Luis Alberto Reyes García

Expediente 348/2017 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
348/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
27/09/2017

Partes del expediente

  • Luis Alberto Reyes García

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el telegrama remitido por el Subdirector del Centro de Reinserción Social "El Hongo", en suplencia por ausencia del Director General, con residencia en Tecate, Baja California, en el que manifiesta que no encontró registro del quejoso en el Sistema de Información y Control Estatal Penitenciario a su cargo, asimismo, que no obra en autos diverso domicilio del quejoso; en consecuencia, en virtud de que se encuentra pendiente la notificación a la parte quejosa del auto de trece de julio de dos mil diecisiete, se ordena efectuar por lista la notificación del auto de referencia.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto con número de orden 193/2017, del índice de este Juzgado de Distrito. Acúsese recibo. Respecto del contenido de la razón de imposibilidad signada por la actuaria adscrita al juzgado exhortado, se advierte que no le fue posible notificar personalmente el proveído de trece de julio de dos mil diecisiete, al quejoso Luis Alberto Reyes García, toda vez que al constituirse en el Centro de Reinserción Social "El Hongo" número 1, de mediana seguridad, ubicado en la ciudad de Tecate, Baja California, fue informada por personal de dicho centro que el quejoso de referencia no se encontraba interno. En consecuencia, requiérase al Director del Centro de Reinserción Social "El Hongo" número 1 de mediana seguridad, con residencia en Tecate, Baja California, para que dentro del término de tres días, computados a partir de la notificación del presente proveído, informe el centro penitenciario al cual fue trasladado el quejoso Luis Alberto Reyes García, apercibiéndolo que de no cumplir con el presente requerimiento dentro del plazo otorgado, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de esta misma fecha; lo anterior, de conformidad con lo previsto por el artículo 259 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE LO SIGUIENTE: "...Ensenada, Baja California, trece de julio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo que promueve Luis Alberto Reyes García; contra actos del Director del Centro de Reinserción Social "El Hongo", número 1 de mediana seguridad, con residencia en Tecate, Baja California y otras; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 348/2017. Precisado lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente para conocer del presente asunto. En efecto, en primer término, de un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por la parte promovente es el siguiente: ".la orden de castigo para bajar a mis actividades normales." Asimismo, del proemio relativo a su escrito inicial de demanda, precisa lo siguiente: "[.] Luis Alberto Reyes García, Mexicano mayor de edad, privado de mi libertad en el Cereso "El Hongo" No 1 de mediana seguridad con domicilio en: carretera Tecate Mexicali; kilómetro 94; ejido Baja California; Código Postal 21505; en el municipio en Tecate Baja California[.]" Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado precepto legal prevé tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda. Para el caso, es importante resaltar que de la primera regla se desprende que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo. Sentado lo anterior, debe decirse que resulta claro que en la especie, no se surte la competencia de este Juzgado Noveno de Distrito en Ensenada, Baja California, para conocer de la demanda de amparo de que se trata; ya que, conforme las manifestaciones vertidas en el escrito inicial de demanda, que se analizan en términos de los artículos 95, 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que constituyen una confesión expresa, se desprende que la parte quejosa se encuentra privada de su libertad en el Centro de Reinserción Social "El Hongo Numero Uno", en Tecate, Baja California; asimismo, que el acto reclamado lo constituye la orden de castigo dictada en contra del quejoso, la que por su naturaleza, es un acto que tiene ejecución material, por lo que, al estar recluido en el Centro de Reinserción Social "El Hongo Numero Uno", en Tecate, Baja California, la sanción disciplinaria que aduce seguirá ejecutándose, precisamente en dicho centro penitenciario. Por ende, de conformidad a la primera regla de competencia que prevé el artículo 37 de la Ley de Amparo, resulta competente para conocer del juicio de amparo, el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el promovente esté recluido. Asimismo, se aplica por analogía la Jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido." (Época: Décima Época, Registro: 2006160, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 14/2014 (10a.), Página: 633). En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37, párrafo primero y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en Ensenada, Baja California declina la competencia por razón de territorio al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California en turno, con residencia en Tijuana, de conformidad con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, por encontrarse el acto reclamado materialmente precisado en la hipótesis del precepto ya referido; por tanto, remítanse los autos originales del juicio de que se trata, a la autoridad de referencia, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, a fin de que decida si acepta o no el conocimiento del asunto; solicitando atentamente, que una vez que se pronuncie respecto a la competencia que se declina a su favor, lo haga del conocimiento de esta autoridad, para los efectos legales procedentes. Cabe aclarar, que en el caso concreto, no se está en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión de oficio o de plano, como lo sería cuando los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Ello, toda vez que, el acto reclamado consiste en la sanción disciplinaria aplicada al quejoso, que le impide sus actividades, se considera que es un acto dentro de procedimiento, regulado por un centro penitenciario del Estado de Baja California, de conformidad con el artículo 1° del Reglamento de Centros de Readaptación Social del Estado de Baja California publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el veinte de octubre de dos mil seis . Asimismo, el reglamento en cita, establece el procedimiento que se debe seguir los centros penitenciarios en el Estado de Baja California, en caso de aplicar medidas disciplinarias, para establecer y mantener la organización, operación y administración de dichos centros de reclusión, en condiciones de seguridad, disciplina y orden; que corresponde al denominado "derecho administrativo sancionador", que son facultades subjetivas del Estado. Por tanto, como se anticipó, no procede conceder la suspensión de oficio o de plano contemplada en el artículo 126, de la Ley de Amparo. Los anteriores argumentos, en lo conducente tienen sustento en la jurisprudencia 1a./J. 39/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página ochocientos sesenta y uno, tomo II, libro treinta y seis, noviembre de dos mil dieciséis, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2013063, que señala: "CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS EN CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. EL TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, ES EL GENÉRICO DE QUINCE DÍAS, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. El acta administrativa de imposición de correctivos disciplinarios, como la restricción de tránsito a los límites de la estancia del reo, emitida por el Consejo Técnico Interdisciplinario de un Centro Federal de Readaptación Social, si bien es un acto restrictivo de la libertad personal, es una determinación dictada "dentro de procedimiento", toda vez que se emite como resultado del procedimiento administrativo disciplinario previsto en los artículos 82 y 83 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social y los artículos 20, 22, 23, 24 y 25 del Manual de Estímulos y Correcciones Disciplinarias de los Centros Federales de Readaptación Social, procedimiento en el que se prevén las exigencias mínimas básicas del debido proceso, a efecto de respetar el derecho de audiencia y defensa al reo, previo a la emisión de la determinación que le impone el correctivo disciplinario. Por tanto, respecto de ese acto, la regla aplicable para juzgar la oportunidad en la promoción del juicio de amparo en su contra, es la genérica de quince días, prevista en el párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no se ubica en el supuesto de excepción establecido en la fracción IV de ese dispositivo para que la demanda se pueda presentar en cualquier tiempo, ya que éste se refiere exclusivamente a los actos que constituyan ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. Tesis de jurisprudencia 39/2016 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diez de agosto de dos mil dieciséis." Ahora bien, toda vez que del escrito inicial de demanda se desprende que el quejoso Luis Alberto Reyes García, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social El Hongo 1, con residencia en Tecate, Baja California, el cual se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado; en consecuencia, gírese atento exhorto vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California en turno, con residencia en la ciudad de Tijuana, para que en auxilio de las labores de este juzgado de distrito, notifique personalmente al promovente antes referido, y le haga entrega de copia certificada del presente proveído, previa razón que asiente en autos. Se solicita a la autoridad exhortada que una vez diligenciado el exhorto que se le encomienda, lo devuelva, con las constancias correspondientes. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; en el entendido de que con independencia de que manifieste o no su oposición a la publicación de sus datos personales, dicha información deberá protegerse, salvo autorización expresa para hacerlos públicos. Por otra parte, a fin de configurar en el expediente virtual conforme a lo previsto en el artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo. Finalmente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Notifíquese personalmente a la parte promovente.."

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