Luis Alberto Fernández Gonzalez

Expediente 211/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
211/2018
Año
2018
Actuaciones
21
Última actuación
29/11/2018

Partes del expediente

  • Luis Alberto Fernández Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Se notifica a la parte quejosa LUIS ALBERTO FERNÁNDEZ GONZALEZ, por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso c) de la ley de amparo.

  2. Principal

    VISTOS los autos del juicio de amparo 211/2018, promovido por Luis Alberto Fernández González, contra actos del Tesorero del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, para resolver el incidente de denuncia de repetición del acto reclamado, que interpuso la parte quejosa; y, RESULTANDO PRIMERO. El dos de abril de dos mil dieciocho, se dictó sentencia dentro del juicio de amparo en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: ". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, los actos reclamados por el quejoso, consisten en: ... Del Tesorero Municipal de Morelia, Michoacán. e) El cobro y actos tendentes al cumplimiento, aplicación y ejecución del Decreto Legislativo número 538 de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en especial los artículos 1° y 17, fracciones I, II, III, IV y V. . En términos de las consideraciones expuestas, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicita la parte quejosa en contra de los actos legislativos origen del artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil dieciocho, para el efecto de que se desincorpore de su esfera jurídica la obligación tributaria contenida en tal dispositivo, y por ende, para que no se le aplique la norma declarada inconstitucional en el futuro, durante el lapso de su vigencia. En sustento a lo anterior, conviene citar la jurisprudencia y tesis emitidas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas con los números 151, en la página 187, y 92, en la página 122, del Tomo I, Materia Constitucional, el segundo correspondiente a Precedentes Relevantes, ambos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dicen: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA. Existen mecanismos de tributación que son simples, cuyos elementos esenciales, tales como sujeto, objeto, base y tasa, requieren cálculos básicos que no necesitan una mayor pormenorización en la ley. Así, a medida que un tributo se torna complejo, para adicionarse mayores elementos que pueden considerarse al realizar su cálculo, surgen previsiones legales que son variables, es decir, que no se aplican a todos los contribuyentes, sino sólo a aquellos que se ubiquen en sus hipótesis jurídicas. En efecto, hay normas tributarias que establecen los elementos esenciales de las contribuciones y otras que prevén variables que se aplican a dichos elementos esenciales. En el caso de las primeras, de concederse el amparo, su efecto producirá que el gobernado no se encuentre obligado a cubrir el tributo al afectarse el mecanismo impositivo esencial cuya transgresión por el legislador no permite que sus elementos puedan subsistir, porque al estar viciado uno de ellos, todo el sistema se torna inconstitucional. Lo anterior no ocurre cuando la inconstitucionalidad se presenta en un elemento variable, puesto que el efecto del amparo no afectará el mecanismo esencial del tributo, dado que se limitará a remediar el vicio de la variable de que se trate para incluirla de una manera congruente con los elementos esenciales, sin que se afecte con ello a todo el sistema del impuesto." "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." Asimismo, dado que la parte quejosa acudió a este juicio con motivo de un acto concreto de su aplicación, a efecto de restituirla en el uso y goce de la garantía individual violada atento a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, el Tesorero del Ayuntamiento de Morelia, deberá reintegrar a la parte quejosa la cantidad que acredite haber pagado por el derecho de alumbrado público, por el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que fue el único que reclamó en el presente juicio, y el que, además, se rige por las normas declaradas inconstitucionales. Aunado a ello; dado que la cantidad que se consigna en los documentos denominado "aviso recibo" relativo al servicio (RMU) 58240 96-08-14 XAXX-010101 002 CFE, respecto del inmueble ubicado en "Pichátaro 78-A, Mil cumbres y cerro azul, Lomas de Guayangareo C. C.O. 58240, Morelia, Michoacán", abarca un periodo que comprende tanto el ejercicio fiscal dos mil diecisiete como el relativo al presente año, y el amparo concedido es únicamente por las normas que prevén dicha contribución en el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, deberá restituirse a la parte quejosa la cantidad que acredite haber enterado sólo por el ejercicio fiscal reclamado, respecto a tal recibo y en los subsecuentes que hayan sido pagados en tal anualidad. En el entendido que, las autoridades que sólo participaron en el proceso legislativo de la ley impugnada no les corresponde realizar ningún acto relativo al cumplimiento de esta sentencia, ya que la misma únicamente vincula a las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación. ." En virtud de lo expuesto en el párrafo que antecede, en la presente interlocutoria únicamente se abordará el estudio de la denuncia de repetición de actos reclamados en relación con la autoridad señalada como ejecutora Tesorero del Ayuntamiento de Morelia. SEGUNDO. Por acuerdo de diecinueve de abril del año en curso, se declaró que causó ejecutoria la sentencia referida, por lo que se requirió su cumplimiento a través del Tesorero del Ayuntamiento de Morelia, cuyo acatamiento se declaró cumplido en auto pronunciado el diez de mayo del presente año, en los términos siguientes: ". Mediante sentencia emitida en autos, se otorgó a la parte quejosa la protección federal, para que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: ".deberá requerirse al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, así como a sus subalternos, para que devuelvan a la parte quejosa mencionada la cantidad enterada en aplicación de la norma declarada inconstitucional, dado que a ellos corresponde la recaudación y erogación de los ingresos municipales pues son las autoridades competentes para devolver a la quejosa tal cantidad al ser las encargadas de la administración de recursos municipales; además de que cualquier autoridad, incluso en el supuesto de que no haya sido parte en este juicio, está obligada a acatar el presente fallo." En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable realizó lo siguiente: El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, la autoridad responsable remitió copia certificada del Cheque número 23112 de fecha dieciséis de abril del año en curso a nombre del quejoso Luis Alberto Fernández González por concepto de reintegro de alumbrado público correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciocho respecto del suministro 58240 96-08-14 XAXX-010101 002. En consecuencia, este juzgado estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento al fallo protector pronunciado en este juicio; motivo por el cual se aprecia colmado el extremo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el goce del derecho humano vulnerado y sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta Instancia Constitucional, se declara que el fallo protector quedó cumplido. ." Lo anterior, no obstante que en relación con los actos reclamados al Tesorero del Ayuntamiento de Morelia, se sobreseyó en el juicio bajo los siguientes argumentos: "Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos atribuidos al Tesorero Municipal de Morelia, Michoacán, consistente en el cobro y actos tendentes al cumplimiento, aplicación, ejecución y requerimiento de pago mediante la facturación correspondiente, del derecho por alumbrado público a que se refieren los preceptos legales reclamados. Ello, pues si bien obra en autos la constancia relativa a la autoaplicación de la contribución por parte del quejoso [adjuntó el aviso recibo del servicio (RMU) 58240 96-08-14 XAXX-010101 002 CFE, así como el recibo de pago correspondientes]; es evidente que dicho acto no puede ser imputado como de autoridad, al no corresponder a un actuar irregular por parte de las responsables. Este criterio encuentra su apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, agosto de dos mil siete, página 367, del rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." En tales condiciones, lo conducente es sobreseer en el juicio, respecto de los actos reclamados al Tesorero Municipal de Morelia, Michoacán; de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo." TERCERO. Por escrito acordado en auto de seis de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo a la parte quejosa realizando de nueva cuenta formal denuncia de repetición del acto reclamado, se dio vista a la autoridad responsable y se requirió su respectivo informe en relación con la denuncia planteada; hecho lo anterior, por auto de catorce de noviembre de la presente anualidad, se dio vista a la parte quejosa con el informe rendido por el Tesorero del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán; y, quedaron los autos a la vista del juez para dictar resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para conocer y resolver el incidente de denuncia de repetición del acto reclamado, en términos de los artículos 192, 193 y 199 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Resulta improcedente el incidente de denuncia de repetición del acto reclamado, instaurado por la parte quejosa, por los motivos que enseguida serán expuestos. En primer orden, es conveniente establecer que para estimar actualizada la figura jurídica de la repetición del acto reclamado que prevé 199 de la Ley de Amparo, se requiere que el acto denunciado como tal, sea idéntico en la violación del derecho con el que se impugnó en el juicio de amparo, de manera que se advierta claramente que el nuevo acto se basa en los mismos supuestos y motivaciones que el Juzgado de Distrito tomó en consideración para otorgar la protección constitucional a la parte quejosa, al haber considerado tales argumentos como violatorios de su esfera jurídica. Lo anterior tiene sustento, en la jurisprudencia 4a./J.5/94, emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puiblicada en la página 17, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 81, Septiembre de 1994, Octava Época, que indica: "REPETICION DEL ACTO RECLAMADO. CUANDO SE CONFIGURA. Para estimar acreditada la repetición del acto reclamado, no basta que el acto denunciado produzca el mismo resultado del acto materia de la sentencia de amparo, es decir, que ambos se manifiesten de la misma manera en el mundo exterior; deben compararse los dos actos considerando sus causas, motivos, fundamentos, efectos y demás elementos que los constituyen, cuando de alguno de ellos haya dependido la concesión del amparo; así, si se otorgó el amparo porque la autoridad realizó un acto prohibido por su mero efecto, con independencia de su causa, motivo o fundamento, o de la competencia de su autor, el análisis del segundo acto debe limitarse a verificar si produce el mismo efecto del anterior, para considerar que la autoridad ha incurrido en repetición del acto reclamado, sin importar sus elementos materiales; por el contrario, si se estimó inconstitucional el acto por estar viciado uno de sus elementos (motivo o fundamento, por ejemplo), el estudio del nuevo acto debe hacerse considerando exclusivamente ese elemento para saber si entre ambos existe o no identidad en ese aspecto, ya que la figura jurídica de repetición del acto reclamado no se estableció para evitar que la autoridad realice, en perjuicio del quejoso, cualquier acto con efectos o resultados parecidos a los que tuvo el acto declarado inconstitucional, sino para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo, reiterando una lesión en las mismas condiciones en que antes lo hizo, pese a que ha sido declarada contraria a las garantías individuales." En el presente asunto, por sentencia de dos de abril de dos mil dieciocho, este juzgado determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa en relación con el acto reclamado que atribuyó a la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, consistente en el cobro y actos tendentes al cumplimiento, aplicación y ejecución del Decreto Legislativo número 538 de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en especial los artículos 1° y 17, fracciones I, II, III, IV y V. Al respecto, resulta pertinente destacar que la concesión del amparo y protección de la justicia se otorgó para el efecto de que se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa, la obligación tributaria contenida en el artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, y por ende, para que no se le aplicara la norma declarada inconstitucional en el futuro, durante el lapso de su vigencia, por lo que se ordenó al Tesorero del Ayuntamiento de Morelia, reintegrar a la parte quejosa la cantidad que acreditara haber pagado por el derecho de alumbrado público, por el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que fue el único que reclamó en el presente juicio. Lo anterior, aunado a que la cantidad consignada en el documento denominado "aviso recibo" relativo al servicio (RMU) 58240 96-08-14 XAXX-010101 002 CFE, respecto del inmueble ubicado en "PICHÁTARO 78 A MIL CUMBRES Y CERRO AZUL LOMAS DE GUAYANGAREO C*. C.P. 58240 MORELIA MICH" (foja 22), abarcaba un periodo que comprende tanto el ejercicio fiscal dos mil diecisiete como el relativo al presente año, y el amparo fue concedido únicamente por las normas que prevén dicha contribución en el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, por lo que se ordenó restituirse a la parte quejosa la cantidad que acreditara haber enterado sólo por el ejercicio fiscal reclamado, respecto a tal recibo y en los subsecuentes que hubieran sido pagados en tal anualidad. En relación con lo anterior, de las constancias que adjuntó la parte quejosa a su escrito de denuncia de repetición de acto reclamado, se advierte lo siguiente: 1. Del "aviso recibo" que allegó la parte quejosa, relativo al número de servicio 155960805121, (RMU) 58240 96-08-14 XAXX-010101 002 CFE, respecto del inmueble ubicado en "PICHÁTARO 78 A MIL CUMBRES Y CERRO AZUL LOMAS DE GUAYANGAREO C*. C.P. 58240 MORELIA MICH" que contiene el periodo facturado del catorce de agosto al doce de octubre de dos mil dieciocho, se advierte que se agregó al total del adeudo, la cantidad de $432.60 (cuatrocientos treinta y dos pesos 60/100 M.N.), por concepto de cobro por derecho de alumbrado (DAP), cuestión que fue materia de la concesión del amparo como se expuso en párrafos precedentes. 2. Del comprobante de pago que anexó la parte quejosa, correspondiente al total del adeudo del servicio de energía eléctrica número 155960805121, al que se sumó el concepto relativo al cobro por derecho de alumbrado público (DAP), se advierte que el pago se realizó el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. Documentales que adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Así, tenemos que la parte quejosa en la denuncia de repetición del acto reclamado, sostiene que el Tesorero del Ayuntamiento de Morelia ha realizado actos de molestia, ordenando y recaudando nuevamente el cobro por derecho de alumbrado público, soslayando que la concesión del amparo y protección de la justicia federal fue en relación con la norma declarada inconstitucional en el futuro, durante el lapso de su vigencia, respecto del Ejercicio Fiscal del año dos mil dieciocho. Sin embargo, como quedó expuesto con antelación, el Tesorero del Ayuntamiento de Morelia, no participa en el cobro y actos tendentes al cumplimiento, aplicación, ejecución y requerimiento de pago mediante la facturación correspondiente, respecto del derecho por alumbrado público a que se refiere el precepto legal que se señaló como reclamado. Al respecto, de autos se advierte es la propia parte quejosa quien autoliquidó el nuevo cobro por concepto de derecho de alumbrado público ya declarado inconstitucional, respecto del ejercicio fiscal de dos mil ocho, como se advierte del "aviso recibo" expedido por la Comisión Federal de Electricidad, así como del recibo de pago respectivo por la totalidad del consumo de energía eléctrica, en el que se incluyó dicho concepto, lo que se corrobora con las documentales que se adjuntaron al escrito de denuncia respectivo (foja 182) y que ocurrió con posterioridad al dictado del auto por el que se declaró cumplida la sentencia de amparo. En esa tesitura, la vía para obtener la devolución de la cantidad enterada en esas condiciones y recuperar el pago de lo indebido, debió ser a través de solicitud ante el Tesorero del Ayuntamiento de Morelia, y solamente ante la negativa ficta o expresa de la autoridad, ya que sólo así dicha circunstancia resultaría equiparable a una reiteración de los actos declarados inconstitucionales en la ejecutoria de amparo, lo que en su caso podría ser denunciado como repetición del acto reclamado ante este Juzgado de Distrito, por ser quien otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal, para en su caso, obligar a la autoridad renuente a respetar lo sentenciado y declarado firme, pues como se dijo antes, no existe un acto atribuible al tesorero, al ser la Comisión Federal de Electricidad quien incluyó el cobro por concepto de alumbrado público y tratarse de esta misma ante la cual se realizó el pago de lo indebido. En consecuencia, al no haber acreditado la parte quejosa que solicitó ante la autoridad exactora la devolución del pago de lo indebido y que como consecuencia de ello haya existido negativa ficta o expresa por parte de ésta, la denuncia de repetición de acto reclamado resulta improcedente. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 74/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 166816, de rubro y texto siguientes: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE DENUNCIARLA CONTRA LA NEGATIVA A DEVOLVER EL PAGO DE LO INDEBIDO. La solicitud de insubsistencia de los actos emitidos por la autoridad administrativa, cuya fecha sea posterior al día en que adquirió definitividad la protección constitucional concedida al quejoso contra una ley tributaria, debe tramitarse por cuerda separada a través de la denuncia de repetición del acto reclamado, al ser la vía expresamente instituida para juzgar lo relativo a la reiteración de una conducta ya sentenciada en el juicio de garantías, en términos del artículo 108 de la Ley de Amparo. Por otra parte, si el contribuyente, a pesar de haber obtenido el amparo en sentencia firme, continúa enterando la contribución relativa a través de su autoliquidación, la vía para obtener la devolución de las cantidades enteradas con posterioridad a la ejecutoria es la prevista en las leyes fiscales para recuperar el pago de lo indebido, y solamente ante la negativa ficta o expresa para hacerlo, tal proceder, equiparable a una reiteración de lo declarado inconstitucional en la ejecutoria, también podrá denunciarse como repetición del acto reclamado, al órgano jurisdiccional que conoció del juicio de amparo indirecto, a fin de que, en su caso, se conmine a las autoridades renuentes a respetar la sentencia estimatoria. Lo anterior obedece a que tratándose del sistema de recaudación de contribuciones a través del sistema de autoliquidación, no existe un acto imputable al fisco, de manera que, en principio, no habría autoridad alguna a la cual atribuirle la repetición del acto reclamado, a menos que, a la que le corresponda esa restitución, se resista a devolver lo indebidamente pagado." Finalmente, agréguese el escrito registrado con el número 19761, signado por José Juan Molina Martínez, autorizado de la parte quejosa, a través del cual exhibe el acuse de recibo por el que solicitó al Tesorero del Ayuntamiento de Morelia el reintegro del cobro de derecho de alumbrado público correspondiente al ejercicio fiscal del presente año, sin que obste a lo determinado en párrafos precedentes en virtud de que la solicitud fue formulada con posterioridad a la denuncia en estudio. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Es improcedente la denuncia de repetición de acto reclamado formulada por la parte quejosa, en términos del considerando segundo de la presente resolución. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    VISTOS los autos del juicio de amparo 211/2018, promovido por Luis Alberto Fernández González, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades, para resolver el incidente de denuncia de repetición del acto reclamado, que interpuso la parte quejosa; y, RESULTANDO PRIMERO. El dos de abril de dos mil dieciocho, se dictó sentencia dentro del juicio de amparo en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: ". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, los actos reclamados por el quejoso, consisten en: ... Del Tesorero Municipal de Morelia, Michoacán. e) El cobro y actos tendentes al cumplimiento, aplicación y ejecución del Decreto Legislativo número 538 de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en especial los artículos 1° y 17, fracciones I, II, III, IV y V. . En términos de las consideraciones expuestas, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicita la parte quejosa en contra de los actos legislativos origen del artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil dieciocho, para el efecto de que se desincorpore de su esfera jurídica la obligación tributaria contenida en tal dispositivo, y por ende, para que no se le aplique la norma declarada inconstitucional en el futuro, durante el lapso de su vigencia. En sustento a lo anterior, conviene citar la jurisprudencia y tesis emitidas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas con los números 151, en la página 187, y 92, en la página 122, del Tomo I, Materia Constitucional, el segundo correspondiente a Precedentes Relevantes, ambos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dicen: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA. Existen mecanismos de tributación que son simples, cuyos elementos esenciales, tales como sujeto, objeto, base y tasa, requieren cálculos básicos que no necesitan una mayor pormenorización en la ley. Así, a medida que un tributo se torna complejo, para adicionarse mayores elementos que pueden considerarse al realizar su cálculo, surgen previsiones legales que son variables, es decir, que no se aplican a todos los contribuyentes, sino sólo a aquellos que se ubiquen en sus hipótesis jurídicas. En efecto, hay normas tributarias que establecen los elementos esenciales de las contribuciones y otras que prevén variables que se aplican a dichos elementos esenciales. En el caso de las primeras, de concederse el amparo, su efecto producirá que el gobernado no se encuentre obligado a cubrir el tributo al afectarse el mecanismo impositivo esencial cuya transgresión por el legislador no permite que sus elementos puedan subsistir, porque al estar viciado uno de ellos, todo el sistema se torna inconstitucional. Lo anterior no ocurre cuando la inconstitucionalidad se presenta en un elemento variable, puesto que el efecto del amparo no afectará el mecanismo esencial del tributo, dado que se limitará a remediar el vicio de la variable de que se trate para incluirla de una manera congruente con los elementos esenciales, sin que se afecte con ello a todo el sistema del impuesto." "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." Asimismo, dado que la parte quejosa acudió a este juicio con motivo de un acto concreto de su aplicación, a efecto de restituirla en el uso y goce de la garantía individual violada atento a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, el Tesorero del Ayuntamiento de Morelia, deberá reintegrar a la parte quejosa la cantidad que acredite haber pagado por el derecho de alumbrado público, por el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que fue el único que reclamó en el presente juicio, y el que, además, se rige por las normas declaradas inconstitucionales. Aunado a ello; dado que la cantidad que se consigna en los documentos denominado "aviso recibo" relativo al servicio (RMU) 58240 96-08-14 XAXX-010101 002 CFE, respecto del inmueble ubicado en "Pichátaro 78-A, Mil cumbres y cerro azul, Lomas de Guayangareo C. C.O. 58240, Morelia, Michoacán", abarca un periodo que comprende tanto el ejercicio fiscal dos mil diecisiete como el relativo al presente año, y el amparo concedido es únicamente por las normas que prevén dicha contribución en el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, deberá restituirse a la parte quejosa la cantidad que acredite haber enterado sólo por el ejercicio fiscal reclamado, respecto a tal recibo y en los subsecuentes que hayan sido pagados en tal anualidad. En el entendido que, las autoridades que sólo participaron en el proceso legislativo de la ley impugnada no les corresponde realizar ningún acto relativo al cumplimiento de esta sentencia, ya que la misma únicamente vincula a las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación. ." En virtud de lo expuesto en el párrafo que antecede, en la presente interlocutoria únicamente se abordará el estudio de la denuncia de repetición de actos reclamados en relación con la autoridad señalada como ejecutora Tesorero del Ayuntamiento de Morelia, ya que las demás responsables únicamente participaron en el proceso legislativo de la norma impugnada. SEGUNDO. Por acuerdo de diecinueve de abril del año en curso, se declaró que causó ejecutoria la sentencia referida, por lo que se requirió su cumplimiento a través del Tesorero del Ayuntamiento de Morelia, cuyo acatamiento se declaró cumplido en auto pronunciado el diez de mayo del presente año, en los términos siguientes: ". Mediante sentencia emitida en autos, se otorgó a la parte quejosa la protección federal, para que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: ".deberá requerirse al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, así como a sus subalternos, para que devuelvan a la parte quejosa mencionada la cantidad enterada en aplicación de la norma declarada inconstitucional, dado que a ellos corresponde la recaudación y erogación de los ingresos municipales pues son las autoridades competentes para devolver a la quejosa tal cantidad al ser las encargadas de la administración de recursos municipales; además de que cualquier autoridad, incluso en el supuesto de que no haya sido parte en este juicio, está obligada a acatar el presente fallo." En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable realizó lo siguiente: El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, la autoridad responsable remitió copia certificada del Cheque número 23112 de fecha dieciséis de abril del año en curso a nombre del quejoso Luis Alberto Fernández González por concepto de reintegro de alumbrado público correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciocho respecto del suministro 58240 96-08-14 XAXX-010101 002. En consecuencia, este juzgado estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento al fallo protector pronunciado en este juicio; motivo por el cual se aprecia colmado el extremo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el goce del derecho humano vulnerado y sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta Instancia Constitucional, se declara que el fallo protector quedó cumplido. ." Lo anterior, no obstante que en relación con los actos reclamados al Tesorero del Ayuntamiento de Morelia, se sobreseyó en el juicio bajo los siguientes argumentos: "Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos atribuidos al Tesorero Municipal de Morelia, Michoacán, consistente en el cobro y actos tendentes al cumplimiento, aplicación, ejecución y requerimiento de pago mediante la facturación correspondiente, del derecho por alumbrado público a que se refieren los preceptos legales reclamados. Ello, pues si bien obra en autos la constancia relativa a la autoaplicación de la contribución por parte del quejoso [adjuntó el aviso recibo del servicio (RMU) 58240 96-08-14 XAXX-010101 002 CFE, así como el recibo de pago correspondientes]; es evidente que dicho acto no puede ser imputado como de autoridad, al no corresponder a un actuar irregular por parte de las responsables. Este criterio encuentra su apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, agosto de dos mil siete, página 367, del rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." En tales condiciones, lo conducente es sobreseer en el juicio, respecto de los actos reclamados al Tesorero Municipal de Morelia, Michoacán; de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo." TERCERO. Por escrito acordado en auto de once de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo a la parte quejosa realizando la formal denuncia de repetición del acto reclamado que nos ocupa, se dio vista a las autoridades responsables y se requirieron sus respectivos informes en relación con la denuncia planteada; hecho lo anterior, por autos de dieciocho y veintidós de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con los informes rendidos por el Gobernador y Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, así como el Congreso del Estado de Michoacán, respectivamente; asimismo, se hizo constar en el segundo auto referido, que el Director del Periódico Oficial del Estado y el Tesorero del Estado de Michoacán, fueron omisos en rendir su informe, no obstante de haber sido notificados de manera oportuna, por lo que quedaron los autos a la vista del juez para dictar resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para conocer y resolver el incidente de denuncia de repetición del acto reclamado, en términos de los artículos 192, 193 y 199 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Resulta improcedente el incidente de denuncia de repetición del acto reclamado, instaurado por la parte quejosa, por los motivos que enseguida serán expuestos. En primer orden, es conveniente establecer que para estimar actualizada la figura jurídica de la repetición del acto reclamado que prevé 199 de la Ley de Amparo, se requiere que el acto denunciado como tal, sea idéntico en la violación del derecho con el que se impugnó en el juicio de amparo, de manera que se advierta claramente que el nuevo acto se basa en los mismos supuestos y motivaciones que el Juzgado de Distrito tomó en consideración para otorgar la protección constitucional a la parte quejosa, al haber considerado tales argumentos como violatorios de su esfera jurídica. Lo anterior tiene sustento, en la jurisprudencia 4a./J.5/94, emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puiblicada en la página 17, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 81, Septiembre de 1994, Octava Época, que indica: "REPETICION DEL ACTO RECLAMADO. CUANDO SE CONFIGURA. Para estimar acreditada la repetición del acto reclamado, no basta que el acto denunciado produzca el mismo resultado del acto materia de la sentencia de amparo, es decir, que ambos se manifiesten de la misma manera en el mundo exterior; deben compararse los dos actos considerando sus causas, motivos, fundamentos, efectos y demás elementos que los constituyen, cuando de alguno de ellos haya dependido la concesión del amparo; así, si se otorgó el amparo porque la autoridad realizó un acto prohibido por su mero efecto, con independencia de su causa, motivo o fundamento, o de la competencia de su autor, el análisis del segundo acto debe limitarse a verificar si produce el mismo efecto del anterior, para considerar que la autoridad ha incurrido en repetición del acto reclamado, sin importar sus elementos materiales; por el contrario, si se estimó inconstitucional el acto por estar viciado uno de sus elementos (motivo o fundamento, por ejemplo), el estudio del nuevo acto debe hacerse considerando exclusivamente ese elemento para saber si entre ambos existe o no identidad en ese aspecto, ya que la figura jurídica de repetición del acto reclamado no se estableció para evitar que la autoridad realice, en perjuicio del quejoso, cualquier acto con efectos o resultados parecidos a los que tuvo el acto declarado inconstitucional, sino para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo, reiterando una lesión en las mismas condiciones en que antes lo hizo, pese a que ha sido declarada contraria a las garantías individuales." En el presente asunto, por sentencia de dos de abril de dos mil dieciocho, este juzgado determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa en relación con el acto reclamado que atribuyó a la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, consistente en el cobro y actos tendentes al cumplimiento, aplicación y ejecución del Decreto Legislativo número 538 de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en especial los artículos 1° y 17, fracciones I, II, III, IV y V. Al respecto, resulta pertinente destacar que la concesión del amparo y protección de la justicia se otorgó para el efecto de que se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa, la obligación tributaria contenida en el artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, y por ende, para que no se le aplicara la norma declarada inconstitucional en el futuro, durante el lapso de su vigencia, por lo que se ordenó al Tesorero del Ayuntamiento de Morelia, reintegrar a la parte quejosa la cantidad que acreditara haber pagado por el derecho de alumbrado público, por el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que fue el único que reclamó en el presente juicio. Lo anterior, aunado a que la cantidad consignada en el documento denominado "aviso recibo" relativo al servicio (RMU) 58240 96-08-14 XAXX-010101 002 CFE, respecto del inmueble ubicado en "PICHÁTARO 78 A MIL CUMBRES Y CERRO AZUL LOMAS DE GUAYANGAREO C*. C.P. 58240 MORELIA MICH" (foja 22), abarcaba un periodo que comprende tanto el ejercicio fiscal dos mil diecisiete como el relativo al presente año, y el amparo fue concedido únicamente por las normas que prevén dicha contribución en el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, por lo que se ordenó restituirse a la parte quejosa la cantidad que acreditara haber enterado sólo por el ejercicio fiscal reclamado, respecto a tal recibo y en los subsecuentes que hubieran sido pagados en tal anualidad. En relación con lo anterior, de las constancias que adjuntó la parte quejosa a su escrito de denuncia de repetición de acto reclamado, se advierte lo siguiente: 1. Del "aviso recibo" que allegó la parte quejosa, relativo al número de servicio 155960805121, (RMU) 58240 96-08-14 XAXX-010101 002 CFE, respecto del inmueble ubicado en "PICHÁTARO 78 A MIL CUMBRES Y CERRO AZUL LOMAS DE GUAYANGAREO C*. C.P. 58240 MORELIA MICH" que contiene el periodo facturado del catorce de junio al catorce de agosto de dos mil dieciocho, se advierte que se agregó al total del adeudo, la cantidad de $432.60 (cuatrocientos treinta y dos pesos 60/100 M.N.), por concepto de cobro por derecho de alumbrado (DAP), cuestión que fue materia de la concesión del amparo como se expuso en párrafos precedentes. 2. Del comprobante de pago que anexó la parte quejosa, correspondiente al total del adeudo del servicio de energía eléctrica número 155960805121, al que se sumó el concepto relativo al cobro por derecho de alumbrado público (DAP), se advierte que el pago se realizó el tres de septiembre de dos mil dieciocho. Documentales que adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Así, tenemos que la parte quejosa en la denuncia de repetición del acto reclamado, sostiene que el Tesorero del Ayuntamiento de Morelia ha realizado actos de molestia, ordenando y recaudando nuevamente el cobro por derecho de alumbrado público, soslayando que la concesión del amparo y protección de la justicia federal fue en relación con la norma declarada inconstitucional en el futuro, durante el lapso de su vigencia, respecto del Ejercicio Fiscal del año dos mil dieciocho. Sin embargo, como quedó expuesto con antelación, el Tesorero del Ayuntamiento de Morelia, no participa en el cobro y actos tendentes al cumplimiento, aplicación, ejecución y requerimiento de pago mediante la facturación correspondiente, respecto del derecho por alumbrado público a que se refiere el precepto legal que se señaló como reclamado. Al respecto, de autos se advierte es la propia parte quejosa quien autoliquidó el nuevo cobro por concepto de derecho de alumbrado público ya declarado inconstitucional, respecto del ejercicio fiscal de dos mil ocho, como se advierte del "aviso recibo" expedido por la Comisión Federal de Electricidad, así como del recibo de pago respectivo por la totalidad del consumo de energía eléctrica, en el que se incluyó dicho concepto, lo que se corrobora con las documentales que se adjuntaron al escrito de denuncia respectivo (foja 159) y que ocurrió con posterioridad al dictado del auto por el que se declaró cumplida la sentencia de amparo. En esa tesitura, la vía para obtener la devolución de la cantidad enterada en esas condiciones y recuperar el pago de lo indebido, debió ser a través de solicitud ante el Tesorero del Ayuntamiento de Morelia, y solamente ante la negativa ficta o expresa de la autoridad, ya que sólo así dicha circunstancia resultaría equiparable a una reiteración de los actos declarados inconstitucionales en la ejecutoria de amparo, lo que en su caso podría ser denunciado como repetición del acto reclamado ante este Juzgado de Distrito, por ser quien otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal, para en su caso, obligar a la autoridad renuente a respetar lo sentenciado y declarado firme, pues como se dijo antes, no existe un acto atribuible al tesorero, al ser la Comisión Federal de Electricidad quien incluyó el cobro por concepto de alumbrado público y tratarse de esta misma ante la cual se realizó el pago de lo indebido. En consecuencia, al no haber acreditado la parte quejosa que solicitó ante la autoridad exactora la devolución del pago de lo indebido y que como consecuencia de ello haya existido negativa ficta o expresa por parte de ésta, la denuncia de repetición de acto reclamado resulta improcedente. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 74/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 166816, de rubro y texto siguientes: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE DENUNCIARLA CONTRA LA NEGATIVA A DEVOLVER EL PAGO DE LO INDEBIDO. La solicitud de insubsistencia de los actos emitidos por la autoridad administrativa, cuya fecha sea posterior al día en que adquirió definitividad la protección constitucional concedida al quejoso contra una ley tributaria, debe tramitarse por cuerda separada a través de la denuncia de repetición del acto reclamado, al ser la vía expresamente instituida para juzgar lo relativo a la reiteración de una conducta ya sentenciada en el juicio de garantías, en términos del artículo 108 de la Ley de Amparo. Por otra parte, si el contribuyente, a pesar de haber obtenido el amparo en sentencia firme, continúa enterando la contribución relativa a través de su autoliquidación, la vía para obtener la devolución de las cantidades enteradas con posterioridad a la ejecutoria es la prevista en las leyes fiscales para recuperar el pago de lo indebido, y solamente ante la negativa ficta o expresa para hacerlo, tal proceder, equiparable a una reiteración de lo declarado inconstitucional en la ejecutoria, también podrá denunciarse como repetición del acto reclamado, al órgano jurisdiccional que conoció del juicio de amparo indirecto, a fin de que, en su caso, se conmine a las autoridades renuentes a respetar la sentencia estimatoria. Lo anterior obedece a que tratándose del sistema de recaudación de contribuciones a través del sistema de autoliquidación, no existe un acto imputable al fisco, de manera que, en principio, no habría autoridad alguna a la cual atribuirle la repetición del acto reclamado, a menos que, a la que le corresponda esa restitución, se resista a devolver lo indebidamente pagado." Finalmente, agréguese sin mayor pronunciamiento el escrito registrado con el número 18754, signado por José Juan Molina Martínez, autorizado de la parte quejosa, a través del cual solicita se dicte la resolución que ahora nos ocupa, lo que en este acto así acontece. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Es improcedente la denuncia de repetición de acto reclamado formulada por la parte quejosa, en términos del considerando segundo de la presente resolución. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 199 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe relativo a la denuncia de repetición del acto reclamado, que rinde la Tesorera del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán. Por otra parte, del estado procesal que guardan los autos se advierte que concluyó el plazo de tres días que establece el artículo 199 de Ley de Amparo, para que la autoridad responsable rindiera informe en torno a la denuncia de repetición del acto reclamado. Por tanto, con fundamento en el artículo 199 de la Ley de Amparo, se ordena poner los autos en estado de emitir la resolución relativa a la segunda denuncia de repetición del acto reclamado. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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