Luis Alberto Salgado Duarte

Expediente 1364/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1364/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
24/05/2023

Partes del expediente

  • Luis Alberto Salgado Duarte
  • Salvador Ceja Barrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Devuélvase al Magistrado responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 28 de abril de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo ********************, promovido por******************** por su propio derecho y ********************, como defensor particular del primero, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el doce de diciembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, comparecieron******************** por su propio derecho y ********************, como defensor particular del primero, a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. La parte quejosa invocó como derechos violados los contenidos en los artículos 1º, 8º, 14, 16, 17, 20, apartado A), 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión. Por razón de turno, le correspondió conocer de dicha demanda a este Juzgado de Distrito, se registró bajo el número ********************, se admitió a trámite el trece de diciembre de dos mil veintidós, solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, le dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; ordenó el emplazamiento de los terceros interesados ********************, en cuanto víctima indirecta de ******************** quien se encuentra representada por ********************. De igual forma, se emplazó al Agente del Ministerio Público adscrito a la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado [foja 38] y al Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso y Feminicidio [foja 59]. Así, seguido el juicio por sus trámites legales, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a dictar sentencia, al tenor de las siguientes: C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado tiene ejecución material en el ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción este juzgado. Segundo. De conformidad con lo que establece el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se entrará al estudio de la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio señalado con antelación, los actos reclamados por el quejoso al Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral región Morelia, consiste en: La resolución pronunciada el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, en el toca penal ********************, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la defensa privada, en contra del auto de vinculación a proceso dictado en audiencia de veinticuatro de septiembre de dos mil veintidós, por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, dentro de la causa penal ********************, y su ejecución. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. El Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral región Morelia con residencia en esta ciudad, aceptaron la existencia del acto reclamado [fojas 27 y 43]. Lo que se corrobora con los discos magnéticos que remitieron como complemento a su informe justificado, en el cual obra la audiencia inicial, llevada a cabo en distintas fechas por la Juez de Control, así como la audiencia de aclaración de agravios; de igual forma el toca de apelación ********************, en la que consta la resolución que constituye el acto reclamado. Probanzas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Luego, se tiene por cierto el acto reclamado a la citada autoridad responsable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, corresponde examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado aduce, que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues refiere que el quejoso no demostró encontrarse dentro de la excepción a la extensión de la norma reclamada y que por tanto, no acreditó una afectación en su interés jurídico o legítimo. Lo argumentado en torno a dicha causa de improcedencia es infundado, ya que de autos se advierte que el quejoso es el imputado en la causa penal de donde deriva el acto reclamado, en el cual se confirmó la vinculación a proceso decretado en su contra, lo que evidentemente afecta su interés jurídico, pues lo considera violatorio de sus derechos; además, no se advierte que en el presente juicio los actos reclamados consistan en una norma, como lo refiere la representante social adscrita. Por tanto, toda vez que no se hizo valer diversa causal de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna, lo procedente es analizar los conceptos de violación. Quinto. Conceptos de violación. En principio, cabe señalar que tomando en consideración que el acto reclamado deriva de un proceso penal que se instruye contra del aquí quejoso por el delito de feminicidio, con fundamento en el artículo 20 apartado C fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los ofendidos de dicho ilícito tiene derecho al resguardo de su identidad y otros datos personales, por lo que a juicio de este juzgador es necesaria la protección de sus datos como víctimas del delito, por lo que se les tendrá en el presente juicio de amparo únicamente con sus iniciales. Ahora, en la especie el acto reclamado se hizo consistir en la resolución pronunciada por el Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, en el toca ********************, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de vinculación a proceso emitido por el a quo el veinticuatro de septiembre de la citada anualidad, dentro de la causa penal número ********************, instruida en contra del quejoso********************, por la comisión de los hechos señalados por la ley como delito de feminicidio, en agravio de ********************, previsto y sancionado por el artículo 120 fracción II, vinculado con los numerales 19, 20 fracción I, y 24, fracción II, todos del Código Penal del Estado en agravio de ******************** Son infundados en una parte, e inoperantes en otra más los conceptos de violación, sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que, quien esto resuelve, considera que lejos de beneficiar al quejoso le perjudica o no les es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo, habida cuenta que la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, no transgrede los derechos fundamentales del amparista previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Ahora, conviene traer a glosa el contenido del primer párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regulan los requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso, los cuales, en su orden, a la letra dicen: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". De lo transcrito, se obtiene que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, es necesario reunir los requisitos siguientes: Haberse formulado la imputación. El imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo. Pronunciarse dentro del plazo de setenta y dos horas, el cual puede ser duplicado a petición del implicado o su defensa. Expresar el delito que se le impute; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Dictarse, únicamente, por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación. De los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes para poder establecer la comisión de un hecho determinado por la ley como hecho delictuoso y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En efecto, cabe señalar que el quejoso comparece al amparo como imputado, quien en términos del artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales es aquél que es señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito; a quien se les detuvo en cumplimiento de una orden de aprehensión. El veinte de septiembre de dos mil veintidós, se verificó la audiencia inicial para la formulación de la imputación en cumplimiento de una orden de aprehensión, la cual fue desahogada en sus términos con los requisitos legales señalados en el artículo 310 a 313, del Código Nacional de Procedimientos Penales; nombró como sus defensores públicos a los licenciados ******************** y en la continuación de la audiencia al defensor privado ********************; contando con una defensa adecuada, en su vertiente de ser asistido por un defensor que sea licenciado en derecho, toda vez que la autoridad responsable, tanto en la celebración de la audiencia inicial como en proveído de veintiuno de septiembre siguiente, hizo constar los números de registro de la cédula profesional (******************** y ********************, que fueron corroboradas en la plataforma respectiva, además de que los dos primeros, cuentan con registro en el sistema interno de ese Tribunal. Asimismo, se le informó el derecho a declarar o reservarse el derecho de hacerlo, explicándole las consecuencias jurídicas en ambos supuestos [minuto 10:21:14], por lo que, decidió reservarse a ello; también se le hizo del conocimiento que se podía resolver su situación jurídica (72 o 144 horas) o renunciar a los plazos respectivos y en esa audiencia resolver, manifestando que era su deseo se resolviera su situación dentro del plazo constitucional de 144 horas [minuto 11:32:35]. Sobre la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa, se fijó por el tiempo que durare el proceso [minuto 11:37:36], y se señalaron las dieciséis horas del veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, para la continuación de la audiencia inicial, misma que se difirió a solicitud de la fiscalía, para el veinticuatro siguiente, data en la que se vinculó a proceso al imputado al considerar su probable comisión en el hecho que la ley señala como delito de feminicidio. Inconforme con esa resolución, la defensa interpuso recurso de apelación, del que correspondió conocer al Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, bajo el toca penal ********************, autoridad que se avocó al conocimiento mediante proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintidós. La referida alzada concluyó en la resolución de diecisiete de noviembre de la anualidad próxima pasada, que eran infundados los agravios que expuso en la Alzada, por lo que confirmó en sus términos el auto de vinculación a proceso. La anterior resolución constituye la materia del acto reclamado. Ahora, debe decirse que el estudio del asunto que nos ocupa, se realizará atendiendo al principio de contradicción que rige en el sistema penal acusatorio, previsto en el artículo 6º del Código Nacional de Procedimientos Penales, que consiste en que se respete el derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes, a través de la posibilidad de rechazar las pretensiones de su oponente, controvertir o confrontar los medios de prueba, es decir, tienen el derecho a contestar cualquier argumento de la contraparte, y desvirtuar pruebas para restar credibilidad a las ofrecidas por la contraria o para acreditar una versión alternativa. Por lo que, con base en el principio de contradicción, no se otorgan privilegios a ninguna de las partes, ni existe suplencia para corregir, subsanar o complementar sus intervenciones, sino que la actividad procesal depende de la intervención de las partes, quienes deben exponer sus respectivas afirmaciones y defensas ante el Juez o en su caso tribunal de apelación, las discuten en un debate pleno y contradictorio, sobre los aspectos ahí ventilados, produciendo argumentos o pruebas en que se sustenten, y superado el debate el juez o magistrado resuelve conforme a derecho, con los elementos que le suministraron los contendientes, y de acuerdo con las tesis propuestas por ellos. Sentado lo anterior, el peticionario de amparo expresó los conceptos de violación que a su juicio le ocasiona el acto reclamado, los que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ahora, el peticionario de amparo en una porción de los conceptos de violación se duele medularmente, de que el Magistrado Penal responsable no se ocupó ni refutó los agravios que expresó en la alzada. Concepto de violación que deviene infundado, toda vez que quien resuelve no advierte que dicha autoridad hubiese pasado por alto el estudio los motivos de disenso. En efecto, de los agravios expuestos en segunda instancia, así como de la resolución reclamada, se advierte que se expuso respectivamente lo siguiente: Agravios del quejoso Resolución reclamada ".Agravio primero. Valoración inadecuada de todos los datos de prueba, porque la fiscalía no logró acreditar alguna conducta dolosa, asimismo, no hizo una minuciosa valoración de los datos recabados, presentados, incorporados y admitidos por la defensa, faltando al principio de legalidad. Que la fiscalía se basa en que su defendido el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, que fue el último día en que se vio a la víctima con vida por diversos testigos como son ********************, quien cita que en la fecha indicada, fue contratado para llevar un servicio a domicilio marcado con el número doscientos setenta de la calle Sandía de la Colonia La Huerta de esta ciudad, ya que se dedica a ser taxista y que en la citada data siendo las tres de la tarde que se encontraba estacionada en la base que tiene en la calle Dátil esquina con Libramiento frente a la plaza Andador Morelia, se recibió una llamada de la base de los taxis "Taxi Radio Morelia" para que se dirigiera a la "Farmacia del Ahorro" más cercana para que llevara un paquete de condones de la marca Prudence, por lo que así lo hizo y lo llevó al indicado domicilio, lugar en el cual al tocar el claxon fue atendido por fuera de dicho domicilio, por una persona del sexo femenino que posteriormente identificó como la víctima, entregándole el servicio y le manifestó que una motocicleta que se ha localizado por fuera del departamento se encontraba mal acomodada, esta de color rojo, como entre tres y cuatro de la tarde. Que asimismo el testigo ********************, refiere que el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, por fuera del domicilio de la ofendida, pudo observar una motocicleta tipo pista, color rojo con negro, pero que en ningún momento observó a la persona que la manejaba. ********************, conoció a la víctima, cita que el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, entre las tres y cuatro de la tarde llegó un taxi a escuchar a su vecina, sin que viera a persona alguna. Que asimismo, el hermano de la víctima, había visto en días previos dicha motocicleta por fuera del domicilio que ubica como la casa de la mamá del imputado, dicho que no se encuentra sustentado, por lo que en ningún momento se acredita que su representado se le haya visto en posesión de la motocicleta ni previo, durante el último día que se vio viva la víctima, el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, ni después de esa fecha. Que por ende, el juez resolutor por simple analogía, esto es, sin que se acredite el grado de probabilidad por la fiscalía la relación de dicha motocicleta con su representado, porque no existe testigo alguno o dato que ilustre que su representado haya tenido en posesión de la misma o sea de su propiedad con lo que se pretende acreditar su relación. ".Que se recabó información de diversas instituciones como Plataforma México y al Subdirector de Antecedentes Penales para acreditar que su representado no ha tenido relación con dicha motocicleta, ni en posesión ni en propiedad, o algún registro que lo involucre con alguna tarjeta de circulación, licencia de conducir o registro de propiedad de algún vehículo automotor tipo motocicleta, datos de prueba que fueron admitidos por el juez, los cuales fueron tomados en consideración por el Juez, por el contrario, expuso que existen muchos casos en que existe la ilegalidad en el tema de los registros por los Mexicanos, los cuales no es acorde a ningún principio lógico, más aún que la fiscalía en ningún momento acreditó con dato de prueba que su representado haya estado en legalidad de poseer alguna motocicleta como lo sostuvo la fiscalía. ".Segundo. Que indebidamente se situó a su representado en algún lugar del hecho, el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, último día que se vio con vida a la víctima por un indicio localizado el veintinueve de agosto de ese año, que fue el día del hallazgo son vida de la víctima, referente a un bote de plástico con la leyenda "Power" en la cual se localizaron huellas dactilares que corresponden a********************, sin que se haya explicado en dato de prueba alguno, cuál fue la dinámica o procedimiento comparativo y determinar que corresponden a su representado dichas huellas dactilares. Que lo anterior, ya que de los datos de prueba se desprende, que su representado mantenía una relación de noviazgo con la víctima directa, por lo que es probable que dicho objeto pudo haber sido introducido a dicho domicilio con antelación al hecho que se investiga2. .Que el Juez valoró debidamente los datos de prueba porque las inferencias que de ellos se tomó en consideración, conforman la prueba circunstancial, respecto de la cual expuso un correcto razonamiento jurídico. Así entonces, son relevantes para establecer la probable responsabilidad, los siguientes datos: Informe policial de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete." Entrevista de ********************." Entrevista de ********************." Entrevista de ******************** ." Levantamiento de cadáver de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, suscrito por el perito ********************." Estos datos de prueba, tal como lo consideró la resolución apelada, constituyen indicios que adminiculados entre sí, permiten establecer como hecho cierto, que la víctima ******************** fue privada de la vida en el interior de su domicilio, cuyo acceso no tenía huellas de haber sido forzado. De este hecho probado se extrae como inferencia razonable, que muy probablemente el autor del delito es una persona de confianza o cercana a la víctima, pues tuvo libre acceso a la vivienda, por ende, es válido que la línea de investigación respecto del posible agresor, se haya seguido en contra del ahora imputado, quien a decir de los entrevistados ******************** y ********************, tenía una relación sentimental con la víctima, lo cual admite la propia defensa. De la misma manera, a efecto de entrelazar la fecha del fallecimiento, con la presencia del ahora imputado en su domicilio ese día, primero, se tiene como hecho cierto, que conforme al informe de necropsia, suscrito por el doctor ********************, el cronotanatodiagnóstico se ubicó en un parámetro de entre cinco a siete días posteriores a su fallecimiento, lo cual conduce a establecer como hecho cierto, que la víctima en efecto falleció el veintitrés de agosto del dos mil diecisiete. Data de los hechos de la que se parte, para vincular de forma probable al imputado con la ejecución del delito, porque existen indicios que permiten razonablemente sostener que ese día estuvo que en el interior del domicilio de la víctima -aquí es donde emerge el tema de la motocicleta que se planteó en los agravios y en la audiencia de alegatos aclaratorios -como son: Acta de entrevista de ******************** de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Entrevista de policía de Investigación a ********************. Acta de entrevista de ********************. Entrevista de ******************** . Un acta de entrevista de diez de enero de dos mil veinte a ********************. Dictamen pericial del uno de febrero de dos mil veintidós, mediante la cual la perito ******************** analiza videos. Identificación por fotografía de objeto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Del resultado de la valoración conjunta de estos datos de prueba, se desprenden inferencias razonales sobre la probabilidad de la responsabilidad penal del imputado porque al menos de dos personas ******************** y ********************, el día veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, entre las quince y dieciséis horas, advirtieron la presencia de una motocicleta de similares características [de pista de color negro con rojo] por fuera del domicilio de la víctima. Esta motocicleta, contrario a lo que precisa la defensa, en sus motivos de inconformidad, sí guarda relación con el imputado, porque el diverso entrevistado ********************, señaló que precisamente el novio de su hermana tripulaba una de similares características, la cual personalmente vio por fuera del domicilio del imputado en una ocasión que fue a recoger dinero que aquélla le había prestado. Motocicleta, que en la data del fallecimiento fue captada por una de las cámaras de C5I, por haberla así reconocido por fotografía en un acto de investigación el taxista ********************, quien aseguró se trataba de la misma que hizo mención que vio por fuera de la casa de la víctima a quien, dicho sea de paso, también reconoció por fotografía y respecto de la moto, señaló que le puso atención porque estaba mal estacionada. Además, ********************, hermano de la víctima señaló que el veinte de agosto de ese año dos mil diecisiete, le pidió dinero a su hermana que ésta le pidió que acudiera a la calle ********************, que en ese lugar estaba con una persona que en este caso se puede inferir era el imputado, porque incluso la ubicación coincide con el domicilio de la madre y que en la calle visualizó la moto pista colores negro con rojo y que esa motocicleta su hermana le comentó que era o que la conducía su novio o su pareja********************, dato que no fue controvertido, contrario a ello, como antes se precisó, a través del dictamen que se hizo del video C5I, se pudo establecer el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, la ubicación de una motocicleta con dichas características pista negra roja en la ********************, cuyo tripulante dio vuelta hacia esa calle, es decir, se introdujo a la colonia donde ocurrió el evento. Aunado a lo anterior, como también se indicó, se le hizo un informe de reconocimiento de objeto, conforme al numeral 280 del cnpp, donde ********************, una vez que se le pusieron las imágenes a la vista respecto al vaciado del video, pudo conocer el vehículo como el que visualizó por fuera del domicilio de la ofendida, contexto que en conjunto, permite inferir la relación que existe entre la motocicleta que se encontraba por fuera de la vivienda de la víctima el último día que se le vio con vida y la presencia del imputado en el interior. Y es que, claramente los indicios acabados de citar, conducen a establecer como inferencias razonables para justificar la probable responsabilidad: Que la última vez que la víctima fue vista con vida fue precisamente el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, tan es así que solicitó el servicio a la base de radio de taxi, el cual fue cubierto por ********************, quien le hizo entrega de un paquete de condones que le fue solicitado y que comparar en la farmacia del ahorro, lo que encuentra correspondencia en la entrevista de ******************** y en el ticket de compra localizado en el interior del domicilio de la víctima y fue levantado como indicio. Que los condones que solicitó la víctima eran para sostener relaciones sexuales con un sujeto del sexo masculino, lo que se corresponde con el hallazgo del cuerpo de la víctima que lo fue totalmente desnuda y al menos un condón usado sobre el piso, tal como se desprende del informe de levantamiento de cadáver. Que dada la relación sentimental que se probó la víctima sostenía con el imputado, que la vivienda no presentó huellas de haber sido forzada en su acceso y que no existe contraindicio de que aquélla tuviera una relación con diversa persona, razonablemente puede inferirse que quien estuvo el día de los hechos con ella fue el imputado. Lo anterior, se consolida aún más porque la entrevistada ********************, madre de la agraviada en esencia señaló que en esa data veintitrés de agosto, aproximadamente a las trece horas tuvo contacto vía telefónica con su hija (así se constató en el análisis de datos conservados) y que ésta le dijo que ********************o su pareja le comentó que ese día la quería ver. De lo cual se desprende una diversa inferencia, porque dado el contexto de desacuerdo entre víctima e imputado que esta entrevistada [mamá] destacó con motivo de la ingesta de sustancias, es razonable que en cuanto a la relación de pareja, en la data de los hechos trataran de conciliar entre ellos, por lo que deviene razonable que el imputado se hubiese presentado en el domicilio de la víctima. Ciertamente, como se refiere en los disensos, en la duplicidad del término constitucional como datos de prueba de la defensa se llegaron informes de Plataforma México y de la Fiscalía General del Estado, mismos que coinciden en inexistencia de registro de padrón vehicular a nombre del imputado o licencia de motociclista. Estos datos de prueba, que fueron descartados por el Juez con el argumento de que ""es una realidad y es innegable la cultura de la legalidad en el tema de mexicanos y en este caso no es un tema que se tenga debidamente interiorizado, es decir, que como en otros países las personas no se atrevan a conducir si no tienen el permiso o la licencia necesaria la realidad es otra el contexto así lo revela en México la cultura de legalidad es mínima"". De lo que se sigue, que como lo recalcó la defensa tanto en sus agravios como en la audiencia de alegatos aclaratorios, la circunstancia desvinculante del imputado de la propiedad sobre una motocicleta que se desprende de los datos de prueba citados, fue descartada con una apariencia subjetiva, pues se trata de una mera descalificación que hace de la cultura mínima de los mexicanos sobre la legalidad. Sin embargo, también lo es, que como lo aduce el mismo Juez la ausencia de patrón vehicular no descarta la posibilidad de que el imputado tuviera en posesión o condujera la motocicleta afecta, cuyas características fueron uniformes en aducir los entrevistados que hicieron mención de haberla visto fuera de la vivienda de la casa de la ofendida: de pista, esto es grande, color roja y negro. Por si fuera poco, la presencia del imputado en el lugar de los hechos también se logra establecer a través de los siguientes antecedentes de investigación: Levantamiento de cadáver de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete. Dictamen en materia de dactiloscopía elaborado por el perito ********************. De lo que se sigue, que indiciariamente se localizaron indicios lofoscópicos en una botella de plástico con la leyenda "power" mismos que derivados de un estudio comparativo con ficha afis, mismo que conforme a la ley adjetiva nacional, contrario a lo que dijo la defensa en audiencia de aclaración de agravios no requiere presencia del defensor, coincidió con dos de los datos del imputado. Se obtiene pues una diversa inferencia razonable sobre la probable responsabilidad penal del imputado, que parte del hecho cierto de que este sí tocó dicho objeto y si el mismo se realizó en el interior de la vivienda de la víctima se puede inferir también que el imputado estuvo en dicho sitio y es quien lo dejó ahí. Ahora bien, al respecto, la defensa en sus agravios precisó que por la relación sentimental que sostenía activo y pasivo, bien pudiera también inferirse que el objeto lo pudo haber dejado cualquier otro día, respecto de lo cual, la Juez razonablemente sostuvo que este indicio, asociado a los diversos que se mencionaron, esto es, la llamada generada entre la madre y la víctima en la que se dijo que iba a ir el imputado, que ellos tenían una relación de noviazgo, que la víctima pidió un paquete de condones, necesariamente para tener relaciones sexuales y que se infiere existieron por el preservativo usado y la condición de desnudez de la víctima, aunado a que no existe dato que ventilar la existencia de otra pareja y que derivado del contexto previo de coraje o enojo entre la pareja por la ingesta de sustancias se haya generado un episodio de reconciliación es razonable inferir que el indicio de la botella sí contribuye a establecer la probable responsabilidad. Por último, no escapa al suscrito, que en efecto se advierte complicidad natural con el imputado de la entrevista de ********************, madre del imputado, porque el ministerio público referenció que éste no pudo ser localizado en su domicilio en fechas cercanas a los hechos, lo que fue admitido por la madre quien mencionó que su hijo había recaído en el uso de las drogas y que se fue a recibir atención médica de control a la ciudad de Toluca para lo cual solicitó un permiso sin goce de sueldo en el año dos mil diecisiete. De lo que se desprende válidamente una última inferencia, relativas a que el imputado no estuvo localizable en los días inmediatos posteriores al deceso de la víctima, además de que en efecto como lo indicó el Juez, la madre del imputado proporciona un dato muy cuestionable y desleal porque conforme al informe de la Universidad Michoacana fuente laboral del imputado, en la temporalidad que ******************** precisó que su hijo pidió permiso, no existió registro que lo justificara." En concordancia con lo anterior, al comparar los argumentos hechos valer por el apelante y las consideraciones de la responsable en el acto reclamado, se evidencia que opuesto a lo aducido por la parte quejosa, el magistrado responsable si analizó todos los motivos de disenso. Se dice de este modo, toda vez que: En relación a que la fiscalía no logró acreditar la conducta dolosa del imputado y que no hizo una valoración de los datos recabados; el Magistrado Penal responsable adujo, que el informe policial de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, de las entrevistas de ********************, de ******************** y de ********************, así como del acta de cadáver, se establecía que ********************, fue privada de la vida en el interior de su domicilio, cuyo acceso no tenía huellas de haber sido forzado; que por ello, probablemente el autor del delito era una persona de confianza cercana, por lo que era dable que la línea de investigación se hubiese seguido en contra del imputado, quien se advertía, tenía una relación sentimental con la víctima, lo que se advertía de las entrevistas de ******************** y ********************. Además, estableció como hecho cierto, que la víctima falleció el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, data de la cual se partió para vincular en forma probable al imputado, toda vez que existían datos para sostener que en esa data, aproximadamente entre las quince y dieciséis horas, se advirtió por fuera del domicilio la presencia de una motocicleta de similares características [de pista de color negro con rojo] a una que tripulaba el imputado, lo que derivó de las entrevistas de ******************** y ********************. Que esa motocicleta, si guardaba relación con el imputado, porque ******************** la vio por fuera de su domicilio en una ocasión que fue a recoger un dinero; vehículo que en la data del fallecimiento fue captada por las cámaras de C5I y por haberla reconocido por fotografía en un acto de investigación de ********************, quien aseguró se trataba de la misma que vio por fuera de la casa de la víctima. Lo que señaló, se corroboraba con la entrevista de la madre de ********************, quien señaló que en la data del evento, tuvo contacto vía telefónica con su hija, quien le comentó que ********************o su pareja le dijo que ese día la quería ver. En relación a los datos de prueba ofertados por la defensa, precisó, que si bien el juez los descartó con una apariencia subjetiva, también lo era que la ausencia de padrón vehicular a su nombre, no descartaba la posibilidad de que el imputado tuviera en posesión o condujera la motocicleta afecta, cuyas características fueron uniformes en aducir los entrevistados que hicieron mención en haberla visto fuera de la vivienda de la casa de la ofendida. Finalmente, en lo que toca a los motivos de disenso relacionados con el dictamen en materia de dactiloscopia referente a un bote de plástico con la leyenda "Power"; se le dijo que derivaron de un estudio comparativo con ficha de afis, el cual contrario a lo que alegó, no requiere de presencia de defensor, coincidió con los datos del imputado. Por lo que se partía del hecho cierto de que este sí tocó dicho objeto y si el mismo se realizó en el interior de la vivienda, se infería que el imputado estuvo ahí; indicio que asociado con la llamada generada entre la madre y la víctima en la que se dijo que la visitaría el imputado; que tenían una relación de noviazgo; que la víctima pidió un paquete de condones, necesariamente para tener relaciones sexuales y que se infiere existieron por el preservativo usado y la condición de desnudez de la víctima, aunado a que no obra dato de la existencia de otra pareja, era razonable inferir que el indicio de la botella sí contribuía a establecer su probable responsabilidad. Esto es, opuesto a lo alegado por el quejoso, el Tribunal de Alzada si analizó los agravios expresados vía apelación, con argumentos que corresponden a las consideraciones planteadas, exponiendo además los razonamientos lógico-jurídicos que los llevaron a determinar que el hecho imputado, es constitutivo de delito y de que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en el. Consideraciones de la responsable que, deben permanecer incólumes por falta de ataque. Se dice de este modo, toda vez que el quejoso tendente a combatir los razonamientos antes precisados, se limitó a aducir que: El Magistrado, no tomó en cuenta la omisión del Ministerio Público en el procesamiento de diversas evidencias recabadas el día del hallazgo de la víctima directa, por más de cinco años, sin que hubiesen sido procesados por el perito de la Dirección de Servicios Periciales, lo que generó una circunstancia grave que afecta el procedimiento. Que se omitió precisar la relación entre el imputado y la motocicleta que se localizó en la parte posterior del inmueble que habitaba la víctima. Que de las pruebas que aportó la defensa, se arrojó, arrojaron un sentido negativo con relación a que el imputado tenía a su nombre algún vehículo de automotor terrestre tipo motocicleta, no que tuviera licencia para conducir; respecto de lo cual la Fiscalía tenía oportunidad de recabar durante la integración de la carpeta de investigación y que de manera no lo hizo, omisión que dice impacta en el desarrollo del proceso. Que no se valoraron en forma adecuada los datos de prueba expuestos por el fiscal ni los agravios que expuso en aquélla instancia. Esto es, la inoperancia de dichos conceptos de violación guarda sustento, en que el peticionario de amparo se limitó a señalar que no existen datos de prueba que demuestren la probable responsabilidad del quejoso y no está demostrada la relación entre el imputado con la motocicleta que se localizó en la parte posterior del inmueble; y que la fiscalía omitió recabar pruebas en cinco años. Sin embargo, omitió combatir, los razonamientos del Magistrado responsable por los que determinó, que probablemente el autor del delito era una persona de confianza cercana a la víctima, por lo que era dable que la investigación se hubiese seguido en contra del imputado, quien tenía una relación con ella; que se constató que la víctima falleció el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, data en la que, entre las quince y dieciséis horas se advirtió la presencia por fuera de su domicilio, una motocicleta de similares características a una que vieron tripulaba el imputado. Lo anterior aunado a que la madre de la víctima informó que el día de los hechos estuvo en contacto con su hija, quien le comentó que el imputado le dijo que ese día la quería ver; así como el dictamen en materia de dactiloscopia, de la que derivó indicios lofoscópicos del imputado en una botella de plástico con la leyenda "Power" derivados de un estudio comparativo con ficha afis, mismo que opuesto a lo aducido por la defensa, en audiencia de aclaración de agravios, no requiere defensor. Asimismo, en relación con los datos de prueba que aportó el imputado, se le dijo que, que la ausencia de registro alguno en el padrón de vehículos, no descartaba la posibilidad de que el imputado tuviera en posesión o condujera la motocicleta en cuestión. Bajo ese orden de ideas, se considera que la inoperancia del concepto de violación que se estudia descansa en que el promovente del amparo no atacó los argumentos del magistrado en relación con los datos de prueba aportados por la fiscalía, los que dijo arrojaban indicios razonables que adminiculados entre sí, arrojaron referencias válidas para establecer la probable responsabilidad del imputado; es decir, en el concepto de violación no se estableció porqué eran irracionales las inferencias que a partir de los datos expuestos como indicios eficaces, sirvieron para determinar la probabilidad de la intervención del imputado. Pero además, debe decirse que no le asiste razón al quejoso en cuanto alega, que la Fiscalía tuvo más de cinco años para recabar datos de prueba y que no lo hizo; esto porque la Fiscalía como encargada de conducir la investigación, tiene expedita su facultad para recabar aquéllos que estime corroboran el hecho que pretende probar, así como su probable intervención; ello en el lapso de tiempo que requiera para ello, siempre y cuando se encuentran dentro del término legal, sin que deba sujetarse necesariamente a las pretensiones del quejoso De igual forma, como bien lo precisó el Tribunal de Alzada, opuesto a lo argumentado por el peticionario de amparo, sí existe relación entre el imputado y la motocicleta que se visualizó por fuera del domicilio de la víctima el día de los hechos, no obstante que no exista registro alguno de la que se advierta la propiedad y posesión, ni licencia de conducir del quejoso; pues esa circunstancia de ninguna manera prueba que no la condujo; máxime que existen datos de los que deriva que también fue vista por fuera de la casa del quejoso, circunstancia que como bien lo precisó la alzada, ese dato no fue controvertido -entrevista de ********************-. Finalmente, es infundado el concepto de violación en el que esencialmente esgrimen, que con la emisión de la vinculación a proceso, se vulnera en el principio de presunción de inocencia. Se considera de ese modo, pues debe recordarse que, la etapa en la que se dictó la vinculación a proceso, constituye un periodo preparatorio, cuyo objeto es únicamente determinar si existen razones para someter a una persona a investigación, pues incluso, los elementos de convicción que pudieron ser desahogados en la audiencia respectiva, carecen de valor probatorio para la sentencia que en su caso llegase a dictar en el juicio oral. En consecuencia, al formularse la imputación, lo que se pretende es la formalización de la investigación con el dictado de un auto de vinculación a proceso, en el cual, sólo se efectúa una clasificación jurídica provisional de los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, es decir, en tal determinación se establece o fija la materia de la investigación y lo que eventualmente puede ser objeto de juicio. De ahí que será en la etapa de juicio, en su fase de individualización de las penas y sólo si llegara a determinarse su plena responsabilidad, con los medios de prueba fehacientes que aporten las partes. Por ende, para el dictado del auto de vinculación a proceso, es suficiente la manifestación por parte de la fiscalía, apoyado con los datos de prueba pertinentes que existió un hecho en perjuicio de la víctima del delito, pues es precisamente éste el bien jurídico que tutela la norma represora. En apoyo a lo anterior, es de citar la tesis XVIII.2o.P.A.5 P (10a.). consultable en el Libro 1, Mayo de 2021, Tomo III, página 2558, Materia Constitucional, Penal, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2023151, que dice: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDE DICHO PRINCIPIO AL DICTAR EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, SI ÉSTE SE SUSTENTA EN LOS DATOS DE PRUEBA APORTADOS POR LA FISCALÍA. Hechos: Se dictó auto de vinculación a proceso en virtud de que los datos de prueba examinados fueron suficientes para demostrar un hecho con apariencia de delito e indicios lógicos que hacen probable la comisión o participación del imputado en su realización. Contra esa determinación, éste promovió juicio de amparo indirecto y el Juez de Distrito le negó la protección constitucional; inconforme con lo anterior, interpuso recurso de revisión y, en sus agravios, refirió que con los datos de prueba aportados por la Fiscalía se afectó el principio de presunción de inocencia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que no se transgrede el principio de presunción de inocencia al dictar el auto de vinculación a proceso, si éste se sustenta en los datos de prueba aportados por la Fiscalía. Justificación: Lo anterior, pues con el dictado del auto de vinculación a proceso se pretende la formalización de la investigación y en él sólo se efectúa una clasificación jurídica provisional de los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, es decir, en esa determinación se establece o fija la materia de la investigación y lo que eventualmente puede ser objeto de juicio. Además, de acuerdo con los principios y reglas que imperan en el nuevo modelo de justicia penal, para el dictado del auto de vinculación a proceso no se requiere la acreditación de los elementos del tipo penal ni del cuerpo del delito, sino que basta que existan un hecho con apariencia delito e indicios lógicos que presuman la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, para el dictado del auto de vinculación a proceso es innecesario que los datos de prueba examinados tengan alcance probatorio pleno, por ser sólo el sustento para la decisión de abrir o no una investigación formalizada o judicializada contra una persona, en la que, una vez cerrada y atendiendo a la teoría del caso del agente del Ministerio Público, éste puede acusar, sobreseer o suspender el proceso sin llegar a juicio; de ahí que si la Fiscalía cumplió con la carga procesal que le obliga a aportar datos que hagan probable la existencia de un hecho tipificado como delito y éstos son congruentes y consistentes, no se transgrede el principio de presunción de inocencia. En tales condiciones, al resultar infundados en una parte, e inoperantes en otra más los conceptos de violación propuestos por el quejoso, se concluye que los actos reclamados no afectan en su perjuicio los derechos fundamentales consignados en los artículos 1º, 8, 14, 16, 17, 20 apartado A), 21 y 133 de la Constitución Federal, y al no advertir queja que suplir al tenor de lo dispuesto por el artículo 79 fracción IV, de la ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, dado que no se impugnan por vicios propios. Sirve de apoyo la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 357, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, rubro y texto: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a******************** por su propio derecho y ********************, como defensor particular del primero, contra los actos reclamados a la autoridad señalada como responsables, por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    se notifica a la parte tercero interesada por medio de lista que se fija en los estrados de éste órgano jurisdiccional, así como en el sistema biométrico (SISE), la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, de conformidad con el artículo 27 fracción II y 29 de la ley de amparo.

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