Luis Aguirre Gutierrez
Expediente 1009/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1009/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 18/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luis Aguirre Gutierrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
El licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hago constar y certifico: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada dentro del juicio de amparo 1009/2022, pues transcurrió del tres al dieciséis de enero del año en curso, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 y 22 de la misma ley, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno; asimismo, certifica que no obran documentos originales, no fue exhibida garantía o fianza en el juicio de amparo que nos ocupa, ni en el incidente de suspensión relativo, si obran constancias en un tomo por separado para ser devueltas a su remitente y sí se aperturó incidente de suspensión. Morelia, Michoacán, a dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 1009/2022, con la certificación que antecede y el estado de autos. Conste. Morelia, Michoacán, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues 06/10/23 14:30:49 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.35.21 Leonardo Rojas Barragán no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Devuélvanse a la autoridad responsable la documental que allego al presente asunto, mismas que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistida del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con treinta minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Isela Estefania Bueno Gallegos, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1009/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria hace relación de la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación que antecede para los efectos que en derecho correspondan. Abierto el período de pruebas: La secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa y por la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad. De la misma forma, en este acto la secretaria da cuenta con las pruebas que el quejoso ofreció en su escrito de demanda para que el suscrito juzgador ordene la realización de la prueba del polígrafo y un dictamen psicológico a la tercera interesada Alma Delia Cardoso Estrada, con el objeto de determinar la calumnia de la que fue objeto. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas las pruebas documentales precisadas con antelación. Al consistir en documentales, se tienen por admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, en la inteligencia de que deben tomarse en consideración la totalidad de las constancias remitidas por las partes. Con relación a las pruebas de polígrafo y la realización dictamen psicológico a la tercera interesada Alma Delia Cardoso Estrada, se desechan en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, dado que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable y por ello, no deben admitirse ni tomarse en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria da nueva cuenta con los formulados por el representante especial de los menores Nicole Judith y Sergio Yair, ambos de apellidos Malvaez Cardoso y hace constar que las demás partes no los hicieron valer. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene al representante especial Santiago Orozco Valencia, formulando alegatos de la parte que representa y a las demás partes se les declara precluido el derecho para hacerlo. Al no haber diligencia pendiente que desahogar, se procede al dictado de la resolución, y; RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Luis Aguirre Gutiérrez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en el artículo 1, 3, 4, 5, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito; se registró con el número 1009/2022, mediante proveído de veinte de septiembre del año en curso (foja 12), por un lado, se desechó la demanda por lo que hace a los actos que se atribuyeron al Secretario del juzgado responsable y por otro, se admitió por el Titular y la Actuaria de dicho órgano jurisdiccional, se les solicitó su informe justificado y se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. En auto de veinte de octubre de dos mil veintidós (foja 53) se tuvo a Santiago Orozco Valencia, asesor jurídico del Instituto Federal de la Defensoría Pública adscrito a la Delegación Michoacán, aceptando y protestando el cargo de representante especial de los menores Nicole Judith y Sergio Yair, ambos de apellidos Malvaez Cardoso, quien en esa misma fecha aceptó y protestó el cargo conferido. Asimismo, en ese mismo auto (foja 53 reverso), se reconoció el carácter de tercera interesada a Alma Delia Cardoso Estrada, en cuanto solicitante de la orden de restricción de la que se duele el quejoso. Luego, el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós (foja 72), se ordenó notificar a las partes la adscripción del suscrito como titular de este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós; asimismo, en ese proveído se fijaron las once horas con treinta minutos del veintinueve de diciembre de este año, para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, en esta misma fecha se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional, en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a dictar sentencia al tenor de las siguientes: CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado se atribuye a una autoridad jurisdiccional con sede en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: El auto de doce de septiembre de dos mil veintidós pronunciado por la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar dentro del juicio oral familiar 376/2022, que decretó en contra del quejoso Luis Aguirre Gutiérrez, en cuanto mandatario judicial del demandado Ezequiel Malvaez Soto, orden de protección para los efectos siguientes: *Prohibición para acercarse al domicilio en el que habitan Alma Delia Cardoso Estrada y los menores Nicole Judith y Sergio Yair, ambos de apellidos Malvaez Cardoso; *Prohibición para que el abogado se acerque a Alma Delia Cardoso Estrada y a citados los menores, a una distancia menor de trescientos metros, a menos que sea en presencia de alguna autoridad; y, *Prohibición para que el abogado se acerque a Alma Delia Cardoso Estrada y a los menores, en su entorno social, laboral y familiar, lo que incluye cualquier medio de comunicación, telefónico, electrónico o de redes sociales. Acto que atribuyó a las autoridades responsables siguientes: Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar; Actuaria adscrita a ese órgano jurisdiccional. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a las autoridades responsables, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados (fojas 26 y 28). Certeza que se corrobora con las constancias que remitió la juez responsable como soporte de su informe justificado, consistentes en copia certificada del juicio familiar en el que se emitió la orden de protección reclamada. Probanzas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Luego, se tienen por cierto el acto reclamado a la citada autoridad responsable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, en el caso las partes no hicieron valer causales de improcedencia y de oficio, el suscrito juzgador tampoco advierte la actualización de alguna, razón por la que se impone el estudio de fondo del asunto. Quinto. Análisis de la constitucionalidad del acto. El quejoso hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Así, en los conceptos de violación que el quejoso formuló en su demanda aduce en esencia que la medida de protección que reclama, viola sus derechos de legalidad, de audiencia y de seguridad jurídica, así como su derecho a desenvolverse libremente en sociedad y su derecho al libre tránsito, ya que sin contar con medio probatorio alguno, la juez responsable violó su presunción de inocencia, al tenerlo como infractor en una conducta que no cometió. Al respecto aduce que no basta y tampoco es suficiente para que se emita la orden de protección, la manifestación de violencia que hizo la abogada de su parte contraria en el juicio familiar de origen, pues constituye una calumnia y mentira; además, porque la parte que solicitó la medida cautelar debe acreditar con elementos probatorios el peligro actual o inminente, la urgencia de la medida y solo satisfecho ello, el juez con base en el resultado de las pruebas, puede decretarla a través de una resolución fundada y motivada, lo que en el caso dice, no aconteció. Conceptos de violación que son infundados, por las razones que a continuación se otorgarán. En primer lugar, debe señalarse que en el asunto que nos ocupa, en el acuerdo que el quejoso estima le causa perjuicio, la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, determinó lo siguiente (foja 173 del tomo de pruebas): "Morelia, Michoacán, a doce de septiembre del año dos mil veintidós. Dada cuenta con el escrito y anexos que presenta Karla de los Ángeles Tamayo Chacón, en su carácter de mandataria judicial de la parte actora, que tiene reconocido dentro del expediente número 376/2022, atento a su contenido; se le tiene por desahogando la vista que se ordenó dar mediante proveído de fecha uno de septiembre del presente año, en el sentido de que no es deseo de la actora someterse a los medios alternativos de solución de controversias. Por otra parte, se le tiene por haciendo manifestaciones en el sentido de que el licenciado Luis Aguirre Gutiérrez, mandatario judicial de la parte demandada acudió al domicilio de su representada, la actora Alma Delia Cardoso Estrada, a agredirla verbalmente y amenazarla, de lo que se percató en ese momento la persona que presta sus servicios en el domicilio de la accionada para el servicio doméstico, por lo que solicita se decrete restricción en contra de mandatario judicial de referencia a favor de la actora por los hechos que ventila en su ocurso. Ahora bien, de autos se desprende que se tiene a favor de la actora orden de protección consistente en restricción en contra del demandado, misma que se dictó a para el efecto de salvaguardar la seguridad de los miembros de la familia y con el afán de garantizar a la actora una vida libre de violencia; por tanto, ponderando dichas circunstancias, dado que en las medidas de protección decretadas se determinó que la restricción para el demandado es para que no se acerque a la accionada también por cualquier medio, en la inteligencia de que ello abarca que el demandado no debe comunicarse por medios electrónicos o mediante personas diversas. Por tanto, se hace extensiva dicha orden protectora a favor de la actora para que el mandatario judicial del demandado, licenciado Luis Aguirre Gutiérrez, en los términos en que se dictó la misma por auto del treinta y uno de mayo de este año, siendo lo siguiente: Se prohíbe al mandatario judicial del demandado licenciado Luis Aguirre Gutiérrez acercarse al domicilio donde vive la actora Alma Delia Cardoso Estrada y los niños N.J.M.C. y S.Y.M.C., siendo la calle Juan Antonio Fernández número quinientos treinta y siete de la colonia Ilustres Novohispanos de esta ciudad Se prohíbe al mandatario judicial del demandado licenciado Luis Aguirre Gutiérrez acercarse a la actora Alma Delia Cardoso Estrada y los niños N.J.M.C. y S.Y.M.C., a una distancia menor de trescientos metros a menos que sea en presencia de alguna autoridad. Se prohíbe al mandatario judicial del demandado licenciado Luis Aguirre Gutiérrez acercarse a la actora Alma Delia Cardoso Estrada y los niños N.J.M.C. y S.Y.M.C, en su entorno social, laboral y familiar, incluso por cualquier medio de comunicación, telefónico, electrónico o redes sociales (mensajes de texto o vía whatsaap). Se ordena notificar personalmente lo aquí ordenado al licenciado Luis Aguirre Gutiérrez; asimismo apercíbase mencionado Aguirre Gutiérrez, que de incumplir con la medida de restricción decretada se le dará vista al Agente del Ministerio Público adscrita para que realice las gestiones necesarias a fin de integrar carpeta de investigación en su contra por su probable responsabilidad por el hecho con apariencia de delito de desacato a una orden de autoridad judicial. Finalmente, con relación al requerimiento de pago de alimentos provisionales que solicita se le realice al obligado alimentario, dígasele que mediante proveído de fecha ocho de septiembre del presente año, ya se acordó lo conducente. Con apoyo en los artículos 712, 714 y 842 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, lo acordó y firma la Licenciada María Guadalupe Maldonado Cruz, Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, con facultades de Juez de Instrucción y de Oralidad, conforme a los artículos 39, 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para esta Entidad y 5º transitorio del Código Familiar del Estado, que actúa con la Licenciada Itzia Frías Hernández, secretaria de acuerdos, quien da fe." Como se ve, en la determinación que constituye el acto reclamado, la juez responsable hizo extensiva al quejoso Luis Aguirre Gutiérrez, la orden de protección que ya había decretado a favor de la actora Alma Delia Cardoso Estrada y de los niños N.J.M.C. y S.Y.M.C, consistente en restricción en contra del demandado, misma que se dictó el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, para el efecto de salvaguardar la seguridad de los miembros de la familia y con el afán de garantizar a la actora una vida libre de violencia. Por ello, la fundamentación y motivación de la orden de restricción reclamada por el quejoso, debe entenderse al amparo de los términos en los que fue dictada la restricción emitida a Ezequiel Malvaez Soto, esto es, en términos de los artículos 1, 4, 60, 61, 62, 63, 64 y 67 de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo. Establecido lo anterior, en el caso se afirma que no asiste razón al peticionario del amparo al argumentar que la medida cautelar de la que se duele es ilegal, porque carece de pruebas que acrediten los dichos de violencia que alega su contraria; en primer lugar, porque legalmente la juez responsable está facultada para decretar cualquier medida cautelar y/o de protección, que a su libre consideración estime pertinente; adicionalmente, porque la medida de protección que emitió con efectos preventivos, no requiere como el promovente argumenta, la acreditación probatoria que refiere. En efecto, del artículo 862 del propio Código Familiar aplicable, se advierte que el juez puede dictar, de estimarlo pertinente, otras medidas, diversas a las contempladas en el propio código, atendiendo a las circunstancias del caso o variar las decretadas en virtud de causa justa o superviniente, petición o acuerdo de los interesados. Es justamente esta potestad discrecional, la que a juicio del suscrito, posibilitaba a la juez responsable para que, como lo hizo, atendiera la manifestación de la abogada de la parte actora, en el sentido que el quejoso acudió al domicilio de su representada Alma Delia Cardoso Estrada, a agredirla verbalmente y amenazarla; con el objeto de evitar la actualización de situaciones de riesgo para la actora y sus hijos. Al respecto, debe decirse que en título séptimo, capítulo único denominado "Violencia Familiar", el propio Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, dispone en su numeral 322, la posibilidad de que el juez familiar, decrete cualquiera de las medidas cautelares a fin de evitar la reiteración de la violencia familiar; incluso, en el diverso artículo 324, se impone al juez familiar que cuando tenga conocimiento de conductas de este tipo, decrete a su consideración la salida del agresor del domicilio; la prohibición al agresor para asistir a un lugar determinado, al domicilio en el que habita el grupo familiar, o al sitio en el que estudie o trabaje el agraviado; y la prohibición de acercamiento al agraviado, por mencionar algunas. De hecho, es tan amplia la facultad del juez familiar para decretar las medidas cautelares o de protección que a su discrecionalidad estime pertinentes, que en el artículo 325 del citado código familiar, el legislador estableció la libertad para que potestativamente impusiera medidas diversas a las comprendidas en el artículo 324, como las contenidas en la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, con el propósito de proteger adecuadamente la integridad, los derechos e intereses de los agraviados, las que además, se establecen de forma enunciativa más no limitativa: "Artículo 322. La persona que sufra de violencia familiar, podrá acudir ante la autoridad judicial en forma verbal o escrita a solicitar se decrete alguna de las medidas cautelares previstas en este capítulo a fin de evitar su reiteración. Siendo competente para ello, el juez del lugar en que se cometan los actos de violencia, el del lugar en que tenga su residencia habitual el violentado, y en casos de urgencia, será el del lugar donde este se encuentre. Artículo 324. Siempre que se haga del conocimiento del juez conductas de violencia familiar, deberá decretar las siguientes medidas: I. Ordenar la salida del agresor del domicilio donde habite el grupo familiar; II. Prohibir al agresor ir a un lugar determinado, al domicilio donde habite el grupo familiar, al sitio donde trabajen o estudien los agraviados o a cualquier lugar que frecuenten; III. Prohibir al agresor se acerque a los agraviados a la distancia que el propio juez considere pertinente; y, IV. Fijar el monto de los alimentos que deban cubrirse en favor del o los agraviados, a cargo del agresor, en caso de que proceda. Artículo 325. El juez podrá imponer medidas diversas a las comprendidas en el artículo anterior, así como las contenidas en la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, con el propósito de proteger adecuadamente la integridad, los derechos e intereses de los agraviados." Precisamente bajo esta amplia facultad, la juez del conocimiento estimó que para evitar actos constitutivos de violencia en contra de la actora, la medida de protección que había decretado en términos de los artículos 1, 4, 60, 61, 62, 63, 64 y 67 de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, a su favor, para que su ex cónyuge no se acercara a su domicilio, ni a una distancia menor a trescientos metros y tampoco la contactara en su entorno social, laboral y familiar, o bien, por medio telefónico, electrónico o de redes sociales, debería hacerse extensiva a su abogado, aquí quejoso. Medida de protección que no exige como refiere el quejoso, la acreditación de los actos de violencia, debido a que además de un efecto correctivo, tiene también un efecto preventivo, que se revela también de lo dispuesto en el artículo 842, en el que se establece que las medidas cautelares son los trámites, diligencias o gestiones que se practiquen antes o durante la tramitación de un procedimiento familiar, con el ánimo de salvaguardar la seguridad de los miembros de la familia: "Artículo 842. Se consideran medidas cautelares los trámites, diligencias y gestiones que se practiquen antes o durante la sustanciación de algún procedimiento familiar, encaminadas a salvaguardar la seguridad de los miembros de la familia, y surtirán efectos solo mientras dure el juicio." En este aspecto, se cita como sustento jurídico de lo argumentado, la tesis aislada 1a. CXI/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2011439, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Penal, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1151, que dice: "VIOLENCIA FAMILIAR. ELEMENTOS QUE DEBEN VERIFICARSE PARA DICTAR UNA MEDIDA DE PREVENCIÓN. Para dictar una medida de prevención basta que exista una situación de riesgo que comprometa los bienes y derechos de los integrantes del grupo familiar, sin que sea necesario que se verifique un daño. Así, basta que el juzgador advierta, además del dicho de la persona que alega la agresión, la existencia de indicios leves sobre dicha situación. Tal estándar se desprende tanto del deber de protección de los derechos a la salud e integridad física y mental de las víctimas, como de las medidas de protección reforzadas que merecen los menores de edad y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, conforme a la cual, para otorgar las órdenes emergentes y preventivas, deberán considerarse el riesgo o peligro existente y la seguridad de la víctima." De hecho, esta naturaleza provisoria también se deduce de las medidas de protección previstas en los artículos 60 a 66 de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, las cuales por disposición expresa del artículo 325 del propio código familiar, también pueden ser impuestas por los jueces familiares, con el propósito de proteger a los miembros de la familia: "ARTÍCULO 60. Las órdenes de protección son personalísimas e intransferibles y podrán ser: I. De emergencia; II. Preventivas; y, III. De naturaleza Civil. ARTÍCULO 61. Las órdenes de protección de emergencia y preventivas deberán otorgarse por las autoridades competentes inmediatamente que se hacen del conocimiento de los hechos que las generan y se mantendrán vigentes hasta que la víctima de violencia deje (sic) estar expuesta al riesgo, en función del interés superior a la víctima. ARTÍCULO 62. Las órdenes de protección de emergencia son la las siguientes: I. La desocupación por el agresor, del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo; II. La prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima; III. El reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad; y, IV. La prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier integrante de su familia. ARTÍCULO 63. Son órdenes de protección preventivas las siguientes: I. Retención y guarda de armas de fuego propiedad del agresor o de alguna institución privada de seguridad, independientemente si las mismas se encuentran registradas conforme a la normatividad de la materia. Es aplicable lo anterior a las armas punzocortantes y punzocontundentes que independientemente de su uso, hayan sido empleadas para amenazar o lesionar a la víctima; II. Inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los implementos de trabajo de la víctima; III. Uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de domicilio de la víctima; IV. Acceso al domicilio en común, de autoridades policíacas o de personas que auxilien a la víctima a tomar sus pertenencias personales y las de sus hijas e hijos; V. Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y de sus hijas e hijos; VI. Auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima, con autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre la víctima en el momento de solicitar el auxilio; y, VII. Brindar servicios reeducativos integrales especializados y gratuitos, con perspectiva de género al agresor en instituciones públicas debidamente acreditadas y con modelos de abordaje psicoterapéuticos que no impliquen sumisión de un género hacia otro, favorezcan las jerarquías o las modalidades de pareja o de familia. ARTÍCULO 64. Son órdenes de protección de naturaleza civil las siguientes: I. Suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes; II. Prohibición al agresor de enajenar o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del domicilio conyugal; y en cualquier caso cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal; III. Posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio; IV. Embargo preventivo de bienes del agresor, que deberá inscribirse con carácter temporal en el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias; y, V. Obligación alimentaria provisional e inmediata. Estás órdenes serán tramitadas ante los juzgados de lo familiar o a falta de éstos en los juzgados civiles que corresponda. ARTÍCULO 65. Corresponde a las autoridades jurisdiccionales competentes valorar las órdenes y la determinación de medidas similares en sus resoluciones o sentencias. Lo anterior con motivo de los juicios o procesos que en materia civil, familiar o penal, se estén ventilando en los tribunales competentes. ARTÍCULO 66. Las personas mayores de doce años de edad podrán solicitar a las autoridades competentes que los representen en sus solicitudes y acciones, a efecto de que puedan de manera oficiosa dar el otorgamiento de las órdenes; quienes sean menores de doce años, sólo podrán solicitar las órdenes a través de sus representantes legales." En ese sentido, es claro que contrario a lo argumentado por el quejoso, no se exige o impone a la parte solicitante la acreditación probatoria de alguna circunstancia, pues basta que en la solicitud que puede ser escrita o verbal, se señalen las causas en que se funda; situación que en el caso se realizó, ya que en el escrito presentado el siete de septiembre del año en curso, la abogada de la actora, narró bajo protesta de decir verdad, que el quejoso compareció el seis de la misma anualidad y año, aproximadamente a las doce horas del día, a gritar y agredir verbalmente a su cliente, diciéndole: "puras porquerías y marranadas estás haciendo en el juicio, así fue como sacaste a Ezequiel con tú abogadita de la casa, pues ahora yo te voy a sacar a ti de la casa, dime cuánto pagaste porque lo sacaran y para que le robaran con la cantidad de pensión que te da, mantenida que no fueras y vas a firmar para ya arreglar todo esto". Asimismo, señaló que la actora intentó defenderse pero los gritos y amenazas del quejoso eran tantos, que incluso fueron escuchados por la persona de servicio doméstico; por tanto, como la causa para solicitar esa medida cautelar, según lo dicho por la abogada de la parte actora, fue la actualización de conductas de violencia del abogado del demandado hacia su cliente, y atendiendo a que para su emisión la legislación aplicable no exige a la juez del conocimiento, la acreditación de las causas que la fundan, sino que su finalidad consiste, entre otras, en evitar la exposición a actos de violencia y la actualización de los mismos. Entonces, es equivocado el argumento del quejoso, en el sentido que no había pruebas que acreditaran dichos actos y que por ello, al emitirla se violan en su perjuicio sus garantías de legalidad, seguridad jurídica y presunción de inocencia; ya que se insiste, la solicitud de dicha medida busca efectos preventivos a fin de evitar mayores conflictos o situaciones que agraven las diferencias ya existentes; de ahí que, la medida restrictiva emitida en su contra sea legal. Por otro lado, con relación al argumento en el sentido que la orden de protección emitida en esa forma, viola su garantía de audiencia, debe decirse que es equivocada la apreciación del quejoso, en la medida que la orden de protección de la que se duele, constituye un acto de molestia respecto del que no rige la garantía de audiencia, a diferencia de los actos privativos, en los que indefectiblemente debe cumplirse con dicha garantía procesal. Así, primeramente debe distinguirse entre los actos privativos y los de molestia; los primeros (actos privativos) son los que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado y se autorizan solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, los actos de molestia, como en el caso lo constituye la orden de protección de la que se duele el quejoso, son aquéllos que, pese a constituir afectación en la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos y se autorizan siempre y cuando preceda mandamiento escrito emitido por autoridad competente debidamente fundado y motivado. Por tanto, para poder distinguir entre los actos de molestia y los privativos, debe advertirse la finalidad que se persigue con la emisión del acto de autoridad, es decir, si sólo se restringe de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, se está ante un acto de molestia, cuya legalidad está supeditada principalmente a su debida fundamentación y motivación, así como los restantes requisitos previstos en el primer párrafo, del artículo 16 constitucional. Mientras que los actos privativos son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, el cual se autoriza únicamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14 de la Ley Fundamental. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 40/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, registro 200080, de rubro y texto: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional.". Así como también, se cita al respecto la tesis emitida por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, visible en la página 15, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 81, Tercera Parte, Séptima Época, registro 238355, de rubro y texto: "AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA, GARANTÍAS DE. ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERECHOS. DISTINCIÓN. ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. En los términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, la audiencia previa a la emisión del acto de autoridad y el debido proceso legal, como garantías del gobernado, son de observancia obligatoria únicamente tratándose de actos privativos, sea de la vida, de la libertad, de propiedades, posesiones o derechos de los particulares, mas no así cuando se trata de actos de molestia que no tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o derechos, pues tales actos se rigen solamente por la garantía de seguridad jurídica (fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 constitucional.". Conforme a ello, solo es necesario que se satisfaga la garantía de audiencia, cuando se trate de un auténtico acto privativo entendido como el que menoscabe o suprima definitivamente un derecho; no así, en actos como el aquí reclamado, ya que como se explicó en los párrafos que anteceden, dicha medida no tiene por objeto fundamental sustraer definitivamente algún derecho de la esfera jurídica del quejoso; por el contrario, se trata de una medida cautelar emitida en un procedimiento familiar con la finalidad de salvaguardar la seguridad de los miembros de la familia y por ello, surten efectos solo mientras dure el juicio. Bajo las anteriores consideraciones, el acto del que se duele el quejoso no se trata de un acto privativo, sino de un acto de molestia provisional y por lo mismo, dicho acto no requiere la satisfacción de la garantía de audiencia, previo a su emisión, sino únicamente su debida fundamentación y motivación, así como los restantes requisitos previstos en el primer párrafo, del artículo 16 constitucional. Así, al haber sido infundados los conceptos de violación, no se demostró que el acuerdo reclamado infrinja en perjuicio del peticionario del amparo los derechos fundamentales consignados en los artículos 1, 3, 4, 5, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Federal y lo que se impone es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución que se reclama a la Actuaria del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, al no haberse impugnado por vicios propios. Apoya lo expuesto la jurisprudencia V.2o. J/6, visible a fojas 267, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios." Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Luis Aguirre Gutiérrez, en contra del acto reclamado a la Juez y a la Actuaria del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, ambas con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito del licenciado Luis Aguirre Gutierrez, apoderado de la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación a los trámites tendentes a que se logre la celebración de la audiencia constitucional y se emita sentencia que en derecho corresponda. En tal virtud, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, dichas manifestaciones se tendrán por formuladas en vía de alegatos, sin perjuicio de relacionarlos al momento de la celebración de la audiencia constitucional y de resolver el presente asunto. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito firmado de manera electrónica por Santiago Orozco Valencia, asesor jurídico del Instituto Federal de la Defensoría Pública, representante especial de los menores con iniciales NJMC y SYMC, mediante el cual formula alegatos y solicita acceso al expediente electrónico. En tal virtud, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, dichas manifestaciones se tendrán por formuladas en vía de alegatos, sin perjuicio de relacionarlos al momento de la celebración de la audiencia constitucional y de resolver el presente asunto Por otro lado, de conformidad con los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte promovente el acceso al expediente electrónico a través del "Nombre de Usuarios" "SAN69" "JURISTA33" y "BEA12", registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal, proporcionado para tal efecto, por lo que se ordena asociarlo al presente juicio mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; lo anterior, en el entendido de que ello no implica que se le realicen las notificaciones de manera electrónica en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que se señaló domicilio en esta ciudad para tal efecto. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Lucio Corona Zendejas723/2019
- Lucio Parada Mondragón1012/2018
- Lucio Pineda Medrano1022/2022
- Lucio Rivera Camargo613/2023
- Lucrecia Ramirez Durán1047/2023
- Luis Aguilar Aguilar1083/2017
- Luis Alberto Alonzo Alonzo12/2018
- Luis Alberto Fernández Gonzalez211/2018
- Luis Alberto Garnica Rivera1113/2018
- Luis Alberto Hernández alvear993/2018
- Luis Alberto Ponce Cortes567/2021
- Luis Alberto Salgado Duarte1364/2022