Luis Alberto del Río Lara

Expediente 510/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
510/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
16/11/2022

Partes del expediente

  • Luis Alberto del Río Lara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte, que la audiencia constitucional se encuentra programada para hoy; sin embargo, a la fecha, transcurre el plazo de quince días hábiles, concedido mediante proveído de tres del mes y año en curso, a la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a fin de que rinda su informe justificado, relativo a la ampliación de demanda de amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fija como fecha para su celebración las diez horas con dieciséis minutos del trece de diciembre de dos mil veintidós.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, tres de noviembre de dos mil veintidós. Vista; la certificación de cuenta, de la que se advierte que mediante escrito registrado con folio 11022, la parte impetrante de derechos fundamentales pretendió ampliar su demanda; sin embargo, al apreciarse que la firma de Luis Alberto del Río Lara, estampada en el escrito en mención y la que calza en el escrito inicial de demanda, se apreciaron notoriamente distintas, se ordenó ratificar su contenido y firma; lo que aconteció el veintiocho de octubre del año en curso, como se obtiene de la constancia actuarial que antecede. En ese sentido, agréguese a los autos para que obre como corresponda la constancia actuarial que antecede, de la que se obtiene que el quejoso ratificó el contenido y firma del escrito registrado con folio 11022; por tanto, provéase lo que en derecho corresponda respecto de su contenido. En ese contexto, se tiene a la parte quejosa ampliando la demanda de amparo en relación a los conceptos de violación que indica, con motivo del informe justificado rendido por la autoridad Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Representante de Gobierno. Por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 37, 107, 108, 111, fracción I, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de demanda de amparo, únicamente respecto de los conceptos de violación que indica. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que la informan la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Sin que sea el caso proveer lo conducente respecto la medida suspensional solicitada, toda vez que los efectos de la referida medida suspensional, son los mismos que solicitó en su escrito inicial de demanda, que fueron materia de pronunciamiento en el incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo en que se actúa. Por tanto, con copia simple del escrito de ampliación de demanda y escrito aclaratorio de ampliación de demanda, córrase traslado a las partes, a fin de hacer de su conocimiento lo anterior. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a la autoridad responsable al que deberán anexar copia certificada de las constancias que apoyen el mismo, mismas que deberán estar debidamente selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del plazo de quince días hábiles siguientes aquél en que reciba el oficio en el que se le solicita, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras en lo individual, a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables la pena en que incurren con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que les consten en relación con los actos reclamados, penas éstas previstas en el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 66/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2019915, Décima Época, materia común, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. libro 66, mayo de dos mil diecinueve, tomo II, página 1384, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE DEBE SOLICITAR CUANDO EN LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA SE FORMULAN NUEVOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. De acuerdo con lo previsto en los artículos 111 y 117 de la Ley de Amparo, la parte quejosa puede ampliar su demanda para formular nuevos conceptos de violación respecto del acto reclamado en la demanda inicial, siempre que no haya fenecido el plazo para presentarla, caso en el cual, se debe solicitar a las autoridades responsables su informe con justificación a efecto de que estén en posibilidad de expresar las razones y ofrecer las pruebas que estimen conducentes para desvirtuar los argumentos enderezados a demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad de su actuación, en la inteligencia de que la omisión de rendir el informe relativo únicamente conllevará a imponer la multa prevista en la fracción II del artículo 260 del citado ordenamiento legal, habida cuenta que la existencia del acto reclamado se presumirá sólo si omite rendir el informe correspondiente a la demanda inicial." En ese sentido, se solicita a la autoridad responsable que de manera preferente remitan el informe justificado al correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, con el objeto de evitar posibles contagios con motivo del virus COVID-19, y así salvaguardar la integridad física de las personas que labora tanto para la mencionad autoridad responsable, como en éste Juzgado de Distrito y que de igual manera, proporcione una dirección de correo electrónico oficial a fin de establecer comunicación en los casos que se estime necesario. Asimismo, hágase del conocimiento a la autoridad responsable, que si bien se le otorga un plazo de quince días hábiles para rendir su informe justificado en relación a la ampliación de demanda, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se les exhorta que en el momento que cuenten con la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, lo hagan saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio que se le gire en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable, que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acredite, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, que equivale a la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos); la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251, de la Ley de Amparo. En otro aspecto, se tiene a la parte quejosa señalando como autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Miguel Alan Rodríguez Barrientos, ya que como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, tiene cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Alejandro Roel Calvillo, José Antonio Gómez Ponce, Edgar Yoni Resendiz Mendieta, Francisco Javier Espíndola Fonseca, Rodolfo Calderón Manjarrez, Israel Estrada Zamudio, Shantal Hurtado Pérez, Mauricio Antonio Lorenzo Salgado, Arturo Sánchez Coloapa y Elsa Yajaira Melgoza Carmona, por no contar con dicho registro. Infórmese que se encuentran señaladas las nueve horas con treinta y seis minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. En otro tenor, con fundamento en el artículo 5o., fracción IV de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la ampliación de la demanda de amparo. Finalmente, en atención a lo solicitado, en el sentido de que se le de vista al agente del Ministerio Público adscrito, por la probable comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 225, fracción VIII del Código Penal Federal, atento a su contenido, dígase que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, en razón que éste Juzgador no ha advertido una posible conducta considerada como delito, pues para ello, conforme a las manifestaciones de la parte quejosa, se requiere del análisis de las constancias que integran el acto reclamado en relación con la demanda de amparo y diversas probanzas que exhiban las partes, lo cual es propio del estudio para la emisión de la sentencia correspondiente, en la cual de advertirse lo señalado por la parte quejosa, se hará la denuncia correspondiente, en términos del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que, en esta etapa procesal, no sea procedente su petición, sin embargo queda expedito su derecho de hacer la denuncia respectiva ante el Representante Social de la Federación

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL AVISO DEJADO EL OCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA LUIS ALBERTO DEL RÍO LARA, Y SE NOTIFICA EL AUTO DE TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE:"Ensenada, Baja California, tres de noviembre de dos mil veintidós. Vista; la certificación de cuenta, de la que se advierte que mediante escrito registrado con folio 11022, la parte impetrante de derechos fundamentales pretendió ampliar su demanda; sin embargo, al apreciarse que la firma de Luis Alberto del Río Lara, estampada en el escrito en mención y la que calza en el escrito inicial de demanda, se apreciaron notoriamente distintas, se ordenó ratificar su contenido y firma; lo que aconteció el veintiocho de octubre del año en curso, como se obtiene de la constancia actuarial que antecede. En ese sentido, agréguese a los autos para que obre como corresponda la constancia actuarial que antecede, de la que se obtiene que el quejoso ratificó el contenido y firma del escrito registrado con folio 11022; por tanto, provéase lo que en derecho corresponda respecto de su contenido. En ese contexto, se tiene a la parte quejosa ampliando la demanda de amparo en relación a los conceptos de violación que indica, con motivo del informe justificado rendido por la autoridad Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Representante de Gobierno. Por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 37, 107, 108, 111, fracción I, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de demanda de amparo, únicamente respecto de los conceptos de violación que indica. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que la informan la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Sin que sea el caso proveer lo conducente respecto la medida suspensional solicitada, toda vez que los efectos de la referida medida suspensional, son los mismos que solicitó en su escrito inicial de demanda, que fueron materia de pronunciamiento en el incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo en que se actúa. Por tanto, con copia simple del escrito de ampliación de demanda y escrito aclaratorio de ampliación de demanda, córrase traslado a las partes, a fin de hacer de su conocimiento lo anterior. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a la autoridad responsable al que deberán anexar copia certificada de las constancias que apoyen el mismo, mismas que deberán estar debidamente selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del plazo de quince días hábiles siguientes aquél en que reciba el oficio en el que se le solicita, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras en lo individual, a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables la pena en que incurren con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que les consten en relación con los actos reclamados, penas éstas previstas en el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 66/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2019915, Décima Época, materia común, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. libro 66, mayo de dos mil diecinueve, tomo II, página 1384, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE DEBE SOLICITAR CUANDO EN LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA SE FORMULAN NUEVOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. De acuerdo con lo previsto en los artículos 111 y 117 de la Ley de Amparo, la parte quejosa puede ampliar su demanda para formular nuevos conceptos de violación respecto del acto reclamado en la demanda inicial, siempre que no haya fenecido el plazo para presentarla, caso en el cual, se debe solicitar a las autoridades responsables su informe con justificación a efecto de que estén en posibilidad de expresar las razones y ofrecer las pruebas que estimen conducentes para desvirtuar los argumentos enderezados a demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad de su actuación, en la inteligencia de que la omisión de rendir el informe relativo únicamente conllevará a imponer la multa prevista en la fracción II del artículo 260 del citado ordenamiento legal, habida cuenta que la existencia del acto reclamado se presumirá sólo si omite rendir el informe correspondiente a la demanda inicial." En ese sentido, se solicita a la autoridad responsable que de manera preferente remitan el informe justificado al correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, con el objeto de evitar posibles contagios con motivo del virus COVID-19, y así salvaguardar la integridad física de las personas que labora tanto para la mencionad autoridad responsable, como en éste Juzgado de Distrito y que de igual manera, proporcione una dirección de correo electrónico oficial a fin de establecer comunicación en los casos que se estime necesario. Asimismo, hágase del conocimiento a la autoridad responsable, que si bien se le otorga un plazo de quince días hábiles para rendir su informe justificado en relación a la ampliación de demanda, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se les exhorta que en el momento que cuenten con la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, lo hagan saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio que se le gire en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable, que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acredite, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, que equivale a la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos); la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251, de la Ley de Amparo. En otro aspecto, se tiene a la parte quejosa señalando como autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Miguel Alan Rodríguez Barrientos, ya que como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, tiene cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Alejandro Roel Calvillo, José Antonio Gómez Ponce, Edgar Yoni Resendiz Mendieta, Francisco Javier Espíndola Fonseca, Rodolfo Calderón Manjarrez, Israel Estrada Zamudio, Shantal Hurtado Pérez, Mauricio Antonio Lorenzo Salgado, Arturo Sánchez Coloapa y Elsa Yajaira Melgoza Carmona, por no contar con dicho registro. Infórmese que se encuentran señaladas las nueve horas con treinta y seis minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. En otro tenor, con fundamento en el artículo 5o., fracción IV de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la ampliación de la demanda de amparo. Finalmente, en atención a lo solicitado, en el sentido de que se le de vista al agente del Ministerio Público adscrito, por la probable comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 225, fracción VIII del Código Penal Federal, atento a su contenido, dígase que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, en razón que éste Juzgador no ha advertido una posible conducta considerada como delito, pues para ello, conforme a las manifestaciones de la parte quejosa, se requiere del análisis de las constancias que integran el acto reclamado en relación con la demanda de amparo y diversas probanzas que exhiban las partes, lo cual es propio del estudio para la emisión de la sentencia correspondiente, en la cual de advertirse lo señalado por la parte quejosa, se hará la denuncia correspondiente, en términos del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que, en esta etapa procesal, no sea procedente su petición, sin embargo queda expedito su derecho de hacer la denuncia respectiva ante el Representante Social de la Federación

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto, agréguese a los autos el escrito signado por Ayuxi Rubí Verdugo Corchado, apoderada legal de la moral tercera interesada Hípico Cuatrocuatros, Sociedad Anónima, Sociedad Anónima de Capital Variable, personalidad que acredita con instrumento notarial número 118,487 (ciento dieciocho mil cuatrocientos ochenta y siete, volumen 1,777 (mil setecientos setenta y siete), de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, expedida ante la fe del Notario Público Número Tres de esta ciudad, que obra agregada en las copias certificadas relativas al juicio laboral 82/2022, del índice de la Junta responsable. En consecuencia, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; de igual forma, se tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones de la moral tercera interesada, en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Javier Flores Murillo, Alberto Muñoz Aviléz, Rogelio Castro Flores y Francisco Dávila Rojas, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no tienen sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.

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