurisdiccional, para que se efectúe la constancia correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
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Cuernavaca, Morelos, a once de noviembre de dos mil veinte. Se agrega a los presentes autos el escrito de demanda signada por ********************, mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad. REGISTRO DE LA DEMANDA Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 988/2020, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. ADMISIÓN DE LA DEMANDA En atención al contenido de escrito de cuenta, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y XVII de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo de referencia. PERSONALIDAD. Requiérase a la autoridad responsable para que junto con su informe con justificación, se sirva remitir a este Juzgado, copia certificada de las constancias relativas en la que se advierta que en el expediente de origen, ********************guarda el carácter de apoderado de ********************; con el apercibimiento para el caso de no hacerlo, con imponerle como medida de apremio, una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 237, 238 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandato judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a formar cuadernillo incidental, por no haber sido solicitado por la parte quejosa. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la ley de la materia invocada, pídase el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, el que deberá rendir dentro del término de quince días, debiendo acompañar, en su caso, copia debidamente certificada, rubricada y entresellada de las constancias en que se apoye el acto que se le reclama, ya que no hacerlo así le serán devueltas para que realice dicho requisito en un plazo no mayor a veinticuatro horas. Se exhorta a las responsables, que de estimarlo conveniente remitan su informe requerido a la dirección de correo electrónico 3jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, con archivo anexo en formato .PDF o .JPG y que el documento se encuentre escaneado con la firma del funcionario jurídicamente autorizado para tal efecto, debiéndose incluir en el mensaje los datos generales de la autoridad y número telefónico, lo anterior, a efecto privilegiar la salud, y aplicar el protocolo de prevención para evitar el contagio del virus que dio origen a la pandemia que se vive, tal y como lo refiere el Acuerdo General 22/ 2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Además, se pone a su disposición para efectos de confirmar la recepción del informe o coordinar el envío del mismo, al número de teléfono celular 7773890206. Se les apercibe que de no rendir el informe solicitado en el término indicado, se les impondrá en la sentencia respectiva, una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 238, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traduciría en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en este juicio de amparo En ese mismo sentido, con apoyo en el dispositivo 262 del cuerpo normativo en cita, comuníquese a las autoridades responsables que de rendir su informe con justificación expresando un hecho falso o negando la verdad, podrán ser sancionadas en los términos que señale dicho precepto. Asimismo, se les hace saber que de conformidad con el artículo 28 de la ley reglamentaria, en caso de negativa a recibir oficios, debido a la imprecisión de la denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente y si a pesar de ello subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la misma. En el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan las diez horas con once minutos del catorce de diciembre de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. En términos del numeral 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése la intervención legal que compete al Ministerio Público Federal de la adscripción, y, con fundamento en el diverso numeral 26, fracción III del ordenamiento legal invocado, notifíquese el presente acuerdo, así como los subsecuentes por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE INFORMAR CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. Hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64 de la citada ley, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 238, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traduciría en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en este juicio de amparo. Se previene a la parte quejosa que si las autoridades que señaló como responsables no existen con la denominación que indica en la demanda, se tendrán por inexistentes, salvo prueba en contrario o que durante la tramitación de este juicio se rectifique el señalamiento en su correcta denominación, lo anterior como consecuencia del incumplimiento a la fracción III, del artículo 108 de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa la de señalar el nombre de las autoridades responsables. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Se tiene por señalado para oír y recibir notificaciones, el domicilio citado en su escrito inicial de demanda. Por autorizados para tales efectos en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados que propone, siempre y cuando dichas personas se encuentran registradas sus cedulas en la base de datos de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación. De igual forma, se tienen por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que indica. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la ley de la materia, en términos del numeral 2º, se faculta a los actuarios de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen en el presente juicio de amparo, a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige el juicio de amparo, elevado a rango de garantías constitucional. De conformidad con el artículo 28 de la Ley de Amparo, se autoriza al Secretario para que firme los oficios relativos al presente juicio. DE LAS PRUEBAS Respecto a las pruebas que ofrece; con fundamento en los dispositivos 119 de la Ley de la Materia vigente, se tienen por anunciadas, sin perjuicio de su relación al momento de la celebración de la audiencia constitucional. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES). Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. CONSULTA MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes para que hagan uso de cualquier aparato electrónico, como son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. NÚMEROS TELEFÓNICOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS: Se tiene únicamente por señalado el número telefónico y correo electrónico proporcionado, como auxiliar para mejor contacto con la parte quejosa, dada la pandemia que se vive en el país, sin que puedan llevarse a cabo notificaciones a través de los mismos, dado que no se encuentra autorizada dicha situación en la Ley de Amparo. De conformidad con lo establecido por el "ACUERDO GENERAL 12/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO", se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, por medio del usuario que refiere, a través de la cuenta que se encuentre registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe. Jorge.P.
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